Hace 56 años, un 27 de mayo de 1964, irrumpía las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el histórico territorio liberado de la llamada “república de Marquetalia”, como respuesta a la urgente necesidad de darle mayor coherencia y organización a la lucha revolucionaria que esperaban los humildes de ese país, principalmente campesinos, para resistir la represión física desplegada por el Estado y enfrentar, así mismo, las causas estructurales de la explotación y la dominación.

El nacimiento de las FARC no estuvo determinado por la desesperación política o romanticismo de algún núcleo pequeñoburgués urbano o rural, o por la ansiedad de ver sangre derramada como a veces se distorsiona premeditadamente la experiencia guerrillera de esta fuerza insurgente, sino por un largo proceso de acumulación política y de acciones armadas, de naturaleza defensiva, contra la brutal arremetida conservadora que se volvió más intensa tras el asesinato, en 1948, del liberal Eliecer Gaitán, quien desde su ingreso a la política siempre se puso a lado de los más humildes. Las persecuciones políticas y las detenciones de los luchadores sociales, y los asesinatos de sus cuadros más importantes no detuvieron el progresivo despertar popular contra las injusticias, cuya expresión más intensa se dio en el Bogotazo, una sublevación popular que condenó el crimen del político nacionalista y que llamó a seguir luchando. Violencia estatal contra los humildes y resistencia popular en sus diversas formas, incluyendo la armada, son las dos características centrales de ese largo periodo de lucha social en Colombia.

Durante la década de los 50 –denominado el período de la violencia en Colombia- surgieron y se desarrollaron grupos guerrilleros conformados por liberales y marxistas en la Cordillera Central como forma de autodefensa contra las criminales incursiones del ejército en esa región, orientadas a despojar a los campesinos de sus tierras a favor de los terratenientes y de ahogar cualquier posibilidad de materialización de los derechos políticos. En una de esas zonas, en el departamento de Tolima, los campesinos liderados por Manuel Marulanda Vélez, conocido años después como el comandante Tirofijo, constituyeron un territorio liberado, al que se llamó la República de Marquetalia, y que, como era de esperarse, fue uno de los objetivos principales del plan Lasso (Latin, American Security Operation), diseñado de manera conjunta por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, y ejecutado por el ejército del país sudamericano, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional que, para cortar de raíz el peligro de la expansión de la revolución cubana, concebía la existencia del enemigo interno y que levantaba como concepto de victoria la eliminación física del adversario: es decir, traducido para el caso colombiano: el asesinato de los campesinos rebeldes y de los trabajadores en las ciudades.

En estas líneas no se pretende hablar de historia ni mucho menos hacer un amplio análisis de ese período de Colombia. Pero, eso sí, delimitar de manera escueta el contexto histórico que explica el nacimiento de las FARC, que a la postre llegaría a ser reconocida, por el Estado colombiano y por organismos internacionales, como la fuerza insurgente más grande de América Latina. Mucha agua ha corrido desde aquel entonces y un balance objetivo del papel de ese grupo guerrillero en la historia de las clases subalternas colombianas, con sus aciertos y desaciertos, debe ser hecho con una mirada larga y despojada de prejuicios.

Por lo pronto, de manera preliminar, a los 56 años de su fundación, sería un acto de injusticia aludir a la vida de ese grupo guerrillero, convertido en partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), como consecuencia de la implementación de los acuerdos de paz, suscritos en 2017, sin hacer referencia a su indeclinable compromiso con los intereses de los más humildes, principalmente campesinos; y a su actitud consecuente con los principios revolucionarios, marxista-leninistas, de luchar por la construcción de una sociedad con paz y justicia social, que no es otra que el socialismo. 

Desde los aparatos ideológicos de Estado (públicos o privados) bajo hegemonía ideológica burguesa se ha demonizado y criminalizado a las FARC, como si sus combatientes hubieran desarrollado actos de fe al culto de la violencia. Incluso algunos partidos de izquierda y dirigentes sindicales (que también son aparatos ideológicos de la sociedad civil), han compartido y difundido ese estereotipo, lo que ciertamente representa una injusticia y una falta a la verdad histórica que, en su complejidad, más bien muestra como ese grupo hizo suyo el concepto leninista de desarrollar todas las formas y métodos de lucha en función de la realidad histórico-concreta.

