Colombia es en la actualidad el país del mundo donde más se vulnera la seguridad y la vida de personas integrantes de organizaciones y movimientos sociales y de excombatientes guerrilleros acogidos a un acuerdo de paz. Tras el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la mayor insurgencia, las FARC EP, en noviembre de 2016, su implementación preveía medidas adecuadas para retornar a un régimen garantista de los derechos. Al cesar esta guerra de inmediato descendieron casi en su totalidad los hechos bélicos y de violencia política, pero progresivamente se presentan asesinatos de activistas sociales, defensores de derechos y excombatientes amnistiados, de forma que su inusitado crecimiento constituye al momento una verdadera matanza: más de 700 asesinatos de liderazgos sociales del ámbito popular y más de 180 asesinatos de excombatientes de las FARC EP incorporados a la vida civil.

Esta situación significa la prolongación de la grave crisis en derechos humanos y derecho humanitario presentada en Colombia por más de cinco décadas, ocasionando nueve millones de víctimas, en el contexto de la guerra interna y la violencia política desatada, con responsabilidades directas del Estado, de los grupos paramilitares asociados o tolerados por él, de diversos actores de poder y de las guerrillas insurgentes. Resulta por tanto dramático el que al implementar el acuerdo de paz no se recuperen en consecuencia las garantías para la población y los excombatientes en las regiones que eran antes escenario de guerra, sino que por el contrario arrecie una nueva oleada de violencia política contra estos sectores.

En consecuencia, se presenta un intenso debate al interior del país sobre el significado, características y medidas necesarias de adoptar para impedir esta matanza, brindar garantías y aplicar justicia ante lo ocurrido. De allí los interrogantes que ilustran la discusión: ¿Son hechos episódicos o eventuales o una situación sistemática? ¿Quién los mata? ¿Por qué los matan? ¿Qué medidas se requieren para superar esta situación? ¿Son eficaces las medidas de gobierno y de entes de Estado al respecto? ¿Se requieren otro tipo de medidas? ¿la situación se tiende a superar o se tiende a agravar?, entre otros posibles. Nos referiremos a algunos de estos interrogantes.

¿Son eventuales o son sistemáticos?

El Gobierno Nacional, la Fiscalía Nacional como ente del sistema de justicia que adelanta las investigaciones al respecto y algunos sectores de opinión que tienden a subestimar el fenómeno presentado estiman que se trata de hechos de violencia, aunque graves, eventuales, que no guardan relación general ni patrones de sistematicidad. El presidente Duque en repetidas declaraciones insiste como gobierno en atribuir la matanza solo a dos tipos de actores, que homogeniza siendo diversos: De una parte, a la delincuencia común con alusión principal a las redes del narcotráfico y de la minería ilegal; y de otra, a la guerrilla del ELN y a las disidencias o grupos armados residuales de las anteriores FARC. Esta caracterización entraña una contradicción, puesto que ambas alusiones son de actores complejos, estructurados, que tienen presencias y controles territoriales armados, arbitrarios, con impacto en amplias regiones, ante poblaciones significativas y con actuaciones permanentes, elementos que cuestionan la afirmación de la eventualidad del fenómeno. La Fiscalía General de la Nación en sus investigaciones, aunque aún no establece hallazgos en un porcentaje importante, ha encontrado que la mayor atribución de presunta responsabilidad corresponde en primer lugar a las organizaciones “herederas del paramilitarismo”, o narco-paramilitares, tales como las AGC-Clan del Golfo, Caparrapos y Rastrojos, entre otras. En magnitud menos de casos aparecen presuntas responsabilidades del ELN, las disidencias de las anteriores FARC y aparecen también los casos que se han evidenciado con responsabilidad de estructuras y agentes de la fuerza pública. Sin embargo, aunque la Fiscalía ha llegado a reconocer que hay indicios de ciertos patrones atribuidos a casos asociados a cada uno de los actores referidos, a la vez afirma con incoherencia que no se evidencia sistematicidad en el fenómeno.

