Introducción

Mientras la prosperidad de El Salvador, Guatemala y Honduras se convierte en una utopía, y los planes de expansión comercial de Estados Unidos terminan en fiasco, como en el caso del famoso proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), nuevos planes comerciales regionales promovidos por organismos financieros internacionales buscan consolidar la expansión comercial de Estados Unidos en la región: Un tratado de libre comercio entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, llamado Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica, un plan regional desde Puebla, México hasta Panamá, posteriormente ampliado a Colombia y denominado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, son los principales tratados y planes comerciales regionales materializados en la primera década del siglo XXI para consolidar los objetivos expansionistas de Estados Unidos en América Latina.

Pero el enfoque económico centrado en la panacea neoliberal de las empresas salvadoras de las sociedades no ha favorecido a las naciones centroamericanas: aunque los planes y tratados comerciales incluyen componentes de desarrollo económico y social, y aunque su consolidación debería beneficiar en teoría a los países que los firman, las realidades sociales de El Salvador, Guatemala y Honduras muestran lo contrario: El aumento de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la delincuencia y la violencia, la mayor inseguridad, en definitiva, las menores posibilidades de desarrollo social y económico de los pueblos centroamericanos, contrastan con el enriquecimiento desmedido del gran capital privado nacional y multinacional que, al contrario de lo que se exalta, incrementa la pobreza de cientos de miles de centroamericanos que optan por el “sueño americano” y emprenden el duro y peligroso camino de la migración a Estados Unidos.

Para hacernos una idea de lo que queremos decir, veamos cómo todos estos planes y tratados comerciales regionales consolidan el modelo económico y político neoliberal que, al tiempo que favorece al capital transnacional, afianza los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos en las Américas.

1. Consolidación del modelo neoliberal

Si bien es cierto que el Consenso de Washington estableció los preceptos económicos y políticos del modelo neoliberal a principios de los años 90, también es cierto que en Centroamérica este modelo se consolidó a principios del siglo XXI con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y el Plan Puebla Panamá (PPP).

En efecto, con el DR-CAFTA, firmado después del Tratado de Libre Comercio entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, que inaugura el uso de la denominación tecno-estratégica regional Triángulo Norte de Centroamérica, las grandes empresas obtienen todas las garantías posibles para sus negocios y el Estado queda relegado al nivel de “gestor” de buenas inversiones. Así, con el argumento de que es necesario “atraer inversiones productivas” al país, lo que en el lenguaje del libre comercio significa que no se deben poner “obstáculos” a los inversionistas, y con la explicación de que es igualmente imperativo promover la libre competencia y el libre mercado, es decir, la eliminación de cualquier tipo de barreras comerciales a los empresarios, el Estado queda reducido a una especie de oficina de promoción de inversiones. De hecho, ante los compromisos asumidos con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras no pueden ni deben intervenir en los asuntos de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, ni establecer los más elementales mecanismos de protección de sus economías. Los tres países, por tanto, quedan a merced de las grandes empresas nacionales y transnacionales sin que sus beneficios puedan garantizar un futuro prometedor para sus habitantes.

El PPP, al tiempo que propone la liberalización de los recursos naturales y las tierras agrícolas, la apropiación o gestión privada de la biodiversidad, la explotación del turismo por el sector privado, la facilitación del comercio, la interconexión energética y la integración de las telecomunicaciones, promueve un modelo de “integración regional” con fines comerciales que pone el territorio y los recursos naturales y humanos de la región a disposición de la inversión privada, y prepara las condiciones físicas necesarias (carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas) para el avance y la consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas. La Declaración conjunta de la Cumbre Extraordinaria de los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla del 15 de junio de 2001 es explícita:

“Renovar nuestro compromiso para avanzar en la materialización de un mayor intercambio comercial no discriminatorio de bienes y servicios entre los países mesoamericanos mediante la ampliación e implementación de los acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir a futuro, y nuestro apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica que debe culminar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)…” (Mecanismo de Tuxtla, 15 de junio de 2001).

