En las últimas semanas quedó demostrada, una vez más, la fragilidad y peligro de la abstracción de la teoría universal de Derechos Humanos en situaciones de índole penal donde se encuentren implicados funcionarios públicos así como en casos flagrantes de presiones coactivas contra gobiernos de perfil socialista.  

El pasado 13 de marzo la ex presidenta, de facta,  Jeanine Añez Chávez, tras su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes acusada de terrorismo, sedición y conspiración de “Golpe de Estado”, solicitó ayuda e intervención en Bolivia de parte de la Secretaría General de la OEA y Unión Europea (UE). Por otro lado, el pasado 11 de marzo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet presentó su informe sobre Venezuela en el cual una vez más conspiraba contra el gobierno bolivariano democráticamente elegido.[1] En ambos casos se invocan respeto a derechos supuestamente violados por gobiernos soberanos como Bolivia y Venezuela.

Las cartas de Añez, dirigida a la OEA y UE, denuncian una supuesta “vulneración de los Derechos Humanos en Bolivia” mediante persecución política a la cual califica de aberrante. Son dos los fundamentos sobre la cual se sustenta la denuncia de Añez: 1. Instrumentalización de las instituciones judiciales con fines persecutorios por razones políticas lo cual sería signo de descomposición de la institucionalidad democrática y 2. Fragilidad de la administración de justicia en Bolivia.

Por otro lado, la denuncia de Bachelet, en el caso venezolano, cuenta con los siguientes fundamentos de denuncia: 1. Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales; 2. Agravamiento de la “situación humanitaria”; 3. Muertes de personas privadas de libertad a causa de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades; 4. Restricciones de la actuación de ONGs, incluida la congelación de activos; 5. Reducción de espacios cívico. Intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.   

Tanto Añez como Bachelet invocan, por no decir claman, la intervención de organismos internacionales como la OEA, ONU y UE en la República Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela incitando a quebrar el Derecho Internacional y principios fundamentales como la soberanía y autodeterminación de los pueblo a vista y paciencia de organismos como Amnistía Internacional, CIDH, Human Rigts Watch, Civil Rights Defenders, Human Rights Without Frontiers International y decenas de otra.

A la letra Añez señaló: “…solicitar se envíe a una Misión oficial de Observación a objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mis dos ministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y Energía, Rodrigo Guzmán…” De igual forma, Bachelet sostuvo: “Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito”.

Para nadie, con dos dedos de frente, es un secreto la participación directa del Sec. de la OEA Luis Almagro en el golpe de Estado en Bolivia el 10 de noviembre de 2019 bajo el cómplice apoyo de la ONU y gobiernos alineados de la UE y la región. El libro Luis Almagro no pide perdón (Ed. El Planeta, 2020), de los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, texto de más de 100 entrevistas y 20 horas, devela al secretario de la OEA, sin remordimiento alguno, el cual con la mayor desfachatez confesó la trama conspirativa en la cual involucró a la OEA, contra todo principio del Derecho Internacional y autonomía de los pueblos, en perjuicio de la victoria del MAS y el liderazgo del ex presidente Evo Morales (2019). 

En palabras de Almagro: “abríamos una posibilidad que era que Evo ganara legítimamente. Era el costo que tenía eso. Para mí eso era imposible, imposible. Evo tenía menos votos todavía que los que había tenido cuando el referéndum, o sea que no tenía forma. Después abríamos la posibilidad de que la oposición boliviana ganara legítimamente. Y cerrábamos la posibilidad de que Evo se robara la elección”.

Entonces, en el caso de Bolivia y el clamor de Añez por justicia, desde una perspectiva del Derecho Internacional, de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), nos formulamos algunas preguntas: ¿Cómo es posible que con tantas evidencias de clara intencionalidad violatoria al Derecho Internacional y derechos de autonomía de los pueblos Añez, Almagro y aliados, puedan impunes seguir invocando defensa de principios que estos mismos se encargaron de violar? ¿Qué argumentos les dan la garantía de recibir respaldo de organizaciones de Derechos Humanos, organismos internacionales y países aliados? Líneas arriba,  Almagro respondió que fue él quien brindó garantías de impunidad a Añez.

La ironía: son las mismas organizaciones internacionales de Derechos Humanos y organizaciones multilaterales (OEA, ONU, etc.) las que garantizan la violación de los mismos.

Vayamos al informe Bachelet. A pesar de las diferencias estéticas, el accionar e informe tanto de Añez como de Bachelet resuenan con la maquinaria desestabilizadora, sistémica y sistemática, perpetrada contra el gobierno Bolivariano de Venezuela por Washington, UE, corporaciones financieras y grupos de poder. La alineación e impunidad es históricamente evidente, no es secreto para nadie.

