El 2 de septiembre de 2020, el presidente Mario Abdo Benítez (hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner) viajó de urgencia a Yby Yaú, un pequeño poblado a orillas del Cerro Memby en el Departamento de Concepción. Norte paraguayo, clima ardiente, tierra colorada. Hábitat principal de las comunidades campesinas e indígenas. El motivo quedó explícito unas horas más tarde en un tuit con una imagen suya rodeado de militares en un paraje selvático: “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”. Con el correr de las horas se descrubió la mentira oficial: la “valentía” del comando militar no había sido tal ya que las “abatidas” eran Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos niñas argentinas de apenas 11 años. Otra niña, Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, logró escapar herida y hasta el día de hoy sigue desaparecida. A un año de este crimen de Estado, y sin un solo imputado, organizaciones sociales y de Derechos Humanos siguen exigiendo justicia y reclamando la aparición con vida de Lichita.

“Las sensaciones al cumplirse un año son de rabia y dolor. Mucho dolor, pues solo eran dos niñitas que fueron asesinadas cruelmente -cuenta a La Pulseada Myrian Villalba, madre de Lilian y tía de María Carmen y Lichita-. Y como familia sentimos también una gran impotencia: en estos casos de crímenes cometidos por un Estado no podemos esperar justicia porque los que supuestamente deben velar por los derechos de los niños, velar por su integridad, son quienes torturaron y ejecutaron a mis niñas”.

Lilian y María Carmen eran primas y vivían con su abuela en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones. En noviembre de 2019 cruzaron a Paraguay para conocer a sus padres, miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Allí las agarró la cuarentena por la pandemia y el posterior cierre de fronteras, por lo que tuvieron que quedarse. Hasta el fatídico operativo del 2 de septiembre cuando fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), unidad del Ejército paraguayo creada para combatir al grupo guerrillero. El paso siguiente fue sacarles la ropa y ponerles uniformes camuflados; un montaje siniestro que incluyó el acting del presidente en una burda emulación a los tristemente célebres “falsos positivos” colombianos en tiempos de Álvaro Uribe, cuando se asesinaba civiles y se los hacía pasar por guerrilleros muertos en combate.

En un primer momento el gobierno paraguayo sostuvo la mentira y negó que las víctimas fueran menores y argentinas. Para eso había que borrar las pruebas: quemaron sus ropas y se apuraron a enterrarlas sin autopsia previa. Pero el relato oficial, amplificado y validado por los principales medios paraguayos, empezó a hacer agua y a caer en contradicciones. Cuando se confirmó la identidad y la edad de las niñas, la matriz discursiva viró rápidamente a responsabilizar a sus padres por “exponerlas al peligro”.

La pericia oficial documentó que les dispararon de frente, de espaldas y de costado. Una recibió siete impactos de bala. La otra, dos. “La posición en que quedaron los cuerpos indica que evidentemente estaban huyendo”, admitió Cristian Ferreira, el perito forense que examinó los cuerpos en el lugar de los hechos. El mismo perito que había mentido asegurando que se trataba de adolescentes de 15 y 17 años.

Alertaba por esos días la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy): "Resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes de que sean identificados y entregados a sus familiares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”.

La ONG Human Rights Watch elaboró un informe en el que denunció “graves irregularidades en la investigación”. El Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG) convocado por HRW aseguró que la quema de la ropa de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”.

La FTC es una unidad especial creada en 2013 con un presupuesto de unos 14 millones de dólares anuales. Pero el operativo no fue filmado porque, según la excusa oficial, el equipamiento se encontraba averiado. Su comandante Oscar Chamorro esbozó una ridícula autocrítica: “Lastimosamente podemos anotar eso como una lección aprendida”.

Tensión bilateral

El crimen derivó en un conflicto diplomático. El 4 de septiembre, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que “demanda al Gobierno paraguayo el esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de dos ciudadanas argentinas de 11 años”. También repudió la bravuconada del jefe del operativo y aludió a las irregularidades del proceso: “Rechazamos las expresiones injustificadas del General Héctor Grau como Comandante de la FTC, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una ´guardería de soldados del EPP´, así como toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades”.

Al embajador argentino y a la abogada de les familiares no se les permitió ser testigos de la toma de ADN. También se negaron todos los intentos para que el reconocido Equipo Argentino de Antropología Forense interviniera en el caso.

