Lo que sucede por estos días en Brasil nos resulta en Venezuela fácil de interpretar. Más allá de las múltiples aristas usadas por la derecha brasilera para justificar la persecución contra la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula Da Silva, las intenciones son las mismas de la derecha venezolana: sacar de la dirigencia política a quienes se han acercado a modelos de gobierno con acciones de justicia social. La disputa del poder en el momento económico mundial que resulta más apropiado para la recomposición de los viejos modelos políticos.

Aunque son diferentes los contextos entre ambos países, el punto de coincidencia recae en que la no representación de los intereses de la burguesía basta para que esta inicie una cruzada, cada vez más agresiva, contra los actuales Gobiernos.

Medios de comunicación privados y empresarios, acusan a Dilma de haber abusado del poder económico público durante su última candidatura a la presidencia, apelando a la “probidad de la administración”, esto, sumado al programa de tercerización presentado en el 2015 por el empresariado ante un Congreso conservador, para vulnerar a los sectores populares trabajadores, hizo más compleja la situación interna. En el mes de marzo del 2016, fueron directamente contra Lula Da Silva, aludiendo a una investigación por corrupción en Petrobras. Fue llevado de manera arbitraria y coercitiva a rendir declaraciones. ¿Las razones? Entre ellas, deslegitimar al Gobierno de Dilma al sacar de juego, bajo acusaciones de corrupción, a un fuerte aliado político. Por otra parte, el posible encarcelamiento de Lula justificaría dejarlo fuera del escenario electoral para los comicios del 2018. Para la Confederación Nacional de Trabajadores, estas acciones buscan desmantelar la imagen y las conquistas de Brasil con Lula. “Después de los intentos de Golpe contra la presidenta Dilma Rousseff y los sucesivos ataques a Petrobras (que son solo maniobras para saquear y entregar en bandeja un patrimonio nacional a los intereses del capital extranjero), el objetivo ahora es el expresidente. El motivo es simple: el hecho de que él continúa siendo el principal lider del país y el nombre de los trabajadores y mayor prueba para las elecciones del 2018.”

La crisis económica mundial, que afecta a Venezuela tras la vertiginosa caída del precio del petróleo, también perjudicó a la economía brasilera. Desempleo, aumento de precios y sueldos poco ajustados a la realidad inmediata, no son patrimonio de estos dos países en la región, pero sirven de argumentos por la oposición para exigir la renuncia de ambos Gobiernos.

El 16 de marzo, tras el anuncio de que Lula asumiría como ministro de la Casa Civil, se realizó una escucha telefónica –autorizada por el juez de primera instancia Sergio Moro- entre Dilma y Lula, en la que la presidenta lo exhortaba a que usara el acta de nombramiento en caso de ser necesario. Esto desencadenó una movilización de la oposición contra Dilma, la decisión del juez federal de primera instancia de suspender la toma del cargo de ministro y la instalación en la Cámara de diputados de una Comisión parlamentaria –controlada por la derecha- para evaluar el pedido de impeachment contra la presidenta Dilma.

Estas escuchas telefónicas el mismo día, la movilización y las exigencias de salida de Dilma del Gobierno responden a muchos intereses. Al respecto de estos últimos acontecimientos, Joaquín Piñero, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) relató que Sergio Moro, responsable de la investigación del caso Petrobras, tiene como referencia en su trabajo la llamada “Operaciones Manos Limpias” de Italia, las prerrogativas que el Estado puede dar a ladrones de alto perfil, políticos corruptos y matones, y otras lacras de naturaleza parecida, para que delaten a otros peores y salgan casi ilesos por “cooperar”. “Moro empezó a arrestar a los directores de Petrobras y de las empresas contratistas como Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez, entre otras, y ofreció disminución de las penas si ellos decían quién estaba involucrado en el caso: delación premiada. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que esas declaraciones en juicio (pero solo las partes de las declaraciones que citaban políticos del PT) que debían permanecer reservadas, salieron al público por la Red Globo y las revistas semanales que hacen oposición al Gobierno, lo que es ilegal. Empezó la alianza entre Moro y Globo y otros medios de la derecha. Una campaña diaria de desestabilización al Gobierno de Dilma, y que el capítulo más reciente fue el nombramiento de Lula como ministro y la divulgación de la conversación entre Dilma y Lula, hecha por la Policía Federal a cargo del mismo juez Moro”.

Como recordar en vivir, es importante resaltar que fue en los mandatos Lula y Dilma donde se tomó la iniciativa de ampliar la independencia del Ministerio Público y de la Policía Federal para las investigaciones de casos de corrupción por agentes del Estado. Y que las investigaciones sobre Petrobras surgieron en estos Gobiernos. “Se descubrió lo que todos ya sabíamos, que las empresas que ganaban los contratos eran las mismas que financiaban con sus “cajas chicas” las campañas de los políticos de todos los partidos, quienes definían los directores para facilitar estos contratos”.

Aunque los medios privados presentan la escucha entre Dilma y Lula como un procedimiento legal, la realidad es que hay un proceso en el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) investigando las acciones de Moro. Marco Aurelio Melo, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), ha dicho públicamente que Moro no está cumpliendo con la ley en este caso.

Dilma aseguró que Lula seguirá siendo investigado por la Fiscalía y la policía, sin embargo, será la Corte Suprema la que se encargará del caso a partir de los próximos días. Para Piñero, Lula como ministro tiene foro privilegiado y por tanto no puede ser juzgado por Moro, y la Corte Suprema, que sí sería la responsable de la investigación, es la instancia con más credibilidad y tiene que ser rigurosamente leal a la Constitución Federal sin pasiones políticas. Lo que no se percibe en el juez Moro.

“Los Movimientos estamos a favor de que se investiguen a los imputados, sin excepción, y que los culpables sean sancionados con los rigores de la ley. Pero estamos en contra de que agentes de la justicia utilicen su poder para la persecución política. No podemos aceptar que los medios de comunicación, que tienen una concesión pública, sean el cuarto poder. Vamos luchar con todas las fuerzas para impedir que estos sectores golpistas avancen. No aceptaremos el Golpe. Dilma fue electa democráticamente por la mayoría de los y las brasileñas y debe gobernar hasta el fin de su mandato”.

Nada está definido por ahora. La estrategia de la derecha ya no es el desgaste del Gobierno de Dilma a partir de acusaciones, sino la exigencia del impeachment (juicio político a altos cargos públicos), un proceso que hasta ahora no ha sido aplicado plenamente en Brasil y que significa realizar la caracterización de un crimen, la admisión del pedido de juicio, la realización del juicio y la sentencia. Puede desencadenar en la toma de poder por parte del vicepresidente o del presidente de la Cámara, de forma interina, y el llamado a elecciones en noventa días.

El movimiento popular brasilero llama a movilizar al pueblo en las calles, convencer a los sectores que todavía permanecen al margen de esta situación, y a confrontar desde el Gobierno a los sectores antidemocráticos internos.

“La coyuntura está muy dinámica y debemos estar atentos de todos los movimientos golpistas. Hicimos una gran movilización el último viernes 18, y estamos programando otra gran actividad para el próximo 31 de marzo (movilización en todo el país bajo la consigna “Golpe nunca más”). Sin embargo, si hubiera necesidad, estamos listos para la batalla callejera en cualquier momento”.

Texto: Katherine Castrillo / Contacto: @ktikok

Foto: http://sinprominas.org.br

Joaquín Piñero / Contacto: @joaquinpinerof

21 marzo, 2016

http://laculturanuestra.com/brasil-no-aceptaremos-golpe-contra-dilma/