Venezuela se acerca cada vez más a una peligrosa situación, en la que una guerra civil abierta se convierte en una posibilidad real. Hasta ahora más de 100 personas ha muerto como resultado de las protestas, la mayoría de estas muertes son culpa de los propios manifestantes (en los casos en que se conoce la causa de muerte). La posibilidad de una guerra civil se hace más probable en la medida en que los medios internacionales ocultan quien es responsable por la violencia y en tanto la izquierda internacional se mantiene al margen de este conflicto y falla en mostrar solidaridad con el movimiento socialista bolivariano de Venezuela.

Si la izquierda internacional recibe sus noticias sobre Venezuela primariamente de los medios internacionales, se entiende porque está tan quieta. Después de todo, estos medios del status quo reiteradamente fallan en reportar quien está instigando a la violencia en este conflicto. Por ejemplo, un seguidor de CNN o del New York Times no conoce que de los 103 muertos como resultado de las protestas de calle, 27 fueron víctimas –directa o indirectamente-­ del accionar de los propios manifestantes. Otras 14 víctimas fueron resultado de saqueos, en un caso prominente porque los saqueadores prendieron fuego a una tienda y terminaron envueltos en las llamas ellos mismos. Otras 14 muertes son atribuibles a las acciones de las autoridades del Estado (en casi todos estos casos los responsables se les ha procesado judicialmente) y 44 están todavía bajo investigación o en disputa. Esto de acuerdo a los datos del despacho de la Fiscal General, que recientemente se ha tornado pro oposición.

También es desconocido para la mayor parte de los receptores de los medios internacionales que los opositores que protestan detonaron una bomba en el centro de Caracas el 11 de julio hiriendo a 7 guardias nacionales, que el edificio de la Corte suprema de Justicia fue quemado por activistas opositores el 12 de julio o que atacaron una hospital de maternidad el 17 de mayo.

En otras palabras, es posible que gran parte de la izquierda internacional ha sido confundida sobre la violencia en Venezuela. Y llevada a pensar que el gobierno es el único responsable, el que el presidente Maduro se haya declarado a sí mismo el dictador de la vida (cuando confirmó que las alecciones presidenciales continuarían dentro del cronograma previsto para finales de 2018) o que todo disidente sería penado con cárcel (cuando el líder opositor Leopoldo López, que fue en buena medida responsable por la violencia post electoral de 2014 fue liberado de prisión, estando ahora con casa por cárcel). Si esta es la razón para mantener silencio respecto de Venezuela, entonces la izquierda debería sentir vergüenza por no leer sus propias críticas sobre los grandes medios.

Todo lo anterior no contradice que hay numerosos aspectos sobre los que uno puede criticar el gobierno de Maduro por cometer errores con respecto a cómo manejar la actual situación tanto económica como políticamente. Sin embargo, las críticas (algunas de las cuales me hecho a mí mismo) no justifican tomar una postura neutral o proposición en este momento del conflicto. Como el activista anti apartheid Desmond Tutu dijo una vez: “si tú eres neutral en situaciones de injusticia, tú has elegido el lado del opresor”.

Quizá el caso venezolano es también confuso para los que están fuera del conflicto porque el presidente Maduro está en el poder y la oposición, no. Lo cual hace difícil ver a la oposición como el “opresor”. No obstante, para un internacionalista de izquierda no debería ser tan confuso. Después de todo, la oposición venezolana recibe significativo apoyo no sólo de negocios privados sino del gobierno de EEUU, la derecha internacional y el capital transnacional. Quizá los progresistas sienten que el gobierno de Maduro ha perdido toda legitimidad democrática y que esta es la razón por la que no se le puede apoyar. Según la cobertura de los medios tradicionales, Maduro canceló las elecciones regionales programadas para diciembre de 2016, impidiendo un referendo revocatorio y neutralizando la Asamblea Nacional. Veamos brevemente estos argumentos uno por uno.

Primero, se suponía que las elecciones regionales (gobernadores y alcaldes) sucederían a finales de 2016, pero el Consejo nacional Electoral (CNE) las pospuso con el argumento que los partidos políticos necesitaban registrarse primero. Dejando a un lado la validez de este argumento, recientemente el CNE programó las elecciones para diciembre de 2017. El posponer una elección prevista en Venezuela no es un caso sin precedentes, ha pasado con anterioridad, en 2004, cuando las elecciones locales fueron pospuestas por un año. En ese entonces, con el presidente Chávez en el poder, casi nadie objetó el hecho.

En cuando al referendo revocatorio, era bien sabido que tomaría un lapso de 10 meses organizarlo, entre la fecha de su solicitud y su culminación. Sin embargo, la oposición solicitó el inició el proceso en abril de 2016 muy tarde para que el referendo tuviera lugar en el año 2016 como la oposición querían (porque si tomaba lugar en 2017 no habría nueva elección presidencial conforme a la constitución, y el vicepresidente asumiría la jefatura del Estado por el resto del período).

