Desde que el hombre dio sus primeros pasos sobre la Tierra, buscó sentirse seguro. Siendo   el más indefenso de los animales, su sobrevida dependía del abrigo, el calor y la comida que otros le daban. Había nacido débil y se hacía más humano en el contacto con otros animales humanos que lo protegían, lo alimentaban y lo vestían.

Las tribus enfrentaban continuas amenazas de extinción, por catástrofes naturales o por hambrunas. Pero la amenaza más destructiva provenía del primordial dilema de seguridad, el ataque de otros que temían ser atacados. Aunque la guerra anticipatoria es el más avanzado recurso de la posmodernidad, la guerra preventiva es tan antigua como las estrellas. Todos atacaban previniendo ataques, escaseaba la comida pero la seguridad ya estaba allí presente. Antes que la seguridad de las personas, fue la seguridad de la comunidad primitiva. Afuera todo era incierto, adentro todo pretendía ser seguro.

Varios siglos después todos nos sentimos inseguros, afuera y sobre todo adentro: los Estados, las sociedades y los individuos. Ya no es la guerra de todos contra todos, que tanto preocupó a Hobbes, pero no es aún la convivencia pacífica de todos con todos. Cuando el orden parece desmoronarse el caos es aún más difícil de descifrar.

La idea de Estados homogéneos, contenedores de una sociedad nacional constructora de consensos e históricamente pura, está fracasando ante nuestros ojos. No todos somos iguales ante la ley y la ley no es la misma para todos. Nuevamente el problema es el Estado y el retorno de la eterna pregunta de la política ¿por qué obedecemos?

Cuando la ley del Estado pierde el carácter normalizador e invisible con que fuera originalmente concebida busca recuperar autoridad acentuando su carácter coactivo, penal y criminal. Maquiavelo explica el surgimiento del Estado como la epopeya de un príncipe vencedor tras haber obtenido una victoria duradera al fin de la guerra civil originaria, donde la distinción entre lo justo y lo injusto era borrosa e interesada. El Estado entra ahora nuevamente en guerra, como un actor criminal más. Sin ley, todo y nada es delito.

Max Weber definió al Estado como “la comunidad humana que en un territorio determinado reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia”. Afloran en la definición cuatro elementos constitutivos del Estado moderno: monopólico, territorial, coactivo y estable. Pueden mencionarse otros aspectos, como la comunidad humana o la legitimidad, de menor importancia para nuestro análisis, porque la comunidad humana hace referencia a la nación y constituye un ingrediente débil de la definición mientras la legitimidad no es un elemento esencial del Estado, el cual puede existir sin ser legítimo, como los Estados totalitarios o autoritarios.

El concepto de monopólico se refiere al monopolio de la violencia, cuyo objetivo es constituir un poder político único sobre un territorio determinado, sólo un centro de poder hacia adentro, ningún otro poder desde afuera. Este monopolio constructor de soberanía justifica la existencia de la seguridad interior y de la defensa exterior.

Territorial significa que este monopolio soberano de la violencia y del poder se ejerce en un territorio determinado, concreto y específico, demarcado por fronteras que separan el interior del exterior y tabican la sociedad nacional. Dentro de esa frontera se establece un territorio social liso, que no admite diferencias (un centro armado de poder, una moneda, una religión, un idioma, una historia nacional, una educación). Al exterior de esa frontera se alzan los otros Estados, siempre peligrosos, frente a los cuales la guerra es un recurso frecuente y fundante.

La mención del carácter coactivo del Estado indica que la violencia es el mecanismo de constitución del territorio que permite la nivelación al interior y la independencia al exterior, la victoria duradera tras una guerra civil originaria. Esa victoria fue en un doble escenario: contra potencias extranjeras primero y contra sublevaciones interiores después. Las independencias latinoamericanas frente a los imperios europeos fueron sucedidas por guerras civiles contra poderes interiores. El carácter coactivo obtenido por el vencedor constituye al Estado y trae paz, mediante la distinción entre lo justo y lo injusto, imposible de dilucidar en la etapa de guerra de todos contra todos.

El término estable se refiere al concepto originario de “stato”, el estatus medieval que se vinculaba con el poder del monarca (status regis) o con la situación del reino (status regni), consideraciones que luego pasan a concebirse como una concentración de poder separada y objetivada institucionalmente, lo que hoy conocemos como Estado.

La geopolítica de la seguridad afirma que estos cuatro elementos constitutivos del Estado también son característicos de las distintas formas de delito, desde el más organizado hasta el más “común”.

Las “plazas” de narcotráfico o de narcomenudeo no se comparten. A veces, como sucede en el narcotráfico mexicano, se establecen acuerdos entre los grandes carteles. Esos acuerdos suelen referirse a la asunción de compromisos de no intromisión y reparto de zonas de influencia, una especie de política exterior y delimitación de fronteras. En Argentina el acuerdo es con las fuerzas policiales, para “gerenciar” la seguridad y estandarizar los indicadores, manejando la “cifra negra” dentro de un equilibrio de consensos inestables con la delincuencia y el gobierno. En el caso de los delitos “comunes” el territorio está definido por el recorrido total del proceso criminal, desde el arrebato callejero hasta la venta comercial, pasando por la protección policial y el pago de cuotas-parte. La geopolítica de la seguridad no se detiene en el hecho, rastrea el territorio. Es sabido que no hay crimen organizado sin Estado; en realidad no hay ningún tipo de delito sin Estado.