Para ejemplificar el carácter dialéctico de la acción colectiva de las FARC hacer referencia: primero: la lucha armada como respuesta a un largo periodo de la historia colombiana caracterizado por una democracia aparente en la que liberales y conservadores se disputaban el poder, con bala de por medio, pero con el objetivo, en el cual sí coincidían ambos partidos, de mantener cerrado cualquier espacio, el más pequeño que fuese, a la participación popular. Esta fuerza insurgente nunca dejó de luchar, como apuntó Fidel Castro, quien tenía observaciones de fondo a la estrategia militar de ese grupo.

Segundo, su apuesta por la lucha electoral, por mayores limitaciones que esta ofreciese en un país donde muchas veces, por la violencia física desplegada desde el Estado y sus grupos paramilitares, es más fácil estructurar una organización armada que un sindicato. Tan es así que, en un esfuerzo por encontrar el camino a la paz, las FARC-EP y otros grupos guerrilleros, conformaron la Unión Patriótica para participar de las elecciones de 1986, cuando obtuvieron un tercer histórico lugar en una democracia controlada por el bipartidismo, aunque también tuvieron que lamentar el asesinato de más de 4 mil militantes de ese frente político-electoral.  Esta realidad no ha cambiado sustancialmente a pesar de los acuerdos de paz, ya que desde 2016 a la fecha han sido asesinados más de 1000 líderes y lideresas sociales, de los que un 20 por ciento están dentro de la categoría de ex combatientes de esa fuerza guerrillera.  

Tercero, la lucha por la paz. Este es quizá uno de los aportes más significativos que las FARC-EP le hicieron al pueblo colombiano. Con la misma firmeza con que empuñaron las armas, nunca renunciaron a buscar la paz a través de una salida política al largo conflicto armado.  La propuesta de alcanzar la paz fue trabajada con los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco 1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Andrés Pastrana 1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y con Juan Manuel Santos (2010-2016). En todos estos diálogos por la paz, con avances y retrocesos, las FARC-EP no abandonó su origen agrario y su compromiso con los humildes.

La idea más difundida es que las FARC-EP se vieron obligadas a firmar la paz en 2016, tras cuatro años de dialogo público en La Habana, aunque la “fase secreta” es de al menos dos años antes de 2012, debido a que correlación de fuerzas militar le era favorable al gobierno colombiano. Lo cierto es que esa es una interpretación parcial que no toma en cuenta que los diálogos de paz en los 80 y 90 se dieron en un contexto político de vigencia de un movimiento guerrillero poderoso.

La aplicación de los acuerdos de paz -cuyo desenlace no hubiera sido posible sin el incansable apoyo de Fidel Castro y Hugo Chávez de manera particular, y de Cuba y Venezuela de manera general-, enfrentan graves y peligrosos obstáculos. De las dos grandes experiencias de paz en la región (Guatemala y El Salvador), el Estado colombiano, controlado hegemónicamente por quienes aman la guerra, busca que las FARC siga el camino de la primera experiencia, donde la UNRG saltó a pedazos y las posibilidades de participación y de victoria política del pueblo son francamente reducidas. Pero el riesgo del debilitamiento político por una errónea estrategia política no es el único. La paz está amenazada todos los días, como ahora por el anuncio que este 27 de mayo hizo la embajada de EEUU en Bogotá sobre el arribo de una brigada especializada del Ejército estadounidense “para apoyar desde junio la paz y la lucha contra el narcotráfico”.

No queda duda -a pesar del riesgo eminente que acecha a la vida del partido de la Rosa si no termina de conocer y moverse dentro de las complejas leyes de la política-, que las FARC-EP le hicieron al pueblo colombiano un aporte valioso que, vaya paradoja, están cosechando principalmente otros políticos progresistas y no ellos, como ocurrió en las elecciones de 2017, cuando Gustavo Petro rompió el bipartidismo y estuvo cerca de ganar las elecciones. Sin los diálogos de paz eso no habría sido posible.

Hugo Moldiz Mercado

Asilado desde hace más de seis meses en la embajada de México en Bolivia