Desde el Ministerio Público la Defensoría del Pueblo elaboró un informe en 2018 en el cual referencia coincidente en términos de los actores aludidos con la Fiscalía, llegó a conclusión distinta al reconocer que se encontraba “regularidad” en la comisión de los asesinatos por parte de tales actores, configurando una situación compleja, grave y en curso de ocurrencia, con especial ocurrencia en determinados departamentos y zonas, sobre lo cual alertó y exigió respuestas adecuadas a los entes gubernamentales y los organismos de seguridad del Estado[1].

Por su parte, desde las organizaciones sociales, de derechos humanos, centros de pensamiento y algunas voces académicas han elaborado informes que sustentan que existe sistematicidad en esta matanza. Argumentan que la sistematicidad no significa que se trate de un solo actor, ni de un solo tipo específico de perfil en las víctimas, ni un solo modus operandi y ni un solo plan, sino que opera también dentro de la complejidad de variados actores, estrategias, planes y particularidades al respecto. A la vez, estos análisis difieren de la posición gubernamental y de la Fiscalía al considerar que existe responsabilidad estatal directa, por acción y por omisión, que existe una expresión o fase actual del fenómeno paramilitar asociada con alta importancia a lo ocurrido y que predomina la impunidad en las actuaciones judiciales y la incapacidad de las medidas gubernamentales al no caracterizar en profundidad el carácter y dimensión de la situación ocurrida.

Desde 2017 un informe de varias ONG de derechos humanos analizó esta situación, encontrando patrones de ocurrencia que evidencian no solo sistematicidad sino masividad en los crímenes sucedidos, que de forma resumida presentamos con estos elementos su caracterización[2]:

• Se evidencia que la mayoría de las víctimas son campesinos, indígenas, integrantes de Juntas de Acción Comunal, defensores de derechos de la población y ambientales, que sufren amenazas y agresiones, en mayor medida contra el derecho a la vida.

• Un tipo de patrón de violaciones es contra líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes que hacen parte del movimiento Marcha Patriótica o de organizaciones sociales de amplio reconocimiento como el CRIC o excombatientes de las FARC EP en acciones de reintegración política y social.

• Se evidencia cercanía espacial de las violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos con las regiones priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC EP.

• Se encuentra correlación entre la presencia de cultivos de coca y municipios donde ocurren estos asesinatos. También casos de cercanía a actividades mineras fuente de financiación de grupos armados ilegales. Estos contextos y otros relacionados con economías ilegales y redes mafiosas, causan altos riesgos contra la garantía de derechos a las comunidades del entorno.

• Estas violaciones a los derechos humanos se presentan en territorios altamente militarizados, sin que por ello se logre revertir la situación de alto riesgo para líderes sociales y comunidades locales.

• Las zonas con presencia de grupos narco-paramilitares coinciden con los mayores registros de este tipo de asesinatos y graves violaciones sucedidas contra los sectores antes referidos. Las amenazas individuales y colectivas, presencia coercitiva y las formas de actuación, apuntan a la presunta responsabilidad de este tipo de agrupaciones. Los ataques se han centrado en zonas rurales donde se concentran acciones de implementación del Acuerdo de Paz, de forma que no se ha restablecido por el Estado un control garantista de la situación, sino que siguen actuando grupos narco-paramilitares, redes delincuenciales, la guerrilla del ELN y grupos rearmados por algunos de los anteriores integrantes de las FARC EP, conocidos comúnmente como disidencias armadas.

El mismo informe con relación a estas dinámicas de victimización concluyó: “Las violaciones a los derechos humanos evidencian una naturaleza repetida, invariable y continua de la violencia cometida contra una población civil particular, en territorios determinados con características concretas y con determinados patrones de violencia identificados sin que el Estado, en ejercicio del monopolio de la fuerza y de las armas, haya podido contrarrestar el fenómeno” [3].

¿Quiénes los matan?

