“Estando yo como testigo al lado del entonces presidente de la Junta Directiva del Congreso (Mario Taracena), vi como al nomás entrar al despacho un alto personero del CACIF, el hombre extrajo de su saco un sobre, y mientras se lo extendía al colega parlamentario, decía; “estas son las leyes que queremos que sean aprobadas”. Y antes de retirarse extrajo un segundo sobre del interior de su saco, y dijo: “y estas son las leyes que No queremos que sean aprobadas” (Mauro Guzmán, Diputado por la UNE; mesa redonda; Hotel Panamerican, 27/08/2019).

Abril 2015: una “primavera” que pronto se convirtió en otoño.

En medio de la euforia ciudadana surgida al calor de las mega marchas en contra de la corrupción, y que dieron como resultado inmediato la destitución y captura de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, y poco después, la renuncia y captura del presidente Pérez Molina, era común escuchar en labios y en escritos publicados por muchos analistas, la frase “primavera democrática”, dando a entender que ¡ahora sí!, finalmente, “el país caminaba hacia una verdadera transición política de corte democrático”, lo que siempre se esperó (pero nunca se concretó), tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996.

Pero con el correr de los meses, esta euforia se fue desvaneciendo casi con la misma rapidez con la cual había crecido, en gran parte porque uno de los actores políticos más importantes en las convocatorias y apoyo logístico a las gigantescas marchas ciudadanas (las cámaras empresariales representadas en el CACIF), gradualmente se fueron distanciando del apoyo abierto a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en la medida que no pocos de sus miembros empezaron a salir involucrados en numerosos casos de corrupción, en un país donde la cárcel solo ha sido diseñada para los pobres.

De tal forma que en menos de tres años, esta supuesta “primavera democrática” estaba en agonía, y no tanto por el conflicto de intereses personales y familiares que el presidente Morales tenía con la CICIG (su hijo y hermano estaban siendo procesados judicialmente en un caso de corrupción con fondos estatales), sino, por sobre todo, por el retiro del apoyo de las cámaras empresariales, y la conformación de un compacto bloque de opositores “anti-CICIG”, encabezados por una furibunda manada de diputados, abogados al servicio de mafias, el propio presidente Morales y otros sectores de la ultra derecha agrupados en lo que se dio a conocer como “El Pacto de corruptos”.

Tan rápida fue la reversión de la correlación de fuerzas entre los sectores pro-CICIG y los sectores pro-corrupción (cuyas intenciones reales se enmascararon en una supuesta “defensa de la soberanía nacional”), que a fines de agosto del 2018, el presidente Morales despertó a la ciudadanía con la noticia de que estaba ordenando la expulsión de la CICIG, impidiendo pocos días después el ingreso al país de su Comisionado, Iván Velásquez, y propiciando a través del Ministerio Público, la generación una “orden judicial exprés”, que buscaba la detención de Thelma Aldana, brazo derecho del entonces comisionado de la CICIG.

Guatemala post-CICIG: ¿El retorno del reinado de la impunidad?

Es en este contexto interinstitucional y multisectorial de ataques y hostilidad hacia la CICIG, en el cual llega a su fin el convenio internacional firmado por el Estado de Guatemala y Naciones Unidas (en la primera semana de septiembre del presente 2019), y es evidente que el denominado “Pacto de corruptos” ha pasado de la defensiva a la ofensiva, inaugurando una nueva fase o ciclo de acciones en pro del retorno del estatus quo prevaleciente antes del 2015.

Para el analista político y ex –canciller guatemalteco Edgar Gutiérrez, la presente coyuntura nacional post-CICIG está marcada por una recomposición de los grupos fácticos y crimen organizado, manifestada en múltiples formas de lucha y pugna; de territorios, control de corredores de droga, cooptación de instituciones estatales clave etc. (1).

Por ahora, el aún presidente Morales, constituido en un auténtico “paladín anti-CICIG”, no desperdicia comparecencia ante medios de comunicación social para lanzar renovadas diatribas, insultos y burlas en contra de funcionarios, personas y entidades destacadas en la lucha anti-corrupción, algo en lo cual ha estado ocupado desde hace más de un año, pero ahora, con la salida oficial de la CICIG, ha retomado con renovadas fuerzas, subiendo cada vez más el tono de sus insultos.

