La destitución de la procuradora Julia Príncipe y la posterior renuncia de Gustavo Adrianzén como Ministro de Justicia, para evitar una inminente censura parlamentaria, dejan en claro la voluntad del Poder Ejecutivo para defender a la primera dama Nadine Heredia “a como dé lugar” de las crecientes acusaciones en su contra.

Sin embargo, por las características del momento, no se trata de un hecho más en la multitud de escándalos de corrupción que sacude la política nacional, sino de uno que deja muy claro que lo que le interesa al gobierno de Ollanta Humala no es un mínimo de estabilidad de cara a las próximas elecciones sino el blindaje de su esposa para poder gozar en el futuro las ventajas y privilegios obtenidos en estos años. Por esta razón, en la que el interés particular del mandatario y su señora, aparece claramente por encima del interés general del país, es que podríamos estar entrando a un momento de descomposición del gobierno nueve meses antes de que termine, con el prejuicio que esto podría tener para el régimen democrático en su conjunto.

Llama poderosamente la atención que otros actores políticos como Keiko Fujimori y Alan García vean esta situación como una manera expeditiva de terminar de librarse de un rival político más que por sus efectos en la democracia. Keiko Fujimori ha llegado a la desfachatez de pedir que se “destituya” a Nadine Heredia de un cargo que, ahora, formalmente ya no existe, cuando ella como “primera dama” no tuvo un comportamiento muy decoroso en el mismo ya que reemplazó a su propia madre, sin protestar por los maltratos a los que Susana Higuchi fue sometida por Alberto Fujimori. Alan García por su parte se continúa esforzando, con toda su maquinaria legal, por no ser investigado mientras celebra las investigaciones a los demás.

Todo esto está a tono con que el día martes se volviera a dejar sin quórum a la Comisión de Constitución y con ello se impida que se aprueben las reformas electorales mínimas propuestas sobre el control de los fondos partidarios y la democracia interna de los partidos políticos. En este curso todo hace ver que se impondrán la impunidad y la desidia y tendremos un proceso electoral gravemente limitado para que aparezcan alternativas que planteen una reforma política de fondo, que traiga un aire nuevo a la democracia y permita que no se siga identificando a la política como una actividad delictiva más por buena parte de la ciudadanía.

Nuevamente la única esperanza parece ser la movilización de la población contra una clase política indolente, no solo para la reposición de la doctora Julia Príncipe, símbolo anti-corrupción del momento, sino para que se den al menos pasos significativos en la reforma política que permitan elecciones libres y justas el próximo abril de 2016. Debemos estar atentos también para ver, de cara a la corrupción y los políticos corruptos, cuáles de los candidatos se atreven a poner la reforma política por delante en sus propuestas electorales.

Es una lástima que cuando varios de los mitos de estos años se desvanecen, como es el caso del “milagro económico peruano” no haya disposición para atajar la precariedad democrática y establecer mejores condiciones para que el pueblo peruano, soberanamente, escoja el camino que desea recorrer. Esta voluntad de bloqueo político es muy peligrosa porque alimenta innecesariamente una olla de presión que puede tener consecuencias inmanejables en el futuro.

Editorial Nº 96

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