En Guatemala, en particular, será sobre esas bases que las clases empresariales y políticas en el poder definirán los ejes del modelo económico que convertirá a Guatemala en un Estado neoliberal con fuertes rasgos coloniales: Si durante el régimen colonial la riqueza extraída del país beneficiaba en gran medida a la Corona española y en menor medida a la clase criolla, con el modelo económico neoliberal (corolario de más de un siglo de gobiernos liberales) gran parte de esa riqueza beneficia a las empresas extranjeras y en menor medida a la burguesía local. Tenemos, entonces, un modelo económico que en diferentes condiciones históricas reproduce objetivos similares: extracción y transferencia de la riqueza nacional a otras latitudes, a cambio de dejar una parte de esa riqueza a la clase dominante local y un porcentaje irrisorio al Estado (Murga Armas, mayo de 2014).

Pero veamos cuáles han sido las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal en Guatemala.

1. Consecuencias del modelo neoliberal

Además de que la realización de los preceptos del Consenso de Washington deja un Estado desmantelado con casi todas sus empresas y servicios públicos privatizados, estudios recientes demuestran que la minería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de megaproyectos de infraestructura han dado lugar a nuevas privatizaciones de los recursos nacionales, al saqueo y a la destrucción (Murga Armas, 2018).

1. Concesión de los recursos hídricos de la nación

Además de abrir la puerta a la privatización de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, la Ley General de Electricidad aprobada durante el primer año de gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), también facilitará la concesión de los recursos hídricos de la nación a empresas privadas. Fue sobre esa base, en efecto, que el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) comenzó a definir las políticas energéticas que heredaría la administración de Álvaro Colom (2008-2012). Con estos lineamientos, este último se propuso fortalecer la plataforma institucional existente y promover la construcción de proyectos hidroeléctricos y plantas de carbón para avanzar hacia la meta final planteada en el Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022: reducir la dependencia de los hidrocarburos y producir casi dos tercios de la electricidad a través de plantas hidroeléctricas para el año 2022.

Se avanzó entonces en la interconexión con México, El Salvador y Honduras, se enfatizó en proyectos binacionales con El Salvador y México (todos previstos en el Plan Puebla Panamá) y se concesionaron nuevos proyectos hidroeléctricos. Estos provocan inmediatamente el rechazo de las comunidades afectadas que se oponen a la concesión de sus territorios y recursos naturales al capital privado nacional y transnacional. El caso más conocido, aunque no el único, es el proyecto Xalalá en los municipios de Ixcán, Uspantán y Cobán, en los departamentos del Quiché y Alta Verapaz, cuya licitación fracasó en noviembre de 2008 por la falta de ofertas de empresas transnacionales y locales en un contexto de fuerte oposición comunitaria.

Esto no impidió que el gobierno de Álvaro Colom añadiera a la lista de proyectos hidroeléctricos aprobados y en funcionamiento desde 1998, otra lista de centrales térmicas e hidroeléctricas que se construirán en los próximos años. Entre ellos están los proyectos hidroeléctricos Renace II en el río Cahabón, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz (propiedad del Grupo Multi Inversiones de la familia Gutiérrez-Bosch), que se estima generará 163 megavatios de energía con una inversión de 320 millones de dólares; e HidroXacbal en el río Xacbal, en San Gaspar Chajul, El Quiché (propiedad del Grupo Terra de Honduras), que generaría un estimado de 94 megavatios de energía con un costo de 190 millones de dólares.

La continuidad de la política de privatización en el sector eléctrico fue evidente durante la administración de Otto Pérez Molina (2012-2015). Además de profundizar la licitación y concesión de proyectos hidroeléctricos a empresas extranjeras y nacionales (Xalalá, por ejemplo), y de reprimir a las poblaciones que se oponían valientemente a la construcción de hidroeléctricas en sus territorios (Santa Cruz Barrillas, por ejemplo), su gobierno impulsó discretamente el Proyecto de Electrificación Territorial (PET) que interconectará a los productores de electricidad con los grandes consumidores del Mercado Mayorista. Entre ellos, la industria minera, Cementos Progreso, Cervecería Centroamericana y Aceros de Guatemala, los mayores consumidores de electricidad del país.

2. Saqueo y destrucción de los recursos naturales

Las concesiones mineras otorgadas desde 1997 también ponen al país en manos del gran capital: en 2005, por ejemplo, el 10% del territorio guatemalteco estaba cubierto por permisos mineros, la mayoría de los cuales están en manos extranjeras. Esto lamentablemente tendrá un enorme costo ambiental y social. Además de explotar la riqueza mineral de la nación a cambio de un insignificante 1% de regalías para el Estado, las empresas transnacionales provocan la pérdida de acceso a la tierra de las comunidades afectadas, la contaminación del agua y una enorme conflictividad social. Este ha sido el caso de la mina Marlin en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos, y situaciones similares se repiten en otras regiones mineras de la nación.