Ni siquiera la Corte de Constitucionalidad (ente de jerarquía superior en el sistema de justicia guatemalteco), ha escapado a las burlas del presidente Morales; de igual forma, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, también ha sido objeto de ellas, así como el ex –presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, quien fuera uno de los más cercanos aliados de la CICIG. La lista es larga; periodistas, columnistas, abogados, escritores, líderes sociales, dirigentes de organizaciones campesinas. El denominador común es el mismo; todo aquel que emita una voz crítica en contra de los desmanes del mandatario, es objeto de este trato inadecuado.

Estado de sitio en un sitio sin Estado

En medio de esta coyuntura totalmente especial (dominada por una doble transición: el retiro oficial de la CICIG y la pronta asunción de un nuevo equipo de gobierno en el Ejecutivo), se producen los lamentables y confusos hechos que dan como resultado el violento asesinato de tres soldados, miembros de una pequeña escuadra de militares que se desplazaban en una pequeña aldea del municipio de El Estor, Izabal, en una supuesta misión de búsqueda de narcos.

Producto de ello, y a instancias del Ejecutivo, el sábado 7 de septiembre, cuatro días después de tales hechos, el congreso aprobó el decreto de “Estado de sitio” para un conjunto amplio que abarca a más de 20 municipios, extendidos en un área que comprende varios departamentos del nor-oriente del país, lo cual ha sido calificado desde múltiples sectores (la diputada Nineth Montenegro, por ejemplo), como una medida extrema y “desproporcionada”, en especial, por la sencilla razón de que el área afectada, una aldea en particular, en la cual se dieron los confusos y violentos hechos, es muy pequeña y territorialmente delimitada.

En opinión de otro congresista sobre esta misma disposición gubernamental (el también diputado Mario Taracena), esta medida es “extraña”, si se toma en consideración que hay un enorme e importante corredor de droga que abarca un extenso territorio de la costa sur de Guatemala, que abarca desde Jutiapa hasta el fronterizo departamento de San Marcos, el cual está operando con apoyo de policías, cortes, jueces, empresarios… y no se hace nada al respecto (2).

¿El retorno de las oleadas represivas y el autoritarismo militarista?

Este extraño e inusual “Estado de sitio” (con fundamentos confusos y poco claros), más un conjunto de señales y gestos de claro mensaje político reaccionario (amenazas directas e indirectas a funcionarios anti-corrupción, a líderes sociales, a ex –combatientes de la fenecida guerrilla, a líderes campesinos que luchan por la defensa de la tierra, a periodistas críticos, y a muchos otros miembros de la oposición al régimen), expresan una intencionalidad de restaurar el viejo orden represivo y contra-insurgente de los años de la guerra sucia (3).

Al respecto, pueden resaltarse un par de ejemplos ilustrativos. Aprovechando la marejada mediática generada en torno al asesinato de los tres soldados en el caso ya citado, el candidato electo a ocupar el cargo presidencial en enero del 2020, lanza amenazas de encarcelamiento al ex – dirigente guerrillero conocido por su seudónimo de César Montes, las cuales, con extraña e inusual rapidez judicial, se concretan al día siguiente con una orden de arresto en su contra (4).

Por su parte, el diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, durante una sesión solemne en conmemoración de las fiestas patrias, califica a los sectores de izquierda como un “cáncer” para el país (5). Mientras el mismo día, la actual canciller Sandra Jovel, anuncia el cierre de la embajada guatemalteca en Suecia (6), y días atrás, el ex –candidato presidencial y virtual presidente Gianmmatei, anunció su intención de romper relaciones diplomáticas con Venezuela (medios diversos).

¿Hay planes en marcha de instalar una restauración autoritaria? “Piensa mal y acertarás…”, dice el refrán popular. De momento, el dirigente campesino Daniel Pascual, refiriéndose al adverso clima político que artificialmente se está construyendo contra los luchadores por la tierra, en especial, a raíz de los incidentes que originaron la instalación del “Estado de sitio” en una amplia zona del nor-oriente, considera que existe el peligro de que se desate una oleada represiva y de desalojos campesinos, en particular, en una zona plagada de conflictos agrarios y disputas por la tierra con terratenientes (7).

La elección de nuevos magistrados y jueces de salas de Apelación: otro ingrediente explosivo en este coctel molotov.

Por si todo lo anterior fuese poca cosa, la complejidad de la presente coyuntura se acentúa con otro factor adicional. Se trata del proceso de elecciones de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Jueces de Apelación, proceso que ha sido señalado por múltiples sectores como amañado e irregular.

