El escenario político colombiano fue hegemonizado por la ultraderecha uribista durante casi 20 años. Tendencia que se ha revertido paulatinamente desde las elecciones del 2018, en las que el sector liderado por Álvaro Uribe perdió algunos bastiones regionales como la gobernación del Magdalena en la región caribe, la alcaldía de Medellín, cabecera de la zona cafetera y uno de los polos productivos más importantes del sector ganadero, y la alcaldía de Villavicencio, puerta de la región llanera que se comparte con la vecina Venezuela a través de la Orinoquía.  Actualmente, a la contienda electoral que se librará entre marzo y mayo del 2022 deben sumarse el desgaste del uribismo, las llagas abiertas del paro nacional y la gran coalición política y electoral del Pacto Histórico.

Una institucionalidad poco fiable

En el caso de la contienda presidencial pasada, la financiación narcotraficante quedó en evidencia tras descubrirse cientos de conversaciones entre el ganadero de la costa, José “Ñeñe” Hernández, y la mano derecha del ex-presidente Uribe, María Claudia “Caya” Daza, quien para la fecha se desempeñaba en la Unidad de Trabajo Legislativo del entonces senador y jefe político del electo Iván Duque. La puja por el control político del narcotráfico ha sido una constante en la historia reciente colombiana, agravada por la introducción de las elecciones regionales estipulada en la Constitución de 1991. La descentralización política, que en la nueva carta constitucional se erigía como una alternativa democratizadora, terminó en las manos de las organizaciones narcotraficantes, que a la par ampliaron su influencia sobre las instituciones estatales, proyectando políticos que ahora disponían de nuevos recursos locales y regionales. 

Pese a todas las pruebas que vinculan la campaña de Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, con la financiación del narcotraficante “Ñeñe” Hernández, ninguna investigación se llevó adelante. El ente encargado de archivar el proceso fue ni más ni menos que el Consejo Nacional Electoral (CNE). La misma falta de celeridad salió a la luz cuando paramilitares como Salvatore Mancuso, líder de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), confesó haber apoyado económica y logísticamente la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el 2002.

Este escenario de corrupción e impunidad es el mayor reto que enfrentan las fuerzas progresistas nucleadas en el frente Pacto Histórico, a la cabeza del senador Gustavo Petro. De hecho, el mismo candidato de la izquierda denunció que la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio de Haití ha trabajado en el escrutinio electoral en Colombia.  “Son  los contratistas del software de las elecciones en Colombia (...) o sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití”, dijo Petro a propósito de CTU Security.

Avanzar pese al lastre del uribismo

El uribismo ha terminado por condenar a Colombia como una de las naciones con mayores tasas de impunidad y terrorismo de Estado, según lo confirma la propia Corte Constitucional, cuando reconoció en el 2015 que la impunidad en el sistema de justicia rondaba el 98%. Por lo demás y pese al reforzamiento del Plan Colombia con los Estados Unidos, hoy el país exporta cerca del 80% de la cocaína que circula a nivel internacional.

Contradictoriamente, el gobierno más asociado a procesos por vínculos con el narcotráfico, sólo ha optado por la erradicación por la fuerza de la hoja de coca. Las alternativas para la conversión de los cultivos es uno de los debates públicos más candentes en la república cafetera. Si por un lado el uribismo sólo opta por la aspersión con glifosato, por el otro los movimientos sociales denuncian las consecuencias del veneno en la vida de las familias campesinas. En otras palabras, la contienda electoral pone cara a cara al lobby internacional de Monsanto con las máximas referencias de la lucha por los recursos de la tierra, entre quienes se encuentran la precandidata al senado por el Movimiento por el Agua y la Vida, Isabel Zuleta, los candidatos del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), el líder campesino César Pachón y la lideresa indígena Wayuu Martha Peralta Apieyú. Todos nucleados en el Pacto Histórico.

