Políticas migratorias de contención y criminalización migratoria

El control migratorio y el cierre de fronteras a poblaciones sin documentos son dinámicas presentes en diferentes países y regiones del mundo. Algunas de las regiones donde se dan estos procesos de manera muy aguda son Europa, Centro y Norteamérica, y estos se han venido incrementando desde hace años. No obstante, con la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid19, y bajo el uso político del argumento sanitario del extranjero sin papeles como agente de contagio (con miras a contener poblaciones irregularizadas), estas situaciones sólo se recrudecieron más, y han aumentado las agresiones y violencia hacia los migrantes.

Particularmente, es el caso de los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) en tránsito por México, y recientemente de los haitianos. Ellos salieron de manera forzada de contextos de expulsión muy hostiles de sus comunidades de origen y de ser irregularizados por parte de ciertos países como Estados Unidos (EU) y México, cuyos procedimientos de regularización migratoria han sido muy adversos, lentos y poco eficientes. Además, estos migrantes sufren múltiples agresiones y violaciones a sus derechos humanos en los países de tránsito y destino, por parte de diferentes actores sociales, grupos delictivos e instituciones oficiales y privadas.

Resalta también que, de parte de los diferentes Estados nacionales y a nivel regional, se incrementan cada vez más los procesos y acciones de políticas migratorias que, ya no sólo generan dinámicas de irregularización de estas poblaciones del TNC y Haití, sino que están ilegalizando a los migrantes, y leyéndolos y presentándolos como transgresores de la ley, sólo por el hecho de carecer de documentación migratoria. Estas políticas de control/contención aplicadas en México, han sido y son determinadas por la agenda geopolítica antiinmigración de EU de los últimos lustros (que busca mediante diferentes medios detener estas movilidades humanas).

Frente a estos discursos exacerbados y sesgados (en términos de desinformación y prejuicios racistas), hay que reiterar que los migrantes no son delincuentes. Por el contrario, se trata de sujetos y colectivos sociales que, en contextos socioeconómicos y de (in)seguridad muy adversos en sus países de procedencia, tratan de mejorar su existencia a través de estrategias de movilidad transfronterizas. Las personas del TNC viven situaciones muy precarias relativas a la falta de empleo, salarios muy bajos, pobreza generalizada y contextos de violencias criminal, institucional e intrafamiliar; además de los impactos medioambientales de fenómenos como huracanes y tornados (recientemente los casos de Eta e Iota en el 2020). Por su parte, los haitianos en sus largas travesías huyen de violencia, el racismo y la falta de empleos dignos y suficientemente remunerados.

La movilidad como una estrategia de búsqueda de una vida digna: las caravanas

Los migrantes, a través de las “caravanas”, han estado saliendo masivamente de Tapachula. Esta ciudad está rebasada y no les ofrece las condiciones básicas de vida a los migrantes, en términos de trabajo, hospedaje, salud, entre otros. De facto, y en el contexto de la clara impronta de la estrategia regional anti inmigrante de EU sobre la actual política migratoria mexicana hacia poblaciones irregularizadas, Tapachula, y en un sentido más amplio la frontera sur y México, se han vuelto territorios de inmovilidad y contención migratoria. Esta ciudad ya no provee el empleo y los servicios indispensables para los migrantes; es más bien un impasse y la expresión de una fuerte condición de precariedad, un constante estar varados en el día a día, y sin un futuro viable (ni en términos de empleo, ni de una mejoría material de su vida).

No obstante, a pesar de estas muy duras condiciones, los migrantes, en todo su derecho y con diferentes acciones y estrategias, tratan de remontar la adversidad y buscar una vida digna y con derechos. Es desde esta situación desde donde hay que intentar entender las caravanas. En este sentido, urge dejar de criminalizar a las personas y grupos en movilidad transfronteriza, y reconocer sus derechos, necesidades y motivaciones.