El pasado 14 de febrero, el diario El Economista recogía unas declaraciones de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, en las que se reafirmaba en la intención del gobierno español de formalizar, ampliar y apoyar la entrada del sector privado en la política de cooperación internacional para el desarrollo. “Queremos redoblar los esfuerzos para vincular al sector privado en la lucha contra la pobreza”, afirmaba la Secretaria de Estado.

Estas declaraciones fueron recogidas por El Economista paradójicamente en un artículo [1] donde se critica la intención del gobierno español de volver a poner sobre la mesa del G-20 la necesidad de aplicar un impuesto a las transacciones financieras internacionales (la conocida como “tasa Tobin”) que ayude a combatir las desigualdades en el mundo. Ligar una cosa con la otra, la entrada del sector privado en las políticas de cooperación con la necesidad de regular las transacciones financieras internacionales, aunque no fuese la intención del artículo -que de hecho tiene otras intenciones-, sin embargo, sí abre un camino para reflexionar sobre los significados y los diferentes impactos que puede tener esta “nueva” entrada del sector privado en las políticas oficiales de cooperación para el desarrollo.

Cabe preguntarse, en primer lugar, si nos hallamos ante una novedad. En primer lugar, las políticas oficiales de cooperación española responden y tratan contribuir a una Agenda Internacional de Cooperación, que tiene como “meta” primordial alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), objetivos con los que gran parte de los movimientos sociales, plataformas y así como algunos especialistas [2] que estudian los impactos de las políticas de desarrollo -desde diferentes ópticas y disciplinas- son muy críticos debido precisamente a que ni ontológicamente ni en su estrategia de consecución ponen en duda el desajuste que produce el actual sistema comercial y financiero internacional. Los ODM no proponen regulaciones internacionales del comercio, vinculantes y transformadoras (en consonancia con las legislaciones internacionales sobre Derechos Humanos) del actual sistema económico que, en gran medida contribuye y es causa fundamental de la pobreza, sino que se enmarcan y propugnan cierto status quo de la ley del mercado [3]. En las sucesivas cumbres y consensos (como los alcanzados en Monterrey o París [4]) que desarrollan el octavo ODM (el objetivo que trata de buscar cierta corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones en el desarrollo [5]), en lo que sí se ha trabajado es en la idea de que el sector privado debe ser un agente fundamental en las políticas de desarrollo.

Respondiendo a esta tendencia internacional, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lleva años trabajando en formalizar la presencia del sector privado en sus políticas. Por un lado, y respondiendo a las demandas de la sociedad civil y a las disposiciones de la Ley de Gestión de la Deuda Externa de 2006, el pasado año el gobierno español afrontó la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Con esta reforma se trataba de resolver un problema fundamental de la ayuda española: separar la ayuda al desarrollo de los objetivos comerciales españoles en el exterior. Para ello se aprobaron dos leyes: la del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y la de la Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la empresa española (con la que se crea el Fondo de Internacionalización de la Empresa -FIEM-) y se mantiene la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Aunque estas dos leyes parecen querer separar el comercio exterior del desarrollo, el FONPRODE contempla medidas para incluir al sector privado en las políticas de desarrollo. Sin embargo la Ley de apoyo a la promoción de la empresa española no llega a nutrirse de los principios de desarrollo humano y crecimiento sostenible que rigen a la cooperación española. Además, el III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012) reconoce la importancia del sector privado, y la AECID destina un 5% de su presupuesto a las llamadas Alianzas Público-Privadas. ¿Qué interés tiene la AECID en la participación de la empresa privada en sus políticas? Éste es un punto poco estudiado o analizado, probablemente ni siquiera desde dentro de la propia Agencia. Claramente existe una brecha de financiación en la ayuda (España ha recortado 800 millones de euros en los dos últimos años a la Ayuda Oficial al Desarrollo), y el sector privado podría significar un apoyo económico en tiempos de recorte. A su vez, incluso desde las instituciones públicas, existe una creencia generalizada de que la gestión privada es más eficiente que la pública. Y por último, que el sector privado es un agente primordial del desarrollo es una idea que se repite constantemente en los foros internacionales. El cómo, el para qué, a qué precio, con qué impacto, es lo que no se ha estudiado en profundidad.

