El juicio del caso Curuguaty se encuentra en su etapa final. El próximo 14 de junio, víspera del cuarto aniversario de la masacre, se iniciarán los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa.

Considerado uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Paraguay, el desalojo de la ocupación de las tierras de Marina Kue (Distrito de Curuguaty, departamento del Canindeyú, en el noreste del Paraguay) el 15 de junio de 2012 resultó en la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías) y fue detonante del tragicómico simulacro de juicio político que derrocó al presidente Fernando Lugo una semana después.

El conflicto por las tierras de Marina Kue[1] evidencia la cuestión del despojo de las tierras en Paraguay, país con la peor distribución de tierras a nivel mundial donde el 2% de la población posee el 87% de las tierras. Con el trasfondo histórico de la Guerra Guazú (1870), el problema de las tierras “malhabidas” responde actualmente a la acumulación de capital enmarcada en el agronegocio, particularmente en la expansión de los monocultivos de soja. Familiares de las victimas denuncian la expansión de sojales en la parcela en donde se produjo el enfrentamiento entre agentes de las fuerzas policiales y los campesinos ocupantes. Martina Paredes, de la Comisión de Familiares de Víctimas de Curuguaty, explica que en la misma localidad donde ocurrió la masacre se "están arrendando aproximadamente 1.800 hectáreas a otras compañías que se dedican a la producción de soja transgénica” y que "no respetan ni la tierra donde murieron 17 personas"[2].

En el ámbito nacional, la creación de un ambiente de terror y violencia tuvo el objetivo de frenar a las organizaciones sociales y al Frente Guazú, imposibilitando cualquier proceso gestado desde estas bases para elegir un sucesor de Lugo con mayor base parlamentaria, capaz de respaldar movilizaciones populares y programas sociales más amplios y efectivos. No obstante, el juicio político express tuvo como rol fundamental la modificación del tablero geopolítico regional que, puesto en marcha en el eslabón más débil de la cadena, vislumbraba crear en Paraguay una fuente de contención de los gobiernos progresistas de la región y fortalecer el boicot contra la UNASUR.  No puede ser visto como mera coincidencia el hecho de que la Embajadora de Estados Unidos en Paraguay en el momento previo a la destitución de Lugo, Liliana Ayalde, actualmente esté ejerciendo sus funciones en Brasil[3].

La versión de los hechos que a lo largo de estos años sostuvieron las instituciones estatales y la prensa conservadora es la de que las fuerzas públicas fueron emboscadas por campesinos en una estrategia previamente articulada de atacar a la policía que llegaba al local con una actitud negociadora y que, por lo tanto, la muerte de los campesinos es resultado de la legítima defensa por parte de la policía. Los reos que están a días de conocer su destino definido a manos de la [in]justicia paraguaya, son los campesinos Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Adalberto Castro Benítez, Néstor Castro Benítez, Juan Carlos Tillería, Lucía Agüero, Fanny Olmedo, Dolores López, Alcides Ramón Ramírez, Felipe Benítez Balmori y Arnaldo Quintana. Son acusados por la muerte de los policías, mientras que ningún miembro de las fuerzas policiales ha sido investigado por la muerte de los campesinos. Diversas organizaciones sociales y expertos han denunciado durante estos años los vicios y errores estructurales de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, debido a: el hecho de que los mismos organismos involucrados en el incidente fueron los que llevaron a cabo la investigación; que no fueron investigadas todas las hipótesis posibles; que hubo violación del derecho de defensa de los campesinos; que se contaminó la escena del crimen y se introdujeron pruebas pre constituidas[4].

La libertad de los campesinos es indispensable para el esclarecimiento de lo que realmente ocurrió en Marina Kue a partir de una investigación imparcial y efectiva. Su condena marcará la total complicidad del Estado paraguayo con un “plan sistemático de ejecuciones” articulado entre “terratenientes e intereses corporativos ligados a los agronegocios que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad”[5]. Cuatro años después, podemos vislumbrar el “éxito” que tuvo en la región el proceso golpista en Paraguay, cuyo catalizador fue la Masacre de Marina Kue. Los resultados del juicio de la próxima semana son piezas importantes que marcarán el proceso de la lucha por la tierra y por la democracia en Paraguay y América Latina. Hay que estar atentos.

Marina Kue, Pueblo Mba'e!
#AbsoluciónYA.

-Tamara Lajtman Bereicoa, Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe (IEALC/UBA)