Crisis en todos los ámbitos de la vida colectiva

El detonante principal de la crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa, ha sido el colapso de los precios del petróleo de los últimos tres años. Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de $24,25.[1] El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.

            Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por barril.

            Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la moneda insostenible, lo  que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción en el país.[2]  

                        En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriendose incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a hacer aguas.

            El PIB tuvo un descenso de 3,9%  en el año 2014, y de 5.7% en el 2015.[3] Para el año 2016, la CEPAL pronostica una caída del 7%.[4] Hay un importante y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se duplicó entre los años 2008 y 2013[5]. Si bien como porcentaje del PIB todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas dificulta su pago.[6] Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las de finales del año 2012^.[7] El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad.

            A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%.[8] Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del año anterior.

            Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la población. De la situación en la que la FAO hizo un “Reconocimiento de progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre” basado en datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7% de personas desnutridas,[9] se ha pasado a una situación de crecientes dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un tema de conversación cotidiano. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa se redujo a menos de la mitad.[10] Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida que anteriormente.[11]

            En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente.

            El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que requiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario, armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas.

            En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de distribución de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda crisis existente en la producción nacional.

            La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas (el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más, por la corrupción.

            Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas diarias.[12] Para ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país solo trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionalmente a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de repuestos, hasta los más comunes como baterías y cauchos.

            Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la población, conduciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha dejado de publicar, o solo publica con mucho atraso, la mayor parte de las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de encuestadoras privadas.[13] En el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario,[14] en términos de ingreso y de la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se caracteriza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la población como pobres extremos.[15] Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

            La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades sociales. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favorecidos por la escasez/inflación.

            En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un sostenido deterioro.

            Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una política de ajuste que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población venezolana. De acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus compromisos de deuda.[16] Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares[17], lo que representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro ha informado que “...el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales...”[18] Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.

            Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde organizaciones políticas y académicas, así como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana,[19] que exige la realización de una investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones.[20] Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.

            Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía  una renegociación de las condiciones de pago de la deuda,  partiendo de que es prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.

            Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los necesitan.

Una nueva economía: las múltiples caras del denominado “bachaqueo”

            En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos.

            Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y reventa en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados bachaqueros.

            Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los empleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se paralizaría. De acuerdo a una de las principales encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra los productos total o parcialmente a través de los llamados “bachaqueros”.[21] El hecho de que este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no solo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en una modalidad de sobrevivencia.

            Lo que si puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante años por los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base en las cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en a relación sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de autonomía,  hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto.

            Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente permanente de violencia.

            Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de más larga duración para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la conciencia colectiva.

La coyuntura

            El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva coyuntura política en el país. En las elecciones presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por Chávez, Nicolás Maduro, gana a Henrique Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia de solo 1.49% de los votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su última elección, había ganado con una diferencia de 10.76%.

            En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno.[22] Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea.[23]

            La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se va resquebrajando, la oposición gana en muchos centros electorales que hasta ese momento habían votado contundentemente por el gobierno.

            De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23 gobernaciones), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional.

            Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado, en los hechos, la correlación de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que la declare inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que, en los asuntos de mayor transcendencia,  el gobierno, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido gobernando por decretos presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica[24] mediante el cual el Presidente se auto otorga poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de seguridad pública. En consecuencia, durante los primeros seis meses de su gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como un espacio de debate político y de catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para tomar decisiones efectivas sobre el rumbo del país.

            El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas especiales, comisiones presidenciales, nuevos “motores de la economía” reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo ministerios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la defensiva, sin rumbo, cuyo principal objetivo parece ser la preservación del poder. Para ello se reafirma en un discurso incoherente que carece de sintonía con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando a “la Revolución” y al enfrentamiento al imperialismo, al intervencionismo externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la “guerra económica” como las causas de todos los males que afectan al país. Se acentúa la utilización arbitraria de su control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tomar medidas destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio.[25] Por esta vía se va, paso a paso, socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, el deterioro económico y social del país se profundiza.

            Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado respaldo político y financiero a la oposición venezolana, incluso apoyando el golpe de Estado del año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de Obama renovó la decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".[26] En mayo del mismo año, "por décimo año consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó [...] que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos".[27] En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, CELAC), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en presencia de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza por un debilitamiento tanto de los movimientos sociales como de los gobiernos progresistas en toda América del Sur. Son en este sentido significativas las implicaciones de los bruscos virajes a la derecha que vienen operándose en Argentina y Brasil y los consecuentes debilitamientos de los mecanismos de integración continental en cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez había jugado un papel protagónico. Un expresión de estos cambios son los sistemáticos ataques de Luis Almagro, Secretario General de la OEA,  contra el gobierno venezolano, presionando a los países miembros de la organización a que se le aplique al país la Carta Democrática, y las resistencias que ha enfrentado Venezuela para asumir, como le corresponde, la Presidencia pro-tempore de MERCOSUR.

Descontento generalizado, protestas, saqueos, represión e inseguridad

            Confirmando el estado de ánimo que se percibe diariamente en cualquier aglomeración de gente, como en las colas de compra de alimentos y el transporte público, todas las encuestas de opinión destacan el profundo descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 84,1% de la población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4% considera como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68% de los encuestados opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto posible y haya elecciones presidenciales.[28] De acuerdo a la encuestadora Hercon, 81,4% de los encuestados consideran que “es necesario cambiar de gobierno este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela”.[29] Según Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora en general favorable al gobierno, en el mes de febrero el 58% de la población estaba de acuerdo con una salida constitucional del presidente Maduro.[30] De acuerdo a un informe del Proyecto Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, el 74% de la población ve la situación del país como “mala” o “muy mala”, y más de la mitad cree que los principales responsables de los problemas son el Gobierno y el Presidente.[31] De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 72% de los encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya su mandato antes del 2019.[32]

            En la mayor parte de las encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la oposición y a la Asamblea Nacional ha tenido una tendencia al descenso como resultado de la frustración frente a las expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las elecciones parlamentarias. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo un 50,58% de los encuestados confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de la mitad confía en los diputados de la oposición y en los partidos de oposición.[33]

            Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la población en su vida cotidiana, especialmente los obstáculos o incluso la imposibilidad de obtención de alimentos y medicinas, la carencia de agua, el racionamiento eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de comercialización de alimentos, y de camiones que transportan estos bienes. Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden estar organizados como una forma de enfrentamiento político al gobierno[34]. No hay duda de que en el país operan paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se trata en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la situación de febrero del año 1989, en que el Caracazo consistió en una explosión popular generalizada y prácticamente simultánea a escala nacional, en las actuales condiciones, mucho más graves que las del 1989, se está produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan grupos armados que actúan con violencia.

            Esto se suma a la inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada por la población venezolana como el principal problema del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezuela no solo tiene la tasa de homicidios más elevada de América del Sur, sino que es el único país de esa región cuya tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente desde el año 1995.[35] Algunos de los denominados “colectivos” de origen chavista han devenido en mafias armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni los asesinatos ni la corrupción son investigados, y menos aún castigados, ha conducido a una profunda y generalizada desconfianza en la policía, el sistema judicial, y la justicia. Se han hecho más frecuentes los casos en que grupos de personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la vía de linchamientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado actual de la sociedad venezolana. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia, dos terceras partes de la población justifica los linchamientos cuando se ha cometido un "crimen horrible", o cuando el criminal "no tiene remedio". Sin embargo, de acuerdo a este observatorio, “en la mayoría de los linchamientos observados recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles”; más bien se trata de inexpertos ladrones.” En un barrio popular apareció una pancarta con el siguiente texto: Vecinos organizados. Ratero si te agarramos no vas a ir a la comisaría. ¡Te vamos a linchar!”[36] Son tan grotescas estas imágenes que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por las redes sociales.