¿Y qué interés tiene el sector privado en colaborar con el desarrollo? Hasta ahora los análisis de los impactos que han tenido las empresas privadas, y en especial las transnacionales, en el desarrollo y en la defensa de los derechos humanos demuestran que su contribución es más bien negativa. Cuando el sector privado ha “querido cooperar” ha sido, en la inmensa mayoría de sus intervenciones, con un único objetivo: el beneficio de sus corporaciones. Las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa, como el Pacto Global, que responde a las demandas sociales de invertir esa tendencia negativa, aunque contienen en su argumentario un gran potencial transformador para las empresas, muchas veces han significado más un lavado de cara, una estrategia comercial, que un cambio real en sus políticas. La expansión internacional de estas empresas, a pesar de los impactos, mayoritariamente negativos, que ha tenido en el desarrollo de los países más empobrecidos, ha sido avalada por las instituciones financieras internacionales (BM, FMI...), por las políticas estatales de los países desarrollados (incluyendo sus políticas de desarrollo), por la deficiente regulación internacional de sus movimientos, y abrazadas por muchos Estados del Sur debilitados especialmente tras los planes de ajuste estructural propugnados en el Consenso de Washington.

Es comprensible entonces el que desde los movimientos sociales y desde el análisis de algunos académicos, se observe con recelo la propuesta de formalizar la entrada del sector privado en las políticas de desarrollo. ¿Vamos a apoyar de nuevo los objetivos comerciales de las empresas españolas que han vulnerado derechos humanos con el dinero que debería estar destinado a una ayuda desligada, sin contraprestaciones? ¿Vamos a aceptar la financiación de las políticas de desarrollo con dinero que proviene de empresas que vulneran los principios que defienden estas políticas? ¿Hay alguna parte del sector privado que pueda contribuir de igual a igual al desarrollo del sector privado en otros países? ¿Se podrían aprovechar experiencias de buena gestión privada, ya sean del Sur o del Norte, en las políticas de desarrollo? ¿Repercutirá, aún más, su entrada formal en la privatización de los servicios básicos en los países del Sur... y en los del Norte? ¿Es un deber de la empresa privada contribuir, intercambiar información, conocimientos, recursos y beneficios que han adquirido en gran medida aprovechándose de un sistema internacional en el que han jugado con ventaja? ¿Existen los instrumentos suficientes para evaluar la coherencia entre las políticas del FIEM, del FONPRODE y de los CESCE? ¿Podría contribuir la empresa privada al desarrollo sostenible desde las políticas del FIEM? ¿Debería ser impuesto obligado, una tasa a pagar en compensación por sus negligencias, la participación del sector privado en las políticas de desarrollo? ¿Se puede trabajar en el desarrollo sin contar con el sector privado? ¿Se podría crear un marco regulatorio, en consonancia con las políticas de desarrollo, de obligado cumplimiento para las transnacionales españolas? ¿Serviría para algo en el actual panorama internacional? ¿Es ésta de nuevo una estrategia de apoyo del Estado español a sus intereses comerciales en el exterior? ¿Se puede conjugar el beneficio con el respeto a los Derechos Humanos?

Que el sector privado “quiere” participar en las políticas de desarrollo es algo cuya respuesta ya conocemos. Ahora, la reflexión que debería plantearse desde los movimientos sociales y desde el sector público debería ser en torno a si el sector privado debe (más allá de si quiere o no) participar en las políticas de cooperación, y para qué, cómo, con qué fines, con qué impactos, desde qué institución y con qué regulación.

- Silvia M. Pérez - Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

NOTAS:
[1] El Economista, 14 de febrero de 2011.
[2] Véanse, por ejemplo, los análisis que propone de William Easterly sobre el impacto de las políticas de desarrollo; las posiciones de las Plataformas sociales Quién debe a quién y 2015 y más, que aglutinan a un número notable de agentes sociales, o las resoluciones de las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
[3] Véanse los resultados de la meta 8: “Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio” en la web de la ONU.
[4] Las declaraciones de Monterrey y París.
[5] ODM 8 “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”