Comenzó la campaña presidencial en Colombia, donde la extrema derecha tiene definido su candidato y la centroizquierda trata de clarificar su estrategia hacia una alianza, en unas elecciones pautadas para el 27 de mayo de 2018 que contarán por primera vez con la presencia del partido de las ex FARC-EP, hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

El candidato ganador debe obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se realizará una segunda vuelta. Poco antes, el 11 de marzo se realizarán las elecciones legislativas, cuando serán elegidos los miembros de ambas cámaras del Congreso: 102 escaños del Senado y 166 curules de la Cámara de Representantes.

El nivel de incertidumbre política sigue siendo alto, y los aspirantes presidenciales en las encuestas son de lados muy diferentes del espectro político, lo que ha despertado ciertos temores en los centros financieros internacionales, y presiones para que se llevan a cabo “las reformas restantes que se requieren” (como señaló la banca de inversión Morgan Stanley), teniendo en cuenta el déficit en cuenta corriente más amplio de la región.

El marco del comienzo de la campaña es una caída en la credibilidad del presidente Juan Manuel Santos, la revelación de numerosos casos de corrupción que llega a poderosos jueces, fiscales y políticos, y las campañas de terror mediático, como la lanzada por el expresidente Álvaro Uribe señalando que su partido es la única alternativa al “castro-chavismo radical” y el “castro-chavismo moderado”.

Y mientras los medios siguen la agenda que les traza Uribe, el centroizquierda Gustavo Petro sigue a la cabeza de las encuestas, con 17% de aprobación, seguido por Sergio Fajardo, con un 15% y con un punto menos Germán Vargas Lleras.

El debate de fondo –al menos el instaurado por los medios de comunicación en el imaginario colectivo colombiano- es entre quienes estuvieron con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y quienes se opusieron y oponen a la implementación de los Acuerdos de Paz, sobre todo en lo referente a los puntos de víctimas y participación política, temas en la niebla tras el naufragio de la reforma política y los recortes a la ley estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz.

Si bien la seguridad, la salud, el desempleo y la corrupción son las principales preocupaciones de los colombianos, la narrativa hegemónica pone como causante de estos problemas a la guerrilla y los acuerdos de paz. Nominalmente, es el exguerrillero del Movimiento 19 de Abril, ex senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien lidera las encuestas, pero los “expertos” no creen que pueda imponerse a las fuerzas del poder fáctico.

Aquellas fuerzas ultraderechistas que el año pasado lideraron el voto por el No en el plebiscito sobre los Acuerdos de Paz, intentan hacer una alianza con candidato único a las presidenciales, con el apoyo de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y los evangelistas.

El Centro Democrático, liderado por Uribe, tenía cuatro precandidatos, entre los cuales el senador bogotano Iván Duque, y Carlos Holmes Trujillo eran favoritos ante Paloma Valencia, maría del Rosario Guerra y Rafael Nieto. Duque resultó ganador de las encuestas (con casi 30% de preferencia) y será el candidato

La Coalición Despierta, de disidentes del Partido Conservador, reúne al expresidente Andrés Pastrana, a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez con los precandidatos del uribismo. Ambos expresidentes nombraron un equipo de ‘compromisarios’, que definen si escogen al candidato de la coalición pastrano-uribista por medio de una consulta abierta o a través de una encuesta.

También en la derecha, el exvicepresidente de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras logró más de cinco millones de firmas, mientras recorre el país presentado sus propuestas a dirigentes del empresariado, de la clase política, de las fuerzas militares en retiro, entre otros. Entonces, parecía ser el candidato a vencer, estaba en todos los reflectores. Pero ya las encuestas muestran que no es imbatible y hoy figura tercero con 12% de intención de voto.

Para una eventual segunda vuelta solo le ganaría al uribista Iván Duque y perdería ante Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Humberto de la Calle y Marta Lucía Ramírez, hoy en el menú de opciones de candidatos. El ex vicepresidente de Santos dio un giro radical al despegarse de su antiguo jefe y criticar abiertamente el proceso de paz. Antes había mantenido un prudente silencio sobre los temas del país y algunos analistas señalan un deslizamiento hacia el uribismo.

En la franja del centro, el otrora poderoso Partido Liberal (socialdemócrata) eligió a Humberto de la Calle como candidato presidencial, dejando en al camino a Juan Fernando Cristo, a través de la consulta abierta realizada el pasado 19 de noviembre con la participación de apenas el 2% del padrón electoral. Para los liberales será imprescindible forjar una coalición electoral.

