Introducción¹

¿Será que la historia se repite? La respuesta obviamente negativa a esta pregunta no debe hacernos perder de vista que siempre corremos el riesgo de repetir errores desastrosos del pasado si olvidemos que joyerías de vidrio pueden esconder un robo y una masacre. Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas, tenían un afán de ciertos minerales que les hizo destrozar civilizaciones y culturas, esclavizar a la población indígena para explotarla, y erradicar militarmente a los que se resistían². Sin embargo, las enfermedades que trajeron los colonizadores resultaron ser más mortales que sus pulsiones extractivistas, pues sus barcos llevaban pandemias letales que se encargaron de la labor “necrófila” de eliminar pueblos indígenas, facilitando el establecimiento de poderes coloniales en el continente.

Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como “el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista.

La pandemia se presenta como la crisis perfecta para justificar el estado de excepción, es decir la suspensión de los frágiles espacios de contra poder que son también la poca democracia que existe en nuestros sistemas políticos. Con este, se aplica una terapia de shock extractivista, un cambio de las reglas en medio de la crisis para profundizar la penetración del extractivismo. La pandemia requiere del confinamiento de la población por razones sanitarias. Lo problemático es que sirve también a élites económicas y políticas que quieren contener las protestas y los deseos de movilización. La transformación del mandato “quédate en casa” en mandamiento anti-movilización es una manera de silenciar las oposiciones, y sirve para crear condiciones más favorables para expandir las actividades extractivas, debilitar o eliminar las pocas reglamentaciones ambientales existentes mientras las multinacionales y las empresas de este sector toman la oportunidad para limpiar su imagen corporativa.

El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la forma en que, desde el Norte hasta el Sur del continente, la crisis actual está siendo instrumentalizada para responder a las necesidades del sector extractivo, con un patrón común que designamos como la terapia de shock extractivista.

La terapia de shock extractivista

Mirando lo que está pasando con el sector extractivo de varios países (Canadá, Chile, Ecuador, Honduras), y escuchando lo que señalan las y los defensoras de las comunidades y territorios, notamos un patrón común³ de terapia de shock extractivista. Naomi Klein⁴ acuñó la expresión “terapia de shock” para describir una dinámica fundamental del capitalismo de las últimas décadas, inventada por Milton Friedman, mediante la cual se aprovechan de los momentos de crisis y trauma colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las grandes empresas que no se podrían imponer en tiempos normales. La terapia de shock extractivista es este mismo proceso aplicado para promover los intereses de las empresas extractivas. En la actualidad, esta articula varias dimensiones alrededor de una acción discursivo-ideológica por parte de las empresas hacia la cual confluyen actores estatales y partes de las élites económicas no vinculadas al sector. Este discurso presenta las empresas extractivas como salvadoras frente a las varias crisis, naturaliza su proximidad con el Estado, otorga la continuación de la extracción mientras se paran otros sectores económicos y favorece la profundización de sus actividades con menos escrutinio público. De esta manera, aprovecha la crisis para acertar contundentemente la centralidad del sector y descartar las oposiciones y alternativas legítimas promovidas por las poblaciones afectadas.

Su discurso

La terapia de shock extractivista se articula alrededor de un discurso en el cual las empresas se presentan como salvadoras, tanto frente a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Prometen generar riquezas y brindar las tecnologías que permitan curar a los enfermos, redistribuir las ganancias a las víctimas de la crisis, y ser la fuente de reactivación de las economías una vez terminada la pandemia. Expresiones tales como “minería verde” y “minería responsable” resurgen ahora en el discurso de las mineras mediante campañas que buscan limpiar la imagen de empresas ambiental y socialmente desastrosas, que ahora se presentan como promotoras de la “salud y [del] bienestar”⁵, o más aún comprometidas con la “resiliencia comunitaria”⁶ frente a la pandemia.

Durante la crisis sanitaria, los Estados, principalmente en el Sur global, enfrentan problemas para conseguir los recursos necesarios para apoyar a la población y proveer lo necesario al personal de la salud. En este contexto, las empresas extractivas han desarrollado una imagen de “salvador”, multiplicando las donaciones de equipamiento médico y comida para establecerse como ayuda de primera línea y pulir su imagen corporativa frente a la sociedad. Por ejemplo, la empresa minera canadiense Barrick Gold, quién encabeza el controvertido proyecto Pascua Lama, entregó un hospital de campaña de un valor aproximado de US$ 13 millones al Estado chileno en el contexto de la pandemia⁷. En Ecuador, mientras el Estado carecía de recursos médicos en sus hospitales para asegurar la protección de los trabajadores de la salud, ciertas empresas extractivas promocionaban donaciones de insumos médicos en sectores cercanos a sus actividades, y donaciones de alimentos a poblaciones vulneradas por la crisis⁸.

Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia, cuando el acceso rápido de poblaciones vulnerables a servicios y tratamientos puede marcar la diferencia entre la vida y muerte. No obstante, un análisis crítico de aquellas “contribuciones”, generalmente agrupada bajo el lema de la responsabilidad social empresarial, devela las contradicciones e ineficiencias que conllevan, y las desigualdades sistémicas que profundizan. Esta filantropía empresarial encubre el hecho de que estas mismas empresas presionan a los Estados para minimizar sus aportes fiscales, aún en tiempos de crisis. Por ejemplo, en Chile, las empresas mineras lograron que se liberen sus depósitos de garantía, originalmente destinados para cubrir los costos de sus planes de cierre de faena, recuperando así US$ 3 mil millones de dólares⁹. Las empresas logran hacer contribuciones propias y específicas porque tienen plata, pero no quieren pagar impuestos al Estado porque prefieren a la ayuda desinteresada aquella por la cual controlan el momento y el objeto de las donaciones, y así, maximizan el impacto positivo sobre su imagen corporativa, especialmente en contextos en los cuales comunidades locales se oponen a su implementación en el territorio. Además, tales contribuciones revelan un desequilibrio de poder: multinacionales del “Norte global” logran conseguir acceso a insumos médicos esenciales que hacen falta a Estados del “Sur global”. De tal manera, empresas privadas compiten con los Estados por el rol de defensor del bien común.

Comparar esta situación con la de los colonizadores europeos que llegaron ofreciendo la fe cristiana para salvar el alma de los pueblos y naciones indígenas a cambio de su trabajo, de sus vidas, de sus territorios y de las riquezas que contenían, está lejos de ser absurdo. En ambos casos, la contraparte del despojo sirve para limpiar la imagen del despojador y tornarlo en salvador.

Este discurso al nivel de la salud se articula muy bien con el discurso económico, de aún mayor importancia para las operaciones de las empresas extractivas, las cuales supieron presentarse cómo la solución también frente a la crisis económica relacionada a la pandemia. En esta crisis, se argumenta, es necesario facilitar todas las iniciativas extractivas porque su contribución a la actividad productiva es esencial para relanzar la economía amputada por el cierre epidemiológico¹⁰.

Este argumento ha sido adoptado enteramente por los gobiernos de los países tratados en este artículo, quienes asumieron el discurso presentando las empresas extractivas como salvadoras frente a la crisis económica. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, que se presentaba como el defensor del medio ambiente después de su primera elección en 2015, anunció que levantaba la obligación de evaluación de impacto ambiental para las perforaciones marítimas exploratorias frente a las costas de Terranova-Labrador¹¹. La justificación era clara: “la capacidad de Terranova y Labrador de recuperarse al salir de la pandemia de COVID-19 dependerá en grandes medidas de la capacidad del sector [petrolero]”¹². En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente agilizó, en medio de la pandemia, un portal virtual para minimizar los trámites y facilitar los proyectos extractivos.

Estas medidas materializan el discurso de las empresas extractivas adoptado por los gobiernos que presenta a la actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica relacionada a la pandemia. Además, como los gobiernos están acumulando deudas públicas para enfrentar la crisis, los ingresos provenientes del sector son presentados como fuente de divisas absolutamente esenciales para pagarlas. Sin embargo, la importancia relativa del sector, y lo que retorna localmente, difícilmente puede presentarse como solución. El sector extractivo tiende a emplear relativamente pocas personas, y en Latinoamérica, exporta sus productos brutos a otros países para su transformación, lo que conlleva pocos encadenamientos productivos locales. En Honduras, el sector extractivo no representa ni el 1% del PIB. Más preocupante que las pequeñas rentas mineras que se quedan en este país, son los impactos negativos que las actividades extractivas tienen sobre otras actividades económicas y de sustento local como la agricultura.