De forma resumida podemos referir el tipo de actores directamente relacionados con la ocurrencia de los frecuentes, masivos y graves asesinatos que se están cometiendo contra liderazgos y el activismo de movimientos sociales, de cierto activismo político de oposición y alternativo, de defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales y de los excombatientes acogidos al acuerdo de paz:

En distintas regiones como el Catatumbo, las estribaciones de la Sierra Nevada, sur de Córdoba, Bajo Cauca, Andén Pacífico, Llanos Orientales y con recientes incursiones territoriales por Chocó, Caquetá, Putumayo y otros departamentos, aparece la presente generación de estructuras paramilitares, por lo regular propiamente narco-paramilitares, que mantienen controles territoriales importantes, alianzas con actores legales e ilegales diversos, actúan por lo regular en zonas militarizadas por la fuerza pública y de amplios operativos de las FFMM. Se han extendido en zonas de anterior presencia de las FARC EP y en todos los informes, oficiales o de entes de derechos humanos o internacionales, aparecen como el principal actor responsable del fenómeno de los asesinatos referidos.

Muy reconocidos han sido los nexos entre sectores de poder local, hacendados que se quedaron con tierras despojadas por el paramilitarismo o en manos de los testaferros, que han desatado la violencia contra los campesinos reclamantes de tierra o que retornan, retomando la actuación tipo paramilitar contra ellos, o recurriendo a nuevos grupos instrumentados con tal propósito que llegan a ser denominados “ejércitos anti-restitución”, con casos muy dicientes de este tipo en zonas del sur de Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre, Bolívar y la región de Urabá.

Se agrega a ello de forma relacionada con tales poderes locales con mixturas entre lo legal y lo ilegal, el peso del narcotráfico y de otras economías ilegales, de forma que la implementación del acuerdo de paz choca contra sus intereses, al implicar un proyecto de recuperación institucional, legal y tiene como una de sus estrategias centrales la sustitución de las economías ilícitas mediante el plan concertado con las comunidades. Esto ha ocasionado también ataques violentos contra líderes sociales de este tipo de plan y excombatientes que lo apoyan, cobrando frecuentes víctimas entre las organizaciones campesinas comprometidas con este proceso.

De otra parte, se ha intensificado la discusión frente al Gobierno y la fuerza pública, con denuncias, debates de control político en el Congreso e informes que demandan que se esclarezca la relación posible desde instancias del Estado, posibles desde sectores de la fuerza pública y sus organismos de inteligencia, con relación a la actuación típica paramilitar que se realiza a nombre de las “Águilas Negras”. Se trata de amenazas, persecución, desplazamiento forzado y relación con homicidios luego sucedidos, en una forma de actuación desde 2008, al inicio con relación directa a estructuras paramilitares que permanecieron o se rearmaron, pero luego ante todo con una actuación del orden nacional de inteligencia y amplio despliegue logístico en ámbitos regionales y en todas las ciudades, de todos los departamentos, lo cual solo puede realizar un ente nacional poderoso. El saldo de víctimas es masivo y muchos casos se relacionan con la matanza referida, con desplazamientos forzados y con intimidación contra movimientos sociales, sectores de izquierda, defensores de derechos y del ambiente.

“…la regla ha sido darle margen de maniobra a estructuras de poder muy bien conectadas, con acceso a grandes medios de coerción y que responden a demandas específicas de provisión de violencia y seguridad en el territorio. Esta es precisamente la esencia del paramilitarismo. (…) la mayoría de los perpetradores conocidos correspondían hasta 2019 a grupos herederos del paramilitarismo. Las políticas de seguridad actuales se concentran en tapar, en lugar de solucionar. Es esa la orientación sistemáticamente (no hay otra palabra) promovida desde arriba, como lo mostró el nefasto episodio de Dimar Torres en 2019”[4].

En el contexto del conflicto armado que persiste entre las FFMM y la guerrilla del ELN, se registran casos que comprometen a las partes en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario que se corresponden con frecuencia con este tipo de casos. Sobre el Ejército se revelan nuevos y recientes casos de ejecuciones extrajudiciales, siendo un caso emblemático que ha trascendido por sus implicaciones el del excombatiente de las FARC Dimar Torres. La Policía Nacional y el Ejército se vieron comprometidos en 2017 con una masacre contra campesinos cultivadores de coca que realizaban una protesta en Tumaco, a la vez que se han registrado otros casos de violaciones de responsabilidad estatal contra pobladores en distintas regiones.

