Ya no es tan fácil prever los escenarios futuros que nos pueda mostrar Chile. Hace menos de dos años, rigiendo el actual gobierno, podían verse muchas manifestaciones ocupando los parques, plazas y calles de las principales ciudades del país, pero nada permitía presagiar que se desataría el estallido social o la rebelión popular que tomó cuenta del territorio en las proporciones que hoy conocemos. Algunas movilizaciones reclamaban por una Educación pública, gratuita y de calidad; otras exigían el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP), otras pedían el fin de las llamada zonas “de sacrificio” que siguen colocando en riesgo la vida de miles de personas que habitan en esas localidades, conviviendo a veces en condiciones deplorables en un entorno excesivamente contaminado por operaciones industriales sin control alguno.

En el último periodo también se habían producido protestas por discriminaciones arbitrarias en el uso del agua para regadío agrícola y por los altos cobros del servicio de agua potable, cuya concesión está entregada a manos privadas. A esto se sumaba el malestar acumulado por las enormes y lentas listas de espera para atención en los Hospitales de la red pública de Salud, mientras la atención privada, inalcanzable para la gran mayoría de la población, se financia mediante cotizaciones de un porcentaje mínimo de afiliados al Sistema de Salud Privada. Por otra parte, la represión sistemática realizada por parte de la policía uniformada (Carabineros) que enfrentaba las expresiones del sentir popular como un “estado de guerra”, ha venido aumentando la indignación de las grandes mayorías de la población chilena.

En dicho escenario, fueron apareciendo con mayor frecuencia y convicción, los lienzos y banderas llamando a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución impuesta por Pinochet, nacida en medio de un contexto dictatorial, bajo el imperio de la Doctrina de Seguridad Nacional y el sistema económico neoliberal de los Chicago boys.

Todo este movimiento fue creciendo como un alud, pero no era perceptible a simple vista. Como sabemos, éste finalmente se expresó en una rebelión que sumó todo el descontento acumulado, cuando jóvenes estudiantes secundarios dijeron ¡basta! al alza de los pasajes del tren subterráneo Metropolitano (el Metro) de Santiago. Quedó de manifiesto que la evasión masiva del pago de los pasajes, saltando los torniquetes para ingresar a las estaciones de Metro, ya no se trataba de una reivindicación propia de los estudiantes por y para ellos, sino era el reflejo de un malestar generalizado en la población, en contra de los abusos desde el Estado y el empresariado y, en definitiva, una lucha por alcanzar la merecida dignidad. Fue finalmente esta búsqueda por mejores condiciones de vida y por mayor dignidad lo que rebasó la paciencia de la población ese 18 de octubre de 2019.

De manera tal que las y los estudiantes no quedaron solos. A pesar de la represión de la cual fueron víctima, continuaron las movilizaciones callejeras y siete días después, el 25 de octubre, la Alameda Bernardo O’Higgins, principal Avenida en Santiago, acogió la más masiva marcha y concentración que se había realizado en muchos años. Se calcula que casi un millón y medio de personas se concentraron en torno al lugar que simbólicamente se le ha denominado desde entonces, la Plaza de la Dignidad. Algo similar, aunque a menor escala, se iba produciendo en otras ciudades a lo largo de Chile.

Fue tomando forma el movimiento, pero costó vidas humanas, mutilación de ojos, privaciones de libertad, lesiones y torturas a manifestantes, de parte de fuerzas represivas que, durante el estado de excepción -decretado por el Gobierno de Sebastián Piñera- estaban formadas principalmente por Carabineros y militares, que salieron a las calles con tanquetas y fusiles.

A diferencia del periodo que antecedía a esta rebelión popular, las luchas emprendidas por la población ya no eran aisladas. Desde este modo, podría decirse que fue aumentando la conciencia acerca de que el Estado neoliberal que heredamos de la Dictadura después de 17 años de autoritarismo, entre 1973 y 1990, era la principal causa no sólo de un sistema económico de libre mercado, sino que también era el origen de la falta de garantías para acceder al real ejercicio de los derechos humanos, tanto individuales como sociales.

Si bien Chile ha suscrito y ratificado Convenios internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el país no los respeta en su Carta Magna. Ello ha sido así, con la complicidad del Tribunal Constitucional que no le otorga una jerarquía supra constitucional a los Tratados, Convenios ni Pactos internacionales de Derechos Humanos. Ese mismo Tribunal es el que ha reconocido que si bien el principio económico de otorgarle un papel subsidiario al Estado de Chile no está expresamente consagrado en la Constitución vigente desde 1980, rige transversalmente dicho cuerpo normativo. Define que, en virtud de este principio, “al Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que son desarrolladas adecuadamente por los particulares, ya sea personalmente o agrupados en cuerpos intermedios”.

En las diversas ciudades del país y en los barrios de Santiago, comenzaron a constituirse Cabildos y Asambleas autoconvocadas, para conversar, entre vecinos y organizaciones sociales, acerca de las causas del malestar social, el vínculo entre la difícil realidad de las injusticias, marginalidad y enormes desigualdades económico-sociales, para concluir que uno de los cambios imperiosos a ser levantado consistía en la instauración de una nueva Constitución política.

Esta percepción se sustenta en la certeza de que la institucionalidad heredada de la dictadura ha representado el marco jurídico para validar tanta legislación que ha socavado la confianza en las principales instituciones del Estado. También, que dicho encuadre ha permitido e incentivado una excesiva e inagotable ambición de grupos económicos nacionales y transnacionales que han estado explotando no sólo a trabajadores y trabajadoras, sino también los recursos naturales del país. Ha surgido la indignación al constatar que una gran cantidad de jóvenes carecen de expectativas laborales y de desarrollo humano, que adultos mayores reciben pensiones miserables, aunque hayan trabajado 30 o 40 años, lo que les obliga a seguir laborando para poder sobrevivir o que muchas familias vivan hacinadas y en ciudades altamente segmentadas socialmente.

