Bolivia NO declaró la guerra a Chile

La historia chilena afirma mentirosamente que fue Bolivia quien declara la guerra a Chile, a través del decreto de 1° de marzo de 1879, que es consecuencia de la invasión militar chilena realizada en Antofagasta el 14 de febrero del mismo año.

Apenas enterado el presidente Daza de la ocupación chilena, el 26 de febrero firma dos decretos mediante el cual concede amnistía a los bolivianos que por motivos políticos estuvieren enjuiciados o fuera del país, y otro declarando a la patria en peligro.

Mientras que el 1° de marzo dispuso otras medidas como cortar todo comercio y comunicación con Chile, la desocupación de chilenos del territorio nacional y el embargo de sus bienes.

Bolivia considera como un acto de guerra que Chile está invadiendo a Bolivia y es por eso que se está preparando para afrontarlo. Esto concuerda con su proclama del 26 de febrero donde dice:

"La guerra nos ha sido impuesta sin que haya sobrevenido el rigor de causas belli, y al contrario anticipando la amenaza al reclamo y la ruptura de tratados mixtos de límites y derechos secundarios, a la gestión del cumplimiento de estos... Limitándose Chile a ocupar el Litoral buscar forzarnos a la ofensiva. Bolivia acepta la guerra sin provocarla."

Igualmente con su decreto de 1° de marzo de 1879:

"Artículo 1º:

Queda cortado todo comercio y comunicación con la República de Chile mientras dure la guerra que ha promovido a Bolivia."

Como explica el historiador Jonatan Saona, si se revisa el texto completo, no habla de declarar la guerra a Chile, sino de tomar algunas medidas. Hay que recordar que una declaratoria de guerra es un acto formal y debe ser claramente expresada y cumplir con los requisitos previstos. 

Una declaratoria de guerra sólo podía autorizarla el Congreso mediante una ley, como lo hizo la ley del 5 de junio de 1863 durante el gobierno de José María de Achá.

"Por la cometida usurpación de territorio, desde el Paposo o Río Salado, hasta Mejillones…Se autoriza al Poder Ejecutivo para declarar la guerra al Gobierno de la República de Chile, siempre que agotados todos los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviese la reivindicación del territorio usurpado, o una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional...."

Entonces, sólo el Poder Legislativo tiene facultad para autorizar una guerra. De igual manera fue en Chile; por eso el Congreso chileno, mediante ley de 4 de abril, autorizó al Presidente Pinto declarar la guerra al Perú y a Bolivia, la que se realizó el 05 de abril de 1879. 

Esta formalidad está descrita en el artículo 54 de la Constitución boliviana de 1878, que estaba vigente antes de empezar la guerra:

"CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE 1878

Sección octava. Del Congreso.

Artículo 54.- Las cámaras se reunirán en Congreso para los casos siguientes:

1. Para abrir y cerrar sus sesiones.

2. Para verificar el escrutinio de las actas de elección de Presidente y Vicepresidente de la República; hacerlas por sí mismo cuando no resulten conforme a los Artículos 84, 85, 86 y 87.

3. Para recibir el juramento de los funcionarios expresados en el párrafo anterior.

4. Para admitir o negar la excusa de los mismos.

5. Para aprobar o negar los tratados y convenios públicos celebrados por el Poder Ejecutivo.

6. Para reconsiderar las leyes observadas por el Ejecutivo.

7. Para resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.

8. Aprobar o desaprobar la cuenta de hacienda que debe presentar el Ejecutivo.

9. Determinar el número de la fuerza armada...

Sección duodécima. Del poder ejecutivo.

Artículo 89.- Son atribuciones del Presidente de la República: 2. Dirigir las operaciones de la guerra declarada por una ley y mandar personalmente las fuerzas, observando lo dispuesto en el Artículo 77. En tiempo de paz tiene el comando de las fuerzas de línea y de la guardia nacional conforme a las leyes y ordenanzas que dicte el Congreso."

Hilarión Daza dio varios decretos para afrontar la guerra que en los hechos ya había empezado, pero no presentó ningún proyecto de declaración de guerra a Chile, ni tampoco fue aprobado por el Congreso boliviano, tal como sí ocurrió en la declaratoria chilena a los aliados.

