La crisis ambiental ha volcado los esfuerzos de los gobiernos y la comunidad científica hacia las implicaciones del cambio climático y sus diversas manifestaciones sobre la dinámica de los sistemas sociales, institucionales y económicos. Frente a la urgencia climática se han desplegado acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, el Green New Deal, los Objetivos del Milenio 2030, entre otros, con el fin de revertir la situación actual y evitar una catástrofe de mayor dimensión.

Sin embargo, las acciones que se plantean como salida parecen ser de corto alcance a causa de una visión parcial de los fenómenos socioambientales. En efecto, se descartan leyes básicas de los procesos naturales como la entropía, se reduce el valor de la naturaleza a un carácter monetario al tiempo que el origen del problema ecológico recae sobre el comportamiento de los hogares. Mientras tanto se cuestiona débilmente el papel de las grandes empresas mineras, agroindustriales y la especulación financiera sobre la producción de ciertos granos básicos y energéticos, fenómeno conocido como financiarización de la naturaleza.

Sobre todo, el aspecto de mayor controversia de los planes internacionales es asumir que la sobreexplotación de la biodiversidad es resultado de una falla de mercado, de sesgos de información o de la distorsión en los precios de los “recursos naturales”. Por lo cual, la solución implicaría restaurar los mecanismos de mercado asumiendo que son espacios neutros de asignación de recursos, con lo que sería posible revertir las consecuencias del daño ecológico a partir de un impuesto compensatorio.

Efectivamente, los mecanismos detrás de los mercados de carbono, que de manera sintética pueden resumirse como el espacio donde los países con bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono pueden vender sus derechos a países altamente contaminantes, entienden al mundo bajo una idea que dominó el siglo XVII, que consideraba la relación entre naciones como un juego suma cero¹. Otro resultado de asumir la idea de compensación es considerar la reversibilidad de los daños ambientales. Es decir, a través del dinero es posible que el sistema regrese al estadio previo sin considerar que las consecuencias físicas y energéticas de cada acto de producción son irreversibles.

En la misma sintonía, las medidas puestas en marcha como objetivos deseables son construidas de manera genérica para el conjunto de países a nivel global, cual si se tratara de una masa homogénea de habitantes en términos culturales, económicos, geográficos, políticos e institucionales.

De esta forma, se asume que cada sociedad tiene las mismas posibilidades de afrontar los retos medioambientales. Así, la esencia del discurso acerca del desarrollo sustentable parece ostentarse en fines propagandísticos, a la par que deslinda en el corto plazo a cada nación firmante de las presiones sociales en materia ambiental, delegando las acciones a futuras administraciones y moviendo el plazo original establecido. Un ejemplo son los Acuerdos de Rio, cuya falta de cumplimiento de los objetivos hizo que se crearan otros acuerdos. Un caso más es la última reunión solicitada por el presidente de los Estados Unidos en el marco del Día de la Tierra, donde el gobierno chino pidió un plazo de 10 años más, es decir, hasta el año 2060, para alcanzar el nivel de emisiones pactado.

Es contra la forma agregada e invariable en que se asumen las consecuencias climáticas, que surge el concepto de “vulnerabilidad ambiental”. Esta definición busca expresar las consecuencias diferenciadas que ejerce la crisis ambiental sobre las personas y las comunidades, teniendo en cuenta las características económicas, culturales, territoriales y sociales particulares de cada sociedad. En consecuencia, analizar las relaciones particulares en que se entrelazan estos elementos en cada población permite conocer la exposición y sensibilidad frente a las amenazas ambientales y la capacidad de respuesta de cada grupo social.

