La violación de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Pueblos y de la Naturaleza se ha vuelto inherente a las operaciones de las empresas transnacionales y solo se equipara con su creciente poder económico y político. Tales violaciones corporativas han adquirido, además, un carácter sistemático y de certidumbre de impunidad, que se evidencian en ámbitos cada vez más numerosos de nuestras vidas, a medida que avanzan la desposesión y el acaparamiento de los bienes comunes. Para hacer frente a todo ello, desde hace décadas, la resistencia popular se vuelve cada vez más globalizada y coordinada, articulando contrapoderes frente a las empresas más poderosas del planeta. Paralelamente al inicio de las negociaciones en las Naciones Unidas sobre un Tratado que obligue a las transnacionales a respetar los Derechos Humanos, se lanza la publicación “Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A.”[1]. 

El 26 de junio de 2014 se podía casi palpar una inusual emoción en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). Los ojos de decenas de integrantes de organizaciones de la sociedad civil de todos los continentes estaban clavados en las pantallas donde se proyectarían los resultados de una votación del Consejo de Derechos Humanos (CDH). Cuarenta años después de que Salvador Allende denunciara ante la ONU el creciente poder de las empresas transnacionales y su peligro para la soberanía de los pueblos[2], una votación histórica determinaba la apertura del proceso de negociación de un Tratado sin precedentes en el Derecho Internacional para obligar a las transnacionales a respetar los Derechos Humanos

Un año después, la primera reunión de negociación tiene lugar del 6 al 10 de julio de 2015, momento en el cual la sociedad civil organizada vuelve a confluir en Ginebra en el marco de una “Movilización Popular por un Tratado de las Naciones Unidas sobre las transnacionales”[3]. La presión para obstaculizar el proceso del Tratado ya se hace sentir, por parte de los gobiernos más poderosos, que buscarán bloquear su evolución. Llama la atención que los representantes gubernamentales de las democracias supuestamente más avanzadas se opongan tan rotundamente a un mecanismo que permita fortalecer el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Los Estados Unidos y la Unión Europea defienden los intereses privados frente a los derechos de las personas en evidencia de una profunda captura corporativa. No obstante, la presión popular también se hace sentir, más terca que nunca.

La importancia de tal Tratado no es desdeñable, en un contexto en que la violación de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Pueblos y de la Naturaleza se ha vuelto inherente a las operaciones de las empresas transnacionales y que solo se equipara con su creciente poder económico y político. Tales violaciones corporativas han adquirido, además, un carácter sistemático y de certidumbre de impunidad, que se evidencian en ámbitos cada vez más numerosos de nuestras vidas, a medida que avanzan la desposesión y el acaparamiento de los bienes comunes.

Entre las razones sistémicas que favorecen este proceso, es fundamental señalar la asimetría que caracteriza las relaciones entre las empresas transnacionales, los Estados y los pueblos y que constituye un rasgo innegable del proceso de globalización capitalista. Se refleja directamente en el contraste que prevalece entre las normas vinculantes que protegen los intereses de los inversionistas, y un derecho blando que reduce a carácter voluntario el respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas transnacionales. Tal contraste conforma una auténtica “Arquitectura de la Impunidad”.[4] Con la complicidad de los Estados interesados en garantizar la “atracción de inversiones”, las empresas transnacionales se han ido cubriendo de una sólida coraza –que incluye acuerdos de libre comercio y de protección de las inversiones, con sus correspondientes mecanismos sancionadores.

Para hacer frente a todo ello, desde hace décadas, la resistencia popular se ha vuelto cada vez más globalizada y coordinada, articulando contrapoderes frente a las empresas más poderosas del planeta. En el sentido de contrarrestar la “Arquitectura de la Impunidad” y la captura de lo público por parte de las transnacionales, la Campaña Global pavimenta actualmente el camino hacia el Tratado Internacional de los Pueblos, como un instrumento político que permita sentar las bases de una visión alternativa de la ley y de la justicia, desde los Pueblos.

Entre las herramientas de las que disponen las organizaciones que denuncian la impunidad de las transnacionales, destacamos el lanzamiento en Ginebra de la publicación Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A. Contrapoder y luchas por la justicia. La publicación incluye una reflexión actualizada sobre la dramática explotación petrolera en el Delta del Níger (Nigeria). Una sola empresa, Shell, ha explotado la mitad del petróleo nigeriano, y ha obtenido millonarios beneficios sin asumir la responsabilidad por un gran número de vertidos de crudo y la quema de gas.  Otro caso incluido en la publicación se refiere a los impactos socioambientales generados por otro gigante del petróleo, Chevron, sobre más de 400.000 hectáreas de Amazonía ecuatoriana. El sector de la minería también se encuentra presente en Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A. Por ejemplo, se analiza el caso de Pacific Rim – Oceana Gold en El Salvador y se destaca la resistencia de la población local para evitar y prevenir los daños socioambientales por parte de la transnacional. La anglo-suiza Glencore también está presente en la publicación, concretamente en lo que atañe a los conflictos abiertos en el Perú. Un tercer sector evaluado en la publicación radica en el de la “Watergy”, ámbito en el cual coinciden empresas de multiservicios activas en las industrias de los servicios de agua, aguas residuales y energía. Se examina el caso de Iberdrola, y se destaca cómo la empresa española, si bien intenta presentarse como abanderada una campeona de las energías renovables, aún sustenta gran parte de sus beneficios en las energías fósiles y en proyectos que generan conflictos socioambientales importantes, como las eólicas en México y Grecia o la energía nuclear en el Estado español. La francesa Suez también es uno de los casos considerados, y en particular su papel en la privatización del agua en el Sur Global. Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A., también avanza en la complejidad de la convivencia y coordinación entre diferentes intereses transnacionales desde sectores como la construcción, la energía, la minería y el agronegocio, en un artículo sobre las megarepresas amazónicas. La mirada aquí rebasa la simple generación eléctrica y se concentra sobre su papel en el proceso histórico de acumulación por desposesión de las comunidades locales. Y finalmente, se ubica un artículo que explora la venta de compensaciones por pérdida de biodiversidad, un nuevo nicho de mercado –y de impunidad– de las transnacionales.

“Lento pero viene…” decía del futuro el inolvidable poeta uruguayo Mario Benedetti. Detrás de cada artículo de Soberanía de los Pueblos versus Impunidad S.A. se palpa ese futuro. Si bien aún queda mucho camino por recorrer, comienza a resquebrajarse el inmenso muro de la impunidad transnacional, donde las resistencias populares, cada vez más enlazadas, labran pacientemente brechas. Ante el creciente acaparamiento corporativo de los territorios, de los recursos naturales y de los bienes comunes en general, el contrapoder popular está en pleno proceso de construcción. De forma persistente, dinámica y creativa a la vez, no solamente cobra protagonismo en espacios como el Tribunal Permanente de los Pueblos[5]. Además, es el laboratorio de alternativas reales y prácticas, que ya están en marcha. “Lento, pero viene…”.

Ginebra, 7 de julio de 2015

- Mónica Vargas (ODG), Diana Aguiar(TNI), Brid Brennan (TNI).