Desde que han probado su eficacia por parte de la derecha internacional, los golpes de estado “legales” –es decir con la sola manipulación institucional, sin necesidad de acciones milico-pinochetistas – se han puesto de moda y no han parado de replicarse, especialmente en América Latina. Que se le llame “judicialización de la política” o lawfare da igual, frente al resultado.

Endulzados mediáticamente, puesto en acto por uno o más poderes del Estado, esponsorizados por los Estados Unidos, no particularmente sangrientos, estos golpes de nuevo modelo han tenido un relativo éxito desde el derrocamiento de Lula hasta la destronización de Evo Morales. Son más digeribles por la opinión pública internacional y dan la impresión engañosa de un “restablecimiento del orden” o una “aplicación de la justicia”. Nada más falso, por supuesto.

Ahora bien, en la aplicación de esta reciente fórmula, hay alumnos voluntariosos –es el caso del traidor Lenin Moreno, por ejemplo-, otros ambiciosos pero insuficientes, como la títere racista de Bolivia, Jeanine Áñez, unos tontos inútiles del tipo Juan Guaidó y unos cuantos incapaces, como ciertos políticos peruanos, que ni a aprendiz de golpista llegan.

El intento de vacar al presidente Martín Vizcarra –quizá un proyecto de reedición del derrumbe del anterior presidente Pedro Pablo Kuczynski- resulta grotesco a la luz de las causales esgrimidas y sobre todo considerando los personajes que lo han promovido.

Unas grabaciones telefónicas realizadas ilegalmente y presentadas al Congreso por un diputado de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón, en que se escuchan dos secretarias del presidente Vizcarra ponerse de acuerdo por el testimonio a dar frente a una comisión parlamentaria sobre la contratación irregular de un cantante por parte del ministerio de Cultura, tratando de involucrar al presidente Vizcarra en un episodio de favoritismo indebido, pertenecen, cuando mucho, al reino de los peccata minuta y no tienen una gravedad como para denunciar una “incapacidad moral permanente”, que es lo que se ha hecho.

El congresista Alarcón –para que se sepa de qué cloaca surge la denuncia- es actualmente objeto de 39 investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, acusado de enriquecimiento ilícito y peculado doloso perpetrados en 2016-17, cuando se desempeñaba como contralor general de la República. El partido al que pertenece es liderado por Antauro Humala, hermano del ex-presidente Ollanta Humala. Antauro es un mayor retirado del ejército peruano preso desde 2005 y condenado a 25 años de prisión por el homicidio de cuatro policías en ocasión de una asonada que exigía la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. UPP es un partido con una ideología militarista y supremacista, en la convicción que la “raza cobriza” es la única que puede regresar el Perú a la grandeza incaica.

Urdido en los sótanos de la mafia –curioso que agencias de prensa bien informadas como Reuters, Afp y Sputnik no se hayan dado cuenta- el intento de golpe ha encontrado el súbito patrocinio del presidente del Congreso, Manuel Merino, un empresario ganadero del norte cuya sola acción política memorable es la de haber obtenido una condonación fiscal por el sector agropecuario de Tumbes.

Fascinado por la idea de ser presidente interino, aunque sea por unos meses (las próximas elecciones generales se tendrán en abril 2021), animado por la masa de corruptos incrustada en las instituciones –hablando solo de magistrados, 151 jueces y 183 fiscales involucrados en actos de corrupción, según datos oficiales- Manuel Merino ha logrado sin mucha dificultad juntar una mayoría parlamentaria para que proceda el pedido de vacancia presidencial.

Aquí falta decir que el actual Congreso unicameral de 130 diputados, que se insedió en marzo pasado se parece más a una arca de Noé que a un conjunto de representantes del pueblo y quien tenía la esperanza de un mejor legislativo en relación al anterior se quedó decepcionado pronto: este Congreso ha visto reducirse el poder numérico de los fujimoristas, pero continua la misma política obtusamente obstruccionista, demagógica y sin rumbo del parlamento anterior.

El paso falso de Manuel Merino han sido unas llamadas a los altos mandos militares, antes de la presentación del pedido de vacancia, para asegurarse su apoyo en caso de una destitución presidencial, lo que parece algo muy próximo a la conspiración. De hecho, un grupo de ciudadanos ya ha denunciado al presidente del Congreso “por los presuntos delitos de sedición, conspiración y usurpación de poderes”.

Aunque después de la revelación de estas imprudentes llamadas, gracias a la revista IDL Reporteros, Manuel Merino se haya quedado en calzones frente a la opinión pública y a los mejores moneros, el Congreso ha votado mayoritariamente en contra de una moción de censura presentada por el Frente Amplio (de izquierda) contra él: lo han amparado 93 diputados de 130, lo que da medida del divorcio entre la sociedad y el poder legislativo.

La sentencia del Tribunal Constitucional, prevista por viernes 18, que se pronunciará sobre la pertinencia del pedido de vacancia y la apelación presidencial en su contra, acaba así siendo un arbitraje entre el país mayoritario de los honestos y el poderoso ejército de los corruptos al contraataque.