Cuando se abordan los impactos sociales de la crisis ambiental, debe cuestionarse, en primer lugar, de qué grupo social se trata, cuáles son sus condiciones materiales y cuál su capacidad de respuesta a las manifestaciones climáticas. Para Otto et al. (2018), el nivel de estas condiciones preliminares define el grado de vulnerabilidad social frente al cambio climático. Siguiendo a Jeannot (2020), cada sociedad y el conjunto de comunidades que la integran poseen distinta estructura artefactual, así como son distintas el conjunto de creencias, instituciones, reglas , incentivos, herramientas, instrumentos, tecnologías, y demás elementos legados por la cultura nacional. Razón por la cual, factores como la riqueza, el género, la edad, el origen étnico, la religión, entro otros, representan un factor de riesgo distinto.

Comencemos por las consecuencias por razón de género. Los hallazgos sugieren que los choques climáticos ejercen un impacto negativo en la igualdad de género, puesto que el aumento de temperaturas está asociado al declive de los derechos económicos y sociales de las mujeres, sobre todo aquellas cuya actividad principal es la agricultura.

En una especialización tradicional del trabajo, las mujeres son relegadas hacia actividades de cuidado del hogar, recolección de agua y actividades de cultivo menores asociadas a la producción de alimentos para autoconsumo. Frente a cambios en las condiciones climáticas como sequías y pérdida de las propiedades que hacían cultivable la tierra, los jefes de familia deciden migrar en busca de oportunidades de trabajo. Las mujeres, que inclusive en su núcleo familiar sufrían la subestimación de sus capacidades y el sometimiento, ven incrementada la desigualdad debido a que sólo tienen la opción de intensificar las actividades domésticas. Procurando así las tareas de cuidado, educación , atención de los hijos en ausencia de los padres, con la consiguiente dificultad de acceder a medios de vida por su cuenta a través de las labores agrícolas. Esto reduce drásticamente sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral como forma de manifestar su autonomía.

Eastin (2018), en su estudio para 151 países, apunta que la situación de vulnerabilidad de las mujeres se intensifica, como se acaba de señalar, cuando dependen de la agricultura, y en países con menor grado de democracia, debido a la falta de reglas que evita a las mujeres contar con protección y soporte en estas situaciones. Además, apunta que el sentimiento de protección en una situación de escasez de alimentos hace que las madres prefieran ceder su comida a sus hijos sin considerar las consecuencias en términos de salud que esto representa para ellas.

Otro elemento que se viene exponiendo es la sensibilidad de los rendimientos de la agricultura a los cambios de temperatura. La evidencia señala que el incremento de la temperatura planetaria junto a la escasez de agua dulce, los cambios en la precipitación y la erosión de la tierra, traerán consecuencias en el rendimiento promedio de diversos tipos de granos. De acuerdo con Myres et al. (2017) la baja disponibilidad del agua y la limitación de nitrógeno puede reducir el rendimiento del maíz en un 25% para latitudes bajas y un 15 % el del trigo si la temperatura incrementa en 4 grados centígrados. Dicho comportamiento es contrario a lo esperado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que estima un ascenso en la producción del 60% para 2050, con el fin de hacer frente a las exigencias de una población más grande.

Al mismo tiempo, la pérdida del equilibrio biofísico, la baja fertilidad de la tierra y las sequías producirán ajustes en la producción y posibles incrementos en los precios. Parry et al. (2019) prevé que los precios mundiales de los cereales aumenten entre un 30% y un 70% para 2050. En este escenario, los alimentos se volverán inaccesibles para muchas comunidades de bajos ingresos. Las variaciones climáticas representarán problemas en la seguridad alimentaria. Climas extremos pueden conducir a un ciclo de pérdidas, contribuyendo a situaciones de pobreza en los hogares, por no acceder a elementos indispensables para su reproducción biológica y social.

Frente al calor extremo, cambios en la producción de alimentos, dificultades al acceso de agua potable, despliegue de enfermedades infecciosas, incrementos del nivel del mar que hará imposible habitar actuales zonas costeras, entre otras consecuencias, muchas familias tendrán que buscar nuevos lugares para vivir. Las consecuencias del deterioro ambiental producirán un incremento en los procesos migratorios.

