Utilizo deliberadamente el concepto de ciudadanía por dos razones básicas. La primera es que ha sido el menos manoseado en esta crisis en la que se ha cooptado o tergiversado hasta la saciedad el significado de pueblo, sociedad civil, democracia, libertad, patria…(recuperarlos será una tarea posterior). La segunda razón es que para mí el concepto de ciudadanía no sólo es la asunción plena de derechos y deberes, sino que lleva implícita dos características fundamentales: el sentido de pertenencia a una comunidad y la preocupación por su destino. Y ambas vienen al caso ahora que se inician en San José de Costa Rica las negociaciones entre el Presidente Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti, con la mediación o arbitraje de Oscar Arias Sánchez.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre, así como el golpe de Estado es golpe de Estado y no sucesión, estas negociaciones son negociaciones y no simplemente planificaciones. Este era un escenario previsible, así como de previsible es que dé cómo resultado cambios para no cambiar, como el adelanto de las elecciones de noviembre, o que sea complejo y prolongado. La restauración legítima de Zelaya Rosales en Casa Presidencial supone la salida de Micheletti, así como la permanencia de Micheletti como gobernante de facto supuso la salida de Zelaya Rosales. Es imposible el uno con el otro simultáneamente. O es uno o es otro. Pero, como en otras circunstancias de la vida, siempre hay salidas alternativas que se negocian conforme la correlación de fuerzas entre los bandos; fuerzas nacionales e internacionales.

El temor es que esas “alternativas” sean para salvar la formalidad de la institucionalidad, pero no para encarar el fondo de la crisis. Honduras no es escenario de una sola crisis, sino de una crisis múltiple. En estos días aciagos lo que confirmamos es el agotamiento y desplome de la transición iniciada en 1982 y que no sólo resultó inconclusa, sino que se desnaturalizó. No es cierto eso de que “todos” los hondureños y hondureñas somos “responsables” de lo ocurrido (eso es tan falso como el cálculo del ingreso per cápita que pone bajo al mismo indicador las ganancias de los grandes empresarios y los pírricos ingresos de un campesino). Alguna cuota tendremos todos cuando no hemos hecho lo suficiente para cambiar el rumbo del país, pero la mayor responsabilidad la tiene esa clase política y empresarial que en lugar de respetar la Constitución y las leyes y construir un Estado democrático de Derecho y derechos, terminó creando un Estado patrimonial y clientelista; capaz no sólo de ofrecer impunidad, sino de tutelar la pérdida de al menos 800 mil millones de lempiras en corrupción pública entre 1982 y el 2008. Cabe preguntarse, ¿dónde fue a parar esa suma?, ¿qué poderes fácticos creó y consolidó?, ¿Qué repercusiones legales, políticas, económicas y culturales tuvo? ¿Qué inversión social pudo hacerse con esos recursos? La influencia de esa fortuna mal habida explica que en cada gobierno las prioridades nacionales dieron forma a una agenda que reflejaba más los intereses personales y de grupos que del conjunto de la sociedad, de tal manera que la democracia representativa, la que defienden a capa y espada la mayoría de los diputados, consolidó una elite política que se volvió empresarial y se lucró de sus influencias y conexiones con el Estado.

El robo de la CONADI de los años 70 es un juego de niños si se lo compara con el latrocinio de los años siguientes. Ese dinero no sólo aumentó las cuentas bancarias, destrozó la ética pública y personal, sino que volvió más poderosos a sus beneficiarios; poderosos dentro de la ley y poderosos al margen de la ley. La corrupción y no la legalidad ha sido la base de la gobernabilidad del bipartidismo en Honduras. Un bipartidismo que no debe reducirse a su mínima expresión: los partidos Liberal y Nacional. El bipartidismo es un modelo de hegemonía y usufructo del Estado y la sociedad hondureña que incluye representaciones políticas, empresariales, sociales y culturales. Se puede ser o representar intereses bipartidistas sin militar en el Liberal o el Nacional o, incluso, aparentar estar en la oposición. Por eso, al mismo tiempo que alienta, preocupa la negociación que ha comenzado en San José.

