En línea con la lógica que imponen los grandes medios de comunicación fundamentalmente televisivos, el debate y análisis sobre los procesos electorales, se reduce a mirar las estrategias comunicacionales que aplican las diversas candidaturas, los mensajes puntuales que emiten y las características personales de quienes se postulan a la presidencia, luego al balance cuantitativo de los votos y los espacios geográficos que ocupan, a más de proyectar el auspicioso futuro de los inmediatos perdedores y las sorpresas de cajón.

Desde esta nueva y generalizada cultura del análisis político, los aspectos estratégicos y de fondo quedan en la sombra, cubiertos por el marketing electoral, por las declaraciones de los actores, por denuncias de fraude, por los vaivenes de quienes dirigen los procesos y por las interpretaciones legales sobre decisiones trascendentales de este, es decir lo circunstancial sobre lo esencial, las perspectivas u obsesiones de tres o cuatro presidenciables sobre lo que ellos mismo implican como proyecto.

¿Pero cuál es el fondo y la esencia que conlleva un proceso electoral? Sin lugar a duda lo que se enfrentan son visiones de gobierno y proyectos políticos (aunque esto esté solapado por incoherencias discursivas y populismos); las formas de presentarlo al electorado es tema de marketing ciertamente, en ellas se puede pescar pistas del proyecto que los sostiene, pero generalmente, este se esconde en promesas demagógicas y discursos comunes sobre pueblo y bienestar.

Desde la Sociología Política, el análisis tiene otra entrada: en sentido estricto las candidaturas deben leerse en clave de intereses y aspiraciones de determinados sectores sociales y económicos de la población (e intereses transnacionales), por tanto los partidos y programas que se exponen en elecciones constituyen el instrumento político institucionalizado para el juego del poder y una vía para negociar e incidir en políticas públicas y decisiones en función de dichos intereses. Esto no necesariamente implica que en el marco de la normativa existente, pululen partidos y agrupaciones políticas sin bases político-ideológicas y que conciben el Estado como botín económico de mafias y grupos de obscura trayectoria.

En Ecuador, en el proceso electoral del 7 de febrero se pusieron en escena proyectos políticos claramente diferenciados: la derecha tradicional expresada en la alianza del Partido Social Cristiano (PSC) y Creando Oportunidades (CREO) cuyo origen yace en el propio PSC; son quienes se abanderan del neoliberalismo con sus clásicos postulados: reducción del Estado y privatizaciones (bajo cualquier adjetivo innovador), rol preponderante del sector privado, la gran empresa y la banca; mercados abiertos y tratados comerciales sin consideraciones de soberanía ni del tejido en el que se desenvuelve la pequeña y microempresa peor la economía familiar rural; apertura indiscriminada a la inversión extranjera y con especial atención a las transnacionales extractivistas con cero regulaciones y control ambiental; relación preferencial con Estados Unidos y los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI con el respectivo sometimiento a sus agendas para profundizar el endeudamiento externo; disminución de la inversión pública, baja atención a los GADs, desatención a lo público como salud y educación; desmantelamiento del sistema fiscal para beneficio del capital, imputando a toda la población cargas tributarias como subida del IVA.

Por el lado del denominado “socialismo del siglo XXI” se promueve un proyecto estrenado en la década pasada (2006-2016) cuyos contenidos se sustentan en un Estado articulador y regulador de todo el desenvolvimiento de la sociedad: institucionalizado, fuerte, denso e inmenso; sustenta su quehacer en la inversión pública, el endeudamiento por fuera del FMI (China y otros países no alineados con USA); en megaproyectos con perspectiva de cambio de la matriz productiva e industrialización; en la inversión en extractivismo con transnacionales en la línea china igualmente con ninguna preocupación ambiental o de pueblos y comunidades territoriales; en antiderechos y en el control social a organizaciones y movimientos sociales y en su represión en caso de no apego al mandato gubernamental; discurso anti USA y anti empresarial, pero sin afectar a los grandes capitales ni al sistema financiero nacional. Este proyecto político y económico en la práctica terminó en una debacle de corrupción generalizada desde el Estado y ninguna realización coherente ni sostenible en términos de cambios en la estructura económica ni del poder político elitista que caracteriza a nuestro país.

