Richard Boardman, cuáquero, objetante de conciencia, el 24 de abril de 1967 devolvió su tarjeta de reclutamiento al comité militar acompañada de una carta en la que explicaba sus motivos: “[…]cualquier contribución que uno haga para apoyar o cooperar con el sistema de violencia organizada que llamamos ‘militar’ estaría en abierta contradicción con los valores humanos, relaciones y estructuras sociales que el hombre tiene la esperanza de desarrollar en el mundo” . “Las armas que uno tiene que usar en defensa de la libertad, o con las cuales construir un mundo mejor -concluía Richard- son las armas de la verdad, del amor, de la caridad, de la comprensión, de la comunidad” .

Rick Boardman fue acusado, convicto y sentenciado a tres años de privación de libertad. Su ejemplo fue seguido por miles de otros jóvenes estadounidenses (1). A mediados de octubre de ese año, en la iglesia de Arlington Street, donde se reunían los abolicionistas en el siglo XIX, 60 jóvenes quemaron sus tarjetas y otros 200 las devolvieron a las oficinas de reclutamiento. En los días subsiguientes, cada uno de ellos recibió la visita del FBI. Las manifestaciones contra la guerra y la oposición al reclutamiento se multiplicaron por todo el país y fueron brutalmente reprimidas frente al Pentágono, en el campus universitario de Berkeley, y en Oakland y otras ciudades.

El juicio de Broadman en 1969, descrito por Charles Goodell en su libro “Political Prisoners in America” (2), un clásico en la materia, revela una cuestión de fondo que se repite en todos los casos políticos que tienen lugar en los tribunales de Estados Unidos.

El sistema de justicia norteamericano distingue entre “intención” y “motivo”. Al jurado se le permite deliberar sobre la intención del acusado de violar la ley, pero no sobre sus motivos. En el juicio de Broadman, por ejemplo, el jurado sólo podía deliberar acerca de si el acusado había violado la ley de reclutamiento de manera consciente y voluntaria, pero no podía tener en cuenta sus motivos para hacerlo. Tampoco se permitió que declarasen testigos en relación con sus razones para rechazar el reclutamiento. Veamos un fragmento del diálogo entre Broadman y el fiscal:

F: ¿Dice usted que puede decidir por usted mismo si una ley es buena o mala, y que usted es libre para desobedecerla?

B: Yo no dije eso.

F: ¿Y qué es lo que usted dijo?

B: Dije, señor, que hay leyes superiores, que deben ser obedecidas en todos los tiempos, y mi intención es cumplir con esas leyes superiores cuando y en la forma que pueda.

F: Sí, señor, pero ¿no era su intención también desobedecer la Ley de Servicio Militar Selectivo cuando devolvió su tarjeta de reclutamiento?

B: Mi intención no fue desobedecer, sino obedecer. Obedecer a las leyes de la vida, a las leyes del amor, del modo que las entiendo, las leyes de la hermandad.

El juez, Francis Ford, prohibió al abogado defensor solicitar en su argumentación “que los jurados decidan en este caso de acuerdo con sus conciencias” e instruyó a éstos que: “La única cuestión que deben ustedes decidir es si Broadman conciente y voluntariamente violó la Ley de Servicio Militar Selectivo de 1967. El motivo, no importa cuán laudable y plausible pueda ser, nunca es defensa si el acto cometido fue una violación intencional de la ley.” “[…] Algunos miembros del jurado pueden creer que la guerra de Vietnam es inmoral, inconstitucional o ilegal […] Si ustedes permiten que sus creencias personales con respecto a la legalidad o inmoralidad de la guerra en Vietnam o cualquier opinión política con respecto a la guerra afecte su decisión en este caso, ustedes estarían violando su juramento como jurado”.

Lo esencial de este juicio se repite en todos los procesos judiciales en que hay motivaciones políticas o razones de conciencia de cualquier tipo. En el caso que más nos atañe a los cubanos, el de los cinco héroes que fueron condenados por monitorear a las organizaciones terroristas de Miami, no se tuvo en cuenta para nada la historia de actos violentos realizados durante décadas contra Cuba, ni la necesidad de impedir que continuaran estos actos incluso dentro del territorio de Estados Unidos. Se condenó a los cinco ignorando completamente los motivos patrióticos y humanitarios de su actuación.

De este modo, al ordenarle a los jurados atenerse solamente a decidir si el acusado viola o no la ley intencionadamente, y al prohibirles considerar los motivos de su violación de la ley, el gobierno de Estados Unidos intenta mantener el mito de que no existen presos políticos ni de conciencia en Estados Unidos cuando, en realidad, en todos estos juicios, lo fundamental es la motivación política y lo verdaderamente irrelevante es la transgresión de la ley.

No siempre fue así. Los padres fundadores de la nación norteamericana concibieron el jurado como un balance entre el exceso de poder del gobierno y la indefensión de los oprimidos ante el rigor de las leyes. John Adams escribió que era “derecho y deber del jurado”, cuando la aplicación de la ley entra en conflicto con otros valores, “encontrar un veredicto acorde con su mejor entendimiento, juicio y conciencia, aunque esté en franca oposición con la dirección de la corte”.

Sin embargo, en el siglo XIX el papel del jurado en Estados Unidos fue cambiando rápidamente. La institución perdió su poder histórico de ignorar las instrucciones de los jueces en casos particulares en que es necesario evitar aplicaciones injustas de las leyes. El cambio definitivo tuvo lugar en 1895 cuando la Corte Suprema concluyó que, si a los jurados no se les permitía crear leyes, tampoco se les debía permitir modificarlas. Los jurados, en lo adelante, tendrían que limitarse mecánicamente a deliberar sobre los hechos, no sobre la ley, y a dilucidar si el acusado la ha violado o no independientemente de sus motivos. Miles de personas, técnicamente culpables, pero moralmente inocentes, en su mayoría presos políticos y de conciencia, serían condenados a largos años de encarcelamiento.

Esta nueva etapa de la institución del jurado, cualitativamente distinta, coincidía –y no por casualidad- con el comienzo de la etapa imperialista y convertía a Estados Unidos sí, en un país de leyes; pero no, en un país de justicia.

Notas

(1) Durante la guerra de Vietnam, 171,000 jóvenes norteamericanos (¡todo un ejército!) rechazaron el reclutamiento basándose en objeciones de conciencia. Actualmente, aunque no está en vigor el reclutamiento obligatorio, unos 100 jóvenes se declaran anualmente como objetantes de conciencia (COs).

(2) Charles Goodell, “Political Prisoners in America”, Random House, N.Y. (1973).