El método del TLC consiste, como se ha visto, en un largo conciábulo de abogados y economistas de dos gobiernos que negocian en secreto, filtrando trascendidos de los que nadie está totalmente seguro, hasta que entregan sus documentos cerrados, lo firman las autoridades, y en paquete va al Congreso para su aprobación en bloque y sin posibilidad de modificaciones. Ya se vio eso el 27 de junio del 2006, en la famosa sesión interrumpida por los recién electos parlamentarios nacionalistas, en la que una mayoría de ignorantes sobre lo que estaban decidiendo, incluidos la bancada del APRA; se allanó al pedido de Toledo de apurar la votación antes del cambio de gobierno; y se va a volver a evidenciar en la convocatoria para que exactamente el mismo día, un año después, se vote el denominado Protocolo de Enmiendas (que aquí se le trata equívoca y mañosamente como “la addenda”, es decir los añadidos o complementos, que no lo son), en otra maratón de no debate.

Toda la preocupación está centrada, en estos momentos, en que el cumplimiento de la formalidad de votar no implique la posibilidad de opinar, objetar y presentar ante el país los problemas del compromiso que elaboraron los gobiernos de Bush y Toledo, y que ahora viene con algunos aparentes ajustes de factura demócrata y cero aportes de otros sectores de la política peruana. La sola reapertura del acuerdo que ya había sido cerrado en diciembre del 2005, para tratar los temas laborales y ambientales reclamados en el Congreso de Estados Unidos, le permitía al Perú colocar su propia agenda con asuntos como agricultura, subsidios y régimen de inversiones. Eso está contenido en el principio del acuerdo según el cual nada se dará por acordado, mientras todo no esté acordado que ha regido en toda la negociación y que se reactualizaba por la intervención de los demócratas norteamericanos. Pero eso hubiera tenido que tratarse en el Congreso y hubiese reactivado la participación de las organizaciones sociales.

El gobierno ha preferido hacernos creer que estamos con las manos amarradas por el voto del toledismo, el aprismo y el lourdismo de hace un año, y que no nos toca sino esperar a que haya acuerdo en Washington para después aplaudir. De esta manera el gobierno de Alan García ha funcionado con sus insistentes viajes y lobby en Estados Unidos como un abogado de la versión original del TLC, sacándole las castañas del fuego al ejecutivo de ese país frente a la acusación de que se habían afectado los intereses peruanos, y ha dado su asentimiento resignado a todas las fórmulas de transacción entre los partidos gringos. Ahora esto ya es una gran victoria del régimen peruano (¡) que debe ser consagrada con el voto del miércoles y todos contentos.

Si todo el proceso del TLC ha sido el de una constante cesión de soberanía en nombre de poder mantener el actual nivel de exportaciones a los Estados Unidos y aumentar las inversiones, la etapa final ha sido aún más vergonzosa. Un partido que se hizo elegir con críticas a un tratado que todavía no estaba aprobado, denunciando que no se había sabido negociar, y que luego votó por el documento sin moverle una coma, es actualmente el responsable de hacernos aceptar enmiendas, cabreándose de la responsabilidad de corregir las concesiones más dañinas para el país y los productores agrarios y campesinos. El intento por convencernos de “lo bueno” que puede ser para nosotros algunos de los cambios propuestos por el otro, no es, en esta lógica, sino una patética confesión de entreguismo.

Dos conclusiones se han impuesto en medio de los trajines del TLC: (a) que los gobiernos del Perú valoran un millón de ves más el acuerdo con Estados Unidos, como si se tratara de una condecoración, antes que los contenidos de la negociación, que para los gringos es lo único que interesa; (b) que la gran cantidad de actores por la parte peruana: presidente, ministros, negociadores especiales, equipo técnico, etc., constituyen una redundancia para un procedimiento que consiste en siempre decir que sí. Curiosamente sólo una persona de los que intervinieron en esta historia, ha salvado algo de dignidad en este ir y venir de presiones y capitulaciones, y este es el señor Hernando de Soto que advirtió que estábamos trabajando solamente para el 2% de la población e hipotecando derechos de muchos a favor de muy pocos. Nadie le imputará alguna antipatía por el capitalismo y el comercio al presidente del ILD, pero sus palabras eran un mensaje a los de su clase para que piensen bien lo que están haciendo. No lo quisieron escuchar.

- Raúl Wiener es analista político y económico peruano.
http://rwiener.blogspot.com/