Anunciada como una huelga, por la inconformidad respecto a un par de medidas contempladas en la Ley Orgánica del Servicio Público, la insubordinación del cuerpo policial acantonado en el Regimiento Quito No. 1 que tuvo lugar el 30 de septiembre poco a poco se fue desdoblando en una sincronización de acciones con connotaciones desestabilizadoras que dio pie a la hipótesis de golpe de Estado.

 

En pocas horas se había configurado un panorama complejo: el presidente Rafael Correa retenido en una instalación policial, la Asamblea Nacional apoderada por la guardia de policías encargados de su seguridad, la acción de fuerza de este mismo contingente que se extiende a otras ciudades, el cierre del aeropuerto de la Capital por parte de estamentos de la Fuerza Aérea y otros hechos más orientados a presentar una situación de “ingobernabilidad” como causal para pedir la demisión de Correa. De hecho, no faltaron actores políticos que en el parlamento se anticiparon a presentar demandas en tal sentido.

 

Aunque con demora, el pronunciamiento del Comando Conjunto de las FF.AA. en respaldo al ordenamiento democrático y, por tanto, al régimen establecido, resultó ser un factor clave para frenar el curso de la asonada. La cuestión es que, una vez más, el cuerpo castrense se convierte en decidor político.

 

Con un acontecimiento en desarrollo, siempre es difícil llegar a una caracterización precisa. Ello no obsta para señalar las constantes que se cruzan y que en este caso todo indica que se trata de precipitaciones. En primer lugar, porque desde que Correa llega al gobierno se viene armando un movimiento conspirativo en su contra (con apoyos internacionales, por cierto) y que por la intensidad que adquiere la coyuntura termina por salirse de las manos con la precipitación de hechos que, a la postre, han significado un salto al vacío.

 

No menos precipitada resultó ser la decisión de Correa de ir al foco del conflicto. Que el resultado final dé que salió relativamente ileso (cuestión que el régimen está buscando capitalizar políticamente), no oculta que realmente no se midieron las consecuencias. Por lo mismo, es punto de ataque de la oposición para achacarle responsabilidades en el curso que cobró la insurrección.

 

En el balance, un punto a destacar es que la asonada desveló la fragilidad del régimen y del proceso político que alienta. Fue evidente la demora en reaccionar de manera articulada por parte del gobierno y de su movimiento político. Aspecto que fue suplido por la movilización espontánea de partidarios de Correa y de sectores populares organizados que paulatinamente fue ganando presencia y fuerza. Con la particularidad de que una buena parte de estos últimos lo hizo reconociendo que estaba en peligro el proceso democrático y las conquistas alcanzadas, pero sin dejar a la vez de señalar sus cuestionamientos al gobierno.

 

Cabe anotar que las relaciones del gobierno Correa con los movimientos sociales se han venido tornando cada vez más complejas. En buena parte porque la opción por una lógica tecnocrática deja al factor participación ciudadana en el plano de la retórica, y en otras por diferencias realmente conceptuales de proyecto (tal el tema extractivista respecto a organizaciones indígenas). Pero hay un hecho circunstancial que se ha encargado de complicar las cosas: por disposición de la nueva Constitución, la Asamblea Nacional está obligada a aprobar un conjunto de leyes consideradas clave. De hecho el tiempo estipulado ya se agotó, por lo que el organismo adoptó una extensión que ha significado que se arremolinen las leyes a ser aprobadas. Cada una de ellas tiene reparos de sectores específicos, más allá de que sean justos o no, el hecho es que al coincidir en el tiempo se han mutuamente reforzado en sus acciones de protestas. Tan es así que la primera semana de octubre se anunciaba tensa porque esos diversos malestares iban a coincidir en una movilización conjunta. La precipitación de los hechos del 30 de septiembre parece haber cambiado los tiempos y escenarios.

 

En este punto, el régimen se encuentra ante un parte-aguas: la rearticulación de alianzas estratégicas con los movimientos populares para profundizar el proceso de cambios o el acomodo con los factores de poder para que no se den más olas desestabilizadoras.

 

Quito, 04/10/10. Especial para Brasil de Fato.