Fuerzas, frentes y candidaturas

Sobre la herencia del terror narcoparamilitar han avanzado algunas apuestas que reafirman, de una u otra forma, el compromiso con la memoria histórica. Por la izquierda, la Unión Patriótica (UP), quien aportó su personería jurídica al entonces movimiento de Gustavo Petro, Colombia Humana, vuelve a componer un frente común contra el uribismo esta vez en el Pacto Histórico. La UP fue víctima de un genocidio promovido desde el Estado y dos de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo, fueron asesinados en 1987 y 1990 respectivamente. En la cancha liberal, el Nuevo Liberalismo del candidato liberal Luís Carlos Galán, también asesinado en medio de la campaña electoral en 1989, retoma sus banderas luego de que el CNE reconociera la personería jurídica del partido a la cabeza de Juan Manuel Galán, su hijo.

Desde otro ángulo, el liberalismo clásico liderado por el expresidente Carlos Gaviria, se aproxima rápidamente al uribismo. Posición que afecta a ciertos sectores menos afines a esa derecha. Entre los disidentes se encuentran la bolivariana Piedad Córdoba y el senador Luís Fernando Velasco. Tras señalamientos de alto calibre, ambos terminaron por recomponerse al interior del Pacto Histórico. Por su parte, Carlos Gaviria ha puesto todas sus energías en la figura del exministro Alejandro Gaviria, quien a su vez fue incapaz de conciliar con el centro-derecha de la Coalición de la Esperanza.

En el bloque progresista el Pacto Histórico surge como un llamado a la unidad contra el uribismo y a favor de un modelo de gobierno basado en el respeto a la vida. Éste se conforma tanto por referencias del establecimiento, como los senadores exuribistas Roy Barreras y Armando Benedetti, como también por movimientos populares como Soy porque Somos liderado por Francia Márquez, el Movimiento por el Agua y la Vida, el Movimiento MAIS y Marcha Patriótica. También participan individualidades progresistas como el abogado y defensor de la Primera Línea, Miguel Ángel del Río, y líderes y lideresas de la izquierda democrática como Gustavo Petro, Iván Cepeda y Piedad Córdoba.

En la vereda del frente, la ultra derecha uribista no termina de generar una representación unificada que lo desligue de sus consensos con elementos criminales, a la vez coaligados con el terrorismo de Estado. Y esto tiene una explicación más estructural que coyuntural.

Según el analista colombiano Gustavo Duncan, lejos del clásico esquema weberiano del monopolio de la fuerza, el Estado colombiano armoniza el oligopolio de la coacción, en su vinculación con el narcotráfico, el paramilitarismo y las élites locales. De ahí que buena parte de los contendientes contra el Pacto Histórico que provienen de dicho amalgamamiento, estén vinculados de una u otra forma a ese organigrama de poder. Por poner un ejemplo, el precandidato a la presidencia del centro por la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, fue señalado de cogobernar la alcaldía de Medellín con el narcoparamilitar alias Don Berna, jefe de la coordinadora criminal conocida como la Oficina de Envigado. Este periodo se denominó jocosamente la donbernabilidad. Por otra parte, lo que el periodismo colombiano denomina “la opción de derecha” no es otro que el bloque uribista, acusado de fortalecer la participación del paramilitarismo y el narcotráfico en el Estado. Una de sus precandidatas más relevantes, María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafourie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, ha sido cuestionada por proponer modificaciones legislativas a la Ley de Tierras que benefician a “despojadores”.

Las agendas

Un estudio realizado por OXFAM en 2018 evaluó a Colombia como el país con la mayor tasa de concentración agraria del continente. Dicha concentración sólo se entiende a través del ejercicio oligopólico de la coacción. Un indicador al respecto fue la última investigación de Human Right Watch en la que se concluyó que 8.5 millones de personas sufren el desplazamiento forzado en Colombia. Una cifra que casi triplica el desplazamiento en países de extremo terrorismo como Afganistán. 

La crisis de derechos humanos está ligada a la falta de voluntad política para garantizar los acuerdos de paz firmados entre la entonces guerrilla de las FARC y el Estado. Mientras los firmantes de paz son asesinados diariamente, y la estigmatización de los movimientos sociales continúa, la organización paramilitar Clan del Golfo azota las periferias del país. Huelga recordar que en la primera campaña, el uribismo se presentó ante el país como la fuerza política que podía doblegar a las bandas paramilitares. Es de suponer que el alza del terrorismo de la ultraderecha armada se asocie con la decadencia de la ultraderecha institucional.