Si revisamos el Contra-Manifiesto que dirige a las Potencias amigas el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en marzo del mismo año, dice lo siguiente:

« Los acontecimiento harto trascendentales y de creciente importancia para el Continente Americano, que vienen sucediéndose con marcados caracteres de violencia y de escándalo desde el 14 de Febrero último, me pone en la penosa necesidad de dirigirme á V. E. para manifestarle ligeramente la injusticia y ultrajante audacia con que el Gobierno de Chile ocupó a mano armada la parte del litoral boliviano comprendido entre los grados 23 y 24 de latitud austral, haciendo presa de las importantes poblaciones de Antofagasta, Mejillones y Caracoles, tres fuentes de riqueza por sus productos naturales de salitres, guano, metales de plata y de cobre y otras muchas sustancias... La agresión de Chile en plena paz, sin previa declaración de guerra ni otro trámite, y pendientes aún las negociaciones entabladas en esta ciudad por el encargado de Negocios del Gobierno chileno, no ha podido menos de sorprender á mi Gobierno y tomarle plenamente desprevenido... »

Además el mismo Hilarión Daza, dice en su proclama del 30 de marzo y refiriéndose a la ocupación del litoral boliviano: “El nuevo atentado se ha consumado bajo el falso y ridículo pretexto de que Bolivia ha declarado la guerra, importa la más irritante de las provocaciones. Bolivia no ha sido la agresora; ha recogido el reto de guerra que se le ha lanzado".

Revisando el libro de "Sesiones Secretas del Senado de Chile durante la GDP" se puede leer que el Senado chileno autoriza al Presidente a declarar la guerra a Bolivia en la sesión del 24 de marzo de 1879 "art 2- El Congreso presta su aprobación para que el Presidente de la República declare la guerra al Gobierno de Bolivia..." y que en la sesión del 26 de marzo de 1879, Vergara dice: 

"que los aprestos bélicos de ese país (Perú) no tenían aún el carácter decidido de hostilizar a Chile, que el Perú podía legitimizar esos aprestos con la perspectiva de una guerra entre Chile y Bolivia, alegando que al hacerlo no era más que para obtener que se respetaran sus derechos de neutral por cualquiera de los beligerantes que pretendiera violarlos; que no creía que Perú se asilase en la sutil excusa de no haber aún formal declaración de guerra de Chile contra Bolivia, ni de Bolivia contra Chile, para legitimar sus aprestos bélicos..."

El argumento mañoso chileno que señala que Bolivia declaró la guerra a Chile, le sirvió como justificación para invadir más territorio al norte del paralelo 23 que no estaba en disputa. Recién el 05 de abril de 1879 es cuando Chile realiza de forma oficial la declaratoria de guerra, tanto a Bolivia como al Perú.

En resumen, tal como hace notar el historiador Rodolfo Becerra de la Roca, después del asalto chileno a Antofagasta, el 14 de febrero de 1879, en los momentos más dramáticos que atravesaba Bolivia, y conocidas las ocupaciones de Mejillones y Caracoles, el Gobierno del Gral. Hilarión Daza adoptó medidas precautorias declarando a la Patria en peligro y concediendo amnistía amplia e irrestricta, dictando para el efecto los decretos de 26 de febrero de 1879; y mediante el decreto de 1 de marzo siguiente, dispuso otras medidas defensivas, como la de cortar todo comercio y comunicación con Chile, la desocupación de chilenos, el embargo de sus bienes, excepto sus papeles privados, equipaje y artículos y menaje particular, en tanto las empresas mineras podían continuar su giro a cargo de un administrador, cuyos productos netos debían ser empozados en el Tesoro Nacional. Pero ninguno de sus artículos habla de una declaratoria de guerra, ni siquiera se menciona esta palabra. Otro decreto de la misma fecha dispuso el descuento de sueldos de los empleados civiles y eclesiásticos para repeler la agresión chilena.

La declaratoria de guerra solo podía disponerla el Congreso mediante una ley, como la que dictó el 5 de junio de 1863 el Gobierno del Gral. José María de Achá y que fue abrogada por el Gral. Mariano Melgarejo, para dar curso a las negociaciones del Tratado de 1866. Sin embargo, la historiografía chilena, tan hábil para tergiversar los hechos según sus conveniencias y mostrar los acontecimientos según plazca a sus intereses, ha declamado que con el citado decreto de 1 de marzo de 1879, Bolivia le declaró la guerra. ¡Falacia que los historiadores bolivianos han cacareado, remedando esta falsedad del agresor!

