Nuestro subcontinente latinoamericano y caribeño ha sido, a lo largo de la historia, escena de un gran plexo de movimientos sociales, en los que distintas voces, cuerpos, cantos, llantos, instrumentos de música vienen haciendo irrupción e incluso erupción en las calles para articular demandas sociales, políticas, culturales y económicas de negros, indígenas, jóvenes, trabajadores, campesinos, mujeres, etc. Somos un subcontinente que siempre ha estado en movimiento socialmente, mientras que ideológicamente hemos estado en gran parte atascados en la disyuntiva: “derecha versus izquierda”.

En estos casi dos últimos años, en que la pandemia del coronavirus ha ido afectando cada vez más nuestra región, paradójicamente el confinamiento no ha impedido marchas, protestas, manifestaciones. Por ejemplo, ciudadanas y ciudadanos vienen tomando las calles, desde hace casi tres años en Haití (agosto de 2018), cerca de dos años en Chile (octubre de 2019) y menos de dos meses en Colombia (a finales de abril de 2021). Hay muchas semejanzas en estos tres movimientos: desde cómo iniciaron, pasando por las razones por las que se han dado, hasta las mismas características de sus integrantes.

En Haití todo empezó en agosto de 2018, cuando un grupo de jóvenes se reunieron masivamente delante del edificio de la Corte Superior de las Cuentas y del Tribunal Contencioso administrativo para exigir que se haga una auditoría sobre cómo se usaron los fondos del Petrocaribe. Las y los manifestantes denunciaron que varios ex presidentes haitianos y el actual jefe de Estado, Jovenel Moïse, habrían robado gran parte de estos fondos provenientes de ese Acuerdo con Venezuela, gracias al cual países miembros (como Haití) pudieron comprar el petróleo venezolano en condiciones preferenciales y ahorrar dinero para poder financiar proyectos sociales e inversiones estratégicas. Los “petrochallengers” han ido ganando adeptos, dentro y fuera de Haití, y se convierten hoy día en un gran movimiento social.

Un poco más de un año después en Chile, en octubre de 2019, unos estudiantes se manifestaron contra el alza en los precios del transporte público, tomando las estaciones de metro en la capital chilena. El 14 de octubre de este año, se convirtió este movimiento en un gran estallido social en esa capital.

Hace menos de dos meses, colombianas y colombianos se movilizaron contra el proyecto de reforma tributaria, presentado por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Lo fuerte de la crisis empezó el 30 de abril con el imponente despliegue militar en Cali, foco principal de estas protestas que se han ido ampliando, intensificando e integrando más demandas sociales, a pesar de las contenciones.

En los tres países, el detonante coyuntural fue financiero o económico: el robo de los fondos públicos, el alza en los precios del transporte público y la intención gubernamental de recaudar 23 billones de pesos colombianos a costa de las y los ciudadanos, en particular, los de la clase media.

En los tres, las respuestas del Estado fueron represivas en contra de las y los manifestantes; represiones que, lejos de disuadir a éstos, provocaron que las protestas fueran ganando más fuerza y apoyo nacional.

En los tres, las protestas han sido de carácter fundamentalmente social, ya que han sido organizadas y lideradas no por la oposición política de cada país, sino por jóvenes mayoritariamente y ciudadanos del común y miembros de distintos grupos etarios, profesionales, sociales, barriales, campesinos, étnicos.

En los tres paises, se evidencia cómo lo político, en cuanto espacio común entre todas y todos los ciudadanos (quienes tienen no sólo voto electoral, sino también voz y poder sobre el devenir de su país), le va ganando el pulso a la política, que en nuestra región se ha ido reduciendo a la celebración de elecciones cada cuatro, cinco o seis años y al goce de los privilegios del poder por parte de políticos.

Ante esta irrupción de lo político (metonimizado por la calle) que por fin pone los problemas estructurales sobre la mesa en la plaza pública, exigiendo respuestas de fondo, el Estado (simbolizado por los palacios y otros edificios públicos) no sabe qué hacer: de allí el recurso al uso de la “violencia legítima”. ¿La política no debería reformatearse desde lo político?, ¿y los políticos no deberían reeducarse, aprendiendo a escuchar, argumentar, dialogar, consensuar, esto es, “mandar obedeciendo”?