São Paulo

Un ciudadano ingenuo que luego del 1º de mayo siguió los periódicos, el telediario y las principales radios brasileñas podría mostrarse desconfiado de algo imposible: los mismos medios, aliados a los sectores extranjeros, de súbito, pasaban a defender la soberanía nacional. El enemigo de la patria era Evo Morales, presidente de Bolivia, que osó lesionar al pueblo brasileño al nacionalizar el gas y el petróleo, afectando los intereses de la estatal Petrobras.

Evidentemente, no era lo que parecía.  Lo que desagradó a los grupos hegemónicos brasileños, y también a los extranjeros aquí representados, fue justamente la decisión de un presidente de hacer valer la voluntad popular, sin miedo de contrariar los intereses del gran capital.  Una postura que no encuentra paralelo en las tierras verde-amarillas en la gestión de un gobierno que se autodenominó “la esperanza” de un pueblo.  

“La derecha brasileña, que domina la prensa, desde hace tiempo está con esa historia porque defiende los intereses de la globalización, de la internacionalización”, señala el sociólogo Emir Sader, profesor de la Universidad de São Paulo (USP).  Según él, toda la histeria inflada por los medios de que Brasil viviría una crisis de abastecimiento energético, después de la nacionalización del gas anunciada por Evo, es una cortina de humo.  “Puede haber problemas inmediatos, pero nada significativos.  Lo más importante es que, más allá de esta coyuntura, es evidente que Brasil, Bolivia y Venezuela somos interdependientes”, dice Sader.

El gasoducto

El posicionamiento de los sectores conservadores brasileños tampoco tiene coherencia histórica. El comercio de gas entre los dos países tomó impulso en 1996, cuando el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) firmó el contrato de construcción del Gasoducto Brasil-Bolivia.  En esa ocasión, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) protestaron contra el proyecto denunciando su impacto ambiental (atravesaba áreas de preservación) y sus condiciones desfavorables para el país.  Cardoso firmó el contrato con el gobierno boliviano, favoreciendo sobre todo a las transnacionales que apoyaban el proyecto, empresas cuyo pasado es suficiente para levantar mínimas sospechosas sobre la honradez del proceso, como la estadounidense Enron, involucrada en fraudes contables y corrupción, y la anglo-holandesa Shell, con apoyo del Banco Mundial.  De acuerdo con el físico e ingeniero José Bautista Vidal, varios estudiosos presentaron en la época otras siete opciones de inversión energética que el gobierno rechazó.  “Brasil tiene un gran potencial de energía que puede ser obtenido a través de los derivados de la biomasa, pero no invirtió en ello.  También podríamos haber invertido en el gas nacional”, recuerda.

El profesor explica, además, que las condiciones del contrato eran absurdas.  Según él, una de las cláusulas llamada take or pay (tome o pague, traducción libre) fue extremadamente lesiva para el país, pues determinaba que Brasil pagaría por el valor de una posible demanda pico de gas.  “Si recibimos 18 millones de metros cúbicos de gas, tendríamos que pagar por 25 millones, que es el pico que fue establecido”, explica.  Para Vidal, FHC se inclinó por esta opción para el país porque tenía compromiso “con corporaciones transnacionales en la internacionalización del problema energético brasileño”.  

Sin embargo, a diferencia de lo que la prensa comercial brasileña viene divulgando, el físico cree que la nacionalización de los recursos hidrocarburos en el país vecino puede ser positiva para Brasil, pues será más fácil rever las condiciones de los contratos y establecer parámetros más justos.  “Ahora, vamos a negociar con el Estado vecino, y no más con corporaciones”, opina Bautista Vidal, que ve la nacionalización de los recursos energéticos bolivianos como la “defensa del principio de soberanía”; cree que es el momento propicio para que Brasil adopte acciones similares, revisando las privatizaciones realizadas por Cardoso.

Los intereses

El hecho es que, pasados 10 años del contrato firmado por Cardoso, la economía brasileña hoy es interdependiente del abastecimiento del gas boliviano.  Cerca de 75% del gas consumido por el parque industrial de São Paulo viene de Bolivia, del gas dependen la mayor parte de los sectores petroquímico, siderúrgico, de fertilizantes y cerámica, en los que laboran transnacionales como Rhodia y las privatizadas como la Cosipa (siderúrgica del Estado de São Paulo).  Empresas de capital extranjero que encontraron aquí en Brasil una plataforma para producir barato para el país y para otras naciones de la región.

Otro nudo que necesita ser desatado es el de la “estatal” Petrobras, en la que, pese al control del gobierno brasileño sobre las acciones con derecho a voto, el capital privado ya posee la mayor parte de los papeles de la empresa.  Un ejemplo ilustrativo: en el 2005, la empresa obtuvo una ganancia inédita de 23,7 mil millones de reales ¿Suerte para el pueblo brasileño? No tanto.  Pues de este valor, nada menos que 13,65 mil millones fueron a manos de inversionistas privados, siendo que 9,43 mil millones de reales habían sido enviados al exterior.  Otros 7,36 mil millones de reales fueron retenidos por el gobierno federal para el pago de intereses de la deuda brasileña a sus acreedores, en su mayor parte bancos privados.  Cabe recordar que fue en el gobierno de Cardoso que el país decidió vender el 40% de las acciones de Petrobras a extranjeros.  “Hoy, tenemos una situación paradójica en la que gente exige a que Petrobras rinda utilidades, pues es nuestra empresa, pero ella no es tan nuestra.  En el fondo, estamos transfiriendo riqueza al exterior", expresa Paulo Metri, de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (AEPET).  