Entonces es fundamento principal que solo el Poder Legislativo tiene facultad para declarar o autorizar una guerra. Así lo hizo el Congreso de Chile, mediante ley de 4 de abril de 1879 que autorizó al Presidente de Chile declarar la guerra al Perú y a Bolivia, lo que se efectivizó mediante decreto del día siguiente. Es tan evidente la mentira chilena que examinando el decreto de 1 de marzo citado, en ninguna parte de su texto menciona la palabra guerra, dice:

“Que el gobierno de Chile ha invadido de hecho el territorio nacional, sin observar las reglas del derecho de gentes, ni las prácticas de los pueblos civilizados, espulsando violentamente a las autoridades nacionales, residentes en el departamento de Cobija. El gobierno de Bolivia se encuentra en el deber de dictar las medidas enérgicas que la gravedad de la situación exige, sin apartarse, no obstante, de los principios que consagra el derecho público de las naciones”.

La mentira chilena queda, pues, evidenciada por la expresa disposición eminentemente defensiva del decreto; porque un país invadido a mansalva, no podía quedarse quieto sin preparar su defensa.

Después de adoptar dichas disposiciones de defensa, el pequeño y pobremente armado ejército boliviano acudió a Tacna, en cumplimiento del Tratado de Alianza defensivo que suscribió con el Perú en 1873, con los resultados de descalabro que se sucedieron por la incapacidad de los mandos militares, una carencia de estrategia, errores logísticos y tácticos y una ausencia de espíritu de alianza.

Chile se apoderó del litoral boliviano como el ladrón que atraca en el camino a un indefenso, porque el ejército boliviano fue abatido en defensa del aliado en tierra peruana. La historia de la Guerra del Pacífico se ha escrito sobre la base de mitos, falsedades y mentiras tejidas astutamente por los historiadores chilenos.

Chile inventó el fraude de una inexistente declaratoria de guerra por parte de Bolivia, valiéndose del decreto de 1 de marzo, como pretexto para invadir más territorio al norte del Paralelo 23; ocupó Caracoles el 18 de marzo, Cobija el 21 y enseguida Tocopilla, asolando después Calama el día glorioso del 23.

Si en principio el Paralelo 23 fue el límite de la ambición de Chile, enseguida se envalentonaron los chilenos para proseguir la ocupación del resto del departamento del Litoral, manifestando mañudamente en todas aquellas poblaciones que la ocupación sería transitoria. La astucia y el fraude chilenos no tuvieron límites en esa invasión nefasta y cobarde.

"El Comercio", diario boliviano de 1879

En su edición del viernes 28 de febrero de 1879, el diario "El Comercio" de La Paz (Bolivia), dio al pueblo boliviano la siguiente noticia:

EL 14 de febrero tropas chilenas han tomado por asalto el puerto de Antofagasta.
Mejillones y Caracoles en poder del invasor.
Denunciamos ante el Mundo el cobarde crimen.
Bolivia acepta la Guerra sin provocarla.
Todo el pueblo con el Gobierno para defender la Patria.

¡Viva Bolivia!
¡Viva el Perú! 

¡Abajo Chile!

Mueran los cobardes araucanos, porque su puñal ha rasgado nuestra hermosa tricolor, porque salvajes han consumado el crimen más infame en el suelo bendito de la Patria.

Antofagasta, Mejillones, Caracoles, pueblos inermes, han caído a los pies de nuestros verdugos, bajo el poder estúpido de la conquista, de una conquista en el siglo XIX...!
¡A las armas, a las armas, ciudadanos!

Vamos a defender los sagrados derechos de esta patria amada; corramos a reconquistar nuestra autonomía nacional.

Nada importa la fuerza de nuestros enemigos. Nuestro patriotismo nos basta para vencer. Somos bolivianos y corre en nuestras venas la sangre de Murillo.
Pues bien; vamos a vencer o morir.

