La vertiginosa sucesión de acontecimientos en la región en octubre de 2019, ha generado rápidamente elementos de realidad y de análisis que abren una perspectiva ampliada para valorar la reacción inédita que vivió Ecuador frente al Acuerdo con el FMI y la agenda neoliberal en curso. En cuestión de días, acontecimientos que inicialmente aparecían muy localizados espacial y temporalmente e incluso referidos a sólo unos protagonistas, mostraron alcances verdaderamente históricos¹.

Estallidos y movilizaciones sociales que ‘no se vieron venir’, según han declarado varios actores, muestran la intensidad del conflicto capital – vida que caracteriza esta fase del neoliberalismo y dejan ver el acervo social para hacerle frente. Si la reacción en Chile sucede tras treinta años, la de Ecuador se da tras algo más de dos años de retorno a un régimen económico, político y social que había sido superado en la década precedente. Pero en ambos casos está presente ese rastro histórico de resistencias y búsquedas de cambio más o menos cercanas, de símbolos, consignas y propuestas que se expresan ahora en un sentido común anti neoliberal. En ambos casos, la refundación constitucional aparece como elemento clave.

Tras lo aparentemente espontáneo está ese patrimonio popular, ese ensamble de vivencias múltiples. No es casual que en Chile los símbolos y consignas que vienen de la experiencia de la Unidad Popular tengan tanta vigencia hoy como aquellos que se acaban de crear. Tampoco que, a su vez, algunos de esos símbolos y consignas hayan sido desde hace tiempo integrados al repertorio ecuatoriano y de otros países y se combinen con los propios y los nuevos. La saga progresista supo recuperar y resignificar esa memoria, como sustrato de las transformaciones buscadas.

En Ecuador, como se podía vislumbrar desde los inicios² de esos once días de paro nacional, se trató de un momento de síntesis. Afloraron a la superficie fenómenos subyacentes y nuevos, procesos de larga y mediana data junto con los provocados en la coyuntura inmediata. Varios elementos estuvieron presentes y conjugados desde los primeros días, en una suerte de continuidad de lo conocido y emergencia de lo nuevo, si bien en un contexto de incertidumbre y turbulencia. La escala de la represión, que a su vez catapultó más movilización, resultó uno de los hechos diferenciales, por sus efectos inmediatos y por lo que anticipa a futuro. ¿Un ensayo de hasta dónde puede llegar la violencia represiva, no sólo con impunidad sino con criminalización de las víctimas?

En torno a la reivindicación central de derogatoria de un decreto se movilizó un espectro social amplio y un descontento mayor. Las comunidades indígenas fueron una suerte de columna vertebral de la paralización en los territorios de buena parte del país y de las acciones en Quito, pero junto a ellas y posibilitando la jornada en su conjunto estuvieron sectores populares en el más amplio sentido, grupos y entornos llamados ‘correístas’, entidades y colectivos de perfil progresista, mujeres, grupos, familias y gentes, identificadas por un común descontento pero también portadoras de esas experiencias que convergen, al tiempo que juntan generaciones. Se reactivó la memoria de los levantamientos indígenas, de luchas sindicales y poblacionales de otros tiempos, de las grandes jornadas contra otros acuerdos con el FMI y de los más recientes esfuerzos por construir un país diferente.

El descontento tuvo el detonante del ‘paquetazo’ de medidas económicas, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles (decreto 883³), pero activó lo represado por una escalada de motivos en estos dos años: el engaño político electoral de un gobierno que asumió un programa contrario al respaldado por la mayoría en las urnas, el golpe blando subsecuente, la persecución ‘multinivel’ desatada contra el movimiento Revolución Ciudadana y sus integrantes, el sometimiento internacional que ha supuesto no sólo declinar intereses del país –incluyendo el pago de indemnizaciones a transnacionales- sino dañar una buena imagen ganada de soberanía y proyecto propio. Y, por supuesto, la progresiva afectación a las condiciones de vida por efecto del deterioro de los servicios públicos, del empleo y los ingresos, la crisis y la recesión inducidas como condición del retorno del FMI.