El ELN se ha visto comprometido con el asesinato de varios líderes indígenas, campesinos y comunitarios en distintas regiones. En la reciente guerra regional que sostuvo el ELN y la vieja disidencia aún activa del EPL, en Catatumbo, se registraron numerosas víctimas civiles, entre ellos casos de liderazgos y activistas de organizaciones sociales. Y en el contexto de confrontaciones armadas las disidencias o grupos rearmados o residuales de las anteriores FARC EP, no acogidos al acuerdo de paz, además de enfrentarse con la fuerza pública y tener disputas armadas con diversos grupos armados ilegales, también trascienden denuncias contra ellas en varias regiones por homicidios y ataques contra pobladores locales que incluyen casos de activistas sociales y excombatientes de las mismas FARC reincorporados a la vida civil. También se denuncian casos de ex milicianos de las FARC EP, marginados del acuerdo de paz, que en casos como Nariño y Cauca, se han vinculado a redes mafiosas y a grupos narco-paramilitares, haciendo parte por tanto de sus actuaciones contra sectores de la población que incluyen victimizaciones contra líderes sociales y excombatientes en la civilidad.

“Entre narcotraficantes, paramilitares, usurpadores de tierras, mineros del oro, elenos, disidentes de las Farc y políticos que monopolizan el poder local medran los determinadores del genocidio que decapita a las comunidades en los territorios tenidos por objeto primordial de la paz”[5].

¿Se tiende a superar o agravar la matanza de activistas sociales y excombatientes?

El presidente Duque ha declarado de forma reiterada que “la mayor amenaza a la seguridad nacional es el narcotráfico”[6] y a tal consideración atribuye la ola de violencia existente, de forma que limita la explicación solo a uno de los factores, incluso asociando a ello la guerrilla del ELN y los intentos de reactivación insurgente de las disidencias de las anteriores FARC EP. Al desconocer al conjunto de poderes, actores y conflictos que intervienen en el fenómeno referido, sus medidas no son estructurales, adecuadas y frente a todas las expresiones existentes. Además, del enfoque reduccionista elude el reconocimiento de las responsabilidades estatales, directas de sus organismos, de la fuerza pública y asociadas al paramilitarismo. De tal manera, su Plan de Acción Oportuna, PAO, no tiene ni puede tener bajo tales condicionamientos la respuesta adecuada a la situación, la cual reduce a “grupos criminales” y “delincuenciales” asociados a economías ilegales y redes del crimen organizado.

Adicionalmente, el presidente Duque al inicio de este año tomando de forma parcial información considerada no consolidada de un reporte de la ONU, dedujo de manera errónea comparando anteriores cifras nacionales, que supuestamente esta matanza contra el activismo social y político de izquierda y contra los excombatientes incorporados a la civilidad está en superación. Sin embargo, los hechos fueron tozudos, dramáticos, lo que sobrevino fue un grave incremento, de forma que las víctimas fatales de estos tipos de casos, entre el año anterior y el presente crece dramáticamente.

De otra parte, a pesar de algunos avances en investigación de la Fiscalía, presentados en informes de forma sobredimensionada como si ya existiera esclarecimiento de la gran mayoría de casos y avances más sustanciales en justicia, sigue de manera general predominando la impunidad, salvo algunos pocos casos que logran algún avance en materia de procesos judiciales penales e investigaciones administrativas en los casos de funcionarios y agentes oficiales comprometidos.

“La mitad de los 22 líderes asesinados en los primeros 17 días del año eran campesinos comprometidos con la erradicación de cultivos. Los otros, reclamantes de tierras usurpadas, miembros de Acción Comunal, defensores de Derechos Humanos y del ambiente, aspirantes raizales al gobierno de su municipio. (…) He allí el patrón común de la masacre de sus líderes: resistencia a la implementación de la paz. (…) Y esta renacerá si los autores intelectuales de la matanza de líderes siguen en la impunidad”[7].