La significativa participación accionaria de los extranjeros influye, naturalmente, en la política y la actuación de Petrobras.  No es sin ton ni son que la empresa ha sido denunciada recientemente por movimientos sociales y organizaciones populares de América Latina por sus prácticas de irrespeto a la legislación ambiental y laboral en el continente.

Reacción del capital

El poder de fuego del capital internacional, presente tanto en el parque industrial del Estado de São Paulo como en la propia Petrobras, quedó al descubierto en la primera semana que siguió a la nacionalización anunciada por Evo Morales.  A pesar de que el indígena del Movimiento al Socialismo (MAS) ya había anunciado que cumpliría la voluntad popular y pondría en práctica el deseo del pueblo boliviano expresado en el referéndum popular del 2005, la imagen que la derecha brasileña se empeñó en mostrar fue la de un presidente Lula traicionado por un cocalero radical.  No faltaron las ridiculizaciones: los analistas repetían frases como la de “que Brasil nunca fue tratado de esa forma por ningún país” y Lula era señalado como débil y flojo.  

En sintonía con los intereses estadounidenses, la derecha brasileña pretendió involucrar en el caso al presidente venezolano, Hugo Chávez, y le acusó de “conspirar contra Brasil”, al dar apoyo a la decisión del amigo Evo Morales.  Era, según ella, la prueba del “fracaso” de la política externa de Lula, centrada en la integración de América Latina.  Es decir, en la necesidad de revivir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, etc.  

La presión fue tan grande que hasta el gobierno brasileño se vio obligado a adoptar un tono más severo.  Si en los primeros días, las manifestaciones del gobierno Lula expresaban tranquilidad y apoyo a la decisión boliviana, poco más de una semana después, el canciller Celso Amorim afirmaba que Brasil se sentía “inconforme” con el posicionamiento del presidente Chávez en el episodio, aceptando las intrigas.  El presidente venezolano respondió a las críticas: “Eso es manipulación.  Bolivia es un país soberano.  Evo sabe lo que está haciendo”.  

Integración soberana

Diametralmente opuesta fue la posición de los movimientos sociales brasileños, expresada en un manifiesto titulado “Bolivia tiene derecho a la soberanía sobre sus riquezas”, que está firmado por organizaciones populares como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y el Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB, por sus siglas en portugués), redes como la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (ABONG) y la Campaña contra el ALCA.  (Ver manifiesto en: http://alainet.org/active/11343)

Los movimientos populares no vacilaron en salir en apoyo a Evo Morales y contra los ataques proferidos por la derecha brasileña.  “Su gesto (de Morales) deber ser entendido como un cumplimiento de una promesa, una acción simbólica que  busca mostrar al pueblo y al mundo que Bolivia va a recuperar el control sobre su propio destino y va a contar con su propio proyecto de desarrollo”, manifestaron las organizaciones.

Para los movimientos sociales, la decisión del presidente boliviano está en sintonía con las luchas que se llevan a cabo en el continente por la defensa de los recursos naturales.  “El decreto simboliza la concreción de una lucha histórica del pueblo boliviano y la utilización de los recursos nacionales por su propio pueblo”, afirma Fátima Melo, asesora del área de relaciones internacionales de la Federación de Órganos para Asistencia Social y Educacional (FASE), una ONG que también suscribe el manifiesto.  “Ese es el camino que debemos seguir”, recomienda.

Los petroleros brasileños también apoyaron la nacionalización y recordaron la doble dependencia de este proceso: Brasil necesita del gas de Bolivia que, a su vez, necesita de los brasileños como consumidores.  “Bolivia tiene en esos recursos naturales una alternativa de desarrollo nacional”, afirmó el sindicalista Antônio Carlos Spis.

Para el sociólogo Emir Sader, la nacionalización simboliza una victoria de todos los movimientos sociales de América Latina y evidencia un avance importante en el proceso de integración regional.  “Si Bolivia tuviese propiedades privadas en el sector de gas, no tendría condiciones para tener una participación soberana, es decir, de su pueblo en la definición de lo que pretenden con el proceso de integración energética regional”.

O, en palabras de las principales organizaciones populares brasileñas que firman el manifiesto,: “¡Qué Brasil, y los otros países de la región, comprendan el significado emancipador del gesto del gobierno Morales! Qué aprovechen la ocasión para profundizar sus lazos de integración, introduciendo con firmeza una dimensión solidaria con el MERCOSUR, creando y ampliando gradualmente la integración energética del continente, y llevando adelante con firmeza y coraje la construcción solidaria de la Comunidad Suramericana de Naciones basada en el respeto a la diversidad cultural, la cooperación y la solidaridad”.

Jorge Pereira Filho y Tatiana Merlino, son periodistas brasileños de Brasil de Fato.  Con la colaboración de Igor Ojeda.