El desenlace, muy distante del tono de victoria total asumido por algunos entornos mediáticos y políticos -según los cuales ya el FMI fue derrotado-, está abierto, en disputa. Ciertamente se marcó una inflexión, se abrió una nueva fase de resistencia con un escenario reconfigurado, pero los resultados concretos tras la mesa de negociación con que culminó la jornada no son concluyentes. Tres resultados, de distinto signo, sí quedaron claros: la derogatoria del decreto 883 y su reemplazo por otro acordado con participación de delegados de organizaciones indígenas -que implicará pasar a un formato focalizado del subsidio a los combustibles-; una mayor intensidad en la persecución al movimiento Revolución Ciudadana –la Prefecta de Pichincha y otros integrantes ya han sido apresados con acusaciones de rebelión-; y la ubicación de un nuevo umbral para la represión y la impunidad⁴ –que deja paradójicamente relegitimado a un gobierno débil-.

Queda abierta toda una agenda para la interpretación y el análisis. En estas líneas procuramos un acercamiento a tres de las muchas dimensiones en juego: el sentido común anti neoliberal, las comunas indígenas y su proyección actual, y los diálogos políticos como posible herramienta de gobernabilidad.

La importancia de un ‘sentido común’ anti neoliberal

Si bien la reivindicación central y la negociación subsecuente se dio en torno al Decreto Ejecutivo 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles y asumía la aplicación de precios internacionales, entre la gente movilizada primó un sentido de rechazo al neoliberalismo en términos amplios, al FMI y al gobierno que lo encarna.

Esta postura es de la mayor importancia ante la continuidad en la aplicación del Acuerdo con el FMI suscrito en marzo de 2019. Se trata de un acuerdo de Servicio Ampliado, modalidad que va más lejos de los 18 de tipo stand by que se aplicaron entre 1961 y 2003. Establece metas fiscales, metas monetarias y metas estructurales a cumplirse según un cronograma que iría hasta 2021. Contiene también lo que ya no es novedad en estos instrumentos, un enunciado sobre ‘igualdad de género’⁵.

En la trayectoria de construcción de este sentido común anti neoliberal pueden identificarse, grosso modo, etapas o momentos. En las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado la reacción apuntaba hacia medidas que afectaron el costo de la vida, se condenó la deuda externa y se defendió la existencia y ampliación de servicios públicos. En el cambio de siglo, ante el saqueo y virtual quiebra del país provocado por el esquema financiero especulativo impuesto, y al calor de iniciativas regionales de resistencia a la agenda de libre comercio, las posturas avanzaron hacia una crítica integral al sistema económico y a la propuesta de alternativas de esa escala. Todo esto confluyó en el proceso Constituyente de 2007-2008, fue el sustrato de los cambios adoptados, del régimen económico acordado con un horizonte de economía social y solidaria y Buen Vivir.

En 2007, el gobierno de la Revolución Ciudadana terminó su relación con el FMI. Durante la década siguiente, junto con las políticas públicas post neoliberales, una de las constantes en el discurso y en la pedagogía presidencial de Rafael Correa fue la crítica al neoliberalismo, estableciendo comparaciones, distancias y diferencias con realidades nacionales y globales en la materia. Fue también la referencia en los procesos de integración e institucionalidad regional alternativa avanzados en esos años.

Durante ese período operó un fenómeno imposible de ignorar. Sectores que debían alinearse ‘naturalmente’ con dicha postura anti o cuando menos post neoliberal, fueron adoptando la contraria desde un oposicionismo ciego. La convergencia de dirigencias sindicales u otras con las tesis de élites empresariales fue en aumento, al punto que pasaron a utilizar idénticos discursos y razones de oposición y a movilizarse conjuntamente por causas convertidas en comunes (por ejemplo la oposición al proyecto de la llamada Ley de Plusvalía, que establecía gravámenes a grandes propiedades y reducía los de las pequeñas).

