El gobierno instaura la política de los tiempos cortos. Transitamos o nos hacen transitar de la amenaza de cierre total del país por quince días a la ampliación real del horario de movilización, sin que el Ejecutivo se digne a justificar las razones de una y otra medida.

Hace muy poco estábamos derrotando la pandemia (3 de mayo, Vamos bien, Giammattei dixit) y hoy empezamos el inicio del ascenso del ciclo de crecimiento acelerado (o algo así) sin que oficialmente se informe, se explique, se debata sobre los impactos, los sacrificios que exige esta etapa, las medidas necesarias (no las que se anuncian en cadena nacional), el tiempo que va a durar esta fase en la que no sabemos si estamos: no importa, dos semanas, un mes, un año, de todas formas vivimos desde marzo en el día de la marmota, y lo que viene es otro día igual (como parece gustar a los gobernantes.

Así estamos, sin estrategias de salud y estrategias sociales que indiquen cómo responder a la crisis derivada del COVID-19 y cómo atenuar la crisis social y económica, que el momento de la pandemia multiplica.

Esta falta de horizonte devela incompetencia técnica e incapacidad de gestión, que existen y en alto grado: por ejemplo, el presupuesto para salud y ayuda social (aunque escaso) no se ejecuta ni llega a la población. Pero la carencia de ruta de amortiguamiento o salida de la crisis revela sobre todo la sujeción de las políticas a las demandas del sector empresarial organizado, que finalmente impone sus criterios economicistas frente al incremento de casos de enfermedad y el número de muertos. Recordemos las presiones insistentes de las cámaras empresariales para reiniciar actividades económicas todavía suspendidas parcialmente, como los centros comerciales (no esenciales) y la construcción de grandes edificios (actividad no esencial, puesto que las viviendas construidas son destinadas sobre todo a sectores económicos de alto nivel adquisitivo.

La política de los tiempos cortos es funcional a la política del beneficio y la ganancia inmediata, que acelera una nueva normalidad igual de excluyente e injusta que la anterior. Es hija del individualismo y la insolidaridad, devenidas en conductas sociales y políticas públicas. Se opera magistralmente a través del ocultamiento de información o la tergiversación de la misma (muertes reportadas por el Ministerio de Salud versus muertes reportadas por el Hospital Roosevelt), la centralización de la toma de decisiones, la exclusión de la población en la definición de políticas.

La apelación imposible a la responsabilidad individual (quédese en casa, lávese las manos, guarde la distancia social) queda como la única medida consistente, a la vez que incoherente, para sobrevivir en este desorden autorizado y controlado. Consistente porque se repite desde el inicio de la propagación de la pandemia. Incoherente porque no tiene en cuenta la realidad social mayoritaria: la necesidad de salir cada día a buscar el sustento, la inexistencia de condiciones para el aislamiento (hacinamiento) en los hogares, la falta de agua y condiciones para la higiene adecuada en muchos hogares. Lo dice el Censo 2018:

•44% de los hogares cuenta solo con 1 dormitorio.

•28% de los hogares cuenta solo con un cuarto para todas sus actividades.

•15 % de los hogares obtiene agua a través de tubería fuera de la vivienda.

•11 % de los hogares comparte el servicio sanitario con otras familias.

La pandemia hegemónica agudiza la crisis estructural. Vivimos en la incertidumbre, la inacción, la mentira, el show mediático, a las puertas de un inminente colapso:

•del sistema de salud (colapso total insostenible, en palabras de médicos del Hospital San Juan de Dios),

•económico y social, por el incremento de la pobreza y el hambre,

•de la institucionalidad y el régimen político, que actúa siempre a espaldas de las demandas y problemáticas sociales. El Estado en general, la clase política y el sector empresarial insisten en mantener los tics autoritarios y excluyentes que definen la historia de este empobrecido país, aunque esta linealidad puede interrumpirse con estallidos sociales espontáneos y diversos, y el incremento de la acción social organizada.

Los tiempos cortos generan incertidumbre y vulnerabilidad social: provocadas, hasta que se les revierta en forma de hartazgo y estalle en los hocicos institucionales. En este momento es especialmente evidente un Estado omnipresente, incluso en su voluntad reguladora del espacio y las decisiones en el ámbito privado, a la vez que ausente e ineficaz en su papel de regulador de la convivencia y garantía de derechos básicos.

Los tiempos cortos tienen que ser respondidos con tiempos largos, aquellos que tienen en cuenta la multicausalidad que multiplica los focos de combustión social (a pesar de la lluvia) y a todos los actores involucrados, no solamente a las élites históricas. Planificación, propuestas integrales, participación social y comunitaria, con acciones construidas a partir de la búsqueda del bien común y el fortalecimiento de los derechos básicos colectivos: miradas y acciones en el corto y largo plazo, que vinculan la crisis coyuntural con la crisis estructural.

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