Alienta porque no hay duda que debe encontrarse una salida a las circunstancias agravadas y desatadas por el golpe, pero preocupa en tanto sean soluciones bipartidistas, sesgadas y evasivas frente a los grandes desafíos nacionales, con el agravante de un mediador conservador que podrá tener buena voluntad, pero escaso conocimiento de la realidad nacional. ¿Cuáles son las expectativas que generan estas negociaciones? Lo que muchos esperan como saldo es el retorno a la “paz”, la “normalidad”, la “tranquilidad” y que represente el inicio de la “reconciliación nacional”. Otros, en la misma dirección aunque de diferente punto de partida, esperan que logre el “el retorno a la legalidad de antes del 28 de junio”, pero ¿de qué hablan? ¿A cuál paz, normalidad, tranquilidad, reconciliación nacional o legalidad se refieren?

¿Paz? Con una violencia que deja más de 4000 asesinatos por año; ¿Normalidad? Con ocho de cada diez familias sobreviviendo en la pobreza. ¿Tranquilidad? Con la destrucción sistemática de la clase media; ¿Reconciliación Nacional? Con menos de 3% de la población concentrando 50% de la riqueza nacional; o ¿legitimidad? Con la ausencia casi total de seguridad jurídica y verdaderas garantías individuales.

Tampoco es viable retornar a la situación previa al 28 de junio, incluida la “cuarta urna”, a la que con tanta pasión se opusieron los llamados “poderes fácticos” y que con tanta pasión respaldaron sus defensores. En el escenario hondureño el golpe pudo ser previsible y evitable, pero no se trabajó en esa dirección. El propio Zelaya Rosales admitió ante la Junta de Comandantes la noche del 24 de junio que su proyecto había sido derrotado institucionalmente y que lo suspendería. Ese fue uno de los puntos que no leyó, aunque estaba escrito en el comunicado, cuando despidió al general Romeo Vásquez y aceptó la renuncia del Ministro de Defensa, abogado Edmundo Orellana Mercado. Pero a esas alturas estaba claro que del lado del gobierno no había más propuesta que la “cuarta urna”.

La crisis de fondo, la que se acumula desde 1982, requería del Presidente Zelaya Rosales una visión y un consenso básico para intentar los tres desafíos claves postergados de la transición: la reforma institucional y electoral democrática, que rompiera el monopolio de la clase política tradicional; la modernización económica y fiscal con sentido de equidad, tomando en cuenta al mercado, la ciudadanía organizada y la globalización internacional; y la consolidación de prácticas y mecanismos de participación democrática que fueran más allá de lo electoral. Hoy el sistema se proclama democrático y se da palmadas en la espalda congratulándose por haber aceptado la candidatura presidencial de Carlos H. Reyes, la candidatura a diputado de un político de Islas de la Bahía , la candidatura de Doris Gutiérrez a la Alcaldía de Tegucigalpa y unas cuantas candidaturas independientes más en pequeñas municipalidades. Eso es todo; pocas y bajo reglas electorales y políticas desiguales, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cacarea como si en lugar de un huevo, hubiese puesto un asteroide (parafraseando una cita de Mark Twain).

¿Volver a la situación previa al 28? ¿Esa es ahora la propuesta? ¿De nuevo la única en este momento histórico para el país? ¿Es para eso que murió el joven Obed Murillo Mencía? ¿A eso se limita todo el esfuerzo y la esperanza que representa la movilización popular que todos los días marcha? Hay quienes, en defensa de sus propias posturas, sostienen que todas las injusticias e inequidades serían resueltas con la nueva Constitución de la República que prometía la Asamblea Nacional Constituyente; sin haber cambiado nada previamente del país, sin que a la presunta “recuperación política” del poder le correspondiera una recuperación social y económica. En Ecuador, que es un ejemplo citado constantemente como modelo, la Constituyente y la nueva Constitución no fueron el inicio de la lucha ciudadana; sino una de las consecuencias de su fortaleza y capacidad de acción. Aquí se pretendió hacer lo contrario; tomar la vía más fácil, la pavimentada, la financiada, que ofreció el ala del Partido Liberal encabezada por Mel Zelaya.

