Aunque parezca insólito, en medio de un proceso destituyente y constituyente en curso en Chile, luego del estallido social iniciado el 18 de octubre del año 2019, a las autoridades de aquel país no se las ha ocurrido nada mejor que continuar con la política mercantil de los bienes comunes, al poner en remate distintos ríos de la Región del Bío Bío, como es el caso de los ríos Queuco y Renaico.

Una práctica de remate de ríos, que ha sido sostenida jurídicamente por el código de aguas de 1981, el cual al concebir al agua como un bien económico, los ríos han sido meros objetos para la explotación energética, en donde el Estado los ha entregado a terceros a través de una resolución, que ha permitido que privados le den un uso específico al agua (derechos no consuntivos), para que sea usada generalmente para el negocio hidroeléctrico, con la condición de que tiene que ser devuelta a su cauce original, con la misma cantidad y calidad.

Esto ha permitido que con el paso del tiempo, múltiples ríos en Chile hayan sido apropiados, por empresas extranjera, las cuales han controlado derechos de agua provenientes del rio Cuervo (Xtrata de Suiza), rio Bravo (AES Gener de Estados Unidos), rio Palena (AES Gener), rio Baker (Endesa de España, actualmente Enel de Italia), rio Blanco (Xtrata), Chacabuco (Xtrata), rio Pascua (AES Gener), rio Figueroa (Enel y AES Gener, rio Manso (Endesa y AES Gener), rio Puelo (Endesa), rio Cisnes (AES Gener), rio Futalelfu (Endesa), rio Maipo (Aguas Andinas de España).

Como se desprende anteriormente, aparte de la privatización de los ríos en Chile, este proceso ha ido acompañado por una fuerte concentración de la matriz energética del país, en donde unas pocas empresas del Norte Global controlan el mercado existente, el cual principalmente busca sostener la demanda energética de la industria y de la megaminería, generando impactos socioambientales profundos también, a través de la contaminación de las aguas, el desplazamiento de comunidades y la destrucción de economías locales.

Además, aquellas grandes empresas que controlan la matriz energética, lo que hacen es instalar narrativas a través de los grandes medios de información, como es el caso de la idea de que Chile para llegar a la meta del desarrollo necesita cada vez más energía, sin preguntarse para quien va dirigida esta, cual debiera ser el rol del Estado y mucho menos pensar siquiera en la posibilidad de que la ciudadanía genere su propia energía, a través de comunidades energéticas por intermedio de cooperativas.

No obstante, la imposición a nivel extremo de esta ideología neoliberal, a través de la generación de un mercado de compra y venta de ríos, está siendo cada vez más tensionada y cuestionada por una fuerte politización de los pueblos en Chile, los cuáles están exigiendo derechos de toda índole, como es el caso de la idea de desprivatizar el agua y una gestión comunitaria de esta, en el marco de los Derechos de la Naturaleza, como bien plantea el Movimiento por el Agua y los Territorios.

De ahí lo valioso de distintas experiencia en el mundo, con respecto a la idea de que los ríos sean sujetos de derechos o que sean tratados jurídicamente como personas, lo que ha demostrado que es un proceso en curso que seguirá ampliando en cada vez más países. Los casos de ríos declarados como sujetos políticos en países como Colombia (rio Atrato, rio Quindío), Nueva Zelanda (rio Wanganui, río Urewera), India (río Ganges, río Yamuna) nos muestra que ya no basta con proteger a los ríos, desde la concepción humanista proveniente de los Derechos Ambientales, sino darles real voz y representación política a los seres no humanos.

En consecuencia, entender a los ríos como sujetos políticos y darles reconocimiento jurídico, nos abre la posibilidad no solo de superar concepciones instrumentales y mercantilizadas de la vida, en donde Chile sea quizás el peor caso de todos, sino también descolonizar una mirada antropocéntrica y occidentalizada del planeta, que nos tiene en medio de una emergencia climática a nivel global. Por esto, que las montañas, los suelos, los bosques, los mares, también debieran tener reconocimiento, ya que tienen capacidad de agenciamiento y son parte fundamental de las dinámicas ecoterritoriales.

Andrés Kogan Valderrama

Sociólogo

Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable

Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea

Doctorando en Estudios Sociales de América Latina

Editor de Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org