Además del impacto ambiental negativo del sector y del rechazo por parte de muchas comunidades que no quieren de estas actividades en el territorio que ocupan, las empresas extractivas difícilmente representan una solución económica mágica. Más bien, los problemas económicos relacionados con la expansión del sector han sido la base para el desarrollo de toda una literatura que describe la maldición de la abundancia (Acosta 2009) o habla de enfermedad (The Economist 2017 [1977]) y de paradojas de los recursos (Karl 1997). Esta literatura advierte que el sector extractivo tiende a producir efectos económicos negativos que socavan sus beneficios.

En resumen, las grandes empresas extractivas han aprovechado la pandemia para pulir su imagen, y presentarse como salvadoras tanto al nivel sanitario como ecológico. Considerando que este discurso es muy dudoso, vale la pena reflexionar críticamente sobre su puesta en marcha.

La puesta en marcha del discurso y la cercanía Estado-empresas extractivas

El desarrollo de este discurso por parte de las empresas, y su adopción acrítica por parte de los gobiernos, esconde algo muy preocupante por la naturalización de la cercanía Estado-empresas extractivas que genera. Mientras que el discurso liberal sobre el Estado nos lo presenta como un actor neutral y un árbitro imparcial frente a varios grupos con intereses divergentes, la imagen que nos refleja el sector extractivo actualmente es de una cercanía exclusiva con el Estado que no siente la necesidad de avergonzarse ni de esconderse. Sus discursos se mezclan de tal manera que se confunde quién representa el bien común, y desaparece del discurso el hecho fundamental que las empresas extractivas velan, antes que nada, por los intereses privados de sus accionistas, mayormente ubicados en el Norte global. Se trata así de aislar el discurso de las comunidades que rechazan las incursiones de las empresas extractivas en el territorio que ocupan, y se revierte la dinámica como si fuesen ellos quienes defienden un interés particular-privado.

En los países presentados en este artículo, resulta muy difícil diferenciar el discurso de las empresas y el del gobierno con respeto al sector extractivo porque están alineados en casi todos sus puntos. En Chile, la empresa minera Barrick Gold afirmaba al periódico El Mercurio estar en contacto constante con el gobierno para avanzar en sus proyectos, prometiendo miles de millones para salvar la economía chilena de la pandemia¹³. En Honduras, la situación es tal, que desde 2018 el Estado decidió mantener en secreto las decisiones con respeto a los permisos ambientales, demostrando que para el Estado, más importante que defender su legitimidad frente al público es proteger sus relaciones con las empresas mineras.

Esta cercanía y el discurso del sector extractivo como salvador permite explicar por qué, en muchos países, mientras buena parte de la actividad económica fue parada por razones sanitarias, la producción en el sector extractivo no se detuvo, aunque queda por demostrar la necesidad de muchos de estos minerales en tiempos de pandemia. En Honduras, se ha pedido el reconocimiento de la actividad extractiva como actividad esencial para permitir que siga operando durante de pandemia, pedido que fue aceptado por el congreso. En Ecuador, las mineras fueron designadas como actividades estratégicas que tenían que seguir produciendo durante la crisis. Las que bajaron sus actividades lo hicieron sin que sea obligación estatal, sino por voluntad propia, y reanudaron rápidamente sus actividades¹⁴. Esto no paró a Lundin Gold-Aurelian Ecuador que opera Fruta del Norte de producir el primer lingote de oro durante la pandemia¹⁵. Comunidades indígenas denunciaron que ciertas mineras que seguían con sus actividades trataban de traspasar el control comunitario establecido por comunidades que querían aislarse para protegerse de la enfermedad. En el valle del Huasco chileno, se sospecha que la persistencia de la actividad extractiva, que implicaba la circulación de trabajadores de otros sectores del país, contribuyó a la propagación del virus en la región¹⁶. Es decir, así como el colonialismo europeo trajo enfermedades, el extractivismo que sigue durante la pandemia también contribuyó a la propagación más reciente del virus¹⁷. El discurso de las empresas extractivas como salvadoras en tiempo de crisis, así como la distribución de material sanitario, es muy útil para producir un contra-discurso a la realidad tajante que los caminos del extractivismo contribuyen históricamente al contagio. Sirve también para difuminar la frontera entre el Estado y las empresas extractivas, y que estas últimas aparezcan como las defensoras del bien común al igual que los Estados.

Profundización del extractivismo

La combinación de una cercanía Estado-empresas extractivas con el discurso de este sector como salvador no sirvió sólo para que continúe la extracción durante la pandemia, sino que fue utilizado para expandir las actividades del sector, y profundizar la penetración del extractivismo en la política y el territorio en contra de la voluntad de los pueblos. Esta profundización, construyéndose sobre siglos de colonialidad del poder—es decir un poder que se apoya sobre y reproduce jerarquías raciales¹⁸—tiende a invadir zonas habitadas por pueblos racializados, expulsándolos o alterando su vida de manera indeseada, reproduciendo así las jerarquías raciales del continente.