            El gobierno, ante esta descomposición generalizada, ante una sociedad que ya no puede controlar, en vista de que su discurso se hace cada menos eficaz, responde crecientemente con represión. Con frecuencia las movilizaciones callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos de muertes por balas policiales. A pesar de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido en la Constitución,[37] el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante una resolución sobre las "Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones" decidió que ante una situación de "riesgo mortal", el funcionario o funcionaria militar "aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra potencialmente mortal."[38]

            En ausencia de una política pública de seguridad integral y consistente en materia de seguridad, frente el desborde de la violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una respuesta, en julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, la Operación para la Defensa y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la de realizar agresivos allanamientos en barrios populares. Estos operativos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por acentuar las desigualdades al reprimir solo las actividades ilícitas en los sectores populares y por el uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la creación de este dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la muerte de numerosos “hampones” y “delincuentes”. El número de “abatidos” es presentado por los funcionarios como medida del éxito de los operativos.  Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la opinión pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte.[39] 

El referendo revocatorio

     La Constitución Venezolana contempla la posibilidad de la realización de referendos revocatorios de cada uno de los cargos de elección popular una vez pasada la mitad de su período de gestión. Este instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los electores de la gestión de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el chavismo como uno de los importantes avances democráticos de la Constitución de 1999, como una de las principales expresiones de la democracia participativa^.[40] Se establecen para ello un conjunto de requisitos. En el caso del Presidente o Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el cuarto año de la gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar  su mandato, éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días. Si el referendo se realiza cuando quedan menos de dos años del período presidencial, y la mayoría vota por la revocatoria del mandato, el Presidente queda destituido y es remplazado por el Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente). Es por ello que el gobierno, a sabiendas de que perdería el referendo revocatorio, a través de su pleno control sobre el CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más posible la realización del referendo.[41] Las diversas movilizaciones de la oposición con el fin de presionar al CNE para que de los pasos necesarios en función de la realización del referendo revocatorio son impedidas o reprimidas. Altos funcionarios gubernamentales han anunciado que se despediría a los empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los empresarios que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado.[42] Estudiantes han denunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por la realización del referendo. La oposición presentó aproximadamente diez veces más firmas que las requeridas para iniciar el proceso. De estas se anularon centenares de millares de firmas, muchas por errores de forma. Se han ido  imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y se han alargado  sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en las normas vigentes.

     El CNE durante años fue una institución que contó con un alto grado de legitimidad. El carácter totalmente automatizado de los procesos electorales y sus mecanismos de auditoría hacían que fuese extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores. Las observaciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples procesos electorales realizados durante el gobierno bolivariano, una y otra vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos resultados eran altamente confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor sistema electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la defensa de la legitimidad del gobierno ante los ataques del gobierno de los Estados Unidos y la derecha internacional. Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo la confianza de los electores.[43] En la medida en que con sus decisiones el CNE está impidiendo la realización del referendo revocatorio en el año 2016, y va transparentando su papel actual de ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había logrado con mucho esfuerzo. Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir de ese momento pasaría a ser un gobierno de facto. Esto es particularmente grave en las actuales condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de tensión acumulada en el país. Si se bloquea la posibilidad de que la población venezolana pueda decidir en forma democrática y constitucional sobre el futuro político inmediato del país, se corre el riesgo de que se pase de la actual situación de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una violencia generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de la población.

     Mientras más se postergue una transición, que parece inevitable dados los amplios niveles de rechazo que tiene el gobierno, mayor será el deterioro del chavismo popular y el imaginario de otro mundo posible. El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experimentado como una derrota de las expectativas de transformación social en la población venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el fracaso de la gestión gubernamental.

Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero

     La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de inflexión fundamental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que, como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo.

     Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿de que le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?

     En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de salir del gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo extractivista minero.

     El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco",[44] abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, "quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán".[45] Se desconoce cuáles son estas empresas y el contenido de estos acuerdos.

     La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como "democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural", y en carencia total de los estudios de impacto ambiental exigidos por el orden jurídico vigente.

     Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares.[46]

     No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares que controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.

     Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.

     En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación abierto para la entrada de buques petroleros,  la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.

     Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se consume en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.

     En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de "empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de "mecanismos de financiamiento preferenciales", y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.

     Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona del Arco Minero están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

     Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares". Se entiende por "interés general", la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo tanto sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas" en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como "particulares" los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto "particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

     ¿Qué implicaciones tiene esto para quien, sin duda, sería el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a "sus normativas" entendidos igualmente como "intereses particulares" que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el "interés general" de la explotación minera en sus territorios ancestrales?

     Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[47] Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético "interés general" en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

     De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras.

     En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

     La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el "Recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]”, introducido ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas.[48]

     La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro democrático, no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.

Caracas, julio 2016

Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburgo en Quito.