De tal manera, el final de 2019 e inicio de 2020 registra un inusitado incremento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes reincorporados a la vida civil, ocurridos principalmente en zonas rurales y pequeños municipios. En consecuencia, la ONU reitera el llamado al Estado y al gobierno para que cese la matanza y se investigue sobre sus responsables. En un informe de enero de 2020 la Misión de Verificación de la ONU declaró que 2019 fue el año más violento contra las personas excombatientes de las FARC con el registro de 77 asesinatos frente a 65 en 2018 y 31 en 2017. El número de asesinatos es ya de 173, a los que se suman catorce desapariciones y 29 intentos de homicidio[8].

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial entregó en diciembre de 2019 veinte recomendaciones al Estado y el Gobierno nacional colombianos para la adopción de medidas contra las situaciones de discriminación racial existentes en el país, entre las cuales “de manera expresa, el Comité manifiesta estar “sumamente preocupado por los asesinatos y constantes actos de violencia, amenazas, intimidación y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en particular en Cauca, como el reciente asesinato de Cristina Bautista…”[9].

La reconocida columnista de prensa Patricia Lara citó una diciente expresión de la exministra de cultura Mariana Garcés, que narra con dramatismo la ola de violencia contra liderazgos y activismos sociales importantes, que no solo “no dio tregua” -como muchos han expresado-, sino que se arreció en la temporada de finalización del año 2019 e inicio del presente año: “Asesinados un antropólogo, una ecologista y una artista escénica experta en educación popular. Tengo miedo, en Colombia se persigue a la diversidad, a la diferencia y ahora al conocimiento. En este momento, todos estamos en riesgo. Los asesinos han puesto la mira en aquellos que trabajan en pro de las comunidades, del entendimiento de los territorios y la felicidad de las poblaciones. El odio por el que “sabe, conoce o estudia” lo he vivido en los más diversos entornos, ámbitos y momentos, pero siempre se expresó con dinámicas de exclusión o segregación. Pero ahora alcanza límites de eliminación directa”[10].

Por su parte, las ONG de derechos humanos revisando la dinámica real de incremento y no tratamiento eficaz hacia la solución de esta situación, han formulado desde 2017 la siguiente hipótesis de relación entre la implementación del acuerdo de paz y las resistencias y dinámicas violentas que de nuevo históricamente salen en oposición violenta, que a juzgar por los hechos actuales lamentablemente se está cumpliendo con muy altos costos humanos contra la población y las organizaciones sociales: “…a mayor apertura de posibilidades de participación política, de reforma agraria y de transformación social, aumentan las violaciones de derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De ahí que es posible que con la implementación del Acuerdo de Paz, fuerzas contrarias a su implementación aumenten el número de homicidios contra esta población”[11].

¿Asistimos a una nueva fase de recrudecimiento del paramilitarismo?

Distintos análisis coinciden en advertir el fortalecimiento, despliegue y actuación más notoria y grave de las estructuras paramilitares y narco-paramilitares en distintas regiones del país, de forma que se han configurado de nuevo territorios con registro de graves crisis humanitarias contra pobladores, con efectos de amenazas masivas, homicidios, ataques y desplazamientos forzados colectivos. Hecho que al inicio de año se registra en Nariño, Chocó y otros lugares.

En 2019 la Defensoría del Pueblo emitió13 alertas tempranas sobre los riesgos por violencia propiciada por grupos armados irregulares y la ausencia de garantías de seguridad estatales efectivas, advirtió la presencia de las AGC en Dabeiba, Uramita, Cañasgordas y Peque y del ELN en Bojayá con penetración hacia otras zonas. Estableció que había frecuentes enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares en estas regiones. El Defensor del Pueblo Regional de Chocó, Luis Murillo, había advertido a las autoridades nacionales desde abril de 2019 de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos de la población como desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y siembra de minas antipersonal, sin que se dieran desde ellas las debidas medidas en correspondencia. 121 familias resultaron sitiadas en el corregimiento de Pogue, Bojayá (Chocó), por narco-paramilitares de las AGC, habitantes reclamaron protección estatal y denunciaron que es la cuarta comunidad confinada en la región por las amenazas e incursiones contra sus territorios de las riberas del río Atrato por efectivos paramilitares de esa agrupación, afectando a 2.250 habitantes afros.

