El gobierno de la coalición de derechas autodenominado Coalición Multicolor prosigue con su hoja de ruta de ajuste y transferencia de recursos de la clase trabajadora hacia los sectores más concentrados, con el tandem del presupuesto nacional y la Ley de Urgente Consideración (LUC) a pesar de la pandemia.

No solo se ha aumentado las tarifas de servicios públicos, los peajes y los alimentos, sino que lo que no pudo el gobierno colocar en la LUC, lo hizo en el presupuesto.

El presidente Luis Lacalle Pou utilizaba en la campaña electoral la metáfora del cinturón, sentenciando que no se puede ajustar más a los trabajadores y “había que aflojarselo”. Pero la realidad marca otra cosa, y la presión fiscal apunta a disminuir hacia los empresarios a costa del salario de los trabajadores.

Esto se deja en claro en los artículos 685 y 678 del presupuesto nacional que reducen la carga tributaria de buena parte de los contribuyentes que tienen que abonar el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE). Esta rectificación de la carga tributaria implica que paguen menos los contribuyentes rurales que posee un patrimonio en tierras de valor mínimo de 1.500 millones de dólares. La reforma agraria suena lejos, muy lejos en el viento.

El ajuste salarial de enero de 2021 será absorbido por la inflación de este 2020. Agregado a esto, la corrección inflacionaria de 2022 a 2024, que según el gobierno es para recuperar lo perdido en los años anteriores, irá dejando por el camino un derrotero de pérdida salarial.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la vigencia del decreto 90/20, dictado apenas a 15 días de asumido este gobierno, que implica que cuando se producen vacantes en el Estado solo se suplen una de cada tres. Además se subejecuta un 85% del presupuesto ya establecido por el anterior gobierno del Frente Amplio.

Se estima que la caída en gastos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (UdelaR), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), será de 6.500 millones de pesos, unos 150 millones de dólares. El Fonavi será el más afectado ya que recibirá un recorte de 17.1%.

Está claro que este recorte es un golpe directo a la clase trabajadora que hace uso de la educación y la salud pública y precisa de la ayuda del Estado para poder conseguir un techo, ya que en Uruguay tener casa propia, ya sea a través de una compra o construirla, es una utopía.

El capital inmobiliario también se verá beneficiado por el presupuesto. El artículo 436 deroga una norma de la Ley de Ordenamiento Territorial que limitaba a 20.000 metros cuadrados la posibilidad de urbanizar en propiedad horizontal. En buen criollo, una norma para poder crear más barrios privados para las clases altas.

Los salarios en el período de gobierno neoliberal tienden a la baja. El poder adquisitivo de los trabajadores se verá reducido cada vez más y eso implica menos capacidad de compra, por lo que redundará en menos circulación de dinero y producción en el mercado interno.

El proceso de vaciamiento y posterior privatización de las empresas públicas sigue su curso. Ancap, la empresa monopólica de combustibles del Estado ya no es tal. En puertos y aeropuertos se desmonopolizó y se habilitó el uso de la infraestructura por parte de empresas privadas.

Un ajuste de tamaña medida solo cierra con trabajadores despedidos y represión. Por eso es que el presupuesto en Defensa crece en 1.300 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) respecto a lo ejecutado en 2019, a pesar que la Caja Militar tiene al día de hoy un déficit de 500 millones de dólares, lo cual sería una buena fuente de recursos para mitigar el déficit fiscal que tanto preocupa al gobierno.

El ajuste puede ser agravado. Según la regla fiscal contemplada en los artículos 6 y 7 del presupuesto, si no se llega a determinados objetivos, en nombre de la reducción del déficit fiscal, se podrán seguir recortando rubros presupuestales.

Según un informe elevado a la comisión de Expertos en Seguridad Social, al 2024 se proyecta un crecimiento del PBI del 11.7%, mientras que el salario y el empleo crecerán un 5%, algo inédito en los últimos quince años. Una reforma de la previsión social ronda en el aire y ya se prevé el aumento de edad de retiro de los trabajadores. Los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI) serán cumplidos.

Una imagen que se repite de gobiernos del partido Nacional (blancos), de padres e hijos, representantes de la oligarquía nacional. En los 90 aunque hubo crecimiento, no hubo distribución de la riqueza para los trabajadores.

Los grandes ganadores de este presupuesto son el capital inmobiliario, los grandes terratenientes, los prestadores de salud privada, la educación privada, la corporación militar y los capitales concentrados. El famoso derrame seguirá siendo un mito de economistas de escritorio. En caso de que exista, será solo derrame de ajuste, desempleo y represión.

- Nicolás Centurión es Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/12/07/presupuesto-y-ley-de-urgente-consideracion-la-dupla-del-ajuste-en-uruguay/