Interceptaciones ilegales: un nuevo escándalo y el mismo libreto
05/02/2014
- Opinión
El escándalo que se ha desatado a raíz de la “Operación Andrómeda” develada por la Fiscalía y denunciada por la revista Semana, corresponde a un nuevo episodio de la lógica dominante en los aparatos de seguridad del Estado. Estos aparatos son funcionales a una elite que históricamente no ha tenido ningún escrúpulo en apelar a diferentes mecanismos, aunque sean ilegales, para imponer su idea de sociedad y de Estado. Por eso se reeditan sin obstáculo alguno cuando en el escenario social y político aparece la menor amenaza.
La posibilidad de que un proceso de negociación como el que se adelanta en La Habana, Cuba, pueda afectar las lógicas del poder y por lo tanto intereses vitales, ha prendido las alarmas en quienes no están dispuestos a hacer renuncias en el campo político y económico, cuyos representantes más connotados ya no son tan ocultos, pues están a la vista de todos: partidos políticos, sectores económicos, políticos y agentes del propio Estado que cada vez sincronizan más sus acciones y perfeccionan sus estrategias.
Esto es lo que en lenguaje de los investigadores sociales se ha caracterizado como la pulsión contrainsurgente, que desde hace rato bebe de la estrategia de seguridad nacional de la cual no parece haber la más remota intención de desprenderse. Esta pulsión, propia de una elite que se nutre del pensamiento ultraconservador, se refiere al modus operandi de quienes han monopolizado el poder en Colombia a través de toda su historia, consistente en conjurar todo aquello que pueda amenazarlo y eso incluye no sólo toda forma de pensamiento crítico sino todas aquellas expresiones de la lucha social; bien sea reivindicativa o que se proponga la disputa del poder.
Esta conjura ha sido lo suficientemente creativa para servirse de la legalidad y de la ilegalidad. Desde las restricciones de las libertades civiles y políticas, cuando no su negación, se pasó muy rápidamente a la opción de eliminar físicamente al contrario. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán inaugura de alguna manera esta estrategia que hoy continúa con el asesinato de los reclamantes de tierra; con el asedio a los gobiernos locales cuyos pretensiones consisten en hacer realidad la Constitución vigente; y con los dirigentes políticos que, de manera quijotesca y terca, siguen creyendo en el escenario de la legalidad como una posibilidad para tramitar la construcción de una sociedad más incluyente.
El General Santoyo –judicializado y extraditado- y toda la cúpula del antiguo DAS –transformado en otra agencia del Estado-, son los mejores ejemplos de ésta praxis contrainsurgente que ha dejado en la más absoluta impunidad a las mal llamadas fuerzas oscuras, que están ahí “vivitas y coleando”, siempre atentas a proceder ante cualquier amenaza.
Por eso rayan en el cinismo los permanentes golpes de pecho y anuncios de investigaciones exhaustivas y la postura de un Ministro de Defensa a quien nadie le cree que todo lo ocurrido haya sido a sus espaldas. Hace más de un año anunciaron que se investigaría el origen de las informaciones privilegiadas que, desde la inteligencia militar, le venían llegando de primera mano al hoy candidato al senado, Álvaro Uribe Vélez, sobre temas relacionados con el proceso de paz en La Habana. Pero hoy, aún se guarda un absoluto silencio de esto. La pregunta si ¿esto ocurría desde el inicio de la Operación Andrómeda?
Expiar a los negociadores del gobierno era sin duda una vía expedita para llegar a una información privilegiada, bastante útil para quienes la negociación con la insurgencia, como se ha indicado antes, reviste la mayor amenaza. Y, sobre todo, muy útil en un proceso electoral cuyo centro de atención es la paz y en el cual está en juego su futuro.
Es pues el momento para que las negociaciones que se adelantan en La Habana, y las fuerzas sociales que creen en este proceso, retomen el debate sobre el aparato de seguridad del Estado. Para que se mire como un problema de fondo la ideología, estructura y fines de todo el aparato coercitivo del Estado y para que se introduzcan al respecto los cambios necesarios. Estamos frente a un punto que es clave para la sostenibilidad de un posible acuerdo con la insurgencia, si se quiere cambiar el libreto. Proclamar derechos de la oposición, sin un cambio de fondo en estas instancias del Estado, no será más que un canto a la bandera y la posibilidad de introducirnos en un nuevo ciclo de violencia.
Los hechos son demasiado contundentes y contrastan con los reiterados pronunciamientos del presidente Santos de que el tema antes aludido no está en discusión en La Habana. La pregunta es apenas obvia: ¿A qué clase de compromisos llegó el Gobierno con las Fuerzas Armadas, que parecen actuar sin control y como rueda suelta?
- José Girón Sierraes Analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
Fuente: Agencia de Prensa IPC
https://www.alainet.org/fr/node/82949?language=en
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