Ante el giro neoliberal adoptado por el gobierno en curso, algunas dirigencias sociales, a título grupal o personal, fueron condescendientes y se mantuvieron en alianzas expresas o tácitas, que en unos casos continúan y en otros han sido revisadas prácticamente en vísperas del paro. Así también, varios analistas ‘críticos’, con sus lentes antiprogresistas han llegado a justificar el acercamiento al FMI, insistiendo en que el gobierno anterior habría creado condiciones que inevitablemente llevarían al actual a semejante decisión. Hasta antes del paro, la oposición y la crítica a la agenda neoliberal provenía del espacio político y social de Revolución Ciudadana⁶, así como de entornos académicos progresistas y de medios de comunicación alternativa afines.

Tras el paro la implementación del Acuerdo no se ha detenido, no ha cambiado un ápice el rumbo neoliberal iniciado en 2017. Cerca de la medianoche del 18 de octubre fue presentado a la Asamblea Nacional un extenso Proyecto de Ley conocido como de Crecimiento Económico⁷, que avanza en el objetivo de desmantelar instituciones, controles y regulaciones, restituir y ampliar la presencia empresarial en instancias públicas, privatizar no sólo empresas sino porciones de la gestión pública, eliminar derechos laborales, proteger la fuga de capitales, entre otras.

Esta nueva Ley estuvo precedida de otras leyes y decretos ejecutivos que apuntan en igual dirección, que prepararon el terreno. Una etapa que, de algún modo, culminó con la eliminación de la Secretaría Nacional de Planificación, en mayo de 2019. En julio visitó el país el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, el gobierno le agradeció “por expresar todo el respaldo de EE.UU. a lo que estamos haciendo respecto a seguridad, economía, democracia y lucha contra la corrupción”.

El verdadero alineamiento presidencial en materia económica –ya que su adhesión implícita previa al proyecto de la Revolución Ciudadana había sido aparente o falsa- se fue develando sin tardanza tras asumir el poder y no ha parado de rodar hacia las posturas más de derecha. Un momento ilustrativo ocurrió a inicios de noviembre de 2017, cuando acudió, junto a todo su gabinete, al lanzamiento del Proyecto ‘Ecuador 2030 Productivo y Sostenible’, elaborado por el Comité Empresarial Ecuatoriano. Dijo entonces que con ese proyecto ya prácticamente no hacía falta un Plan Nacional de Desarrollo, ahí estaban los objetivos y pasos a seguir. Los presentadores principales fueron Richard Martínez, entonces presidente de dicho Comité Empresarial, y Pablo Dávila, gerente del proyecto. El primero pasó más tarde a convertirse en el Ministro de Economía y Finanzas, el segundo en miembro del Consejo de Participación Transitorio⁸. En aquel acto también tuvo presencia destacada el representante de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral, quien habría de cumplir en esta ocasión el papel de mediador en la mesa de negociación entre líderes indígenas y gobierno que puso fin al paro.

Así, entender las trayectoria, los perfiles del anti neoliberalismo, su dinámica social y política, sus expresiones anteriores y actuales, es de la mayor relevancia. Los impactos previsibles de una reimplantación neoliberal de la escala prevista seguirán provocando una reacción social múltiple, que estará expuesta a los niveles de represión y autoritarismo indisociables de tal proyecto.

Comunas, organización y política

La presión de ‘las bases’ del movimiento indígena y su acción durante el paro fueron decisivos para los alcances que logró esta iniciativa. Mientras algunos dirigentes, ex dirigentes y autoridades locales indígenas prolongaron una alianza y cercanía con el gobierno hasta días próximos al decreto 883, el descontento en las comunas⁹, junto con sus dinámicas que han desbordado conceptos, percepciones e interpretaciones previas, señalaban otro rumbo de acción.

