A partir de la exabrupta, arbitraria e ilegal expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), en el año 2019, el oscuro proyecto de cooptación y neutralización de las más importantes instituciones del sector justicia y del resto de poderes del Estado (incluyendo el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad), a través del llamado “Pacto de Corruptos”, aceleró y profundizó su campaña sistemática de secuestro completo del Estado guatemalteco.

Alcanzado ese importante objetivo estratégico, las redes criminales se han movido desde entonces con marcada prisa, hacia el desmantelamiento casi total de los pocos remanentes institucionales que aún conservan algún grado de legitimidad política.

De esa cuenta, era de esperar que el siguiente objetivo a ser atacado para su consecuente neutralización fuese la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), heredera directa de las capacidades técnicas, legales e institucionales logradas por la CICIG durante más de una década de lucha contra estructuras criminales de alta gama que operan dentro y fuera del Estado guatemalteco.

Aunque por cierto lapso se pensó que las redes criminales dudarían en dar ese peligroso paso, en especial, ante el abierto respaldo a la FECI por parte del nuevo gobierno norteamericano encabezado por Biden y la vice-presidenta Kamala Harris, al final las redes mafiosas se decidieron el pasado viernes 23 de julio del presente año, por despedir arbitrariamente a Juan Francisco Sandoval, valiente abogado que estuvo al frente de la FECI durante varios años.

Sin embargo, como si se tratara de una mala película hollywoodense sobre mafias y mafiosos, la población guatemalteca se enteró estupefacta de dicha destitución, realizada a través de Consuelo Porras, jefa actual del Ministerio Público. Y de remate, la población se enteró no sin menos asombro, cómo pocas horas después de tal hecho, el ex –fiscal Sandoval tuvo que abandonar a toda prisa el país en horas de la noche, bajo el acompañamiento y resguardo de personal diplomático europeo.

Sin duda alguna, a partir de la apertura de esta nueva coyuntura (en realidad solo una fase más de un proceso más profundo y peligroso), el panorama político nacional se torna más claro, pero no menos complejo.

Las graves consecuencias de todo esto saltan a la vista. En primer lugar, hay que decir, y reconocer, que a partir de ahora el país ha enfilado de manera directa y decidida hacia una nueva dictadura, esta vez, de corte narco-burocrática.

Una segunda consecuencia importante de esto cae por pura lógica en lo siguiente: el atribulado y tortuoso proceso de transición hacia la democracia que se había iniciado en 1996, con la firma de los llamados “Acuerdos de Paz”, se ha terminado de descarrilar.

De muy poco valió el enorme sacrificio de alrededor de 240 mil asesinados y desaparecidos y más de 400 aldeas indígenas abatidas bajo la “tierra arrasada”, como parte de las campañas de contrainsurgencia desarrolladas por el ejército guatemalteco.

Una tercera consecuencia de todo esto es el evidente cierre de los pocos espacios democráticos que aún van quedando precariamente en pie en el país; libertad de expresión, de organización, protesta y movilización pacífica, derechos todos garantizados en la tan pisoteada Constitución Política de Guatemala.

A partir de ahora es de esperar, en consecuencia, una mayor profundización del proceso de criminalización de la protesta social, más represión y militarización de la sociedad.

Ante todo esto, muchos se preguntan cuál irá a ser la respuesta de Estados Unidos. En lo personal considero que, al menos en el corto plazo, las reacciones del gobierno encabezado por Biden no tendrán una gran incidencia directa sobre los acontecimientos dentro de Guatemala, media vez las preocupaciones esenciales de Washington en relación a nuestra región, no estén bajo amenaza, en particular, la contención de la migración irregular hacia el país del norte.

Por su lado, las redes criminales agrupadas en el llamado “Pacto de Corruptos” saben que los “twitazos” y comunicados de la “embajada” no alteran de manera directa el orden (o desorden) actual de las cosas en Guatemala.

Sin menospreciar el apoyo y acompañamiento que la comunidad internacional pueda brindar al atribulado pueblo guatemalteco, me parece que en estos momentos es en los sectores sociales más conscientes y consecuentes en quienes descansa el rumbo que toda esta situación pueda tomar en los próximos días, semanas y meses.

En lo personal desaconsejo el uso de la respuesta violenta, pero tampoco aliento el cruzarse de brazos y el atrincheramiento en la pequeña y egoísta “burbuja” personal y familiar. Lanzar a los jóvenes a la hoguera de la resistencia violenta es relativamente fácil, pero los costos humanos y morales de ello son irrecuperables.

Por ello, en estos momentos bien vale la pena volver la mirada hacia algunas lecciones históricas de importancia adquiridas por el pueblo sudafricano y su líder Mandela. Se sabe que fue el uso sistemático del desgaste económico ejercitado por ese pueblo, en particular, en las últimas fases de lucha contra el apartheid, lo que les dio el triunfo definitivo.

Recordemos que la consciencia lúcida es el “arma atómica de los pueblos”. De lo que se trata ahora es luchar y vivir por la patria, y no tan solo morir por ella.

Sergio Barrios Escalante es investigador social. Miembro y activista social por la niñez y la adolescencia en la Red ADINA.  Editor de la Revista virtual RafTulum (https://revistatulum.wordpress.com/)