El ex Ministro de Agricultura Antonio Walker hizo efectiva su renuncia tras dejar otra norma en favor del mundo empresarial al que pertenece: la propuesta de una nueva normativa que transfiere a las empresas del rubro de los plaguicidas, y el agronegocio, las atribuciones de Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respecto de registro de nuevos plaguicidas. Walker, ex presidente de Fedefruta, deja el cargo público para candidatearse como convencional constituyente, donde sus propuestas tendrán sin duda el mismo carácter defensor del modelo agroexportador intensivo en uso de plaguicidas altamente peligrosos e impulsor de los Tratados de Libre Comercio. La consulta pública de esa norma concluirá este 7 de enero con él ya fuera de funciones, y de ello deberá responder María Emilia Undurraga, la nueva ministra junto a su pupilo, el director del SAG, Horacio Bórquez. En la actualidad está vigente la Resolución N° 1557 de 2014 respecto del tema de registro y patrones de referencia.

La norma y su procedimiento de Convocatoria Nacional a las empresas para que manifiesten sus necesidades ha provocado estupor e indignación en sectores ligados a los defensores del medio ambiente y la alimentación sana que apoyan los esfuerzos orientados a promover la agroecología, el uso y la recuperación de la semilla tradicional en los cultivos libres de agrotóxicos, una tendencia reafirmada en el mundo por la crisis ecológica y sanitaria que vivimos.

La Red de Acción en Plaguicidas de Chile, RAP-Chile, denunció esta maniobra del SAG cuyo objetivo declarado es facilitar el registro de plaguicidas en el más breve plazo a las corporaciones transnacionales agroquímicas y contribuir al crecimiento del mercado ya saturado de plaguicidas en el país. María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile señala en su respuesta a la consulta: “El SAG, en su afán de ceder a las presiones de las corporaciones agroquímicas comercializadoras de plaguicidas está permitiéndoles el registro exprés y continúa evadiendo su responsabilidad de realizar la debida evaluación de riesgos a la salud humana y al medio ambiente. En otras palabras, el SAG en su calidad de regulador, está dejando en manos de quienes están en el negocio agroquímico, entre ellos, Corteva, Bayer Monsanto, Syngenta Group, la facultad de decidir qué plaguicidas quieren registrar, ayudándolos de paso con la agilización del proceso de registro”.

Entre quienes han reaccionado de inmediato iniciando esfuerzos para detener la regulación en consulta, dada a conocer en medio de las fiestas de fin de año, están las organizaciones socioambientales y de productores orgánicos y agroecológicos:  Yo No Quiero Transgénicos en Chile; Alejandra Parra, de la Red de Acción por Derechos Ambientales RADA, Lucio Cuenca, de OLCA, Alicia Muñoz de ANAMURI,  el ecólogo y académico Bernardo Reyes,  Marianne Muller, directora de la Escuela Agroecológica de Pirque, Bernardo Reyes, ecólogo y académico y Carolina Lagos, de Casa Chile, Paula Muñoz de la Cooperativa Verde, Joel González de Agrupación valle Consciente de Limache, Pamela Contreras de la Coordinadora Ecológica de Casablanca, el agrónomo José Miguel Garcés de Temuco y la agrónoma Scarlett Mathieu han hecho llegar su total rechazo a la medida.  Entre los citados hay varios precandidatos cuyo mandato, de ser elegidos, va en la dirección contraria a la línea de Walker, apuntando hacia la desmercantilización de la constitución (Lucio Cuenca, D12), la naturaleza como sujeta de derechos (Alejandra Parra D21), la revisión de los TLCs y el rechazo al TPP11, entre otros planteamientos de defensa del agua y los territorios frente al extractivismo. 

María Elena Rozas, agrega: “Como ciudadana de este país que está viviendo momentos importantes debido al inicio del proceso de elaboración de una nueva constitución, interpelo al SAG a situarse en el mundo de hoy y cumplir de forma rigurosa el rol que le asigna la ley, de fiscalizar y regular el uso de plaguicidas en vez de capitular frente al agronegocio y los comercializadores y fabricantes de plaguicidas. Como se trata de regulaciones relacionadas con venenos que pueden causar cáncer y otras graves enfermedades en infantes y asalariadas agrícolas, el SAG debería eliminar del registro a los agrotóxicos clasificados como “Plaguicidas Altamente Peligrosos” e incorporar el Principio de Precaución como base de sus decisiones”.

Según datos que cita Rozas en sus comentarios al SAG,  la  investigación “Situación de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) en Chile”, de su autoría, denuncia que en Chile ya hay 103 plaguicidas PAP  (altamente peligrosos) con registro vigente. De ellos,  45 principios activos y sus respectivas marcas comerciales no están aprobados por la Unión Europea, y sin embargo SAG está incentivando que haya muchos más plaguicidas con ese grado de peligrosidad, gracias a (los incentivos y)  facilidades entregadas en esta normativa.

Chile potencia en venenos

Carolina Lagos, permacultora en su parcela de San Fernando y activa promotora de los huertos urbanos y la agroecología, también precandidata a la Convención,  expresó asimismo su rechazo a la medida del SAG señalando que Chile pasará a ser “Potencia Venenosa”, parafraseando el lema de “Potencia alimentaria” utilizado por el marketing agroexportador. 

Cuando en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja se discutió el TPP11 Carolina intervino levantando la defensa de la semilla tradicional y relevando la incidencia que tiene la agricultura convencional, intensiva en el uso de plaguicidas en las emisiones de carbono y la consiguiente aceleración del cambio climático. Hoy nuevamente enfatiza que el Estado está yendo por el camino equivocado que lleva a la destrucción de la naturaleza.

Recado a Walker

Bernardo Reyes, en conversación con esta periodista informa: “Le mandé un recado al ex ministro Walker a través de un familiar suyo, asegurándole que boicotearemos su campaña de convencional. Denunciaremos que está entregando el país totalmente a Bayer/Monsanto con estas medidas, y que no debe llegar a ser convencional. Muchos nos encargaremos de dejarlo en el camino”.  

Alejandra Parra, bióloga en recursos naturales, también envió fundados comentarios al SAG enfatizando en los riesgos para la salud de las mujeres y niños en circunstancias que ya es público y notorio el daño generado por estos plaguicidas. Ella ya se enfrentó a esa entidad pública en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, cuando SAG intentó aprobar una nueva regulación de transgénicos que también favorecía a Monsanto. Esa norma fue “suspendida” oficialmente, tras recibir en el peak de la pandemia (junio)la inédita cantidad de más de 7.000 comentarios de rechazo, en respuesta a la campaña iniciada por RAP-Chile sobre esa consulta pública.

Carta abierta al SAG

En esta oportunidad el escaso espacio entregado por el formulario del SAG para comentar su propuesta no permitió a María Elena Rozas desarrollar todos sus fundamentos, los que da a conocer a través de una carta abierta. Como demostración de que la gestión del SAG va en contra de la tendencia mundial en favor de la reducción y prohibición del uso de los plaguicidas más peligrosos, la coordinadora de RAP-AL cita una reciente medida regulatoria de México. “El 1 de enero de este año,  entró en vigor allí la prohibición gradual del glifosato, registrado en Chile como una sustancia que no ofrece peligro, mientras en Estados Unidos sus fabricantes enfrentan juicios porque este herbicida está acusado de causar cáncer,  según la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer, IARC”, explica.

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