Su protagonismo y fortaleza fueron perceptibles desde los primeros momentos, al impulsar una confrontación que se hallaba represada, y se mostraron cruciales en los once días de movilización. Actuando desde la cohesión –y también coerción- interna, desde la flexibilidad de una dinámica más horizontal que piramidal, pudieron encarar el control del tiempo y el espacio que implicó paralizar el país por un período tan largo. La comuna desbordó los límites de la organización (agenda, dirigencia) para responder a las contingencias de una movilización de esa escala y a una represión nunca antes vista. Tanto en sus territorios rurales como en las ciudades a las que se desplazaron o donde viven, actuaron en conexión y conjunción con otros actores, organizados y no, en una gestión compartida de todos los recursos involucrados.

Se apreció que la comuna se mantiene como matriz que cobija y articula las trayectorias múltiples, individuales y colectivas, que viven sus integrantes. Es palpable su capacidad de retroalimentarse con las vivencias y experiencias más recientes de sus miembros, entre ellos jóvenes que estrenan educación superior. Se ratifica también como fuente de poder para las mujeres, que les permite actuar por sobre el machismo más presente a nivel familiar.

La represión desatada operó como convocatoria. Afloró la necesidad de movilizarse desde un sentido de pertenencia que va más allá de las diferencias que pueden derivarse de las múltiples adscripciones organizativas y políticas de sus integrantes (que recorre todo el arco político derecha – izquierda)¹⁰, e incluso de los conflictos y disputas locales que les enfrentan entre sí y que ha sido visto como un rasgo constante de ‘faccionalismo’.

Si ya desde la década de los ochenta del siglo pasado fueron analizadas las estrategias de sobrevivencia que permitían sostener las comunas con una combinación de recursos materiales derivados del trabajo local y la migración, hoy su realidad se ha complejizado mucho más, cuando parte de la población indígena es ya urbana. Su condición agraria se ha visto erosionada por las transformaciones marcadas por el mercado y los límites de la acción pública para contrarrestarlas. Sin embargo, otras experiencias y políticas públicas han operado, al parecer, como factores de continuidad comunitaria.

Esto lleva a la necesidad de considerar la diversidad de interacciones y los efectos directos o mediatizados de las políticas públicas y de las relaciones políticas establecidas en el decenio de la Revolución Ciudadana (2007-2017). Se ha insistido mucho en los límites para avanzar hacia el Estado Plurinacional que señala la Constitución, y quizá mucho más en un supuesto enfrentamiento entre aquel gobierno y la dirigencia indígena.

Muy poco se han analizado, en cambio, las múltiples líneas de relación e iniciativas de políticas ‘de inclusión’ que se desplegaron a lo largo de esos años. El registro es amplio, va desde la integración de indígenas a altos cargos ejecutivos y diplomáticos, hasta la presencia inédita del idioma quichua y otras lenguas ancestrales en los medios públicos de comunicación y en los enlaces presidenciales cumplidos cada semana, pasando por políticas de acción positiva para la inclusión laboral en el sector público y en la educación superior.

La importancia estratégica de fortalecer las comunas como corazón de un Estado Plurinacional fue planteada en un encuentro histórico de ex dirigentes indígenas en 2012¹¹. Sus propuestas fueron motivo de encuentro con distintas instancias públicas con el gobierno de la época, en un marco de intercambio y acuerdos para avanzar en la concreción de los enunciados constitucionales.

Este perfil de relación ha sido sustituido hoy por una instrumentalización, por diálogos y acuerdos aparentes en torno a ofertas que al calor de la movilización fueron rechazadas como ‘espejos y bambalinas’ por las bases. Mientras tanto, el esquema de represión durante el paro y de persecución posterior, se basa en el desconocimiento expreso del carácter plurinacional de Estado por parte de voceros del gobierno actual.

Las comunas indígenas, en su diversidad de condiciones, no permanecen atadas a un modelo campesino y han experimentado otras vías de fortalecimiento en el marco de la fase progresista. ¿Cómo esto se proyectará hacia la agenda electoral que también fue contemplada por la dirigencia indígena en este paro? Es apenas una de las interrogantes.