En efecto, de acuerdo con Schütte et al. (2018) el desplazamiento podría causar riesgos y convertir en vulnerables a las personas, especialmente a niños y ancianos. Las dificultades físicas y de salud que pueden tener las personas de avanzada edad pueden representar riegos en lo que inicialmente parece ser una respuesta frente adaptativa frente al daño ecológico. Mudarse a una nueva ubicación podría reducir los riesgos a la salud en el sentido de que la gente puede evitar las consecuencias de un entorno adverso, pero solo en el corto plazo.

Los climas extremos tienen efectos diferenciados en la población. Como la mayoría de las ocasiones, las poblaciones pobres son golpeadas severamente. Los hogares con bajos ingresos tienen menos capacidad de respuesta para afrontar los nuevos escenarios. Por un lado, sus hogares no tienen las características físicas para soportar las manifestaciones del cambio climático como grandes vientos, lluvias frecuentes o fríos intensos.

Por otro lado, el tránsito hacia un esquema energético moderno deja a su paso a varios excluidos, principalmente por dos motivos: i) La dificultad de llevar los servicios a ciertas comunidades por las características geográficas del territorio; ii) la incapacidad de pagar las tarifas por el bajo ingreso de las familias y al costo de la energía. Este último fenómeno se vincula al concepto de pobreza energética², aspecto emergente en el análisis de la dinámica de los sistemas energéticos del mundo. Los altos costos de la energía se convierten en una barrera en situaciones en donde las familias requieren calefacción para el frio, enfriamiento cuando la temperatura es muy elevada o simplemente algún combustible para cocinar.

El actual sistema energético muestra distintas características y paradojas. El sistema energético entendido como un espacio de disputa y apropiación de los flujos energéticos ha dejado en el camino a muchos excluidos en la distribución y acceso de la energía. Mientras, los grupos excluidos, principalmente las comunidades indígenas y rurales, son víctimas de la explotación, el sometimiento y el despojo en favor del desarrollo del sistema energético y económico del cual están excluidos.

El daño ambiental, a causa de la visión mercantil de la naturaleza -por considerarla un aspecto de la competitividad económica de los países y una vía de ganancia para las corporaciones- ha sido de tal grado que se ha derivado en una era geológica citada frecuentemente como el “Antropoceno”. De acuerdo con Zalasiewicz et al. (2017) esta época se caracteriza por el impacto planetario como consecuencia de los disturbios ambientales causados por la intervención humana y tiene como consecuencias claras: una marcada aceleración de las tasas de erosión y sedimentación, cambios bióticos que incluyen niveles sin precedentes de invasiones de especies en la Tierra, producción de desechos a gran escala, el inicio de un cambio significativo en el clima global y el nivel del mar, y perturbaciones químicas a gran escala de los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo, entre otros elementos.

A diferencia de lo que señalan los grandes acuerdos ambientales en materia internacional, los efectos de la crisis ecológica se manifiestan de distinta manera no sólo para cada país sino para cada grupo social dentro de sus fronteras. Sin embargo, las grandes naciones industrializadas, quienes han contribuido en mayor medida al deterioro ecológico, reclaman de manera enérgica al resto de naciones cual si tuviesen la misma capacidad de respuesta o como si hubieran causado el mismo daño ecológico.

De forma paradójica, las comunidades que han sido excluidas ciertamente del actual esquema energético y que tienen n mayor grado de vulnerabilidad a la crisis ecológica, son quienes construyen alternativas para cuidar la naturaleza.

Efectivamente, existe una amplia evidencia de que los pueblos indígenas y comunidades rurales suelen estar comprometidos a través de sus prácticas cotidianas en asegurar los derechos soberanos sobre el territorio y el cuidado a la naturaleza. Tal como señalan Jenkins et al. (2018) existen diversas cosmologías donde el cambio climático y la crisis ambiental intentan contrarrestarse a través del conocimiento indígena. Si bien la actual situación es consecuencia de las prácticas coloniales, las comunidades ofrecen al resto de la sociedad sus enseñanzas para tomar responsabilidad del contexto particular.