Al respecto, una de las voces críticas más fuertes ha sido la del recién nombrado Cardenal Álvaro Ramazzini, a quien los cuestionados responsables de conducir el proceso de pre-selección y selección de los candidatos, le han negado audiencias que el mismo jerarca de la iglesia católica les ha solicitado, para darles a conocer sus sugerencias de mejora en la transparencia del proceso.

Es importante señalar además, que el Cardenal Ramazzini fue un decidido aliado de la CICIG, y actualmente considera que debe continuarse con nuevas experiencias anti-corrupción con el apoyo de la comunidad internacional.

El rol del gobierno de los EEUU.

En esta complicada transición política nacional hay un factor adicional que complejiza aún más la presente e inusual coyuntura: las presiones del actual presidente de los EEUU, a quien le ha resultado mucho más cómodo y práctico desarrollar un trato bilateral y diferenciado hacia la región centroamericana.

Ante una región altamente fragmentada en lo político, con dinámicas similares pero con marcadas particularidades, los intentos por desempeñar un papel rector por parte del gobierno encabezado por Manuel López Obrador se han debilitado, mientras Trump asume la iniciativa sin bajar el nivel de sus presiones políticas, incluyendo a México mismo.

Sin duda alguna, y de manera independiente a los intereses pre-electorales que Donald Trump manifiesta en el trasfondo de su política inmigratoria hacia la región centroamericana, tal parece que estamos ante la presencia del inicio de una nueva fase en el secular proceso de constitución y reafirmación de nuestra condición de “protectorado”, proceso que en un artículo que publiqué en el año 2006 denominé “Haitiización y puertorricanización” (8).

Ahora se habla de que también Honduras está en proceso de convertirse en un “Tercer País Seguro”, y no es de extrañar el intenso cabildeo regional en este mismo sentido, por parte de altos funcionarios y enviados especiales del gobierno norteamericano (Panamá y Costa Rica también están en la mira).

Mientras tanto, y en lo que concierne a Guatemala, el panorama político y social se torna muy incierto, entre otras cosas, porque resulta evidente que la tradicional “válvula de escape” a las crecientes tensiones internas del país, ahora mismo está en proceso de cierre gradual.

Sin asumir ningún rol de agorero, la prospectiva más elemental nos indica que resulta obvio que en tales condiciones internas, las presiones sociales y tensiones económicas aumentarán las demandas populares, todo ello, ante un Estado cooptado por las élites corruptas y el crimen organizado, es decir, incapacitado por naturaleza propia de actuar en favor de los intereses nacionales.

Esta situación no es nueva en Guatemala ni en ninguna otra parte de nuestra región. De hecho, Raúl Prebisch, al analizar esta dinámica cíclica en muchas partes de Latinoamérica, le denominaba “el ciclo recurrente entre la eterna puja redistributiva y la represión gubernamental” (9).

Notas

1. El Periódico, versión digital (09/09/19).

2. Emisoras Unidas; 05/09/19).

3. La construcción gradual pero incesante de un nuevo e imaginario “enemigo interno” está en marcha, en particular, a través de muy retorcidos discursos y conceptos elaborados y pronunciados en los medios de comunicación social, en especial, por parte de una serie de personajes oscuros, de sobra conocidos por su firme alianza con el “Pacto de Corruptos” (diputados, empresarios, funcionarios gubernamentales próximos a Jimmy Morales, sectores organizados de la vieja guardia contra-insurgente y sus ongs entre otros).

4. Prensa Libre, ediciones digitales del 09/09/19 y el 10/09/19).

5. Emisoras Unidas, (11/09/19).

6. Prensa Libre, 12/09/19).

7. Emisoras Unidas; (11/09/19).

8. “Centroamérica, entre la haitiización y la puertorricanización”; Barrios, E., Sergio, Revista Raf-Tulum, Edición No. 03 (septiembre, 2006).

9. “La pugna redistributiva y la crisis del sistema” (ensayo): 25 p. Dactilografiado con correcciones (Ficha 341.1, p. 205). Recuperado de/en: RAÚL PREBISCH ESCRITOS 1919-

Sergio Barrios Escalante

Científico social e Investigador (egresado de la UNAN-Nicaragua). Máster en Planificación del Desarrollo Urbano por la Universidad de Londres (UCL). Editor de la Revista virtual RafTulum.