Ahora acusan a la guerrilla colombiana por el secuestro de la hija de un ex presidente paraguayo. Bush moldea el “eje del mal” para la región. Hay que crear un sujeto terrorista en el Cono Sur, esa parece ser la consigna del departamento de Estado norteamericano. Es una estrategia que quiere utilizar la Administración Bush para polarizar fuerzas y arrastrar consigo a los gobiernos en su cruzada contra “el eje del mal” latinoamericano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aparecen nuevamente como el chivo expiatorio conducente a generar escenarios de conflicto que promuevan la militarización de la región. El hallazgo del cadáver de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas, tras cinco meses de cautiverio, produjo una conmoción política tan importante que el presidente Nicanor Duarte Frutos removió de su cargo a la cúpula de las fuerzas policiales y al ministro del Interior porque la policía conocía el lugar de cautiverio de la mujer, y por razones que son aún investigadas las ocultó. Si bien habían conseguido el rescate financiero, los secuestradores sólo lo consideraron como un adelanto de una suma cercana a los 5 millones de dólares. En los últimos cuatro años se han pagado hasta 9 millones de dólares por la liberación de sus familiares. El fiscal general del Estado, Oscar Latorre, señalo que el secuestro fue realizado por una facción del Partido Patria Libre (PPL) con la colaboración de las FARC. Rodrigo Granda, dirigente de las FARC secuestrado en Venezuela por militares sobornados por el ministerio de Defensa colombiano y la vicepresidencia de ese país, quienes justificaron la acción por “ser una recompensa en la lucha contra el terrorismo”, es identificado por la justicia paraguaya como el cerebro de la operación. Lo que si empieza a quedar claro es la “participación local” en esta poderosa banda de secuestradores apoyada en una red de oficiales corruptos. El comisario Merardo Palacios, ex jefe de la jurisdicción donde se halló el cadáver, está a punto de ser procesado por extorsión, tras confesar que informó a la Fiscalía sobre sus investigaciones alrededor de la casa de Ñemby )donde fue hallado el cadaver de la víctima) a cambio de un ascenso. El intendente Blas Lanzoni y el sacerdote Estanislao Nowak sabían con precisión el lugar donde tenían a Cecilia, en tanto que el suboficial Amancio Benítez y el comisario Virginio Escobar sospecharon y callaron. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Carolina Barco, se comunicó con las autoridades paraguayas para aclarar que su gobierno no se opondría a la eventual extradición a Paraguay de Rodrigo Granda. La inexistente prueba de la conexión política con el único responsable del secuestro encarcelado y procesado, Osmar Martínez, se limita al cruzamiento de correos electrónicos. El tal Martínez, señalado por matutinos como La Nación de Buenos Aires como un cuadro del “ala dura y disidente del izquierdista Partido Patria Libre”, no parece ser tan rígido en su organicidad , cuando confiesa abiertamente ante los medios tener una vinculación con las FARC. Una declaración tan sospechosamente condicionada y ajustada al tradicional guión del culebrón maccartista como cuando en un comunicado emitido desde la cárcel, reivindicó su derecho a "relacionarme con grandes hombres de la historia universal como Fidel Castro, Lula y otros". El serio cruce diplomático entre Colombia y Venezuela por el caso Granda, que se convirtió en un tema de Estado al ser vulnerada la soberanía venezolana pretendía sumar puntos en la táctica de aislamiento que promueve Bush contra el proceso bolivariano, para estigmatizar a Venezuela como la “manzana podrida del cajón”, que protege a la guerrilla colombiana, en una análoga campaña publicitaria ejercida contra Cuba. Las FARC son catalogadas por Washington como “una narcoguerrilla”, categoría de ficción que cumple con los dos paradigmas de las nuevas amenazas globales: narcotráfico y terrorismo. Por tal motivo, el bloque de poder cela muy bien el uso sus palabras a la hora de caracterizar a sus enemigos en las declaraciones públicas. En la reciente entrevista que sostuvo con su par venezolano, Hugo Chávez, en Caracas, para solucionar la crisis diplomática provocada por el secuestro de Granda, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, hizo un balance personal que justifica la subvención militar del Plan Colombia. "Lo primero es reconocer que este desafío terrorista en Colombia engendra dificultad a nuestros vecinos y hermanos". La doctrina de la guerra preventiva también hace escala en el viejo continente ya que el director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Eneko Landaburu, reitero la voluntad de la Unión Europea de mantener tanto a las FARC como al Ejército de Liberación Nacional en la lista de organizaciones terroristas. James LeMoyne, representante de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, fue declarado poco menos que “persona no grata” para el gobierno de Uribe, por su posición crítica respecto del Plan Colombia. Para LeMoyne “es un error pensar que las FARC son solamente narcotraficantes o terroristas, puesto que su columna vertebral es gente comprometida ideológicamente. No hay un futuro en paz si no se hacen profundas reformas en el poder político y económico en Colombia". Al ser América Latina un territorio donde las religiones islámicas carecen de creyentes, la Casa Blanca ha demonizado históricamente a los movimientos sociales: un cuerpo inorgánico para aquellos acostumbrados a negociar con la institucionalidad partidaria, y por supuesto, con grados de masividad y legitimidad que los dotan de un potencial importante a la hora de frenar las directivas de los organismos internacionales. En esa línea se inscribe el último informe del departamento de Estado norteamericano donde alertan a sus turistas sobre la inseguridad reinante en Argentina, poniendo el énfasis en la impunidad de la protesta callejera. Mientras tanto, el gobierno argentino, tras la visita del ministro del Interior Aníbal Fernández a Israel, libra acuerdos de cooperación con el mayor socio de Estados Unidos en Medio Oriente para calificar a sus fuerzas de seguridad en la lucha "antiterrorista". Pero los piqueteros de Argentina, los campesinos cultivadores de coca del Altiplano, los sin tierra de Brasil, no son una prueba creíble a los ojos de la comunidad internacional como aliados del terrorismo islámico. Carece tanto de sustentación la conexión de estas luchas político-gremiales con Al Qaeda como la permanencia de células dormidas del grupo palestino Hamas en la Triple Frontera que comparten Argentina, Brasil y Paraguay, donde esta asentada la apreciada reserva de agua dulce, el Acuífero Guaraní. Por eso el único conflicto armado en la región, y que data de cuatro décadas atrás, cuando la imposibilidad de la militancia pública por la escalada represiva llevó al Partido Comunista colombiano a impulsar las FARC, es la gran excusa de Washington para trazar su política de seguridad en el Cono Sur. * Emiliano Guido, APM - Agencia Periodística del Mercosur
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
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