Myrian destaca que “el gobierno argentino nos acompañó desde un principio. Nos dio refugio político a casi toda la familia pues el gobierno paraguayo buscaba incriminarnos y hacernos responsables por el delito de lesa humanidad que cometieron ellos. También tuvimos un acompañamiento incondicional de muchas organizaciones sociales, políticas, de DDHH y feministas de la Argentina, en especial la Gremial de Abogados y Abogadas”.

Lichita: el Estado es responsable

Al ataque militar en el campamento sobrevino la desbandada. Laura Villalba (madre de María Carmen) pudo huir junto a sus sobrinas Tamara y las mellizas Anahí y Lichita. Pasaron unos tres meses deambulando por la selva asediadas por los disparos de los militares. Tamara y Anahí lograron escapar a la Argentina con la ayuda de algunos pobladores, Laura fue detenida y Lichita permanece desaparecida.

Tamara declaró ante Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU que aquel 2 de septiembre los militares empezaron a disparar “sin ningún tipo de aviso” y luego vio cómo secuestraban a su hermana y a su prima. También relató cómo sobrevivieron en la selva “comiendo cocos, víboras y sapos”.

Lichita fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura en las inmediaciones del Cerro Guasu. Tiene 15 años y nació en la cárcel: su madre es Carmen Villalba, presa política desde hace 17 años, quien ya perdió a su hijo Néstor, asesinado en 2010 con sólo 14 años.

Silencio oficial, grito internacional

Ante la operación de encubrimiento activada por los poderes fácticos paraguayos, diversos organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) alzaron la voz para repudiar los asesinatos y la actitud del gobierno paraguayo. También se impulsaron campañas internacionales y movilizaciones a consulados paraguayos en diversos países para exigir la aparición de Lichita. Para Delia Ramírez, del Movimiento 138 que agrupa a migrantes del Paraguay, “el Estado argentino tendría que ser más incisivo porque no alcanza con pedirle las cosas amable y diplomáticamente al gobierno paraguayo, debería exigir por Laura y Lichita porque ambas eran migrantes en Argentina desde hace 10 años y los hijitxs de Laura también son argentinos y tienen derecho a estar con su mamá”.

En julio pasado, viajó a Paraguay una cuarta Misión Humanitaria de organizaciones sociales y de DDHH argentinas. Después de sostener algunas reuniones en Asunción, fueron detenidos camino a Yby Yaú y luego deportados. Cuenta a La Pulseada Pablo Pimentel, referente de la APDH La Matanza: “La expulsión fue totalmente irregular, ilegal y arbitraria. Es evidente que no quieren que se sepa qué pasó con Lichita ni con las niñas asesinadas por el ejército”. Pimentel ilustra sin eufemismos a los responsables: “Estamos frente a un Estado narco-terrorista que a partir del 2 de septiembre de 2020 hay que sumarle también el calificativo de infanticida”.

Paraguay duele

A un año del asesinato de las niñas, no hay dudas de que el gobierno paraguayo incumplió con todas “las obligaciones de garantizar la seguridad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes” reconocidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el cual se estipula las obligaciones de los Estados respecto a las y los menores en situaciones de conflicto.

Pero la ejecución de dos niñas y la desaparición forzada de otra no parecen hechos aislados. Aunque ya pasaron 32 años del fin de la dictadura de Stroessner, el disciplinamiento a través del terror es un legado mantenido por el siempre gobernante Partido Colorado que se potenció con “Marito” Abdo, uno de los herederos del régimen. Neoliberalismo represivo para garantizar una estructura socio productiva escandalosamente desigual: según datos de Oxfam, el 1,6% de la población es dueña del 80% de las tierras del país.

Un modelo que precisa el necesario blindaje de la impunidad: la única imputada por los hechos es Laura, madre de una de las niñas asesinadas. Myrian sentencia: “Utilizaron todas las instituciones para encubrir este crimen de lesa humanidad, por eso no nos permiten tener acceso a la causa. El Estado paraguayo es absolutamente responsable por el doble infanticidio de las niñas. El propio presidente Mario Abdo Benítez dio la orden para que las ejecutaran”.

Gerardo Szalkowicz es periodista y analista internacional. Editor general de NODAL. Colabora en Página/12, TeleSUR y Sudestada, entre otros. Columnista en Radio Provincia y Radio Universidad de La Plata, donde conduce el programa “Al sur del Río Bravo”. Autor del libro “Norita: la Madre de todas las batallas” y coordinador del libro “América Latina: Huellas y retos del ciclo progresista”.

Fuente: https://www.lapulseada.com.ar/infanticidio-de-estado-en-paraguay-un-ano-...