La América estará con nosotros para sepultar a ese pueblo de Caín, porque la causa de América ha sido vilmente traicionada con ese escándalo inaudito. Y no hay momento que perder. Seamos fuertes por la unión, que el estandarte de dos pueblos hermanos ha de ostentar una vez más las glorias de su pasado.

Ante la patria ensangrentada por la aleve cuchilla de sus menguados asesinos, juramos vencer o morir... A las armas bolivianos, y atrás las disensiones de nuestra política interior.

Dios bendice nuestra causa: no haya pues más bandera que la bandera de la patria.
Levantémosla y a su sombra marchemos todos a cumplir el más sagrado de nuestros deberes.
¡Morir antes que esclavos vivir!
¡Somos libres, seámoslo siempre!

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El historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna, en su “Historia de la Guerra del Pacífico”, reconoce que la codicia de Chile por el litoral boliviano fue lo que condujo a la invasión chilena: «Habría sido, a la verdad, cosa imposible evitar que el litoral boliviano pase a ser territorio chileno, como lo habría sido alcanzar que California hubiese permanecido bajo la bandera de Méjico después del descubrimiento de oro y la consiguiente ocupación civil ejecutada por los norteamericanos».

Tómese nota de la siguiente información, tomada de una extensa Circular emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en 1901:

"La Compañía de Salitres de Antofagasta había obtenido mediante dos concesiones, una del Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Chile, y otra del gobierno boliviano, ambas bajo la administración del general Melgarejo, una adjudicación ilimitada y gratuita de tierras y salitreras que, según ella pretendía entonces, debía comprender todo el Desierto de Atacama”.

"Esa adjudicación llevaba ya en sí un germen de evidente nulidad, por haberse prescindido, al otorgarla, de todos los preceptos legales establecidos para las concesiones de tierras, minerales y privilegios”.

"Derrocado el gobierno de Melgarejo, fue declarada, por Ley de 9 de agosto de 1871, la nulidad de todas las adjudicaciones hechas por el gobierno anterior sin los requisitos exigidos por las leyes vigentes”.

"A su vez, la Ley de 22 de noviembre de 1872, en su artículo 1º, determinó que las reclamaciones relativas a concesiones o contratos celebrados con el gobierno serían entabladas ante la Corte Suprema de Justicia; y en su artículo 2º autorizó al Ejecutivo para transigir sobre indemnizaciones y otras reclamaciones que existiesen contra el Estado, con cargo de dar cuenta al próximo Congreso”.

"La Compañía salitrera, representada entonces por Melbourne Clark y Cia., vio así, cuando menos lo esperaba, desautorizadas sus amplias concesiones y privilegios; pero evitó recurrir, como habría sido lógico y natural, a la Corte Suprema, sin duda, a causa de no encontrar ella misma legales y ni muy valederos sus derechos; y a fin de restablecer y asegurar la validez de éstos, se dirigió al nuevo gobierno, el cual acogiendo la solicitud, y por Resolución de 30 de abril del 72, expidió la concesión solicitada, modificando en algunas partes la anteriormente hecha y anulada”.

"Entonces la Compañía [Melbourne Clark y Compañía] recurrió al medio de vender y transferir todos los derechos que le reconocía esa Resolución Suprema a la Compañía de Salitres y Ferrocarril Antofagasta], con más --decía la escritura-- los que pudiera llegar a obtener mediante la reclamación que tiene hecha ante el gobierno de Chile”.

"Con tal hecho reconocía implícitamente la legalidad y competencia del gobierno boliviano, que le había otorgado la concesión; y, sin embargo, recurría al gobierno de Chile reclamando la parte que no había podido obtener de aquél”.

"Con ese extraño documento presentóse la compañía ante el gobierno de Bolivia, proponiéndole una transacción, que fue aceptada por Suprema Resolución de 27 de noviembre de 1873 en virtud de la Ley de autorización que acaba de citarse”.

"Como dicha Ley imponía al gobierno la condición de someter sus decisiones a la aprobación del próximo Congreso, se arribó al cumplimiento de esta prescripción legal”.

"El Congreso examinó la transacción o nueva concesión que le era presentada, y sin embargo de encontrarla harto inconveniente y lesiva a los intereses generales, la aprobó; pero con la condición de pagarse el pequeñísimo impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado”.