En Canadá, el gobierno Federal anunció nuevos créditos para trabajos en el gasoducto Costal Gaz Link. Este proyecto había sido bloqueado por protestas de la nación Wet’suwet’en al inicio del 2020 apoyadas por varios otros pueblos y naciones indígenas y no indígenas que habían bloqueado el ferrocarril en todo el país en oposición a aquel proyecto. En Honduras, se transfirió la responsabilidad de aprobación y fiscalización de los proyectos desde el Instituto Hondureño de Geología y Minas hacía el Ministerio de Economía para facilitar sus avances. Esto significó la suspensión de muchos procesos de consulta a la población que estaban en camino, y la clara afirmación que la aprobación depende de criterios económicos y no geológicos, ambientales, y menos aún democráticos.

Estos avances cristalizan la idea de terapia de shock: la instrumentalización de la crisis para promover fines que difícilmente se podría alcanzar en otros contextos. Como lo decía el ministro del Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles: “ahora que la prensa está dando un poco de tregua sobre los otros temas, [es tiempo de] de aprobar las reformas infralegales de desregulación y de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad”¹⁹. En Chile, el ministro de Minería afirmaba que era tiempo de avanzar con todos los proyectos en carpeta, mientras justamente estos proyectos estaban frenados por cuestiones ambientales y resistencias comunitarias. De manera similar, el ministro de Minas de Ecuador afirmaba al inicio de la pandemia que iba a dar mayores facilidades a empresarios privados en ciertos campos petrolíferos para que avancen sus proyectos.

Todos los signos indican que la crisis está siendo instrumentalizada para profundizar el extractivismo, aprovechando el confinamiento y las restricciones de las libertades promulgadas en este tiempo para hacer reformas que benefician al sector y que van a permanecer vigentes después de la crisis. Las modificaciones legislativas y reglamentarias que levantan las limitaciones y controles de las actividades permitirán avances de proyectos que difícilmente se podrán deshacer después.

Las actividades extractivas se focalizan en recursos no renovables, lo que nos lleva a un punto sin retorno y cuyo impacto social y ambiental deja huellas indelebles. Los Estados, tanto del Norte como del Sur, han mostrado repetidamente su incapacidad en controlar las actividades de las empresas extractivas lo suficiente para evitar desastres. En Canadá, el derramamiento de Mount Polley en 2014, donde la ruptura de una represa de residuos mineros dejo escapar 4,5 millones metros cúbicos de agua contaminada, tuvo consecuencias ambientales difícilmente medibles. En 2018, un incidente similar en Brumadinho, Brazil, obtuvo la atención internacional con imágenes terribles del derrame que costó la vida de entre 130 y 250 personas, además de contaminar más de 300 km de ríos y modificar significativamente su ecosistema. Al inicio de la pandemia, la ruptura de un oleoducto en Ecuador contaminó un río afectando a aproximadamente 118 000 personas según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual subrayaba que el Estado y la empresa operadora de la tubería tomaron hasta 10 días para llevar agua potable a las comunidades afectadas²⁰.

Estos eventos tienen consecuencias irreversibles, y la profundización del extractivismo con menos controles por parte del Estado anuncia la multiplicación de casos dramáticos como estos. De la misma manera que el colonialismo europeo en la región, las destrucciones resultantes del extractivismo son irreversibles, e inolvidables.

Resistencias y represión

En todos los países estudiados, hemos encontrado signos fuertes de resistencia por parte de las comunidades afectadas, de ambientalistas, y de organizaciones de varias tendencias políticas, así como indicios indudables del fortalecimiento de solidaridades internacionales respeto al tema. Como parte de la terapia de shock extractivista, la alianza entre empresas extractivas-Estado, combate estas resistencias mediante la consolidación de su discurso que presenta al sector como salvador frente a las crisis, la represión y persecución de opositores, y la desregulación permisiva que facilita la profundización de la colonización extractivista del territorio.

