Llegado el mes de octubre, a dos años de la histórica revuelta social en Chile y del inicio institucional del proceso constituyente, la discusión de fondo que se tendrá a través de la Convención Constitucional, sobre los contenidos que tendrá la nueva carta magna que se escribirá en el país, comenzará por fin a desarrollarse.

Una de esas grandes discusiones que se tendrá, será llevada a cabo por la comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral, la cual tendrá la responsabilidad de definir qué tipo de régimen político tendrá Chile en los próximos años o quizás décadas.

Frente a esto, existe un consenso bastante amplio, tanto de parte de los partidos políticos como por las y los constituyentes, de que se debieran quitar atribuciones a la presidencia (presidencialismo atenuado) o pasar derechamente a un régimen semipresidencial, en donde se genere la figura de primer/a ministro (elegido por el parlamento), como pasa en muchos otros países del mundo, sobre todo en Europa.

Si bien las razones de modificar el sistema presidencial, se acentuaron con el desgobierno de Sebastián Piñera, frente a la crisis institucional del 2019, hay una larga tradición histórica en Chile, al igual que el resto de Latinoamérica, en donde la figura presidencial, desde la formación de las Repúblicas en adelante, ha concentrado en ciertos momentos ampliamente el poder, lo que ha generado prácticas autoritarias, clientelares y caudillistas, que se mantienen hasta el día de hoy en algunos países.

En el caso de Chile, ese presidencialismo autoritario, ha ido acompañado, de un centralismo exacerbado desde sus inicios como Estado Unitario, y de una concentración brutal del poder económico, desde la dictadura de Pinochet en adelante, que usó el sistema presidencial para destruir la democracia existente en el país y construir así un sistema político completamente subordinado al mercado y a los grandes grupos empresariales.

De ahí que la discusión sobre si se debiera mantener el sistema presidencial, cambiar a uno semipresidencial o pasar incluso a uno parlamentario, se vuelve más que nada un debate inútil por sí solo, ya que el fondo del problema en Chile, está en la captura de las elites de la democracia del país y no en meros cambios de marcos institucionales desde arriba.

Es decir, el problema de fondo está en lo deslegitimadas que están todas las grandes instituciones del país (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, partidos políticos, municipios, iglesias, fuerzas armadas, carabineros, medios de información, empresas, sindicatos), en donde el dinero ha colonizado todos los espacios.

Los casos de colusión de grandes empresas, el financiamiento ilícito de los partidos políticos tradicionales, la compra de parlamentarios para aprobar ciertas leyes (ley de pesca), el desfalco del ejército, el robo en municipalidades y hasta vínculo con el narcotráfico de parte de un alcalde, como los innumerables conflictos de interés  y evasión de impuestos del actual presidente Sebastián Piñera, son solo la punta del iceberg de un problema estructural de la democracia chilena, el cual no se va a solucionar con la aprobación de una cámara unicameral, un vicepresidente o un primer ministro. 

Es cierto que el presidente en Chile tiene atribuciones que debieran quitarse, como lo son su capacidad de veto, su facultad de poner en urgencia proyectos de ley en el parlamento y recurrir al tribunal constitucional por leyes aprobadas, pero también es cierto, que el poder del presidente no es tanto como en otros países latinoamericanos, ya que existen organismos autónomos a él, como lo son Contraloría y el mismo Banco Central.

Por lo mismo, no se trata de darle más poder al Parlamento solamente, ya que las estructuras de los partidos políticos también reproducen lógicas centralistas, patriarcales, racistas, desarrollistas y autoritarias, sino de desconcentrar y ciudadanizar el poder en Chile, a través de mecanismos de democracia participativa y directa, que vayan mucho más allá de la democracia representativa existente, la cual pareciera ser más una plutocracia.

En consecuencia, más que el cambio de un sistema institucional por otro, se necesitan instaurar puentes democráticos e instancias deliberativas, que vinculen al Estado con la ciudadanía, como lo pueden ser la iniciativa popular de ley, elecciones ciudadanas entre elecciones, cabildos vinculantes, referéndums revocatorios para todos los altos cargos públicos, y así instaurar constitucionalmente el mandar obedeciendo como praxis política, en donde más que autoridades, sean voceros transitorios quienes resulten elegidas y elegidos.

En esa dirección, la reciente aprobación de parte de la Convención Constitucional, en su reglamento de participación, sobre plebiscitos dirimentes (cuando no se alcancen los 2/3 pero si los 3/5 de quórum de votaciones), la iniciativa popular de norma constitucional, la plataforma digital de participación, la cuenta popular constituyente, las jornadas nacionales de deliberación, foros deliberativos y los cabildos comunales, dan muestra que se va por buen camino.

En síntesis, la discusión sobre el régimen político se volverá intrascendente en la medida que no se ponga en el centro una desconcentración y ciudadanización del poder desde las comunidades y territorios, y no desde las elites imperantes. En palabras simples, ni caudillismo presidencial ni partidocracia parlamentaria, sino más democracia, nunca menos.