A solo días de que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia en América Latina y el Caribe, llama la atención que el canciller de Chile, Andrés Allamand, haya declarado que el gobierno no firmará finalmente el documento, aludiendo a razones de soberanía nacional frente a eventuales conflictos territoriales, los cuales pudieran llevar al país a tribunales internacionales.

Un Acuerdo de Escazú generado el 4 de marzo del año 2018 por 24 países y que ha sido firmado por la gran mayoría de los gobiernos participantes, los cuales han mostrado su compromiso por “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (Art. 1).

Lo paradójico del rechazo de Chile, es que fue precisamente parte de esos 24 países, lo que evidencia un desinterés completo del gobierno por subir su estándar medioambiental, lo cual no hace otra cosa que cerrar el bochorno internacional que fue su participación como organizador de la Cop25 en Madrid.

Un desinterés que solo se entiende, en la manera en la cual se ha estructurado el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, creado el año 2010, junto al Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, los cuales han sido parte de una institucionalidad subordinada a un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista, en donde el agua es un bien económico de mercado.

No es casualidad que la defensa de la soberanía que plantea el gobierno de Sebastián Piñera, no es otra cosa que la soberanía de los grandes grupos económicos presentes en el país, los cuales tienen al negocio minero, forestal, agroalimentario, salmonero y energético, como su principal fuente de ingresos.

Por eso mismo, los conflictos socioambientales abundan a lo largo de todo el país, lo que, acompañado del no reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional, hace evidente que el rechazo a firmar el acuerdo responde a una protección hacia quienes han transformado a territorios enteros en verdaderas zonas de sacrificio.

La urgencia de desmercantilizar los ecosistemas y de politizar los bienes comunes, se hace vital para el futuro del país. Por eso, que la negativa a firmar este acuerdo es un rechazo finalmente a la construcción de una democracia sostenible y digna, que ponga en el centro el cuidado de la vida de norte a sur en Chile.

Un rechazo al cuidado de la vida que el próximo 25 de octubre buscará estar presente también en el plebiscito por una nueva constitución, la cual este 11 de septiembre cumple 40 años, desde que fuera impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet de manera autoritaria y fraudulenta en 1980.

La necesidad por tanto de aprobar el próximo mes una nueva constitución es la posibilidad de construir un país distinto, en donde el foco no sea firmar y firmar tratados de libre comercio en el mundo, sino garantizar ciertos derechos a nivel constitucional y mecanismos reales de control ciudadano y comunitario para su concreción.

La redacción de una nueva carta magna para Chile, a través de una convención constitucional, si bien es la opción más democrática que dio la elite política existente, luego de la revuelta social de octubre del año pasado, hay que verla como una pequeña grieta que concedió el sistema vigente. Esto debe ser aprovechado para futuras transformaciones desde distintos sectores históricamente inferiorizados e invisibilizados (mujeres, pobladores, pescadores, locos, indígenas, afros, trabajadores, disidencias sexuales, campesinos).

Ante esto, que la construcción de una democracia feminista, socioambiental y plurinacional, como distintas organizaciones de base han estado planteando, sea un horizonte que vaya mucho más allá de la mera firma de este acuerdo de Escazú. Se dirige hacia presentar alternativas que no solo busquen transformar al Estado, sino también impulsar experiencias colectivas por fuera de éste.

Hoy, con esta pandemia nos encontramos en un momento clave para Chile y para el mundo entero. Que esta crisis sociosanitaria sea una oportunidad de repensar y politizarlo todo.

- Andrés Kogan Valderrama es sociólogo, Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social. Director del Observatorio Plurinacional de Aguas www.oplas.org