El gobierno bolivariano reacciono inmediatamente por medio del titular de la cancillería Jorge Arreaza quien en twitter manifestó: “Venezuela lamenta y rechaza las desacertadas declaraciones de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en la 46° sesión ordinaria del Consejo de DDHH de la ONU. Preocupa que la Alta Comisionada pierda su rigor y objetividad ante la presión de actores anti-venezolanos” (11/03/21).

 Como resumimos líneas arriba, Bachelet expele una serie de denuncias sin fundamento alguno y de forma, a todas luces, unilateral. El informe Bachelet hace caso omiso, como muestra de la unilateralidad de su informe, del reporte preliminar de Alena Douhan, relatora especial de la ONU, designada para investigar asuntos referentes a Derechos Humanos y aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela.

Entre una serie de conclusiones, sobre las medidas unilaterales y coercitivas, conocidas como sanciones o bloqueos, Douhan señaló: “las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en Venezuela y fuera de su territorio tanto en el sector público como en el privado, nacionales de terceros países y empleados de empresas de terceros países afectados por sanciones secundarias o el miedo a ellas, donantes y ONG humanitarias internacionales; beneficiarios de asistencia de organismos internacionales”.

Douhan va a la raíz del problema. Medidas unilaterales y coercitivas, apropiación y congelamiento de activos, embargos, secuestro y robo de petróleo proveniente de Irán, cierre del sistema financiero internacional con sanciones selectivas limitando acceso a mercados a nivel global, etc. Exactamente la misma política de estrangulamiento económico aplicado contra la Republica de Cuba por más de 60 años.

El informe Bachelet se olvidó de ir a las raíces de la cabalgante hiperinflación en Venezuela por más de cuatro años como resultado de las inhumanas sanciones y especulación económica en manos del mafioso sistema financiero internacional.

Se olvidó el informe Bachelet de los US$6000 millones de dólares de activos congelados en bancos norteamericanos, ingleses y portugueses. Pese a que el gobierno venezolano ha realizado diversos intentos ante el banco de Inglaterra para liberar dinero, lo cual es propiedad del Estado venezolano y no del gobierno, para adquirir vacunas, medicinas y equipos, a través de la OPS, todos los intentos han sido fallidos. ¿De dónde proviene la violación al Derecho Internacional y Derechos Humanos, del Estado y gobierno venezolano, de Cuba, o de la industria de medidas unilaterales y coercitivas que gozan con patente de circulación alrededor del globo liberalmente democrático?

¿Dónde quedan proclamaciones tan sublimes como las contenidas por ejemplo en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 1972 en donde el inciso 1 (b) señala a la letra: “las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben eliminarse? El papel aguanta todo.

Tiene razón el Informe Bachelet cuando señala: Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria. Pero la irresponsabilidad del informe y el nivel de manipulación e instrumentalización de la plataforma de Derechos Humanos radica no en la verdad señalada sino en las distorsión de ellas, el sesgo informativo y la ausencia de rigor científico en materia de análisis socio, político y económico el cual desplaza y reemplaza el rigor metodológico por la especulación oscurantista propia de las más retrogradas expresiones de fundamentalismo dogmático puestas al servicio del statu quo vigente.

No menos razón tiene Douhan al señalar: “la situación el estado de emergencia nacional anunciado por los EEUU el 8 de marzo como el 2015 como motivo para introducir sanciones a Venezuela y prorrogado en repetidas ocasiones no corresponde con el requisito del art. 4º del Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos[2] […] Subrayo que las sanciones multilaterales a los sectores económicos del petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión son violación del Derecho Internacional y su legalidad no se excluye con hacer referencia a las contramedidas. El propósito anunciado en la campaña de máxima presión para cambiar el gobierno de Venezuela viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye intervención en asuntos internos de Venezuela y afecta sus relaciones regionales”.

“En cuanto a normas acostumbradas de inmunidad de la propiedad del Estado recuerdo que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado y no al gobierno de Venezuela o persona natural. Por tanto, la congelación de activos del Banco Central de Venezuela por no reconocimiento de su gobierno y la adopción de las respectivas sanciones violan los derechos soberanos del país e impiden ejercer lo necesario para satisfacer las necesidades de la nación”.