Diálogos, pactos y autoritarismo

El principal instrumento democrático del país en estos años es la Constitución vigente desde 2008, no sólo por su jerarquía formal en el ordenamiento del Estado, sino porque es fruto de un proceso histórico político del mayor consenso y participación social. Fue una respuesta a la profunda crisis económica, política y social que asoló a un país sometido a la voracidad de capitales especulativos y sus expresiones políticas. Propuso refundar el país, ubicando la vida por sobre el capital, los derechos por sobre los intereses particulares, el bien común y el Buen Vivir como horizonte compartido.

La Constitución es una suerte de escudo anti neoliberal. Limitar o burlar su aplicación, alterar sus contenidos, modificar normas e instituciones que se derivan de ella ha sido una constante durante el gobierno en curso. La reimplantación del neoliberalismo requiere un régimen político que deje fluir el poder del mercado por sobre todo.

No es un giro sencillo. Se aplicó, entre otras cosas, un ‘golpe blando’ para apartar a las autoridades electas en distintas funciones y reemplazarlas por designadas desde el ejecutivo.

La reconfiguración de entidades y atribuciones empezó el primer día de gobierno, con la eliminación de ministerios coordinadores, el traslado de competencias y recursos desde el conjunto de instituciones que conforman el frente social hacia la Presidencia, la restitución de la figura de Primera Dama y su nombramiento al frente del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, creado para el efecto. Se abrían las puertas al patrimonialismo y clientelismo en la gestión del Estado.

Otras competencias fueron trasladándose hacia la Presidencia y puestas en manos de individuos, de ‘consejeros de gobierno’ depositarios del poder de decisión sobre asuntos y áreas estratégicas. Uno destacado fue el Consejero de Gobierno el mejoramiento y la optimización del Estado¹², que dejó listo en septiembre de 2019 el esquema para privatizar las empresas públicas más exitosas, compradores incluidos.

Se fue configurando un curioso híbrido, un régimen presidencialista con un Presidente débil. Tal debilidad de origen, de la figura o persona en sí, estaba en principio compensada o relativizada por la presencia de un colectivo político con un recorrido inédito de una década, y plasmado en un programa de gobierno para el período que contó con el voto de la mayoría. Esas condiciones cambiaron radicalmente a partir de lo que se conoció como ‘traición’ que supuso la salida de ese equipo, pero se hallaron otros canales de compensación. Así, al cobijo de los nuevos aliados, de las élites realmente al mando, y de los medios de comunicación corporativos, se ha sostenido una imagen presidencial¹³ inevitablemente precaria por sobre cualquier esfuerzo, carente de capital político propio y con niveles de aceptación que oscilan en las cifras más bajas.

La intervención en el conjunto de poderes y funciones del Estado se dio a través de una Consulta Popular (marzo 2018), llevada adelante al margen de la Constitución, que sirvió para conformar un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, instancia que se atribuyó poderes supra constitucionales y tomó decisiones en todos los campos del quehacer público y de todos los tamaños para, según los interesados, re institucionalizar el país.

Uno de los recursos invocados en este proceso ha sido el diálogo, expuesto como mecanismo para superar un supuesto autoritarismo previo, conciliar una sociedad que habría sido polarizada o dividida a voluntad, y lograr pactos que aseguren la gobernabilidad. ¿Es el diálogo bueno per se? Depende, parece ser una respuesta obvia. Como mínimo, depende de interlocutores, condiciones, objetivos, momento, más aún cuando se da en contextos de conflicto o confrontación.

En el anterior ciclo neoliberal y en otras condiciones de balance de poder, se consideraron logros los espacios de diálogo demandados desde la ciudadanía, desde organizaciones y movimientos sociales, para hacer escuchar su voz, su propuesta y acaso impulsar decisiones que significaran alguna conquista, algún paso adelante. Luego, al amparo de la Constitución de 2008, los diálogos buscaron más bien una asociación entre lo público y lo social para encarar el poder del mercado y sus expresiones tanto locales como transnacionales, en función del interés público.