El control territorial es un requisito indispensable de toda conducta delictiva. La venta de drogas se desarrolla con un estricto control territorial, generalmente en acuerdo con las fuerzas policiales. En la producción de cocaína en “cocinas” el control es aún más estricto, con altas dosis de violencia en los ámbitos locales y barriales. Los delitos callejeros, el arrebato o el robo de celulares y bicicletas también tienen un cierto control territorial, más diluido en el territorio del hecho, más cerrado en el territorio institucional. Si los circuitos de corrupción institucional son relativamente conocidos en el crimen organizado, son apenas visibles en el delito común. Los delitos del crimen organizado como el juego clandestino, la piratería del asfalto, la prostitución, el robo de autos o el trabajo esclavo, tienen un control territorial acentuado, pero de un carácter menos físico que el narcotráfico.

La violencia, manifiesta o no, es un recurso siempre presente en todos los mercados del narcotráfico vinculados con droga, aunque menos presente en los mercados de narcotráfico vinculados con dinero o precursores químicos. Este carácter coactivo es un elemento definitorio del narcotráfico porque sin ese monopolio cuasi legítimo de la violencia en un territorio determinado puede haber comercio de drogas, pero no hay narcotráfico. En los delitos comunes, en cambio, la violencia es manifiesta, directa, física, interpersonal, pero desorganizada.

Aunque parezca lo contrario, el delito prefiere entornos estables y no violentos en los cuales establece áreas de estandarización del crimen en acuerdo con las fuerzas policiales buscando escenarios de menor violencia estatal y mejor desempeño económico. Cuando la violencia estatal se descarga en forma de “guerra”, la amenaza sobre la sobrevivencia de las organizaciones obliga a la politización y complejidad, algo no deseado pero cuyo desafío es menester superar para sobrevivir. Pequeñas organizaciones que apenas podían establecer algunas elementales reglas de juego interno, se convierten en organizaciones complejas capaces de acordar con el poder político y repartir áreas territoriales de control monopólico.

Esta estabilidad estatal del delito (mayor en el narcotráfico, menor en organizaciones más débiles) se expresa en rangos generalmente amplios de invisibilidad. Cuanto más se proclama la “evidencia” del narcotráfico como tráfico de drogas y menos como controlador territorial, mejor se oculta, se mimetiza con el ambiente, pasa inadvertido y extiende el horizonte de tiempo.

Estas cuatro características compartidas entre Estado y delito dan cuenta del acercamiento entre ambos procesos y actores, pero sobre todo definen al Estado y el territorio como los procesos y actores centrales de las problemáticas de seguridad: como actores centrales porque la violencia, el monopolio y la estabilidad se refieren y se realizan sobre un territorio determinado, lo que da carácter estatal a la problemática. Como procesos centrales porque ambos son causa y resultado de las problemáticas de seguridad. El Estado produce inseguridad mediante un proceso de etiquetamiento criminal históricamente construido de los territorios, que reproducen y “nacionalizan” esa inseguridad, haciéndola propia en culturas a-legales de resolución violenta de conflictos. En respuesta, el Estado elabora políticas de seguridad que re-criminalizan los territorios y producen reacciones de aumento organizado de las demandas ciudadanas, sean de mano dura o contra el gatillo fácil.

La mayor o menor medida en que las problemáticas de seguridad reproduzcan dialécticamente las características de territorialidad (y en su interior las de violencia, monopolio y estabilidad) se manifestará en indicadores sobre el mayor o menor grado de estatalidad de cada problemática específica. Las políticas públicas en geopolítica de la seguridad se dirigen al mejoramiento de la estatalidad de dichos indicadores, buscando incidir sobre la reducción de la estatalidad del delito mediante el aumento de la estatalidad del Estado.

La visión de la geopolítica de la seguridad supera el enfoque insuficiente de la criminología crítica y de la gestión técnica en seguridad. Si la problemática de seguridad es política, por estar vinculada íntimamente a la evolución del Estado y a los indicadores de estatalidad, la centralidad se aleja del binomio delitos/delincuentes y se centra en el territorio.

Este entendimiento novedoso y complejo de las problemáticas de seguridad, realizado en coautoría por los doctores Miguel Angel Barrios y Norberto Emmerich, es la preocupación del libro “Geopolítica de la seguridad en América Latina”, que la Editorial Biblos de Buenos Aires está próximo a publicar.

Miguel Angel  Barrios

Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política. 

Ha escrito obras de investigación entre las que se destacan "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica” (Director), "Consejo Suramericano de Defensa: desafío geopolítico y perspectivas continentales" y "Seguridad ciudadana: de lo municipal a lo Continental". 

Profesor en la Licenciatura en Seguridad en la Universidad de Morón y creador de la cátedra de Seguridad ciudadana en la Universidad del Salvador. Dicta Seminarios y cursos a academias policiales de América Latina y es consultor en políticas públicas de Seguridad.

Norberto Emmerich

Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.

Ha escrito “Una teoría política para el narcotráfico”, “Geopolítica del narcotráfico en América Latina” y “Narcos en Buenos Aires: el caso de la villa 31”.

Profesor de “Seguridad Ciudadana” y “Política Criminal” en la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

Fue Decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador y Coordinador General de Investigaciones en la misma Universidad.