Declarar al Ecuador libre de semillas y cultivos transgénicos fue uno de los avances más notables de nuestra nueva Constitución. Por ese texto votó más del 60% de la población ecuatoriana. Esa fue su voluntad

A pesar de ello, en algunos borradores que han circulado sobre un proyecto de ley de Soberanía Alimentaria, se propone un modelo a través del cual, se norma la única excepción que permitiría el ingreso de semillas y cultivos transgénicos en el país; esto es, casos de interés nacional, convirtiendo la excepción en la regla.

El mecanismo propuesto por el proyecto de Ley es el siguiente se crea una comisión nacional de bioseguridad; una empresa, digamos Monsanto (que controla el 90% de las semillas transgénicas en el mundo) pide ingresar al país un tipo de semillas transgénicas al país. La Comisión Nacional delega a alguna universidad o centro de investigación que haga “evaluación del riesgo”. Se establece a la evaluación de riesgo como el único requisito y única metodología para aceptar o denegar los transgénicos. Si la evaluación de riesgos es positiva, el cultivo transgénico quedaría aceptado.

Esta es la misma metodología seguida por los pocos países que han adoptado masivamente los cultivos transgénicos en el mundo, siguiendo un patrón homologado y promovido por la industria biotecnológica para facilitar los trámites de ingreso de sus semillas transgénicas.

La única diferencia es que, de acuerdo al proyecto de ley, la comisión de bioseguridad asesoraría al Presidente sobre cuándo aplicar la excepción establecida en el Art. 401 de la Constitución. Entonces, cualquier empresa puede presentar peticiones para introducir transgénicos en el país. La excepción podría aplicarse en cualquier momento si la evaluación de riesgo resulta positiva El presidente presentaría el caso ante la Asamblea Nacional, quien tendrá quince días para pronunciarse, transcurrido los cuales se aplicará el silencio administrativo positivo. El Presidente podrá pedir la reconsideración si el voto es desfavorable, para lo cual se aplicará también el silencio administrativo positivo transcurridos quince días.

Entonces, el simple hecho de que una empresa presente una petición de ingreso de semillas o cultivos transgénicos al país, puede ser considerado como “un caso de interés nacional”. Esta interpretación del Artículo 401 de la Constitución sería anti-constitucional, y burlaría la voluntad de los que votamos SI en el último referendum.

Sobre la evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos fue adaptado como metodología por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en 1983. Desde entonces ha sido criticada por distintos ámbitos de la academia y la sociedad. Uno de los problemas es que no aborda correctamente el problema de la incertidumbre, que es un elemento que está siempre presente en cualquier información científica, por lo que se presta a una serie de interpretaciones subjetivas y políticas, a pesar de presentarse como metodología neutral y “basada en la ciencia”.

Un informe reciente de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, reconoce que en Estados Unidos, no existe suficiente personal calificado para hacer de manera adecuada las evaluaciones de riesgos ni disponen de los fondos suficientes para ello. Reconocen que el conocimiento científico es cada vez más complejo, así como las decisiones basadas en evaluaciones de riesgos.

Tomando en cuenta esta complejidad, es importante señalar es imposible que en quince días los miembros de la Asamblea Nacional puedan tomar una decisión responsable y completa sobre la liberación de un organismo transgénico y sobre sus impactos en el ambiente y la salud de los ecuatorianos. Recordemos que la ecología del Ecuador es extremadamente compleja; que no hay estudios científicos en el mundo que hayan evaluado los impactos de los cultivos transgénicos en un país que es centro de origen de cultivos, que tiene una inmensa biodiversidad. Que por ser un país plurinacionalidad, se debe tener en consideración el impacto que estos cultivos pueden tener en el bienestar y las formas de vida de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y otras comunidades, como establece la Constitución.

Esta metodología ha probado no ser idónea para la toma de decisiones en materia de transgénicos. Por ejemplo su aplicación en Argentina ha hecho que al momento hayan 22 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (entre soya, maíz y algodón), los mismos que una vez que pasan la evaluación de riesgo como único requisito son des-regulados, lo que ha hecho que se registren impactos muy graves en la salud de la población, los hospitales de los pueblos fumigados con glifosato (la soya transgénica está diseñada para que tenga resistencia a este herbicida) están llenos de pacientes afectados, mujeres con abortos no deseados, y hay casos de niños muertos. Así lo revela un informe último de la Secretaría del Ambiente de ese país.

Por otro lado, la evaluación y gestión de riesgo no es suficiente para protege la soberabía alimentaria, ni el ambiente ni la biodiversidad. La evaluación de riesgo mide sólo los niveles y dosis permisibles a las que un organismo o ambiente puede estar expuesto a un determinado factor de riesgo (en este caso un organismos genéticamente modificado), y como responde bajo distintos escenarios.

Sobre el rendimiento de los transgénicos

Un informe reciente del profesor Barney Gordon de la Universidad de Kansas revela que el rendimiento de la soya con resistencia glifosato es menor que los obtenidos con soya convencional, aun bajo condiciones óptimas. La relación de rendimientos entre los dos tipos de soya es de 1 a 9. Iguales resultados se han encontrado en Argentina y en Estados Unidos, incluyendo el estudio hecho por la Universidad de Arkansas con soya transgénica y algodón, y las investigaciones de la Universidad de Wisconsin hecha en cuatro estados de Estados Unidos. Estos estudios son apoyados por los hechos por el Instituto Nacional de Botánica del Reino Unidos que encontró un rendimiento menor en colza y remolacha transgénica.

La propia empresa Monsanto reconoció que sus variedades transgénicas no están diseñadas para producir más. De hecho, la productividad de un cultivo no está determinada por un sólo gen. Hay varias características que determinan el rendimiento de un cultivo, como es el tipo de suelos, la disponibilidad de agua, los métodos de producción etc. En todo caso, los cultivos transgénicos que se comercializan al momento están manipulados sólo para ser resistentes a insectos y a herbicidas.

¿Cuál es entonces el incentivo que puede tener un agricultor para adoptar esta tecnología?. La respuesta es simple. La soya RR requiere de menos mano de obra, pues facilita el método de control de malezas. Un estudio hecho por Javier Rodríguez de la Universidad de Buenos Aires demuestra que quienes han adoptado la soya transgénica se ahorran drásticamente en el pago de mano de obra (aunque pagan más en insumos). Esto tiene una fuerte repercusión negativa en la masa salarial y el empleo. Estos son elementos que no son evidenciados en una evaluación de riesgos.

Quiénes consumen los transgénicos

A nivel mundial se han adoptado de manera masiva sólo cuatro cultivos transgénicos oleaginosos: maíz, soya, algodón y colza (o canola). Están destinados a la producción de aceite y a la alimentación animal (con excepción del algodón que se usa como fibra).

El 49% de la producción mundial de soya está destinada a piensos para pollos, el 25% para chanchos, el 3% para acuacultura. !Y un 3% para alimentos de mascotas!. Hay una tendencia mundial a incrementar el consumo de carne, sobre todo de pollo. En México se destina el 66% de la producción para la alimentación animal, y solo el 34% restante es utilizado para nutrir a 100 millones de habitantes.

Esta misma tendencia se da en el Ecuador como resultado de la carne de una campaña de promoción por parte de las empresas que controlan esta cadena productiva. Estamos apostando a un tipo de producción de alimentos altamente ineficiente, pues para producir 100 calorías de carne de pollo se necesitan 700 calorías de granos. Y estamos apostando a una tecnología que convertiría al Ecuador en un productor de alimentos de mala calidad (transgénicos y pollos), a costa de nuestra biodiversidad.

Elizabeth Bravo
Acción Ecológica