"La Compañía, a quien no había agradado la resolución, en vez de reclamar de ella ante la Corte suprema, como era procedente, evitó, como en anterior ocasión, reclamar y mostrar la legalidad de sus derechos ante la justicia del país, y recurrió de nuevo al gobierno de Chile”.

"Salta a la vista lo irregular y contradictorio de la conducta de la Compañía observada: si había aceptado la Ley de autorización de 22 de noviembre del 72, celebrando en virtud de ella, la transacción de 27 de noviembre del 73, claro es que se había sometido igualmente al precepto complementario establecido por esa misma Ley, de ser llevada la transacción a la aprobación del próximo Congreso”.

"Producida esa aprobación, de una manera condicional, forzoso era también, o someterse a ella, como era natural, puesto que el gravamen allí determinado era insignificante, o recurrir en justicia, ante la Corte Suprema”.

"Y nótese bien en este punto, que el ponderado, establecido por esa aprobación, fue de diez centavos, por los cuales elevó la Compañía su queja al gobierno chileno; y que éste, muy poco después, y cuando llegó a ocupar ese territorio, elevó el impuesto a 1 peso más 50 centavos, esto es, quince veces más, sin que entonces la Compañía hiciera objeción alguna”. "Tal hecho constituye por sí, la más clara y elocuente prueba que pudiera darse, de que el impuesto de diez centavos no era, ni pudo ser de modo alguno, perjudicial ni mucho menos ruinoso, como se decía, a la empresa de Salitres; puesto que el gravamen chileno, quince veces mayor, no ha podido estorbar su acrecentamiento, ni aún mermar siquiera los grandes provechos obtenidos del negocio por los empresarios”.

"No había pues razón alguna para que Chile tomara tan a pecho y de su cuenta, la exigencia de suprimir un impuesto que muy luego debía él mismo subir a más del décuplo de su taza”.

"Muéstrase, por tanto, a la faz de todo buen criterio que tal impuesto no pudo jamás constituir por sí, una causa legítima, ni bastante, para provocar una reclamación diplomática y hacer estallar una guerra internacional; mucho menos, si había de ser ella librada entre dos pueblos hermanos"

(Federico Diez de Medina, Circular a las Legaciones de Bolivia en el Extranjero, Ministerio de Relaciones Exteriores,

La Paz, enero 23 de 1901).

De todos modos, el Tratado de 1874 incluía una cláusula de arbitraje para casos de discrepancias como la presente. El gobierno chileno prefirió invadir a Bolivia en lugar del dicho arbitraje, acción que demuestra a todas luces la política expansionista y usurpadora promovida por el capital del imperio inglés de ese entonces, quien procedió a financiar el armamento y los barcos blindados que el ejército chileno utilizó para la agresión.

Transcribimos in extenso, a continuación, un análisis al respecto, cuyo autor es un prestigioso abogado e historiador boliviano:

Abusiva resolución del Tratado de 1874 por Chile

Rodolfo Becerra de la Roca

Chile planificó detenidamente la invasión de 1879 a territorio boliviano y para apropiarse de él se devanó los sesos, como dijo don Aquiles Vergara Vicuña, resucitando “una insólita aspiración reivindicatoria, tan ajena a la realidad de los hechos como vacía de la más pobre razón !... sostuvo entonces la tesis ardidosa de que Bolivia había violado el tratado de 1874” y dispuso la Resolución de este tratado y “la consiguiente ocupación del territorio que media entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur”, mediante su Ley de 5 de abril de 1879.

Partamos del concepto de que la resolución deja sin efecto un vínculo jurídico. En este caso Chile no tenía facultad mediante la citada ley para dejar sin efecto, por sí y ante sí, un tratado solemne celebrado con Bolivia el 6 de agosto de 1874, hecho unilateral, absolutamente antijurídico e ilícito, realizado sin tener autonomía para desconocerlo. Este brutal atentado fue cumplido por el omnipotente Estado chileno, campeón hoy de la intangibilidad de los tratados !!