En el otro extremo se ubican hoy las mesas de diálogo ad hoc, para encaminar intereses por sobre el interés público, para para bajarle el perfil a la Constitución, en la línea de ‘pacto social’ controlado, subordinado a agendas e intereses particulares. Así, hay situaciones en las que la herramienta del diálogo puede servir, paradójicamente, para legitimar actitudes o pretensiones antidemocráticas, para desdibujar instituciones, para alterar consensos conseguidos en procesos amplios y complejos, como son los constitucionales, al someterlos a decisiones o pactos bilaterales.

Una primera etapa de los diálogos propiciados por el gobierno llevó a la recomposición del balance de poder con ventaja para actores político – empresariales o de tendencias de derecha. Se transfirió un poder duramente defendido y conseguido en el proceso electoral hacia los actores que precisamente no resultaron ganadores.

El evidente desgaste de este recurso para otros fines que no fueran solapar la sustitución de una lógica de derechos por una de intereses, llevó a bajar su perfil, hasta cuando en el conflicto de octubre resurgió como la salida. La demanda social, el obvio tema de negociación como mandato del paro era la defensa del interés colectivo, del bien común y el respeto a la Constitución.

Pero mucho más se escenificó en la mesa de la noche del 12 de octubre. Por un lado estaban los representantes indígenas con la legitimidad de una causa y el endoso de un pueblo en pie, en las calles, desafiando el estado de excepción, el toque de queda y la violencia represiva. Por el otro representantes del gobierno con serios problemas de legalidad y legitimidad, agravados en esos días, que lograban validar su perfil de interlocutores y cuyo principal objetivo parecía ser descalificar y aislar al ‘correísmo’, maniobra imposible dada su presencia y rol transversal en la jornada, pero intensamente buscada por medio de la criminalización, la persecución, la difamación y recursos similares. Así, uno de los resultado visibles de ese momento cumbre fue también la re legitimación de un gobierno crónicamente débil en un sentido, pero paradójicamente con fortalezas para sostener una gobernabilidad neoliberal.

La consigna de ‘fuera Moreno’, hoy exhibida como prueba de un supuesto intento de golpe de Estado, se ha mantenido latente en estos dos años. Fue tomando forma a partir del giro restaurador, amparada en la norma que ubica como causal de destitución el incumplimiento del programa de gobierno electo. Como consigna de rechazo fue ampliamente repetida durante la protesta, sin que signifique, como ahora se procura mostrar, la existencia de una conspiración golpista aunada a planes y acciones ‘terroristas’¹⁴. Estas versiones, que parecen absurdas o delirantes, tienen por desgracia usos muy concretos, consecuencias presentes y hacia futuro, coincidencias con amenazantes agendas regionales.

El gobierno asegura que durante y después de la movilización ha cumplido ya más de setenta mesas de diálogo, es decir se vuelve a la proliferación y vaciamiento, en procura de relativizar los compromisos adquiridos en la mesa de negociación con los indígenas y la importancia de sus interlocutores. ¿Hasta dónde podrá llegar la acción destructiva y autoritaria de un gobierno débil, su permanencia?

A partir de octubre han cambiado muchos referentes. El conflicto de clases que se develó en los días del paro y en los siguientes rebasa cualquier falso consenso, incluso el que había sido conseguido al amparo de un ‘anticorreismo’ esgrimido con diversos formatos y usos hasta la fecha.

Quizá está ya roto el hilo del diálogo como mecanismo privilegiado de la coyuntura, sus alcances como medio para afectar la vigencia de la Constitución, para minimizar o eludir la respuesta al estallido social o, peor aún, para intentar un blindaje social al programa neoliberal acordado con el FMI.

Se abre un nuevo ciclo de resistencia, con actores y dinámicas renovados y nuevos, con una proyección de la experiencia progresista que acelera la confrontación con el neoliberalismo, en medio de una escalada del conflicto capital – vida y de la ofensiva violenta de las fuerzas restauradoras.

Artículo publicado en el libro Ecuador: la insurrección de octubre, CLACSO, Buenos Aires, mayo 2020

*  Este artículo fue escrito en octubre de 2019, al calor de los hechos pero sin inmediatismo. Una interpretación que adelanta líneas de análisis de plena vigencia.