En San José de Costa Rica no sólo están ausentes quienes puedan representar la diversidad de la sociedad hondureña sino que están ausentes propuestas para poner a este país en la dirección correcta. Aquí ya no vale la pena comparar la “conversión” de Mel con la de Monseñor Romero; equiparar su sombrero y mostacho con los de Pancho Villa o asociar su discurso en la Fuerza Aérea con el de Salvador Allende en La Moneda , y esperar un milagro; las transformaciones no caen del cielo

Hasta ahora había sido fácil evadir un debate de la realidad nacional. La sociedad, de uno y otro lado, fue orientada a polarizaciones que no necesitaban mayores argumentos: “¡O estás con Mel o contra Mel¡ o ¡Estás con la “cuarta urna” o contra la “cuarta urna”¡ o ¡De qué lado estás, de este o del otro¡ No hubo derecho a preguntar, cuestionar o a dudar por la compra y venta que se percibía (“¿por qué tan purista, compañero?”, era la respuesta). Ante el asombro de un maniqueísmo sospechoso, una doctora me lo dejó claro: “así están planteadas las cosas…” en blanco y negro. Hoy tenemos un golpe de Estado de ultraderecha que tiene muchos responsables, no sólo sus protagonistas directos. ¿Cómo es posible que no se hubiese previsto y el daño que causaría? Este golpe va más allá de los hechos inmediatos y contra Mel Zelaya o Chávez. De prosperar no sólo es contra el presente, sino contra el futuro de Honduras. Es un nuevo tipo de “guerra fría”, la que atenta contra la ampliación de derechos y libertades democráticas en casi todos los campos de la vida. Es la defensa a ultranza de un siglo XX, desigual e inseguro, justo cuando el mundo nos demanda entrar al siglo XXI.

En esa perspectiva, lo que demandamos es que en San José no se negocie sobre el poder y la impunidad, sino que fuera un punto de partida para retomar el reto histórico de democratizar verdaderamente a Honduras, de transformarla en una nación segura, tanto para la inversión como para la vida. Lista para aprovechar ese bono demográfico que representa su juventud mayoritaria, y el privilegio de los recursos naturales de que dispone. Ojala fuera así, pero hasta ahora los políticos convertidos en gobierno no han tomado en cuenta las preocupaciones fundamentales de la población: violencia, alto costo de la vida, desempleo, corrupción, educación, salud, mala justicia y falta de esperanza en un futuro mejor. Con la crisis del Golpe de Estado se refleja precisamente la ausencia de una visión compartida, de lineamientos y proyectos comunes en la sociedad hondureña. Ese es el vacío que debemos llenar y la negociación para lograrlo no debe ocurrir en el extranjero, sino en el interior de nuestro país. El pueblo ha demostrado una capacidad de resistencia extraordinaria, pero le faltan las propuestas verdaderas que lo orienten y movilicen. Y lo peor es que esas propuestas existen, se ha venido trabajando en ellas por años y aparecen por todo el país, pero pocos han tenido el compromiso verdadero, el tesón, la disciplina y la energía de acompañarlas. ¿Se imaginan esas miles y miles de personas que han estado recorriendo las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos marchando a diario para combatir la corrupción, el cese de la impunidad y demandar una transformación real de nuestro país? Sería otra Honduras, no la víctima que es ahora.

Reitero: esa otra Honduras no vendrá de una negociación entre políticos y para políticos, ni de una mediación internacional. Tampoco se hará sin ellos, pero debe ser un esfuerzo fundamentalmente nacional y de quienes, sin importar su nacionalidad, quieran a este país y le deseen un futuro mejor. No hay mucho tiempo para lograrlo. Socialmente, las perspectivas a corto y mediano plazo pueden volverse insostenibles. Además de las políticas, son malas las noticias por venir: incremento de los precios de los productos alimentarios, aumento de las tarifas de los servicios públicos, presiones para la devaluación, inseguridad social y jurídica, baja inversión privada y pública, mayor desempleo y subempleo, migraciones forzadas, violencia desde el Estado, divisionismo entre la propia ciudadanía organizada, amenazas ambientales y mayores privaciones para la mayoría, pero, con todo y todo, la coyuntura por el cambio sigue abierta porque no nació con la Presidencia de Mel Zelaya, ni será detenida por Micheletti. Hay que tomar la palabra a quienes impulsan las negociaciones de San José: “convocamos a todas las partes a evitar actos de violencia y a buscar una solución constitucional, pacífica y duradera a las serias divisiones de Honduras…”.

- Manuel Torres Calderón es periodista de “El Inventario”