Después del Tratado Torrijos–Cárter Panamá no ha jugado ningún papel de primera línea en las relaciones internacionales. El Tratado en cuestión materializó la demanda generacional de poner fin al enclave colonial que encuentra su antecedente inmediato en los acontecimientos del 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964. Esto se logró en la etapa militar que culminó con la invasión norteamericana el 20 de diciembre de 1989.

Los gobiernos post invasión no muestran mayor brío en las relaciones internacionales. A lo sumo hemos ampliado el Canal de Panamá y seremos la sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. Estos gobiernos se han caracterizado por mediar en el mejor de los casos, por ejemplo: invitar mediante la presión de los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba (ALBA) a Cuba a la VII Cumbre de las Américas celebrada del 9 al 11 de abril de 2015 en Panamá, en donde se dio el encuentro después de medio siglo, entre un mandatario cubano y norteamericano. Lo que se privilegió en las relaciones internacionales fueron las de índole comercial, descuidando el flanco geopolítico. 

Desde el año pasado Panamá vuelve a los tabloides y no precisamente para ponderarlo, en ésta ocasión por escándalos de corrupción a nivel internacional: Los papeles de Panamá y la inserción de empresarios panameños en la Lista Clinton, son algunos, lo que afectó la imagen del país. Lo primero nos obliga revisar nuestra estructura financiera, y lo segundo analizar la vulnerabilidad de los grupos de poder económico ante la política exterior norteamericana.

En ambos casos los embates vienen desde Estados Unidos. La noticia que se tituló internacionalmente Los papeles de Panamá se dio a conocer por el diario alemán Süddeutsche Zeitung por Obermaier, F. & Obermayer, B pero alcanzó un impacto internacional por el International Consortium of Investigative Journalist con sede en Washington, y diversos socios en todo el mundo. Por otra parte, la Lista Clinton es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y figura, entre otros, el dueño de Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, lo cual limitó las operaciones de este último antiquísimo diario, a la sazón el más antiguo del país. En ambos casos el Gobierno panameño se mantiene distante.

Nuestra soberanía quedó en entredicho. El tema de la soberanía que fue neurálgico en el siglo pasado, encontrando en los acontecimientos de enero de 1964 su máxima expresión, vuelve nuevamente a ser una preocupación en la opinión pública. El caso más simbólico por su valor histórico es el de La Estrella de Panamá, en donde el actual Gobierno y el Órgano Legislativo se limitaron a pedir licencias de operaciones para que el periódico pueda imprimirse. La posición de la junta directiva de este diario es que se le saque de la lista y no operar indefinidamente bajo la precaria figura de licencia de operaciones, lo que es a todas luces es una nueva afrenta al país.

A raíz de estos problemas surge, reiteramos, el tema de si realmente somos un país soberano o una banana republic. A estas alturas no hay ninguna negociación de alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y Panamá para poner las cuentas claras y que caiga quien tiene que caer; muy por el contrario, estamos en una incertidumbre donde solo nos queda esperar el garrote o la zanahoria, como por ejemplo: esperar el último día para dar la licencia hasta el 13 de julio del presente año.

En la experiencia con el Gobierno norteamericano, en particular cuando se rompieron las relaciones diplomáticas el 10 de enero de 1964 por la afrenta zonians de no permitir colocar la bandera nacional en instituciones de la Zona del Canal, desencadenó una reivindicación de mayor envergadura. A Estados Unidos no le conviene estratégicamente romper los canales oficiales y que el malestar se manifieste en las calles como el 9 de enero de 1964 que obligó al gobierno de Roberto F. Chiari a tomar esa decisión al día siguiente, como muestra la siguiente misiva del Ministro de Relaciones Exteriores Galileo Solis:

 “En nombre del Gobierno y el Pueblo de Panamá presento a Vuestra Excelencia formal protesta por los actos de despiadada agresión llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América acantonadas en la Zona del Canal, con la integridad territorial de la República y su población civil indefensa durante la noche del día de ayer y la mañana de hoy […] Finalmente, cumplo con informar a Vuestra Excelencia, que debido a los sucesos antes mencionados, el Gobierno de Panamá considera rotas las relaciones diplomáticas con su Ilustrísimo Gobierno.”[1]

El acontecimiento de enero de 1964 abrió la posibilidad de negociar posteriormente una reivindicación de mayor envergadura: poner fin al enclave colonial. Sin duda la situación actual nos invita a pensar nuestra soberanía en un contexto diferente al del siglo pasado.  

Abdiel Rodríguez Reyes

Universidad de Panamá