28 personas murieron el 8 de febrero en un taller textil clandestino en Tánger. Las grandes multinacionales del sector que subcontratan estas instalaciones han anunciado más inspecciones y firmado acuerdos de “responsabilidad social”. Pero la tragedia se repite a cada tanto, porque no son accidentes: es un modelo basado en la explotación de seres humanos.

La existencia de talleres clandestinos en Tánger es bien conocida desde hace tiempo. En la maquila del sur de Europa, las grandes empresas españolas de la moda (Inditex, Mango, El Corte Inglés y otras) fabrican buena parte de las prendas que luego se encuentran en sus tiendas. Lo hacen a través de una maraña de contratas y subcontratas con las que, además de empujar hacia abajo los costes laborales, desdibujan sus responsabilidades legales. El 8 de febrero, tras inundarse el sótano en el que trabajaban y que operaba como uno de esos cientos de talleres textiles que hay en Tánger, murieron 28 personas.

Ocho años después de la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh, vuelve a ponerse de manifiesto que el modo de producción y distribución en las cadenas globales de valor se sostiene sobre una larga serie de violaciones de derechos humanos y abusos sistemáticos. Hace décadas que se vienen denunciando las penosas condiciones en las que trabajan las obreras del textil. Las grandes compañías han anunciado más inspecciones, han firmado acuerdos de “responsabilidad social” con las principales centrales sindicales y han publicitado su apuesta por los “objetivos de desarrollo sostenible”. Pero la historia se repite a cada tanto, porque no son accidentes: es un modelo basado en la explotación de seres humanos.

Cadenas de impunidad

Las subcontratas que trabajan para las grandes multinacionales de la moda, desde el sudeste asiático hasta Brasil, Turquía o Marruecos, son hoy al capitalismo global lo que en el siglo XIX fueron las fábricas textiles de Inglaterra al capitalismo manchesteriano. Negar el derecho a sindicarse y a cobrar el salario mínimo, obligar a trabajar en jornadas interminables, eludir cualquier norma de seguridad y riesgos laborales, no respetar las bajas por maternidad ni las horas extras, castigar las ausencias con reducciones de sueldo o despidos, utilizar mano de obra infantil, perseguir y criminalizar la acción sindical, imponer condiciones que podrían calificarse directamente como trabajo esclavo. Al estudiar cómo funciona la fábrica global, se observa un patrón que se repite tanto en el textil como en otros muchos sectores de las cadenas mundiales de valor, desde la industria de la alimentación hasta la tecnología.

Las cadenas globales de suministro y las complejas estructuras empresariales conformadas por las transnacionales cumplen una doble función: reducir al mínimo los costes laborales y eludir al máximo el pago de impuestos. De este modo, se sitúa la fabricación en países como Bangladesh, El Salvador o Marruecos para disponer de mano de obra en condiciones de semiesclavitud y a la vez rebajar todo lo posible las cargas fiscales. La explotación de las trabajadoras, la ausencia de sindicatos y la eliminación de impuestos se convierten en factores determinantes para mejorar la “competitividad” y atraer las inversiones extranjeras.

En el informe La moda española en Tánger, editado por la Campaña Ropa Limpia en 2012, ya se detallaban las penosas condiciones laborales en las que se producen prendas de ropa para las grandes marcas españolas. “El empleador y los cargos intermedios no deben saber que conoces tus derechos, de lo contrario perderás tu trabajo”, decía entonces una de las obreras de la confección entrevistadas. Nueve años más tarde, todo sigue igual. Setem Catalunya y Attawassoul acaban de publicar un nuevo informe que así lo muestra: entre todas las trabajadoras del textil encuestadas por estas asociaciones, el 70% carecía de contrato y la mitad declaraba trabajar más de 55 horas semanales por un salario mensual de 250 euros.

Con el argumento de la eficacia para responder a los cambios del entorno y adaptarse a la demanda, las grandes corporaciones han desplazado los costes y los riesgos a otros proveedores, pequeñas empresas y trabajadoras con empleos precarizados y salarios menguantes. Así es como han conseguido introducir mayores cotas de rotación, especialización y reducción de costes fijos, fomentando la falta de responsabilidad de las casas matrices sobre las relaciones laborales de quienes trabajan para ellas. Esa cadena de responsabilidades, sin embargo, tiene que extenderse a las multinacionales que centralizan los pedidos. Y también a los gobiernos, como el español y el marroquí en el caso de la zona franca y el puerto de Tánger, que han impulsado un modelo de relaciones comerciales que privilegia los beneficios de unos pocos empresarios por encima de los derechos de la mayoría de las trabajadoras.

“Clima de negocios”

“Marruecos tiene el mejor clima de negocios de la zona”. La oficina comercial del ICEX en Casablanca hacía un llamamiento a la inversión extranjera promocionando este mensaje el día que 28 trabajadoras fallecían en Tánger. A la vez, esta misma semana, la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España está de gira por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar con el objetivo declarado de “buscar inversiones para apalancar el plan de recuperación”. Sin olvidar las visitas del ministro Grande-Marlaska a Marruecos para solventar la crisis migratoria en Canarias, intercambiando apoyo económico y policial a Rabat por nuevas formas de deportación y readmisión de migrantes, aumento del control de fronteras y condicionalidad de la “ayuda al desarrollo”.