Pero las alternativas existen tanto para la salud como para la economía. Durante la pandemia, se han visto en el Ecuador campesinos indígenas que, pese a haber perdido su acceso a los mercados públicos por el confinamiento, decidieron dar productos en barrios pobres para proveer de alimentos a los más afectados. Otro ejemplo es la comunidad de Putaendo en Chile organizó marchas y eventos durante la pandemia para oponerse a los avances del proyecto minero Vizcachitas de la Andes Copper. Así como estos, podemos encontrar múltiples ejemplos en varias regiones del continente, donde comunidades indígenas, campesinas y rurales gestionaron el riesgo de la pandemia mediante respuestas comunitarias. Los movimientos socioambientales de defensa del territorio crean espacios para voces diversas que debaten sobre el bien común, y la coyuntura actual también ha abierto nuevos espacios y oportunidades de colaboración. Es decir: hay resistencias y hay propuestas alternativas que emergen desde los pueblos.

Al nivel regional, un grupo variado de intelectuales presentó el Nuevo Pacto Ecosocial del Sur, una invitación a que las organizaciones y comunidades sumen sus esfuerzos para producir una respuesta contra terapia de shock, basada en la justicia social, de género, étnica y ecológica²¹. Esta iniciativa resalta cómo la pandemia reveló la falsa y repetida consigna de que la economía de mercado es imparable. Durante la pandemia, no sólo se paró la actividad productiva en varios sectores, también muchas fábricas convirtieron su producción para responder a las necesidades del momento. Si ha sido posible parar y reorientar la economía en tiempo de pandemia, es posible hacerlo en cualquier momento.

En vez de entender este llamado al cambio como una difícil pero necesaria reorientación de nuestras relaciones con el medio ambiente y la economía, los gobiernos aliados a las empresas extractivas eligieron la vía fácil del discurso mágico del salvador extractivista. Y para sostenerlo tuvieron que recurrir, rápidamente, a la fuerza para callar los opositores. Las noticias de represión, y de protección policial y militar a las empresas, nos vienen de todos los rincones del continente.

Contra las “salidas fáciles” y las falsas promesas

Nos corresponde producir, debatir y difundir otras narrativas a la del discurso articulador de la terapia de shock extractivista, que ha sido producidas por aquellas empresas que se presentan como salvadoras. El extractivismo no va a excavar un túnel de escape frente a las crisis actuales. La pandemia y sus consecuencias no son agentes externos a nuestra realidad que vinieron interrumpir nuestra normalidad: en buena parte es el producto de aquella normalidad.

Más allá de los casos de corrupción, no es simple entender por qué hay un consenso de los gobiernos de diversos matices sobre la necesidad del extractivismo²², ni cómo el sector logra tal penetración política. Un elemento de respuesta reside en la promesa de una “salida fácil” e indolora a la crisis multidimensional que enfrentan todas las sociedades de nuestro continente. El sector promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas nacionales para redistribuir una parte de sus riquezas. El sector es tan lucrativo que permite el pago de rentas que parecen importantes. Impulsar el sector evita una pelea contra los gobiernos del Norte global que apoyan ampliamente a las empresas extractivas, la mayoría ubicadas legalmente en sus territorios. La única pelea que genera el extractivismo es contra las comunidades locales, y se puede tornar en una confrontación de pueblo contra pueblo, contraponiendo los potenciales beneficios económicos del sector presentado como salvador frente a las crisis, al “inmovilismo” de los opositores. Sin embargo, el carácter multidimensional de las crisis (económica, ambiental, social y política) revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio ambiente. Ver lo ilusorio y lo peligroso de las promesas del sector extractivo presentado como salvador frente tanto a la crisis económica como pandémica es un paso importante. El próximo paso es que la organización y la movilización de las comunidades logre transformar a los sectores populares en una fuerza más poderosa que aquella acumulada por las élites y las empresas extractivas con sus discursos de que el extractivismo se ha mutado en una industria “virtuosa, inclusiva, y sustentable”²³ que permite vencer pandemias.

A la hora de soñar con una nueva normalidad, que incluiría otra economía y un mayor cuidado del planeta, nos despierta la pesadilla de la realidad, donde domina la normalidad y donde lo nuevo toma la forma de una terapia de shock extractivista impuesta con el mayor grado de autoritarismo adquirido por los sistemas políticos del continente. La promesa que las rentas del sector podrán solucionar la crisis económica es falsa, y las empresas extractivas, siendo parte del problema, nunca van a ser parte de la solución. La destrucción causada por los afanes que guiaban la colonización europea no va a ser la salvación hoy, así como no lo fue para los pueblos indígenas hace 500 años.