Ninguno de los experimentos neoliberales impuestos en la región o en otros países del mundo ha estado exento de violencia, del despliegue de distintas formas de agresión a los pueblos, a sus condiciones de vida, a su integridad y derechos. Es una fórmula teñida de sangre y sufrimiento.

Así sucede en Ecuador, que vive intensos días de protesta social como respuesta a un ‘paquetazo’ de medidas económicas que hace parte de un programa más amplio acordado con el FMI, suscrito en marzo último[1]. Los niveles de la represión desplegada son inéditos, lo mismo que la magnitud de la respuesta social, que logra prefigurar un nuevo escenario de fuerzas en medio de la crisis.

La secuencia de hechos es ya ampliamente conocida: ante la paralización de los gremios del transporte y la movilización popular en demanda de la revisión del decreto ejecutivo que duplica los precios de los combustibles, el gobierno se apresuró a decretar el Estado de Excepción por sesenta días, que suspende derechos y garantías y concede atribuciones extraordinarias al ejecutivo, desatando una escalada autoritaria, prepotente y violenta que ha conducido a una exacerbación y agudización del conflicto, a una movilización generalizada en el país, a una crisis política que llega a poner sobre la mesa la salida del gobierno.

Pero lo que se observa en estos días, tanto en términos de la violencia oficial como de la indignación social, no surge en el plazo inmediato sino que proviene del proceso de restauración conservadora y neoliberal que data ya desde hace más de dos años, y de uno más largo de conciencia y afirmación de derechos por parte de la población. Estamos ante un momento de síntesis, que condensa recorridos previos pero a su vez marcado por la incertidumbre. Una agenda neoliberal recargada choca con un pueblo que habiendo experimentado un cambio en sus condiciones de vida en la década anterior, una afirmación de sus derechos, reacciona con fuerza pero en un escenario de turbulencia.

Desde 2017, el gobierno que se estrenó confundiendo derechos con intereses, se volcó a desmantelar las políticas y la institucionalidad avanzadas previamente al amparo de la Constitución de 2008 -con un sentido de redistribución y fortalecimiento de lo público, regulación al mercado, búsqueda de soberanía y del bien común-. La política económica, conducida por representantes empresariales, preparó el terreno para la intervención del FMI, se crearon condiciones de recesión y endeudamiento para tener el pretexto de tal intervención. Un amplio abanico de sectores, desde los político empresariales cuya agenda e intereses se oficializaron, hasta algunos gremios y dirigencias sociales capturados con prebendas, cargos e identificados con un ‘anticorreismo’ ciego y con un extraño antiprogresismo, cobijaron estas políticas que han llevado al estallido social.

Si por un tiempo hubo algún empeño en disfrazar esa agenda con alguna retórica en pro de lo ‘social’, de la ‘anticorrupción’, hoy se asume con frontalidad y servilismo. Entre las pocas declaraciones planteadas con claridad y convicción por parte de quien figura de Presidente –la mayoría son lecturas apuradas, incómodas-, destaca esta, dirigida a dos ex contendores electorales de la derecha (Nebot y Lasso) a quienes ensalza como futuros presidentes: “…cuando ellos tomen las riendas de un país que lo dejamos reinstitucionalizado, reestructurado y eliminadas todas las aberraciones económicas que puedan impedir el desarrollo del país, en ese momento ellos podrán aplicar esos maravillosos planes que tienen para Ecuador" (rueda de prensa 4/10/19)

En esta tarea de preparar el terreno al FMI y a las élites empresariales, no ha faltado la violencia. Un golpe blando se implementó desde 2017. El vicepresidente electo fue apresado sin pruebas de delito, se impuso un plebiscito inconstitucional para crear un Consejo Transitorio de Participación revestido de super poderes, que se encargó de echar por tierra leyes e instituciones, de nombrar a dedo altos funcionarios de los diferentes poderes del Estado, y de innumerables decisiones de todo tipo y alcance. Junto con ello, las restricciones impuestas en áreas como salud y educación pública, y las políticas pro capital y anti trabajo, se tradujeron ya en 2018 en un notable salto en los niveles de empobrecimiento (unas 500.000 personas volvieron a condiciones de pobreza e indigencia).

Hoy, en cuestión de días, en el campo de la oposición ya no está en solitario el movimiento Revolución Ciudadana, que una vez hecha evidente la ‘traición’ pasó a denunciar el giro restaurador, en medio de una persecución político judicial intensa a sus integrantes y del cerco mediático a sus iniciativas de movilización. La oposición pasa a repoblarse con organizaciones y fuerzas que ya no pueden detener la presión de las bases –algún ex dirigente indígena se mantuvo en un alto cargo hasta que sus desatinadas declaraciones en defensa del paquetazo forzaron la renuncia-. Al calor de las crecientes movilizaciones, parecería que nadie quiere quedar fuera de la oposición, lo que incluye cálculos electorales de todos los colores.

En la contundente respuesta social se anudan fuerzas y condiciones que pasan a definir una nueva coyuntura. Resalta el retorno de un movimiento indígena que retoma orientaciones y agenda empujado por las bases, tras un período errático signado por alianzas o alineamientos que significaron desgaste y confusión. Su capacidad de movilización da cuenta de la vigencia de las comunas, y proyecta la utilidad de la presencia indígena en varios gobiernos locales de la Sierra (en las elecciones locales de marzo 2019 Pachakutik y otras candidaturas indígenas alcanzaron resultados importantes).

Destaca también la presencia revitalizada de un movimiento estudiantil asociado a la importancia y orientación que alcanzó la educación pública, hoy amenazada. Así mismo, se reafirma la voz y presencia de las mujeres, que atraviesa toda la movilización, sea de forma orgánica o en la marea de lo espontáneo. Intervienen desde el acumulado de su experiencia de confrontación con el FMI, desde el protagonismo en la crítica a los impactos nefastos en las condiciones de vida que traen esas recetas, desde las conocidas dificultades para el trabajo y el cuidado de la vida que propicia la crisis neoliberal.

Los gremios de transportistas dejan ver un perfil menos anclado a sus intereses y más dispuesto a la convergencia. No sin contradicciones, atravesaron una experiencia de interlocución distinta con el Estado, que combinó políticas sectoriales de promoción e incentivo con regulación, que hoy se desdibujan.

En términos más amplios, la masividad y fuerza de una ciudadanía que integró un sentido de derechos. Es en su mayoría, y de manera un tanto difusa, una base ‘correista’ que persiste a pesar de la descalificación y el estigma con que se ha atacado esta corriente desde diversos frentes. A diferencia de otros momentos de imposición neoliberal, la movilización expresa una percepción de pérdida de los avances logrados en una fórmula de prioridad de la vida y el trabajo por sobre el capital, de resistencia al cierre de las posibilidades de transformación que se habían abierto.

Pero los recursos del poder neoliberal son variados, juntan las viejas mañas políticas con la nueva manipulación mediática, la violencia directa con la simbólica, entre otras. Las cartas de mesas de diálogo –invocadas en los dos años para hacer pactos por sobre la Constitución- aún están en juego. Sustituir el cambio de gobierno por un cambio parcial de gabinete presentado como concesión a una demanda social, es una línea que ya empieza a perfilarse. Otros actores, nacionales e internacionales, interpondrán ‘buenos oficios’ para disimular las torpezas gubernamentales y buscar cauces de continuidad de lo sustantivo del acuerdo con el FMI, quizá con algún pequeño maquillaje ‘social’.