Así, a principios de octubre de 2021 estalló nuevamente el conflicto provocado por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Maya Níquel, empresas extranjeras concesionarias del proyecto minero Fénix en El Estor, Izabal, cuyas operaciones fueron suspendidas en junio de 2020 por la Corte de Constitucionalidad (CC) por no haber realizado la consulta a los pueblos indígenas que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ahora bien, en un acto que recuerda el carácter colonial del Estado guatemalteco, el presidente Alejandro Giammattei (14 de enero de 2020 a la fecha) impuso el 23 de octubre de 2021 un estado de sitio por un mes para contener la oposición de los pobladores representados por el Consejo de Comunidades Maya Q’eqchi’ que exigen el cumplimiento de la ley.

La explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) también tendrá resultados lamentables. De hecho, el análisis de los impactos financieros realizado en el marco del “Informe sobre las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de la empresa Perenco Guatemala Limited”, por el Colectivo Guatemala con sede en Francia, “muestra que los beneficios económicos para el Estado son mínimos, mientras que el impacto de la explotación petrolera en el medio ambiente sería, por su lado, muy negativo” (Collectif Guatemala, noviembre de 2011, pp. 21, 34 y 35).

Los estudios realizados para determinar el impacto de la explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre coinciden en señalar los ya evidentes efectos negativos de esta actividad económica en esta área protegida. En 2003, Parkswatch enumeró, con bastante detalle, 1) la contaminación del aire y del suelo; 2) la tala de árboles para la construcción de pozos (deforestación); 3) la reducción anormal del número de aves cerca de los pozos; 4) apertura de brechas, caminos y carreteras para el mantenimiento del oleoducto, lo que motiva la instalación de las comunidades (deforestación e “invasiones”); 5) deforestación, quema de partes del bosque por parte de las comunidades instaladas; así como 6) irresponsabilidad de la empresa con respecto a la colonización humana del PNLT (ParksWatch, 2003, pp. 16-18).

Además de señalar el “incumplimiento de los compromisos contraídos por la empresa para el desarrollo de las comunidades”, el Colectivo Guatemala presenta una lista de “impactos sobre los derechos humanos”. Allí, como consecuencia de la militarización de la zona, se advierte la violación del derecho a la libre circulación de las personas, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y la libertad de reunión.

El poder de las transnacionales y sus socios locales es tal que inmediatamente después de que el gobierno aprobara la ampliación del contrato 2-85, Perenco G.L. anunció una donación de U$13 millones para ayudar a la reconstrucción de la zona tras la erupción del volcán de Pacaya y la tormenta Agatha. Este hecho, que no sería criticado si esta ayuda no hubiera estado acompañada de U$3 millones más para financiar el establecimiento de seis nuevos destacamentos militares en la zona del Parque Nacional Laguna del Tigre, muestra la verdadera misión del ejército en una nación donde el Estado ha sido despojado de su soberanía.

3. Aumento de la concentración de la propiedad de la tierra

Al mismo tiempo, el cultivo de la caña de azúcar y la palma africana ha generado un proceso de concentración y reconcentración de la propiedad agraria en manos de un reducido número de empresarios y grupos empresariales que compran o arriendan tierras para establecer sus plantaciones en gran parte de la Franja Transversal del Norte y el Petén. Este fenómeno, como podemos imaginar, ha tenido fuertes impactos ambientales, sociales y agrarios.

Hasta el año 2003, según el IV Censo Nacional Agropecuario, 49 fincas con un área total de 31.185 hectáreas sembradas con palma africana, producían 7.040.225 quintales de materia prima destinada especialmente a la producción de aceites esenciales y grasas para las industrias de alimentos y jabones. En 2007, en cambio, la Encuesta Nacional Agropecuaria estableció que el número de fincas dedicadas a este cultivo había aumentado a 1.049 y que el área cultivada alcanzaba las 65.340 hectáreas, el doble de lo reportado por el censo.   