Finalmente, con respecto a la descalificación de la Asamblea Nacional, este fue otro daño auto infligido de parte de la oposición. Es decir, aun cuando la oposición había ganado 109 de los 167 curules (65%) en pleno derecho. Ellos insistieron en juramentar tres candidatos opositores, cuya elección está en disputa por denuncias de fraude. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que hasta que estos tres miembros no fueran removidos, la mayoría de las decisiones de la Asamblea Nacional no serían válidas.

En otras palabras, ninguno de los argumentos contra la legitimidad del gobierno de Maduro se sostienen, aún más las encuestas indican repetidamente que aun cuando Maduro es medianamente impopular, una mayoría de venezolanos quiere que finalice su mandato que expira en enero de 2019. De hecho, la popularidad de Maduro no es tan baja como la de otros presidentes (conservadores) de América Latina en la actualidad, tales como Enrique Peña Nieto de México (17% en marzo de 2017), Temer de Brasil (7% en junio de 2017) o Juan Manuel Santos de Colombia (14 % en junio de 2017) . Comparen esto con Nicolás Maduro que tenía 24% de aprobación en marzo de 2017. Ahora que hemos revisado todas las razones posibles por las que la izquierda internacional ha sido tan poco proclive a mostrar solidaridad con el gobierno de Maduro y el movimiento socialista bolivariano, es preciso examinar lo que la “neutralidad” en esta situación terminaría significando-­ en otras palabras permitir que la oposición llegara al poder por la vía de la transición violenta e ilegal. Primero que nada, la llegada al poder de la oposición casi seguro significaría que todos los chavistas –sea que apoyen o no en estos momentos a Maduro-­ se convertirían en objetivo de persecución. Aunque sucedió largo tiempo atrás, muchos chavistas no han olvidado lo que representó el Caracazo cuando en febrero de 1989 el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, desplegó una retaliación contra los barrios pobres por protestar contra su gobierno y mató a una cifra que ronda entre los 400 y los 1000 personas. Más recientemente, durante el breve golpe contra el presidente Chávez en abril de 2002 la actual oposición mostró que estaba más que dispuesta a desplegar represión contra los chavistas.

La mayoría no sabe esto, pero durante los dos días del régimen golpista, 60 chavistas fueron asesinados (esta figura no incluye los 19 muertos en las acciones que conllevaron al golpe pertenecientes a ambos bandos del espectro político. Asimismo, en la violencia post electoral de abril de 2013 dejó 7 muertos, y las guarimbas de febrero a abril de 2014 dejaron 43 muertos. Aunque los muertos en cada uno de estos casos representó una mezcla de activistas de oposición, chavistas y personas no involucradas, en casi todos los casos de violencia, la mayoría de los muertos pertenecía al bando chavista. Ahora, en la más reciente ola de guarimbas, ha habido varios incidentes donde una persona chavista por estar muy cerca de una protesta opositora, han sido perseguidas y asesinadas por activistas opositores que los han identificado como chavistas de algún modo.

En otras palabras, el peligro de que los chavistas serán perseguidos con más frecuencia si la oposición tomara el gobierno es muy real. Aun cuando la oposición tiene individuos razonables que no apoyarían tal persecución, el actual liderazgo no ha hecho nada para que no reinen tendencias fascistas dentro de sus filas. Si acaso, ellos las han estimulado.

Segundo, aun cuando la oposición no ha publicado un plan concreto sobre lo que intenta hacer una vez en el gobierno (lo cual es una de las razones por lo que la oposición se mantiene casi tan impopular entre la población en general como el gobierno) los pronunciamientos individuales de líderes de la oposición que ellos inmediatamente procederían a implementar un programa económico neoliberal en la línea del presidente Temer en Brasil o Mauricio Macri en Argentina. Ellos pudieran tener éxito en reducir la inflación y desabastecimiento de este modo, pero a expensas de eliminar los subsidios y los programas sociales para los todos los pobres. Asimismo, ellos desmantelarían todas las políticas de apoyo a los consejos comunales y comunas que han sido un pilar de la democracia participativa en la revolución bolivariana.

Por ello, en lugar de silencio, neutralidad o indecisión de la izquierda internacional en el actual conflicto en Venezuela, lo que se necesita es solidaridad activa con el movimiento socialista bolivariano. Dicha solidaridad significa oponerse vehementemente a todos los esfuerzos por tumbar al presidente Maduro en su mandato presidencial. Además de la evidente ilegalidad que representaría tumbar al presidente Maduro, sería un golpe mortal que barrería con el movimiento socialista bolivariano y el legado del presidente Chávez. La izquierda internacional no necesita tan siquiera tomar una posición sobre si la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente o las negociaciones con la oposición son el mejor modo de resolver la actual crisis. Eso es realmente un asunto a decidir por los venezolanos. Oponerse a la intervención y diseminar información sobre lo que de verdad pasa en Venezuela son las dos cosas que los no venezolanos podemos hacer para jugar un rol constructivo.

Gregory Wilpert: exdirector de la página Telesur English y autor de “Cambiando a Venezuela desde la toma