Existe una vieja discusión en Economía sobre si los impuestos afectan positiva o negativamente al crecimiento y al desarrollo. La literatura académica en este sentido es muy vasta y variada; hay estudios para todos los gustos. Unos afirman que mayores impuestos perjudican la actividad económica, genera desempleo e incentiva la fuga de capitales. En cambio, otros, sí demuestran que la mayoría de países desarrollados tienen impuestos elevados, y gozan de altos niveles de crecimiento y bienestar social.

Es imposible tener una única respuesta para tal dilema, porque todo depende de múltiples variables. Y entre las más determinantes está aquella que se centra en una cuestión muy olvidada por la Ciencia Económica dominante (la neoclásica), que sirve como base teórica para el modelo neoliberal: ¿quién paga qué? No es lo mismo un sistema tributario que hace pagar a quien produce que aquel otro que grava a quien especula financieramente; tampoco es lo mismo cuando se grava a los salarios de los trabajadores mientras se permite que los beneficios empresariales de los grandes capitales apenas tributen.

América Latina no está ajena a esta controversia, aunque sí es cierto que la mayoría de debates económicos en la región se centran más en la restricción externa, por el alto grado de dependencia de las economías locales con el sistema-mundo. No obstante, en tiempos de pandemia, con una economía global más que afectada y con mucha necesidad de recaudación interna para sostener un sistema sólido de salud, la discusión tributaria reaparece con mucha fuerza en la escena pública.

La región recauda poco, a pesar de lo que cacarean las usinas conservadoras y neoliberales. Los datos hablan por sí solos: la recaudación tributaria en América Latina supone el 23,1% del PIB para el año 2018, mientras que este mismo valor es del 34,3% para países OCDE o 40,3% para la Unión Europea. Existe, por tanto, mucho margen inteligente de recaudación para ganar en justicia social; y también en eficiencia.

América Latina necesita actualizar cuanto antes su obsoleta matriz de tributos en relación a los siguientes ejes:

1. Es inadmisible que la tasa legal del impuesto que tienen que pagar las empresas difiera tan significativamente de la tasa efectiva, la que realmente pagan. Este es un fenómeno regional: en Argentina, la tasa legal es del 30%, pero a la hora de la verdad, el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios es del 7,6%; en México, esta relación es de 30% a 7,4%; en Perú, de 29,5% a 8,8%; en Colombia, de 33% a 9,8%. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos para reducir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo. Ante esta brecha efectiva en la recaudación, es urgente implementar un marco legal no tan elusivo.

2. Las empresas trasnacionales de alta tecnología (Google, Apple, Facebook y Amazon) apenas pagan tributos en América Latina. Existe un gran vacío, deliberado, para que estos gigantes facturen y puedan, así, trasladar sus beneficios a guaridas fiscales evadiendo impuestos. En América Latina, la participación de la economía digital está creciendo cada vez más (15,9% PIB en México; 16,2% en Argentina, 21,6% en Brasil), y en cambio, la recaudación por este concepto no refleja tal proporción. No puede ser que un pequeño empresario en Argentina o Colombia pague su impuesto, y Google o Amazon no. Es por ello que el diseño de impuestos sobre la actividad económica de estas grandes tecnológicas es un imperativo para Latinoamérica.

3. Las grandes fortunas han de contribuir en relación a su capacidad económica. Este debate es actual en Argentina y Chile, y también en muchos otros países de la región. Según el último estudio hecho por Celag, aplicando un impuesto aproximado al que tiene Uruguay en el resto de países de la región se lograría recaudar un extra de algo más de 51 mil millones de dólares; si aplicáramos el vigente en Colombia, se obtendrían casi 26.000 millones de dólares. Lo importante de este tributo es que se podría denominar “impuesto que no afecta a casi nadie”; en América Latina, según el Credit Suisse Research Institute, hay 673 mil personas que serían afectadas, es decir, solo el 0,2% de la población total adulta.

4. Las actividades económicas ficticias, las no reales, en su mayoría especulativas en el campo financiero, han de ser penalizadas tributariamente. En América Latina, según Cepalstat, la intermediación financiera representaba el 17,6% del PIB (año 2018), y, por el contrario, apenas contribuía a recaudar tributos. Por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras en América Latina solo representa el 0,26% del PIB (año 2018). El orden neoliberal financiarizó la economía global y, sin embargo, no es posible que aún no haya habido un reseteo de la matriz tributaria en esa dirección.

A estos cuatro ejes deberíamos de añadir la lucha contra la evasión. Como afirma Nicolás Oliva en un texto publicado por Celag, “América Latina es el campeón mundial en ocultamiento de riqueza: el 27% de la riqueza privada está registrada en guaridas fiscales”. Es perentorio iniciar políticas efectivas que eviten esta hemorragia fiscal. Y en este ámbito, una de las prioridades es acabar de una vez por todas con el fenómeno de precios de transferencias (según Cepal asciende al 1,5% del PIB regional). Otro tema crucial es avanzar en la implementación del proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios), elaborado por la OCDE, para acabar con la evasión fiscal de las multinacionales.

En definitiva, es ahora el momento indicado para fijar las pautas de un nuevo consenso en materia tributaria en América Latina en pro de sintonizar con la economía que queremos y necesitamos, tanto para afrontar la pandemia como para todo lo que se vendrá después.

No hay Estado de Bienestar sin un sistema tributario que lo haga sostenible.

Alfredo Serrano Mancilla, Doctor en Economía, Director CELAG