El mismo fenómeno se observa en el cultivo de la caña de azúcar. En 2003, según el Censo Nacional Agropecuario, había 188.775 hectáreas cultivadas en el país. De ellas, el departamento de Escuintla tenía 154.620 hectáreas sembradas y concentraba el 87% de la producción. Suchitepéquez, por su parte, tenía 20,970 hectáreas sembradas y el 8.25% de la producción. Así, dos departamentos concentraban el 93,0% de las tierras dedicadas a este cultivo. Sin embargo, la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2007 reveló incrementos tanto en la producción como en el número total de hectáreas sembradas: 260.896 hectáreas en total. Las cifras, en efecto, reflejan un aumento del 1,55% en la producción y del 38,2% en el total de las tierras plantadas: 72.121 hectáreas más en sólo cinco años.  

Además del costo social que pagan los campesinos de las regiones donde se desarrollan las plantaciones de palma africana y de caña de azúcar, su expansión incontrolada suele provocar la destrucción de los bosques, los movimientos de tierras, la contaminación y, a menudo, el drenaje y la desecación de pantanos, lagunas y otras fuentes de agua, en definitiva, la eliminación parcial o total de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

Ahora bien, para llevar la prosperidad a El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también para allanar el camino a los objetivos expansionistas de Estados Unidos en la región, se elaboró el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), cuyas líneas generales son las siguientes.

2. El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

Diseñado por los equipos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asesoraron a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras en respuesta al fenómeno migratorio y la crisis humanitaria provocada por el aumento del flujo de niños migrantes no acompañados hacia Estados Unidos en 2014, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte busca “acelerar el cambio estructural” en esos países mediante la implementación de “acciones innovadoras” que “transformen la calidad de vida de los ciudadanos y generen arraigo”, a partir de una estrategia compuesta por cuatro componentes: 1) dinamizar el sector productivo; 2) desarrollar el capital humano; 3) mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y; 4) fortalecer las instituciones (ACNUR, marzo de 2015).

El Plan, según los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, es el resultado de la “colaboración, decisión y compromiso político” entre ellos, con Estados Unidos y algunos países amigos, y juntos se propusieron invertir más de 20.000 millones de dólares para cambiar la dinámica de las economías, fortalecer las instituciones y desarrollar el capital humano de los tres países centroamericanos. Se propusieron, dijeron, “cambiar el presente y futuro de nuestra gente”.

El Plan era ciertamente ambicioso: A partir de la identificación de algunas ventajas regionales (tener 30 millones de habitantes de los cuales 12 millones son jóvenes, ser el cuarto exportador de manufacturas y el noveno en general, ser la novena economía de América Latina, entre otras), los presidentes de la región aseguran que, en el plazo de cinco años, el Triángulo Norte podrá transformar la estructura de sus sociedades para “avanzar hacia una prosperidad incluyente y sostenible” que los posicione “como una nueva región emergente al 2020”. Aunque el PAP no lo dice explícitamente, se trataba de completar lo que el Plan Puebla Panamá había iniciado tras su presentación por el presidente mexicano Vicente Fox en 2001: desarrollar una serie de “acciones estratégicas” para hacer del Triángulo Norte de Centroamérica, “uno de los principales destinos turísticos, un polo de atracción de la inversión extranjera y una plataforma y centro regional logístico del hemisferio” (ACNUR, marzo de 2015).

En efecto, el Plan Puebla Panamá de 2001, al igual que el Plan de la Alianza para la Prosperidad de 2015, planteaba una serie de objetivos de integración regional que buscaban hacer de la región mesoamericana un destino turístico, un “polo de desarrollo de clase mundial en América Latina” y una plataforma logística regional para facilitar el comercio en las Américas (Murga Armas, julio-septiembre 2006). Hasta qué punto el PPP logró sus objetivos y hasta qué punto el PAP complementa sus propósitos, sólo un análisis comparativo de las propuestas y logros de las “iniciativas mesoamericanas” del primero y de las “líneas de acción” del segundo nos lo puede decir: a simple vista, se observa que el Plan de la Alianza para la Prosperidad retoma algunos componentes del Plan Puebla Panamá: la promoción de sectores estratégicos y la atracción de inversiones; el fomento de la integración eléctrica regional; la mejora y expansión de la infraestructura y los corredores logísticos; el apoyo al proceso de integración regional son los planes inconclusos del PPP que el PAP debe completar (ACNUR, marzo de 2015, p. 5).