En esa franja también figuraba la Coalición Colombia, con Claudia López (Alianza Verde), Jorge Robledo (Polo Democrático Alternativo) y Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano), disuelta luego de que Fajardo subiera su intención de voto del 8% al 15% en noviembre y decidiera inscribir de forma unipersonal su candidatura. El ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo será el candidato presidencial del Centro Democrático y de la Coalición Colombia, mientras López anunció que no se postulará siquiera para el Senado.

La designación del candidato presidencial del Centro Democrático era un paso fundamental para avanzar en la coalición que anunciaron los expresidentes Uribe y Pastrana, y a la cual llegarían otros sectores políticos que han manifestado reparos al acuerdo de paz pactado en La Habana con las FARC, como los de la exministra Marta Lucía Ramírez, quien este domingo felicitó a Duque y afirmó que está lista para competir con él y “consolidar una candidatura de unidad” dentro de esta coalición.

Mientras que la derecha trabaja para llegar unida a la contienda, en la izquierda y el centro aún se negocian y debaten coaliciones, en atapa de gestación, difíciles de darles vida. Los distintos grupos se mueven a favor de la implementación de los acuerdos de paz, pero no hay un discurso único y lo que los une es la carencia de un aparato partidario fuerte que pueda sostener una campaña electoral a nivel nacional.

Una alianza concretada parece ser la de los exalcaldes de Bogotá Gustavo Petro y Clara López, quienes decidieron lanzar una lista única “de la decencia” al Senado, en la que hay nombres como Aida Avella –de la Unión Patriótica–, el periodista Hollman Morris y eventualmente María José Pizarro, hija del comandante Carlos Pizarro del M-19, quien depuso las armas, firmó la paz y fue asesinado (en 1990).

Aún no han definido si tendrán un candidato presidencial único: “O nos unimos o nos hundimos”, suele decir Petro, quien presentó 850 mil firmas avalando su postulación, y busca un acercamiento con el electorado vía redes sociales (casi un millón de seguidores) poniendo al día su programa, gracias a la sumatoria de grupos ambientalistas, en contra de la minería y a favor de comunidades LGTBI.

Clara López Obregón -ex ministra de Trabajo de Juan Manuel Santos- lanzó su candidatura por firmas luego de renunciar al Polo por diferencias con Jorge Robledo. Fue candidata a la Vicepresidencia en fórmula con Petro en 2010, pero desde 2012 fue su férrea opositora. En octubre último obtuvo el aval de la ASI (Alianza Social Independiente) para las presidenciales de 2018

Y a esta alianza se podrían sumar el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, cercano a la Alianza Verde, e incluso la exsenadora Piedad Córdoba, quien desde 2008 lidera la ONG Colombianas y Colombianos por la Paz. Y aunque Petro y Clara han tenido conversaciones informales con Humberto de la Calle, el candidato liberal ha preferido guardar silencio y tener en capilla otra posibilidad; la de estar en una interpartidista con los aspirantes de la Coalición Colombia: Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo.

Mientras, posiblemente el candidato de las FARC podría ser Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Tras los acuerdos de paz firmados en la Habana (2016) y la entrega de armas, apuntan a consolidar su espectro político por la vía democrática.

El oportunismo del Congreso

El hundimiento de la reforma política en el Legislativo no representa solamente una oportunidad perdida para cambiar las reglas de juego de la política y modernizar el sistema electoral. También se malogra el propósito de las comisiones de expertos, ante los oídos sordos de un Congreso que no sólo echó por la borda las recomendaciones que se le hicieron y saboteó el proyecto de todas las formas posibles, sino que intentó ponerlo al servicio de sus intereses más mezquinos, señala un editorial del diario El Espectador.

Como parte de los compromisos adquiridos para la implementación del Acuerdo de Paz, se concertó la creación de una Misión Electoral Especial (MEE) de seis miembros que debían presentar recomendaciones normativas e institucionales necesarias para asegurar una mayor autonomía, pluralismo y, sobre todo, transparencia del sistema electoral colombiano.

En abril, después de un trabajo juicioso y ponderado, la MEE le entregó al Gobierno sus recomendaciones alrededor de tres ejes: la arquitectura institucional de lo electoral, el sistema electoral propiamente dicho y la financiación de partidos y campañas. Una vez el Ejecutivo presentó ante el Congreso el proyecto de reforma política, poco a poco el texto fue cambiando, alejándose de su propósito inicial hasta quedar casi irreconocible. Es evidente que el Congreso ignoró las recomendaciones de la comisión y eliminó aspectos claves como la financiación de las campañas, un nuevo tribunal electoral independiente que controle a los partidos y las campañas, y las listas cerradas para corporaciones públicas.