Las múltiples manifestaciones, paros laborales y estudiantiles, sendos Informes de Comisiones de Derechos Humanos que visitaron Chile, condenando las violaciones de esos derechos ,y una efervescencia permanente en el ambiente, llevó a que la dirigencia de la mayoría de los partidos políticos respondieran llegando a un Acuerdo que , en términos generales, consistía en que se convocaría a un Plebiscito para determinar si se aprobaba o rechazaba dictar una nueva Constitución Política, y si el órgano llamado a redactarla sería una Convención Mixta, conformada en un 50% por Parlamentarios y el otro 50% por ciudadanos/as o, por el contrario, se elegiría una Convención Constitucional sólo conformada por ciudadanos/as, es decir, el resultado de un ejercicio de soberanía popular plena y, además paritaria, esto es, permitiendo que se eligieran igual número de mujeres que de hombres como constituyentes.

Dicho Acuerdo se plasmó en algunas disposiciones que reformaron la Constitución, ya que ésta no sólo era ilegítima en su origen dictatorial, sino además no contemplaba procedimiento alguno para ser reemplazada por otra, por ejemplo, a través de un plebiscito.

En un principio, se había fijado fecha para el 16 de abril de 2020, a fin de realizar el mencionado acto plebiscitario. Sin embargo, al haber surgido la pandemia por Covid-19, debió postergarse hasta el 25 de octubre del mismo año dicha votación popular no obligatoria.

Los resultados arrojados en este Plebiscito dieron un amplio triunfo a la opción por la aprobación de una Nueva Constitución (78.3%) y también fue significativa la alternativa de que ella sea elaborada por una Convención Constitucional (79%).¹

Si bien el triunfo por este gran paso fue masivamente celebrado, es sabido que el Acuerdo de los partidos y la norma constitucional publicada el 24 de diciembre de 2019, que convocó al plebiscito (Ley N° 21.200) tiene grandes escollos que salvar. Entre ellos: la Convención Constitucional, que será electa el 11 de abril de 2021, deberá dictar un Reglamento para regir su propio funcionamiento, aprobado por 2/3 de sus miembros, hecho que pone en riesgo la posibilidad de dar apertura y transparencia al actuar de la Convención, la que debiera estar sujeta a control social durante su funcionamiento, de entre 9 y 11 meses. Por igual quorum, que en los hechos seria de un 67% de sus miembros, tendrían que aprobarse las disposiciones que formarán el contenido de la nueva Constitución, lo que resulta muy difícil, considerando la información con que se cuenta sobre las posiciones políticas de derecha, de centro e izquierda en Chile y el peso que cada uno de estos sectores posee en la configuración política chilena.

De manera general es posible afirmar que se busca que la nueva Constitución consagre un Estado Social de derechos, donde prime el bien común por sobre el individual, que contemple y garantice de manera supra constitucional los derechos humanos individuales y sociales, que las instituciones públicas ejerzan sus funciones con enfoque de derechos y de género, que distribuya de una forma mucho más equilibrada el poder en la sociedad chilena, que la soberanía realmente radique en el pueblo, facilitando de modo expreso la participación social y política de los y las habitantes del país, que los cargos de elección popular contemplen un mecanismo de revocación, etc.

Así, el período que viene se caracteriza por tener múltiples elecciones populares, lo que complica el escenario, además de las dificultades que implica tomar los resguardos necesarios para evitar más contagios de Covid-19. Efectivamente, resulta muchísimo más complejo realizar Cabildos y Asambleas ciudadanos/as en esta etapa.

Para ejemplificar lo señalado, baste saber que el día 11 de abril de 2021 existirá una votación popular para elegir a: Los y las Convencionales Constituyentes, a Gobernadores /as Regionales y, a nivel comunal o local, a Alcaldes y Concejales.

Existen proyectos de ley en el Congreso Nacional con mociones para que haya participación representativa de los pueblos originarios del territorio en la Convención Constitucional, mayores facilidades en los requisitos exigidos para que candidatos/as independientes puedan serlo e ir postulando en pactos electorales, para que, en los hechos, puedan llegar a ser electos y no existan sólo listas de partidos políticos, ya que la militancia en éstos es minoritaria y los partidos también han disminuido su popularidad.

Será preciso que los programas de quienes sean candidatos/as a cargos comunales. contemplen mecanismos facilitadores para que vecinos/as y organizaciones sociales realmente participen en el adecuado seguimiento de los planteamientos y acuerdos a los que vayan arribando los y las miembros de la Convención Constitucional que resulte electa el 11 de abril de 2021.

Dicha Convención Constitucional deberá entregar la Propuesta de Constitución al Presidente de la República, a más tardar, en abril de 2022 y entre los meses de junio y julio de ese año, se realizará el Plebiscito que aprobará o rechazará dicho Proyecto. En caso de rechazarse, quedaría vigente la Constitución que rige desde 1980.

Son muchos los desafíos que se presentan en el horizonte, pero estamos convencidos que la disposición y la voluntad de lucha de todas y todos quienes han participado en este proceso por una nueva Constitución, permitirá mantener viva la llama por ocupar los espacios de participación y organización que ayuden a construir una nueva Carta Magna, que represente en forma fidedigna los anhelos y esperanzas del pueblo chileno.

- Erika Díaz Muñoz es Abogada de la Universidad de Chile. Magister en Dirección y Gestión de Servicios de Salud y especialista en Derecho Público y Seguridad Social.

- Fernando de la Cuadra es Sociólogo de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.

Publicado originalmente en el sitio Terapia Política: https://terapiapolitica.com.br/