En la perspectiva programática de la izquierda es difícil ubicar candidatura alguna, pues como dice Raúl Zibechi, “la hora de la izquierda, ya pasó”, suponemos que en alusión a la izquierda marxista y de ser así, coincidiríamos. Esta afirmación por tanto nos debe conducir a preguntarnos qué significa, hoy, un programa de izquierda y quienes lo levantarían.

Un programa de izquierda hoy debe estar atravesado por propuestas para viabilizar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos y colectivos, el anti extractivismo y la defensa y sustentabilidad de los territorios; debe contemplar el derecho real de mujeres a su realización sin miedos con políticas públicas, instrumentos y acciones con mirada feminista y de género; un programa focalizado en la población en condiciones de pobreza generando las condiciones para el empleo y autoempleo en el marco de procesos productivos sostenibles y hacia la seguridad y soberanía alimentaria; la democratización de la economía a través de políticas que rompan el crecimiento de las inmorales brechas que genera la extrema riqueza; relaciones internacionales horizontales con el mundo sin partidizar la política exterior; ubicación de las necesidades del país sobre cualquier relación con organismos de crédito y no a la inversa, evaluación del endeudamiento del Estado; fortalecimiento del Estado plurinacional y descentralización territorial; con perspectiva del Buen Vivir, entre otros aspectos.

El movimiento indígena no levanta los postulados de la izquierda marxista, sino una propuesta de plurinacionalidad y “postdesarrollo” sustentado en la sustentabilidad ecológica y los derechos territoriales; en priorizar la economía comunitaria (social, popular y solidaria); en un cambio de modelo implicando la revisión de acuerdos con organismos con el FMI y organismos multilaterales de crédito (deuda externa); en el antiextractivismo entre los puntos duros del programa.

 Bajo este análisis, y en términos estructurales ¿Qué propuesta resulta más amenazante para el establishment?, para el buen lector la respuesta se explica por sí misma, es decir, la del movimiento indígena, pues representa la antítesis del modelo vigente caracterizado por una zona de confort en la que se desenvuelve una minoría absoluta con modos de vida lejanos y extranjerizantes a la imaginación popular y sustentados en la explotación del trabajo, depredación de la naturaleza, evasión fiscal y control de la institucionalidad estatal para proteger ese modo de vida; en el plano más global, apuntar contra la deuda indebida y terminar contratos mineros, es altamente peligroso para la estabilidad del sistema neocolonial extractivista de capitales y naturaleza.

Lasso representa la calma y seguridad del sistema, la continuidad y profundización del morenismo que ya fue titerizado por el poder económico; Arauz por su lado, levanta un nivel de estrés por políticas regulatorias estatistas que prevé su modelo, y por el retorno del conjunto de ex funcionarios acusados de corrupción y el levantamiento de inmunidad para los encarcelados, pero al fondo ningún atentado al sistema.

Se puede entender entonces el juego burdo del Consejo Nacional Electoral por enredar las reclamaciones de Pachakutik para reconteo de votos, las declaraciones del líder social cristiano y los consiguientes vaivenes de las autoridades electorales; el pánico de las cámaras de la producción, el posicionamiento de Lasso sobre temas que ni entiende ni le importa con tal de “captar” la atención de los electores jóvenes de Pérez y Hervas.  

La trama post electoral sólo nos demuestra el blindaje del establishment frente a otra opción política, cuyo paradigma en el poder, implicaría rupturas y desacomodos de difícil procesamiento. Si las movilizaciones indígenas y populares logran la transparencia y con ella echar a la calle a las autoridades electorales, el éxito será rotundo e histórico.

De cualquier forma, al movimiento indígena le queda por madurar esta tercera vía de manera amplia, plural y concertada con todos los sectores posibles, pues sin duda, se ha convertido en alternativa de poder, y más pronto que nunca, estarán gobernando este país.

 Patricio Carpio Benalcázar

PhD en Sociología, profesor-investigador en la Universidad de Cuenca. Director de la Fundación OFIS.