La terrible situación que la humanidad afronta exige reconocer, en primer lugar, a la población más vulnerable. Este concepto permite identificar los factores de riesgo particulares que cada sociedad con el fin de comprender que los riesgos ambientales tienen efectos diferenciados, siendo más vulnerables las comunidades vinculadas a la agricultura, las sociedades rurales, los hogares con bajos ingresos, los grupos indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos.

Este análisis permite concebir la complejidad del fenómeno sociedad-naturaleza y demuestra las limitaciones que tienen los diagnósticos supranacionales en materia ambiental. Sería relevante que las naciones y empresas que han demostrado ser los principales responsables de los actuales niveles de deterioro ambiental tomaran sus responsabilidades, en lugar de limitarse a culpar al resto de las naciones por igual, al tiempo que señalan a las prácticas cotidianas de la ciudadanía como las principales responsables. Si bien existen prácticas que podrían ser benéficas, no servirán de mucho si no se cuestionan realmente los principales motores del daño ambiental.

El reto radica en modificar una estructura productiva acostumbrada a explotar la naturaleza sin ningún tipo de consideración. Igualmente importante es romper con el dogma en materia ambiental en el que se piensa en una sola forma de hacer política, mientras que la complejidad del problema requiere hablar de múltiples especialistas y políticas a diversas escalas de acción. Tener ubicados a los grupos vulnerables permitiría redoblar esfuerzos para evitar un desastre mayor. Es allí donde deben valorarse e incorporarse las prácticas de las comunidades que han demostrado una especie de equilibrio entre el fin económico y cuidado de la naturaleza, fungiendo además como un acto reivindicatorio de los grupos excluidos en la configuración hacia un nuevo sistema energético.

Bibliografía referenciada:

Boardman, B. y Houghton, T. (1991). Poverty and Power: the efficient use of electricity in low-income households. Bristol Energy Centre.

Eastin, J. (2018). Climate change and gender equality in developing states. World Development, 107, 289-305.

Jeannot, F. (2020). La competitividad imperfecta en el umbral del coronavirus. Contribuciones a la Economía.

Jenkins, W., Berry, E., y Kreider, L. B. (2018). Religion and climate change. Annual review of environment and resources, 43, 85-108.

Malhi, Y. (2017). The concept of the Anthropocene. Annual Review of Environment and Resources, 42, 77-104.

Myers, S., Smith, M.., Guth, S., Golden, C., Vaitla, B., Mueller, N. y Huybers, P. (2017). Climate change and global food systems: potential impacts on food security and undernutrition. Annual review of public health, 38(1), 259-277.

Otto, I., Reckien, D., Reyer, C., Marcus, R., Le Masson, V., Jones, L. y Serdeczny, O. (2017). Social vulnerability to climate change: A review of concepts and evidence. Regional environmental change, 17(6), 1651-1662.

Parry, L., Radel, C., Adamo, S., Clark, N., Counterman, M., Flores-Yeffal, N., y Vargo, J. (2019). The (in) visible health risks of climate change. Social Science & Medicine, 241, 112448.

Pincus, S. (2012). Rethinking mercantilism: political economy, the British empire, and the Atlantic world in the seventeenth and eighteenth centuries. The William and Mary Quarterly, 69(1), 3-34.

Schütte, S., Gemenne, F., Zaman, M., Flahault, A., y Depoux, A. (2018). Connecting planetary health, climate change, and migration. The Lancet Planetary Health, 2(2), 58-59.

Zalasiewicz, J., Waters, C., Summerhayes, C., Wolfe, A. P., Barnosky, A., Cearreta, A., y Williams, M. (2017). The Working Group on the Anthropocene: Summary of evidence and interim recommendations. Anthropocene, 19, 55-60.

Gabriel Alberto Rosas Sánchez cursa el Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (México) y es miembro de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo electrónico: rosassanchezgabriel@gmail.com