De ello se desprende que el Plan de la Alianza para la Prosperidad no fue diseñado sólo para atender la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos: además de invertir en el desarrollo del capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones, como se ha dicho, el PAP detalla, desde el inicio, las líneas de acción necesarias para “cambiar la dinámica de las economías” que el PPP contempló en sus “iniciativas mesoamericanas”. Veamos, pues, cuáles son las líneas estratégicas y las acciones del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el ámbito económico.

1. Promoción de sectores estratégicos y atracción de inversiones

A partir de un enfoque que privilegia áreas específicas y sectores estratégicos (textil, manufactura ligera, agroindustria, forestal, turismo, servicios de alto valor, energía e infraestructura productiva), el PAP buscó, por un lado, insertar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en las cadenas de valor y, por otro, generar empleos de calidad.

Para ello, se propusieron cinco acciones concretas: a) desarrollo de las MIPYMES e integración en las cadenas productivas regionales; b) ampliación de la financiación de las MIPYMES; c) apoyo a la agricultura familiar y a la seguridad alimentaria; d) promoción de la inversión privada coordinada a nivel regional; y d) promoción del diálogo público-privado.

2. Fomentar la integración eléctrica regional

Para reducir los costos de generación eléctrica, el PAP, al igual que el PPP, propuso la consolidación del Mercado Eléctrico Regional (MER), la ampliación del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y la diversificación de la matriz energética. En teoría, esto sería clave para generar las economías de escala necesarias y hacer viable la ejecución de los proyectos. Si nos atenemos a lo que dice en el papel, estas iniciativas beneficiarían a las comunidades afectadas, lo que haría que los proyectos fueran socialmente viables y sostenibles.

En este sentido, las acciones previstas son: a) ampliación del MER; b) ampliación del SIEPAC; c) promoción de la interconexión gasística de la región con México; d) diversificación de la matriz energética; y e) promoción de la eficiencia energética.

3. Mejorar y ampliar las infraestructuras y los corredores logísticos

En este punto, el PAP no deja dudas sobre su conexión con el PPP: “Potenciaremos la infraestructura logística para reducir los costos de comercio internacional de nuestra producción, consolidar la integración de los mercados regionales y garantizar un mayor acceso del sector productivo a los mercados de exportación” (ACNUR, marzo de 2015, p. 7). Por ello, las acciones del Plan de la Alianza para la Prosperidad se centrarán en a) ampliar los corredores logísticos y fortalecer la red de transporte terrestre y b) mejorar los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

4. Fortalecimiento del proceso de integración regional

Este aspecto se mide desde la perspectiva de la consolidación de un “mercado amplio” que debería favorecer las economías de escala y los distintos sectores productivos, con énfasis en los pequeños y medianos productores que teóricamente tendrían acceso a las redes de producción locales, nacionales y regionales. Por otro lado, las inversiones en infraestructuras logísticas se complementarían con otras medidas para garantizar la circulación fiable, rápida y de bajo coste de las mercancías. Para ello, se contemplaron cuatro acciones: a) promoción y facilitación del comercio internacional, incluyendo sistemas de control de calidad; b) implementación del proceso de unión aduanera Honduras-Guatemala; c) integración de las Agencias de Promoción del Comercio y la Inversión; y d) fortalecimiento del control aduanero.

Pero, ¿qué propuso el PAP para hacer frente a la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos?

Además de lo anterior, el Plan propone “desarrollar el capital humano” para mejorar la situación de las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres mediante la implementación de cinco líneas de acción: (a) ampliar y consolidar los sistemas de protección social y de transferencias condicionadas; (b) aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria, de tercer ciclo y vocacional; (c) mejorar la salud, la nutrición y el desarrollo de la primera infancia; (d) construir y mejorar la vivienda y el entorno habitacional y; (e) favorecer la reinserción social y económica de los migrantes retornados (ACNUR, marzo de 2015, pp. 8-10).

El Plan de la Alianza para la Prosperidad también proponía “mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia”, lo que implicaba a) ampliar los programas de seguridad comunitaria y prevención del delito; b) fortalecer los operadores de justicia y reducir la mora judicial; c) mejorar los centros penitenciarios y de atención a menores y d) ampliar y fortalecer los centros de atención integral a víctimas de la violencia (ACNUR, marzo de 2015, pp. 10-12).