Sin embargo, el ministro del interior (e) Daniel Palacios declaró en la visita de la comitiva oficial a la región que la situación era “de absoluta tranquilidad”, que la situación de orden público de la zona “está bajo control” y buscó minimizar la dimensión de la problemática: “La información que tenemos es que hace días hizo presencia en los cascos urbanos un grupo pequeño (diez a quince personas), miembros de una organización criminal. Eso le generó a la comunidad miedo y zozobra. Pero no existe una fuerza de 300 hombres que estén en la zona en este momento”[12]. Pese a las denuncias de la población local y los informes del SAT y los reportes de organizaciones de derechos humanos internas como Justicia y Paz e internacionales como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas OCHA.

Entre las declaraciones de pobladores locales a los periodistas presentes expresaron: “El ELN ya se tomó los ríos Bojayá, Napipí y Opogodó y los paramilitares hacen presencia en el Medio Atrato”[13]. El alcalde de Bojayá informó que solo en ese municipio había siete mil personas de las comunidades afro e indígenas afectadas por el confinamiento, la mitad de su territorio “está vedado para el Ejército” y lo controlan grupos armados irregulares que reclutan personas menores de edad y reconoció la incursión de los paramilitares llamados de las AGC o del Clan del Golfo[14].

A la zona llegaron altos mandos militares, entre ellos el comandante general del Ejército general Eduardo Zapateiro, el comandante de las Fuerzas Militares Luis Fernando Navarro y el encargado de las tropas en la región, general Juan Carlos Ramírez, quien declaró a los medios de prensa presentes que” “Las tropas…(oficiales) están atacando de manera contundente a los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, estructura Montalvo Cuitiva, y del ELN, la estructura Néstor Tulio Durán”[15].

OCHA en su reporte entre enero y septiembre de 2019 informó con relación a ataques cometidos contra la población civil en Chocó de 23 homicidios selectivos, 12 secuestros, 330 amenazas, 6 víctimas por minas antipersonal o artefactos explosivos y 6 víctimas de otro tipo de ataques[16]. Fue amenazado el líder social y de víctimas Leyner Palacio quien declaró que: “el Estado debe reconocer la existencia del paramilitarismo” y además puso de presente la posibilidad que ha existido de buscar conseguir en su persecución también fórmulas de sometimiento a la justicia: “Es necesario abrir la posibilidad del sometimiento de las estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas”[17].

“Leyner Palacios, uno de los líderes de Bojayá (…) denunció los peligros que enfrenta su municipio y muchos otros del Pacífico. Con gran lucidez, Palacios señala que la incapacidad o falta de voluntad del Gobierno por implementar el Acuerdo de Paz y copar los territorios dejados por las extintas Farc ha puesto a Colombia en una disyuntiva: permitir que la violencia recrudezca o afianzar la paz”[18].

En columna editorial El Espectador afirmó que se había revivido el terror en Bojayá y con relación a la crisis humanitaria en Chocó se refirió a sus perpetradores en estos términos: “Los perpetradores son los mismos de siempre: una oscura mezcla de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y bandas criminales oportunistas. Con el agravante de que ese territorio ya fue testigo de una de las peores masacres en la historia del país”[19].

Simultáneamente a estos hechos, en la temporada navideña de 2019 se registró el asesinato de los ambientalistas Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, en Palomino, (Magdalena), en la costa en estribaciones de la Sierra Nevada, según distintas versiones de prensa por un grupo delincuencial adscrito a la estructura narcoparamilitar Los Pachencas, que aplica extrema violencia en la zona ante la muerte de su jefe y operativos oficiales en su contra, pero también en la disputa con la escisión que sufrió por la fracción narcoparamilitar que ahora se denomina Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta, que recientemente comete también asesinatos en la zona.

“Los Pachencas achencas dictaron toque de queda desde Santa Marta hasta Palomino por la muerte de su líder máximo, Jesús María Aguirre conocido como Chucho Mercancía, quien comenzó su vida criminal en el Clan del Golfo y luego en el Bloque Resistencia Tayrona, que terminó por convertirse en Los Pachengas. Y claro, los grupos paramilitares nunca han dejado los territorios pero habían bajado su perfil y disminuido su violencia en la  del tercer período presidencial del uribismo”[20].