Como si no fuera suficiente, los parlamentarios aprovecharon la oportunidad para impulsar el transfuguismo, politizar todavía más el Consejo Electoral para que defendiera los intereses de los partidos en lugar de vigilarlos y sacar del paso las inhabilitaciones que no les permiten en cualquier momento ser ministros o embajadores, en un claro desprecio por el valor y sentido del voto de los ciudadanos que los eligieron.

“Con nuestro liderazgo político luce imposible perfeccionar nuestra democracia”, señala el matutino bogotano.

Santos en picada

Todo indica que la gestión del presidente Juan Manuel Santos está condenada a no ser calificada positivamente por los colombianos. Así lo confirmó la más reciente medición de la firma YanHaas Poll: 74 % desaprobó la gestión del mandatario. El gabinete ministerial tuvo 75 % de desaprobación. La respuesta del gobierno a los constantes escándalos de corrupción tampoco pasó la prueba, pues 82 % desaprobó la gestión, mientras que la percepción de la economía es de estancamiento para el 86% de los encuestados.

De acuerdo con estos guarismos, es difícil pensar que el ánimo de los colombianos sea positivo: para el 74 % Colombia va por mal camino y el 39 % dijo sentirse pesimista o muy pesimista, 22 % muy optimista u optimista y 37 % ni lo uno ni lo otro.

El cuco del castrochavismo

El castrochavismo es uno de los fantasmas que más alimentan los medios hegemónicos de comunicación, conscientes de que es uno de lo que más asusta (59,4% según la Gran Encuesta Invamer de Caracol TV, Blu Radio y Semana). Sucesivos errores del gobierno tampoco han ayudado a tranquilizar a los colombianos asustados. Ha habido descuido en la elaboración de algunas normas, varios decretos han debido corregirse, hasta en temas tan delicados como el problema de tierras y la propiedad privada.

En el tema de las tierras, por ejemplo, el decreto original contemplaba que se le otorgara a la Agencia Nacional de Tierras la facultad de expropiar terrenos en algunas circunstancias justificables y de excepción. Esas facultades no iban mucho más allá de lo que hoy está contemplado en la Constitución.

No se trataba de “zarpazos castrochavistas”, sino de adquisiciones con indemnización a valor de mercado. Pero el solo hecho de que se abriera esa compuerta y que quedara en manos de funcionarios de tercer nivel generó pánico en el sector privado y el decreto fue modificado en consecuencia.

El cuco del castrochavismo trata, asimismo, de tapar las investigaciones derivadas del caso del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien terminó capturado por vender decisiones judiciales y su ‘ventilador’ es el que tiene preso a los Ricaurte y temblando a Bustos, los dos hombres más poderosos de la justicia colombiana en los últimos 15 años.

Los tres expresidentes de la Corte procesados, un magistrado de la Sala Penal (Gustavo Malo) ad portas de ser imputado por la Comisión de Acusación de la Cámara y otras 22 personas –entre ellas poderosos caciques del Congreso, como Musa Besaile– terminaron arrastrados por el escándalo.

Algo similar pasa en el caso Odebrecht. Los servicios jurídicos que el bufete del Fiscal General Néstor Humberto Martínez – hombre cercano a Cambio Radical- le prestó hasta el 2015 a Corficolombiana, socio de los brasileños en la Ruta del Sol, le han valido recusaciones y duros dardos, especialmente del senador Jorge Robledo. Pero fueron sus fiscales los que pidieron y lograron la captura de José Elías Melo, expresidente de esa firma, bajo cargos de que conoció y avaló el pago de los sobornos. La plata de la multinacional entró a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el 2010 y en el 2014, año en el que también la campaña de Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, fue apoyada por Odebrecht. Martínez fue ministro de la presidencia de Santos, quien además lo postuló para Fiscal.

Las investigaciones sobre los tentáculos de esa empresa tienen a Roberto Prieto (exgerente de la campaña Santos Presidente) dando explicaciones a la Fiscalía, así como a las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Esta semana, de hecho, un juez envió a casa por cárcel a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y el hombre en quien el Gobierno delegó durante seis años la responsabilidad de manejar las megalicitaciones del país. Y antes de que termine este año, aseguran fuentes que conocen los procesos, se expedirán nuevas órdenes de captura por los dos escándalos.

La actual administración enterró elefantes blancos creados en la administración de Álvaro Uribe, como los de la Universidad de la Fiscalía y sus ‘embajadores’ en las principales capitales del mundo. También ordenó la reducción a la mitad del esquema de seguridad del Fiscal General, que en tiempos de sus antecesores incluyó vigilancia militar en su residencia.

Camilo Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)