Panamá y otros 50 países negocian en secreto un tratado que acabaría con lo poco que queda de democracia y del libre mercado a escala global. Funcionarios norteamericanos y europeos asesoran a sus contrapartes. Todo indica que es una operación que se mueve al margen de la ley de los países involucrados. En la actualidad, el Congreso de EEUU legisla para crear un marco jurídico para la nueva instancia. En el caso de Panamá y la mayoría de los países que forman parte de las negociaciones no hay información que se esté legislando.

Wikileaks está filtrando, a través de una red periodística mundial que está a su disposición, el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer una alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA). El acuerdo de intercambio de servicios no sólo se está negociando en el más absoluto secreto, también pretende seguir oculto durante cinco años adicionales después de entrar en vigencia.

El nivel de encubrimiento del TiSA –que abarca las telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios financieros, así como seguros y transportes – es superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos. Wikileaks divulgó documentos secretos donde se descubre que se está construyendo un complejo de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales sobre el mercado global.

Si el tratado no se da a conocer durante años, los gobiernos que lo ejecutan no tendrían que rendir cuentas. Según fuentes bien informadas, la intención fraudulenta de estas negociaciones clandestinas es obvia por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados. Por el momento, los gobiernos latinoamericanos implicados en la negociación secreta del TiSA incluyen Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú. Los textos de la negociación secreta del TiSA que divulga Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles de los servicios financieros. Fueron precisamente los derivados o los CDS (credit default swaps) – auténticas apuestas sobre posibles quiebras – los que generaron la burbuja bursátil que al estallar en 2007-2008 acabó con el sistema financiero capitalista hasta entonces conocido. El colapso obligó a Washington a inyectar millones de millones de dólares de fondos públicos en los bancos más grandes para evitar su bancarrota.

Wikileacks tuvo acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende. Es revelador el listado de los gobiernos latinoamericanos que participan en el TiSA, todos ellos fieles aliadas de EEUU. A su vez, se excluyen los países del ALBA, así como Brasil, Argentina y otras potencias en que Washington no confía.

Lo más increíble de la propuesta de TiSA es que le exigirá transparencia total a los países que no forman parte del Tratado secreto. Los países que no están en el círculo íntimo, deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones tengan tiempo para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

El TiSA tomará en cuenta todas las exigencias de la industria financiera de Wall Street de Nueva York y la City en Londres, así como los intereses de las grandes corporaciones globales, para las que el tratado no es un secreto sino producto de su propia creación. Según la profesora de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, "el mayor peligro es que el TiSA impedirá que los gobiernos puedan fortalecer las reglas para controlar el sector financiero".

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero capitalista a escala global, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a fortalecer y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis. Además, les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios. Incluso, los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos e impedirá que adopten medidas para evitar otras crisis creadas por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de cuáles son los verdaderos motivos que arrastran a sus países a la ruina.

17 de junio de 2015

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) 

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