Colombia

“El Gobierno es un funcionario de la multinacional Emgesa”

Erika González

02/10/2013

Opinión

^-A ⁺A

Entrevista de Erika González (OMAL) a Miller Dussán, profesor de la Universidad Surcolombiana y miembro de Asoquimbo (Diagonal, nº205, 19 de septiembre de 2013)

Miller Armín Dussán es profesor de la Universidad Surcolombiana y forma parte de la Asociación de afectados por la hidroeléctrica El Quimbo (Asoquimbo), organización que rechaza la construcción de una presa hidroeléctrica que inundará 8.586 hectáreas del valle del río Magdalena en el departamento de Huila, en Colombia. Esta obra afectará a seis municipios y supondrá, según la empresa, el desplazamiento de más de 1.500 personas y la inundación de las tierras más fértiles de la región e incluso de una parte de la Reserva Forestal protegida de la Amazonía. La hidroeléctrica El Quimbo es propiedad de Emgesa, filial de la multinacional española Endesa en Colombia y que, a la vez, pertenece a la corporación italiana Enel.

Pregunta: Antes de las obras de El Quimbo, usted advirtió del grave impacto del proyecto. Ahora, realizado ya el 40% , ¿se confirman sus previsiones?

Respuesta: Sí. La gravedad de los impactos ha sido certificadas con los estudios que he realizado y ratificados por la Contraloría General de la Nación. Esta institución ha decidido abrir una investigación contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –organismo que dio la licencia ambiental– por el detrimento patrimonial, es decir, las pérdidas económicas que El Quimbo está generando en la región. La Contraloría denuncia las afectaciones ambientales y sociales valorándolas en al menos 352.000 millones de pesos, aproximadamente 200 millones de dólares. Si la presa hidroeléctrica, según los estudios de Emgesa, supondrá una inversión de 837 millones de dólares, estamos hablando de que los daños ya causados representan casi la cuarta parte de la inversión total del proyecto.

P: ¿Cuáles son los principales impactos que ya se están produciendo?

R: El primero es la destrucción de la cadena productiva porque Emgesa va comprando predios [fincas], cesa el cultivo de las tierras y deja sin empleo a la población, que finalmente tiene que desplazarse. Afecta a toda la cadena productiva, porque el comercio de prácticamente todos los municipios de la zona depende de la agricultura. Esto fue reconocido por una resolución, que no prosperó, del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en la que se dice: “Suspéndase la compra y venta de predios hasta que no se resuelva este problema”. Se viola un derecho constitucional, el derecho al trabajo, y por la presión de la asociación Asoquimbo la misma autoridad lo reconoció.

P: ¿Existen mecanismos para evitar este impacto entre la población?

R: Emgesa contempla dos categorías de afectados: los directos, que son las personas que viven y producen en el área de inundación y los indirectos, que, trabajando en el área afectada, viven fuera. A estos últimos la empresa les planteó como compensación el “capital semilla”, es decir, una capacitación en el Servicio Nacional de Aprendizaje tras lo cual se les proporciona un monto total de 25 millones de pesos (10.500 euros aproximadamente). Se ha mostrado eso como si fuera la compensación. Nosotros, en Asoquimbo, decimos que es una gran estafa porque en ninguna parte de la licencia ambiental dice que la compensación para los afectados fuera el “capital semilla”, sino que tendría que ser la entrega de tierras, la restitución de la actividad productiva.

Había que comprar y adecuar con distritos [infraestructuras] de riego 2.700 hectáreas y estas eran, precisamente, para las personas que provenían de la producción. Pero ninguna de estas personas ha sido compensada. Además, hay que recordar que la Procuraduría General de la Nación ya afirmó en 2009 que no se podía hacer el proyecto porque no existe ninguna posibilidad de restituir la actividad productiva. Para que exista tiene que haber tierras iguales o mejores a las que tenían las personas afectadas, pero las mejores son aquellas que se van a inundar.

El Gobierno lo resume y dice, después de sus estudios, que Emgesa no está garantizando la restitución de las actividades económicas afectadas, como quedó establecido en la licencia ambiental. ¿Cómo pretenden hacer El Quimbo si no hay tierras para evitar que se eliminen actividades agropecuarias? Esto genera un grave daño a la seguridad alimentaria de la región.

P: ¿Cuál es el papel del Estado colombiano en el proyecto de El Quimbo?

R: La Procuraduría Agraria Ambiental actúa de funcionario de la multinacional Emgesa. Cuando hay que hacer una compensación a un campesino, esta institución ha de estar presente y le dice al campesino: arregle con la empresa, que la oferta es buena. No cumple el papel de garante de Estado, es decir, “si lo voy a proteger, le digo no vaya a aceptar esa propuesta porque tiene estos riesgos”. Pero no es así, la Procuraduría ha dicho que su papel es ser intermediario.

Además, es Emgesa quién está determinando las compensaciones, no es el Estado. Lo lógico es que antes de iniciar las obras debieran estar resueltas las compensaciones de todas las personas afectadas, eso es lo lógico. Pero el Ministerio de Ambiente le dijo a la empresa que podía empezar las obras mientras veía cómo arregla las compensaciones. Es un monstruo frente a un campesino, el Estado tiene que hacer de garante de los derechos del campesino, protegerlos. En cambio, cuando interviene la transnacional desaparece el Estado, y todos quedan supeditados a la ley del mercado.

P: ¿Se ha militarizado la zona?

R: Sí, aunque allá hay un batallón, han puesto otro más a nueve kilómetros. Cuando le pedimos la información al Ministerio de Defensa nos encontramos con que los costes del batallón militar adicional son 148.000 millones de pesos (59,7 millones de euros), que los paga el Estado y que tiene que mantener activos a 1.200 soldados. Además, estigmatizan a la gente, siempre están diciendo que las personas que protestan tienen nexos con la guerrilla aunque saben que es falso. Pero conviene acusarlos de cara a los procesos judiciales.

P: ¿Cómo está respondiendo la población afectada?

R: Las trabajadoras y trabajadores están en la resistencia, fundamentalmente en Asoquimbo, y han dicho: “Yo regreso a mis tierras”, como ha ocurrido en la vereda La Honda, y “hasta que no me entreguen otras yo no salgo de aquí”. Por eso han decidido volver y recuperar la tierra para asegurarse el derecho al trabajo.

Lunes 23 de septiembre de 2013

Ver en línea: Diagonal, nº 205, 19 de septiembre de 2013.

https://www.alainet.org/fr/node/79806?language=en