El filósofo chileno Helio Gallardo Martínez enfatiza el riesgo de este tipo de instrumentalización, al cual acceden personajes como Bachelet, Añez y Almagro, que subyace en el carácter de universalidad que se le otorga a valores, como la dignidad, los cuales no debieran ser inseparables de las acciones humanas: “Si la dignidad humana (en situación y universal) pasa por la vigencia de derechos humanos, puede señalarse, sin dudar, que estos últimos no constituyen un testimonio significativo ni una forma de vida (cultura) al comenzar el siglo XXI. Los aparatos de poder (Estados, aparatos clericales, medios masivos, gobiernos, etc.) los exaltan, denuncian su violación cuando sus `enemigos´ incurren abiertamente en ella, pero no se testimonian en la existencia cotidiana. Continúan siendo un instrumento geopolítico y de propaganda: `Derechos humanos los violan los otros, yo no´ […] Para ellos no existen derechos fundamentales sino desprecio, en el mejor de los casos, y cruel victimización (que puede incluir su liquidación) impune siempre”. [3]  Para Bachelet , Añez y Almagro sus amistades no violan derechos y no son un peligro contra la democracia; los otros, los enemigos, ellos sí los violan y merecen castigos y sanciones.  

¿Cuál es la diferencia entre la lectura de Douhan y Bachelet, sobre la situación de Venezuela, si las dos representan al mismo organismo internacional relacionado con Derechos Humanos?

El informe Bachelet instrumentaliza el Derecho Internacional. El método de Bachelet es parcial, distorsionado y especulativo orientado a favor del grupo al cual representa el cual es contrario a la orientación política del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Lo mismo sucede en el caso de la denuncia de Añez, quien apela a la defensa de sus derechos después de haberlos infringido usufructuando los poderes e instituciones del Estado con fines personales y a favor de grupos de poder dentro y fuera del territorio boliviano.  

El informe Bachelet apela a la subjetividad especulativa del derecho, carente de elementos de convicción demostrado en el acto de la denuncia. La objetividad de Bachelet se resume en evidencias de la crisis venezolana basada en evaluaciones incompletas. Todo lo contario, Douhan apela a la intersubjetividad entre principios del Derecho Internacional y los principios vulnerados de los sujetos de derechos como es el caso del pueblo venezolano y, a su vez apela, a la objetividad evidenciado en el quiebre del sistema democrático el cual debiera medirse por el índice y costo real, no abstracto, de fragilidad expuesta de la población vulnerable y los niveles de exclusividad de los grupos de privilegio (Para Gallardo la democracia no puede ser considerado un derecho subjetivo).

El informe de Bachelet tiene como principio fundante, de los derechos a los cuales representa, el modelo de sistema democrático unilateral y liberal concebido como columna vertebral de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos. Todo modelo de gobernabilidad democrática no liberal será, según la naturaleza universalista de la Declaratoria de Derechos Humanos, el escenario donde los derechos per se serán violados y su denuncia justificarán la intervención y ruptura del Estado de Derecho del gobierno en cuestión. Vale decir, si el gobierno se encuentra alineado con el plan hegemónico global no hay violación de derechos humanos y existe garantía de respeto al orden democrático; si estás fuera de la órbita hegemónica pasas automáticamente a formar parte del eje del mal por consiguiente, y de forma inmediata, ingresas a la lista de países “terroristas”, “antidemocráticos”, “dictaduras”, etc.

El informe de Douhan señala las debilidades del modelo democrático bolivariano con énfasis en la crisis social y económica producto de la imposición de medidas coercitivas unilaterales denunciadas ante la Corte Penal Internacional.[4] Para el análisis de Douhan, la problemática social y económica de Venezuela no es consecuencia de su modelo de gobernabilidad, democráticamente elegido, sino de factores externos desestabilizadores que atentan, inquisitoriamente, contra el Estado de derecho bolivariano y  los derechos fundamentales. Aguda y acertadamente enfatiza Gallardo el carácter ideológico de la Declaración de Derechos Humanos desde la perspectiva hegemónica: “: la Declaración… no abre un proceso u horizonte de paz y democracia y libertad, sino un período en el que hay que enfatizar la vigilancia, la condena y el castigo con o sin armamento nuclear”.

Finalmente, hacemos eco de lo dicho por Gallardo para concluir con esta mirada a dos aproximaciones a la defensa de Derechos Humanos sostenidas por operadores desestabilizadores de sistemas democráticos no liberales contrarios a la unilateralidad del modelo promovido por instancias internacionales como la OEA y la ONU: “Después de sesenta años de la Declaración Universal de Derechos Humanos no existe una cultura, ni siquiera embrionaria, que los exprese. Tal vez los desafíos del siglo XXI exijan a las poblaciones producirla y vivirla”.

¡Los pueblos tienen la palabra!

                   José Toledo Alcalde

Teólogo y activista de derechos humanos, de los pueblos y ambientales.