Así, tanto el problema de la tierra como el de la paz son dos puntos claves en la agenda de los sectores políticos que apuestan por la transformación social, coordinada por los movimientos sociales en diálogo directo con el poder ejecutivo.

Al respecto, el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro del partido Colombia Humana, ha propuesto una reforma agraria que garantice la titularidad de las tierras primodialmente a las mujeres, por considerarlas un sector estratégico de la sociedad en la reproducción de la vida. Otra de las figuras más prominentes del Pacto Histórico es la también precandidata presidencial, lideresa ambiental afrocolombiana y feminista, Francia Márquez. Márquez también ha puesto en el centro del escenario político la discusión sobre los recursos medioambientales y la persecución de sus referentes. Colombia es hoy por hoy el país más peligroso para los y las defensoras de la tierra, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Sólo en el 2020 fueron asesinados 65 líderes y lideresas ambientales en sus territorios.

Garantizar gobernabilidad

La lucha por el poder legislativo es crucial. Con este fin el Pacto Histórico espera lograr 55 escaños en Senado y 86 en Cámara. Sin embargo, recientemente el partido de gobierno derogó en el Congreso la ley de garantías que limitaba la influencia de la contratación dentro de los procesos electorales. La ley imponía una serie de restricciones a las autoridades locales, departamentales o nacionales para adelantar contratos como obras públicas, suministro de bienes y servicios, etc. La estrategia detrás de la derogación es confrontar la capacidad de gobierno opositor en las regiones y en el Congreso.

Las encuestas

El desgarramiento de la hegemonía uribista deja un vacío que muchos quieren llenar. De hecho, hasta la fecha se han presentado ante el CNE la sorprendente cantidad de cincuenta candidaturas presidenciales, cuarenta de ellas por firmas y el resto por coaliciones y partidos.

Gustavo Petro fue el ganador en todas las encuestas realizadas hasta el momento. No obstante, en la última encuesta de la empresa de mercado y opinión pública DATEXCO, el abstencionismo y el “no sabe, no responde” serían los principales contendientes del candidato del Pacto Histórico. En las últimas elecciones, el abstencionismo electoral ha superado el 54%.

En la encuesta de DATEXCO, a la pregunta “si las elecciones a la Presidencia fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría?”, el 26 % de los participantes votarían por Petro. Le sigue un 10 % que votaría por Sergio Fajardo y un 7 % que elegiría al ingeniero Rodolfo Hernández. Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria cuentan, cada uno, con el apoyo del 6 % de los encuestados, y luego más abajo estaría Juan Manuel Galán con un 5 %. María Fernanda Cabal, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el exministro de Uribe, Óscar Iván Zuluaga, y la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, fueron los y las otras precandidatas que el investigador incluyó en esta pregunta.

¿El fin del uribismo?

Casi todos los países del continente han gozado de gobiernos progresistas, con todas las contradicciones del caso. Colombia, por el contrario, adolece de una experiencia democrática comandada desde el ejecutivo. Sólo en el siglo pasado se perpetraron siete magnicidios.

Pese a la desaprobación popular que pesa contra el uribismo, no se puede asegurar que estos comicios entierren la portentosa apuesta de la ultraderecha. La composición de la hegemonía uribista va más allá de los consensos democráticos y se instala sobre una estructura histórica que ha desechado a quienes enfrenten los pactos de poder de la oligarquía tradicional. Aquellos que en la década de los setenta fungían como los nuevos ricos, producto de la producción y exportación de cocaína, hoy hacen parte esta oligarquía.

Por otra parte, la dependencia de Colombia con los Estados Unidos también tiene una historia de larga data, abigarrada en la necesidad de controlar el hemisferio sur. Colombia es el país de la región con mayor cantidad de fronteras, terrestres y marítimas. Y aunque el gobierno de Biden se encuentre distanciado del gobierno colombiano en curso como resultado de su apoyo a la candidatura de Donald Trump, no se puede presumir de una ruptura estratégica que habilite a un candidato progresista a participar del articulado internacional de los Estados Unidos. Resta preguntarse si en caso de triunfar el Pacto Histórico, el gobierno norteamericano aplicará la misma táctica de desgaste en curso contra el gobierno de Pedro Castillo en Perú.