Además, el PAP buscaría “fortalecer las instituciones” mediante a) el fortalecimiento de la administración tributaria; b) la promoción de la convergencia de los sistemas tributarios y; c) la mejora de la transparencia y la efectividad del gasto (ACNUR, marzo de 2015, pp. 12-14).

Por supuesto, el Plan de la Alianza para la Prosperidad definía plazos, presupuestos y objetivos precisos. Todo ello bajo un “esquema de ejecución” que garantizaba la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos financieros. Por último, el PAP también definió sus principios fundamentales: a) eficiencia; b) transparencia; c) participación; d) monitoreo y evaluación; e) capacidad institucional; y f) enfoque territorial.

Si nos atenemos a lo dicho, la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad durante el quinquenio 2016-2020 mejoraría la economía de los países, la calidad de vida de los centroamericanos y frenaría la migración. Sin embargo, el inicio de la migración masiva de centroamericanos en 2018 demostraría lo contrario.

3. La migración masiva del Triángulo Norte: ¿resultado del modelo económico y político neoliberal impulsado por Estados Unidos?

Si bien los informes anuales del BID muestran los avances y logros alcanzados entre 2017 y 2019, incluyendo aquellos que, en teoría, han promovido directamente la mejora de la calidad de vida, la seguridad y el consiguiente arraigo de las poblaciones afectadas por la migración, no todo ha salido según lo previsto por los equipos técnicos de este organismo financiero internacional que, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), determina la evolución (o involución) de los países que dependen obedientemente de sus políticas económicas y planes de desarrollo (gracias, por supuesto, a la actitud acrítica de los equipos técnicos nacionales que simpatizan o se someten obedientemente a cualquier propuesta emanada de las ideas neoliberales).

En efecto, la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos a partir de octubre de 2018 demostró claramente el fracaso de las recetas neoliberales. Como nunca antes, la migración masiva de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños organizados en caravanas en Honduras, Guatemala y El Salvador demostró, por un lado, la ausencia del Estado en sus respectivas naciones y, por otro, el impacto negativo económico, social y ambiental de los planes y acuerdos comerciales impulsados por Estados Unidos y sus aliados en estos países.

De hecho, si miles de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños emigran hoy a Estados Unidos en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, es porque el Estado nacional, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades fundamentales no ha cumplido con sus obligaciones. Esto se refleja en la pobreza, la desnutrición, el hambre, el desempleo, la inseguridad, la violencia, la precariedad de las condiciones de vida en general (educación, salud, vivienda), que contrastan con la extrema concentración de la riqueza en manos de unos pocos, ya sean grupos familiares o empresas privadas nacionales o extranjeras.

El fenómeno migratorio se relaciona también con el impacto económico, social y ambiental negativo de las políticas neoliberales impulsadas por Estados Unidos y sus aliados en Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin ir más lejos (porque podríamos empezar por la penetración del capital estadounidense en Centroamérica desde el siglo XIX), las últimas décadas, caracterizadas por la imposición del modelo neoliberal en la región, muestran cómo los planes y acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos con estos países han tenido un impacto negativo en sus sociedades: el desalojo de las poblaciones campesinas, el arrasamiento de los bosques, la contaminación de los ríos y las fuentes de agua, el desplazamiento de los cultivos que aseguran la alimentación y la reproducción de la vida de las poblaciones, en fin, la destrucción o el despojo de todo lo que ha asegurado la vida, el trabajo y el arraigo de las sociedades rurales en sus tierras, son causas fundamentales de la migración a Estados Unidos que sus equipos técnicos no tienen en cuenta a la hora de diseñar sus planes de desarrollo y que no son remediadas por estas recetas neoliberales.

En nuestra opinión, lo que estamos viendo con las caravanas de migrantes es la reversión de las consecuencias de las políticas económicas y los planes de desarrollo impulsados por Estados Unidos y sus aliados en la región centroamericana. Estamos, pues, ante una paradoja: la migración masiva de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en busca del sueño americano está haciendo que Estados Unidos pague el costo humanitario que pagan Honduras, Guatemala y El Salvador por el saqueo de las empresas locales y transnacionales promovido por la implementación del modelo económico y político neoliberal impulsado por Estados Unidos y sus aliados.

Es en este contexto en el que surgen los nuevos planteamientos de Estados Unidos sobre el Triángulo Norte.

- Jorge Murga Armas es Doctor en Antropología y Sociología de lo político. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IIES-USAC).