Estas situaciones del momento de inicio del 2020 y las demás registradas en distintas regiones desde el 2019, llevan con razón a reclamos públicos ante el gobierno y el Estado ante lo que se revela como un retorno a la criminal actuación masiva del paramilitarismo en las regiones, que está a la vez ampliamente militarizadas y con negación gubernamental a reconocer lo ocurrido. “El paramilitarismo en Colombia está descarado porque sabe que el Gobierno de Duque se hará el de la vista gorda. El otro lado de la moneda es la desidia con la que el Gobierno implementa los Acuerdos de Paz. Es una inacción tan retardataria que hasta parece una máquina del tiempo que nos está llevando a los peores momentos de la violencia paramilitar. Y eso es exactamente lo que el uribismo necesita para poderse perpetuar”[21].

Notas

[1] https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7706/En-2018-han-sido-asesinados-164-l%C3%ADderes-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-Defensores-de-DDHH-Cauca-Antioquia-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-Carlos-Negret-Mosquera-l%C3%ADderes-sociales.htm

[2] “Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017. Resumen ejecutivo”, Indepaz, Cinep, Programa por la Paz, IEPRI UN, CCJ, Bogotá, octubre de 2017, páginas 35-36.

[3] “Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017. Resumen ejecutivo”, Indepaz, Cinep, Programa por la Paz, IEPRI UN, CCJ, Bogotá, octubre de 2017, página 36.

[4] “Consuelo de pocos”, Francisco Gutiérrez Sanín, El Espectador, 10 de enero de 2020, página 17.

[5] “Masacre de líderes: ¿y los autores intelectuales?”, Cristina de la Torre, El Espectador, 21 de enero de 2020, página 14.

[6] Entrevista con el presidente Iván Duque, Juan Francisco Valbuena, Redacción Política, El Tiempo, 7 de enero de 2020, página 1.2.

[7] “Masacre de líderes: ¿y los autores intelectuales?”, Cristina de la Torre, El Espectador, 21 de enero de 2020, página 14.

[8] “La ONU reportó que el año pasado mataron a 6 ex Farc cada mes”, El Tiempo, 2 de enero de 2020, página 1.4

[9] “Recomendaciones contra la discriminación racial”, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, El Espectador, 2 de enero de 2020, página 16.

[10] “Tenemos miedo”, Patricia Lara Salive, El Espectador, 3 de enero de 2020.

[11] “Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017. Resumen ejecutivo”, Indepaz, Cinep, Programa por la Paz, IEPRI UN, CCJ, Bogotá, octubre de 2017, página 36.

[12] “Pogue (Bojayá) está en absoluta tranquilidad”: Mininterior”, El Espectador, 4 de enero de 2020.

[13] “Bojayá: vuelven el miedo y la zozobra”, Valentina Parada Lugo, El Espectador, 3 de enero de 20[13]20, página 5.

[14] “El 50% de Bojayá está vedado para el Ejército”: alcalde”, Valentina Parada Lugo, El Espectador, 5 de enero de 2020, página 6.

[15] “Bojayá: vuelven el miedo y la zozobra”, Valentina Parada Lugo, El Espectador, 3 de enero de 2020, página 5.

[16] “Bojayá: vuelven el miedo y la zozobra”, Valentina Parada Lugo, El Espectador, 3 de enero de 2020, página 5.

[17] Entrevista con Leyner Palacios, Marcela Osorio Granados, El Espectador, 9 de enero de 2020, página 2.

[18] “Bojayá”, Rodrigo Uprimny, El Espectador, 12 de enero de 2020, página 35.

[19] “Gritos y ecos en Bojayá”, editorial, El Espectador, 5 de enero de 2020, página 16.

[20] “2020: la remontada paramilitar”, Catalina Ruiz-Navarro, El Espectador, 9 de enero de 2020, página 16.

[21] “2020: la remontada paramilitar”, Catalina Ruiz-Navarro, El Espectador, 9 de enero de 2020, página 16.

-Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.

https://www.sur.org.co/la-matanza-de-activistas-sociales-y-excombatientes-es-sistematica-quien-los-mata-se-supera-o-se-agrava/