Diplomacia económica y derechos humanos son dos ejes centrales de la nueva estrategia de acción exterior que ha presentado el Ejecutivo; hoy, como en las últimas cuatro décadas, la balanza se está desequilibrando por la vía de los hechos hacia el primero de ellos. La internacionalización de los negocios de las grandes empresas, nunca ha sido de otra manera, marca la agenda exterior del Gobierno español. Más allá de los lemas propagandísticos del “gobierno más progresista de la historia”, parece que el tiempo se hubiera detenido diez años atrás. Si se cambia el cromo de González Laya por el de García-Margallo y se renombra a España Global como Marca España, si se retrocede de la “recuperación” postpandemia a la que sucedió a la crisis financiera, nos encontramos en el mismo punto: visita a las obras del AVE a La Meca y fomento de la “colaboración público-privada” para impulsar el crecimiento de la economía española.

En 2013, la muerte de 1.134 personas, en su mayoría mujeres, tras el derrumbe del bloque de ocho pisos situado en la capital de Bangladesh que albergaba fábricas textiles de subcontratas de Benetton, Wal-Mart, Primark, Mango y El Corte Inglés, evidenció el fracaso de la autorregulación empresarial y la “responsabilidad social”. En 2021, la muerte de 28 personas, la mayor parte de ellas también mujeres, vuelve a demostrar que las consecuencias de la internacionalización de las grandes corporaciones están escritas en su propio código genético. Mejorar el “clima de negocios” cuesta vidas.

La profundización de las desigualdades sociales, la agudización de los conflictos ecológicos y la violación sistemática de los derechos humanos, lejos de ser el resultado de los comportamientos desviados de algunos empresarios, se localizan en la raíz de los dividendos empresariales. En un contexto de fuerte competencia en el mercado mundial, con la constante presión de los accionistas y los fondos de inversión por aumentar sus ganancias, las grandes compañías rivalizan en una permanente carrera a la baja. De Dacca a Tánger, se observa un modus operandi del capital transnacional que se replica por todo el mundo, trazando una línea de continuidad entre el creciente poder de las grandes corporaciones y la multiplicación de sus impactos socioambientales.

Regulación y confrontación

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones sociales y sindicales de todo el mundo. Cómo avanzar en el establecimiento de mecanismos para controlar los abusos cometidos por las grandes corporaciones en el marco de su expansión global, que pueden encuadrarse en una dimensión socioeconómica pero que también adquieren notable importancia en términos políticos, jurídicos y culturales, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la comunidad internacional.

Del instrumento internacional jurídicamente vinculante, sobre el que se está debatiendo en Naciones Unidas desde hace un lustro, a la recientemente anunciada decisión de la Comisión Europea de presentar una directiva sobre diligencia debida a lo largo de este año, pasando por las propuestas legislativas que se han llevado a cabo en Francia, Suiza o Catalunya, en los últimos años se han venido presentando diferentes desarrollos normativos con el objetivo de controlar las actividades de las empresas transnacionales más allá de las fronteras del país de origen. Aún con sus limitaciones, estos procesos pueden servir de guía sobre los ejes en los que podría basarse una regulación eficaz, además de ilustrar las barreras que se interponen desde los gobiernos y las grandes compañías a la creación de un marco normativo efectivo para garantizar los derechos humanos y frenar la crisis socioecológica.

En el caso español, a la par que se ha venido desarrollando un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de las “buenas prácticas” empresariales, no se ha contemplado ningún mecanismo de evaluación y seguimiento para poner fin a los incumplimientos relativos al derecho internacional de los derechos humanos. Los acuerdos de “responsabilidad social”, que a menudo se presentan como un complemento al cumplimiento de las leyes, actúan en la práctica sustituyendo la coercitividad y el control por códigos voluntarios y, en el mejor de los casos, auditorías privadas que funcionan al margen del poder judicial.

Las empresas transnacionales, como todas las personas privadas, tienen la obligación de respetar la ley; en caso de no hacerlo, habrían de derivarse responsabilidades jurídicas administrativas, civiles y penales, a escala nacional e internacional, tanto para sus directivos como para las propias compañías. En relación con lo ocurrido en Tánger, es necesario conocer los nombres de las marcas para las que trabajaban las obreras fallecidas —según las declaraciones de una superviviente del taller inundado, este producía para Zara y Mango— y establecer la responsabilidad jurídica solidaria entre toda la cadena de valor. Se trata de levantar el “velo corporativo” que une la pluralidad de sociedades autónomas y filiales que conforman las cadenas globales de valor con la dirección del grupo empresarial que actúa como una unidad económica, exigiendo en su caso el cumplimiento de obligaciones extraterritoriales para las empresas matrices implicadas.

En todo caso, más allá de los avances regulatorios que pudieran producirse a partir de algunas iniciativas estatales e internacionales, que siempre van a contar con la oposición de los lobbies empresariales y tendrían ser lideradas por los mismos gobiernos que promocionan a las grandes compañías como el vector central de la “recuperación”, no será posible enfrentar al poder corporativo sin el fortalecimiento de redes contrahegemónicas tan transnacionales como el propio capital. Luchas concretas que sigan levantando diques a la expansión del poder de las transnacionales y que trasciendan el plano formal del empleo, conformando sindicatos sociales que rompan la separación entre el plano productivo y el reproductivo, cuestionando el modelo de acumulación y señalando el origen de la desigualdad no solo a partir de razones económicas, sino también de sistemas de opresión como el racismo y el patriarcado.

14 de febrero de 2021

Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad.

https://omal.info/spip.php?article9374