Jurídicamente, la resolución se extiende solamente a los contratos sinalagmáticos, es decir cuando la convención contiene prestaciones recíprocas. Y el Tratado de 1874 no contiene esa reciprocidad de obligaciones, donde Chile solamente es beneficiario. En su artículo I ratifica el límite entre los dos Estados en el paralelo 24, que ya había sido determinado por el Tratado de 1866 y el Protocolo de 1872, considerándose este artículo definitivo y que su validez no depende de las subsiguientes cláusulas o artículos. El Art. II es una declaración sobre fijación de las líneas de los paralelos 24 y 23. El Art. III es un acuerdo sobre partición por mitad de los depósitos de guano en el perímetro anterior que, por el Tratado complementario de 21 de julio de 1875, se aclara que alcanza al paralelo 25. El Art. IV es una obligación unilateral de Bolivia, por el que los derechos de exportación sobre minerales explotados en la zona indicada no excederán la cuota de la que actualmente se cobra, por el término de 25 años.

Este es el punto, que en el Tratado de 1874 no existe reciprocidad de obligación por parte de Chile, para que por su propia cuenta, con la prepotencia que le dieron sus cañones, deje sin efecto el Tratado que no contempla ninguna interdependencia con la cláusula I, que es autónoma al margen de las modificaciones que podían sobrevenir a las demás cláusulas.

El hecho de que Bolivia haya promulgado la Ley de 14 de febrero de 1878, aprobando la transacción de 27 de noviembre de 1873 con la compañía anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado, no incumplió el Art. IV del Tratado de 1874 -como ya demostramos en notas anteriores- porque dicha transacción en su Base 4ª le exencionaba del pago de derechos de exportación y otros fiscales y municipales, de suerte que la anglochilena explotaba gratuitamente el salitre; lo que evidencia que el gravamen de 10 centavos no contradecía el Tratado que supone, más bien, que las exportaciones pagaban derechos; máxime si la transacción de 27 de noviembre de 1873, estaba fuera del alcance del precitado tratado.

El Tratado de 1874 no contiene insertada ninguna cláusula resolutoria o pacto comisorio. Por eso Chile nunca podía por sí mismo invalidarlo. En su caso, el supuesto incumplimiento del Art. IV del Tratado correspondía demandarlo por vía de arbitraje, que expresamente se estableció en el Tratado complementario de 1875.

Para mayor claridad, anotamos que el Tratado de 6 de agosto de 1874 está concluido enteramente en beneficio de Chile, sin una contraprestación a favor de Bolivia. En efecto: a) Le cedió territorio al sur del paralelo 24 hasta el 25°28’. b) El nuevo límite oriental en el paralelo 24 señalado en el divortia aquarum extiende territorio a su favor. c) La medianería sólo a él le favorece. d) El congelamiento de los derechos de exportación por 25 años igualmente. e) La exención de impuestos de internación a sus productos naturales únicamente a él le benefició. f) La habilitación permanente de los puertos de Mejillones y Antofagasta es una obligación de Bolivia. En resumen Chile en el Tratado no tenía obligación alguna. ¡Solamente beneficios!

Y tenemos que Chile, embravecido con sus dos nuevos acorazados, tuvo el descaro de decretar la resolución del Tratado, como si fuera un contrato sinalagmático, pasando por encima del arbitraje estatuido.

El Tratado de 1874 es, pues, un contrato de beneficio unilateral, no susceptible de resolución, menos por parte del beneficiario. ¡Hechos como éste, los insignes gobernantes y juristas de Bolivia no alegaron en aquella época infausta, tampoco a tiempo de negociar el oprobioso tratado de 1904, ni después! No obstante, es cuestión que debe tenerse en cuenta en la reclamación de nuestra reivindicación marítima.

Es muy lamentable tener que recordar que el embajador de Chile en La Paz, el 13 de Agosto de 1900, nos escupió en la cara su célebre brulote sin parangón en los anales diplomáticos de América, manifestando: “El antiguo litoral boliviano es y será para siempre de Chile, quien lo ha ocupado y se ha apoderado del mismo con el mismo título con que Alemania se anexó las provincias francesas de Alsacia y Lorena, con el mismo título con que los EE.UU. han tomado Puerto Rico. Nuestros “derechos” nacen de la fuerza bruta agresora y victoriosa, la ley suprema de las naciones. El litoral es rico y vale muchos millones; eso ya lo sabíamos; lo guardamos porque vale; que si no valiera no habría interés en su conservación. Chile no debe nada, ni está obligado a nada, mucho menos a devolver un puerto”.