Las 12 Constituciones ecuatorianas del siglo XIX respondieron a la realidad de un país agrario, atrasado y pobre. Realidad que se encontraba bajo la hegemonía terrateniente, marcada por las luchas políticas centradas en caudillos y conflictos entre conservadores y liberales. El siglo XX fue inaugurado por la Constitución de 1929, la primera en consagrar derechos laborales, así como en reconocer el papel del Estado sobre la economía. Esta constitución sentó las bases de un largo proceso de superación del régimen oligárquico, iniciado por la Revolución Juliana en 1925 y prolongado hasta la década de 1970. 
  
 
La constitución de 1929 fue seguida por 6 constituciones. Todas ellas dedican conceptos y principios a la organización económica y, además de los clásicos derechos individuales, avanzaron en los derechos laborales y sociales. La de 1945, nació de una asamblea con enorme peso de las izquierdas, a raíz de “La Gloriosa” revolución del 28 de mayo de 1944. Por décadas fue considerada como la Constitución más progresista y democrática. La Constitución de 1946 se ajustó al “golpe de Estado” institucional del presidente José María Velasco Ibarra en su segundo mandato (1944-1947), para quien la anterior era más un “tratado de sociología” que le “impedía” gobernar.  
  
 
La Constitución de 1967 tuvo una posición dual: por un lado, afirmó una serie de fórmulas “desarrollistas” que predominaban en América Latina durante aquella década, como la planificación o la reforma agraria; por otro lado, a través de sutiles conceptos, dio primacía al sector privado sobre el Estado, que no debía competir en forma “desleal”, tenía que indemnizar a la empresa privada en caso necesario y permitía las concesiones mineras. Estas concesiones resultaban un asunto que directamente se relaciona con la explotación de petróleo, pues el país avizoraba una época transformadora gracias al descubrimiento de ricos pozos en la región amazónica, lo que despertó la voracidad privada tanto nacional como extranjera. Ese apetito empresarial, fue cortado por la dictadura militar “Nacionalista y Revolucionaria” de las Fuerzas Armadas, que presidió el General Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976), quien ejecutó un programa desarrollista inédito gracias a la riqueza petrolera, que se mantuvo bajo control del Estado y que marcó la historia económica, pues solo entonces Ecuador adquirió su definitiva modernización capitalista. 
  
 
A diferencia de la “progresista” dictadura de Rodríguez Lara, el Consejo Supremo de Gobierno de las FFAA (1976-1979) que le sucedió fue autoritario y represivo, abandonó el nacionalismo petrolero e inició un agresivo endeudamiento externo que pesaría sobre los gobiernos posteriores. Sin embargo, condujo un proceso sui géneris de retorno al orden constitucional, que derivó en un referendo nacional que aprobó la nueva Constitución, que entró a regir la democracia a partir del triunfo presidencial de Jaime Roldós (1979-1981). La Constitución fue tildada de “comunista” por las derechas económicas y políticas, aunque proclamó una “economía de mercado”; pero introdujo la planificación, fortaleció capacidades del Estado y, sobre todo, reconoció cuatro sectores económicos: público, privado, mixto y comunitario, lo que destapó la furia de quienes veían un atentado a la “propiedad privada”. 
   
 
A partir del gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) los principios económicos de la Constitución de 1979 fueron violentados, pues se impuso la visión empresarial, el creciente neoliberalismo y los condicionamientos del FMI a través de sus préstamos. Como lo he destacado en un artículo del libro Asamblea Constituyente y Economía. Constituciones en Ecuador, bajo esas nuevas circunstancias históricas, una asamblea conservadora aprobó la Constitución de 1998, que en materia económica dio continuidad a la de 1967 y proclamó la “economía social de mercado”, un concepto forzado y ajeno a los contenidos de la misma Carta que, en cambio, abandonó el concepto de “áreas de explotación reservadas al Estado”, facilitando su privatización; y con sutiles fórmulas jurídicas privilegió al sector privado sobre el Estado, a través de concesiones, obtención de derechos, delegaciones, asociación, capitalización, traspaso de propiedad, o cualquier otra modalidad, incluyendo la posibilidad de participación del sector privado en la seguridad social. Era el fiel reflejo del auge del Consenso de Washington y de la ideología neoliberal en América Latina. 
  
 
Dos décadas de vigencia del modelo empresarial-neoliberal solo trajeron concentración de la riqueza, precarización con deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, y descalabro institucional. Por eso, un nuevo y alentador proceso constituyente culminó con el referendo que aprobó la Constitución de 2008, que dio continuidad a las progresistas Constituciones de 1945 y 1979. En esencia, fortaleció capacidades estatales, reconoció sectores estratégicos, así como servicios específicos a cargo del Estado, amplió derechos laborales, sociales, comunitarios e incluso de la naturaleza, y se inspiró en principios de la economía social, el latinoamericanismo, la soberanía, abandonando totalmente el neoliberalismo. 
 
  
La Constitución de 2008 ha vuelto a ser atacada por sectores de las derechas políticas y de las ya tradicionales elites conservadoras empresariales. Hay un coro repetido para “volver” a la Constitución de 1998. Y en ese camino, no ha importado en nada que, desde 2017, los fundamentos económicos de la Constitución de 2008 hayan sido pisoteados, para que, en los hechos, renazca, ahora con características oligárquicas y plutocráticas, el viejo modelo económico empresarial-neoliberal.