Elecciones regionales en Colombia: asesinan a siete candidatos y amenazan a otros 46
- Opinión
Desde que se inició la campaña para las elecciones regionales, siete aspirantes han perdido la vida y al menos 46 han sido amedrentados. El panorama es preocupante. En la disputa por el poder local algunos candidatos se debaten entre continuar con su aspiración política o vivir.
Hacer política en muchas regiones de Colombia es una actividad peligrosa. Las elecciones de 2019 contrastan con las de 2015, las más pacíficas de la historia reciente. Según la Defensoría del Pueblo, en 402 municipios hay un nivel de riesgo por la presencia de actores armados ilegales, pero el gobierno del ultraderechista Iván Duque no actúa contra la inseguridad pública y el asesinato masivo de dirigentes políticos, sindicales, campesinos e indígenas.
En las próximas elecciones del 27 de octubre, los colombianos elegirán gobernadores departamentales, alcaldes locales, diputados a Asambleas departamentales, concejales, ediles y miembros de Juntas Administradoras Locales. Los analistas sugieren que el regreso de la democracia local y la puja entre grupos criminales por los territorios están detrás de los asesinatos y las amenazas de candidatos y activistas sociales.
Las cifras oficiales señalan que entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de agosto de 2019, se registraron hechos violentos contra 364 líderes políticos, sociales y comunales; de esos, 91 han sido asesinados desde el inicio del calendario electoral.
Estas elecciones son las primeras en las que la Farc, antigua guerrilla convertida en partido tras los acuerdos de paz de diciembre de 2016, se mide en los territorios como nuevo actor político. Desde la firma del acuerdo han asesinado a 160 excombatientes y ahora que se aproximan las elecciones arrecian las amenazas en contra de los dirigentes del partido.
Organizaciones de derechos humanos, los propios partidos políticos y comisiones internacionales han pedido al Gobierno que multiplique y refuerce las medidas de protección. La situación es tan dramática que en algunos municipios incluso se ha considerado la posibilidad de cancelar las elecciones.
Desde que se cerraron las inscripciones de candidaturas, el 27 de julio, se registraron oficialmente 53 candidatos víctimas de violencia política: 39 fueron amenazados, dos secuestrados, cinco fueron víctimas de atentados, y otros siete asesinados
Miembros de Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, señalaron que hay 68 militantes en riesgo, entre candidatos, congresistas y miembros de la dirección. Las zonas que presentan mayor preocupación siguen siendo las mismas que han padecido el conflicto interno como Cauca, Norte de Santander y Nariño.
Mientras, después de las jornadas de movilización y protesta, la última el 12 de septiembre, también continuaron las amenazas a los maestros y maestras. En lo que va del año ya han asesinado a más de diez y se han registrado 720 amenazas, denunció Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación,
Alarcón señaló que la programada “Caravana por la vida y la paz” hacia el Cauca y otros departamentos del país, se debió aplazar indefinidamente tras las amenazas que el gremio magisterial recibió de parte de las llamadas “Águilas Negras”, escuadrones paramilitares de la muerte.
Causas
El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac) recordó que el Acuerdo de Paz intensificó la competencia política en regiones del país donde la democracia estaba prácticamente apagada, mientras que en algunas de esas regiones también han aumentado las disputas entre organizaciones criminales.
La conjunción entre estos dos fenómenos explica para Cerca el incremento de la violencia política que amenaza la vida de quienes ejercen algún tipo de poder organizativo -comunitario o político- en esas zonas.
Este año, 36 personas han resultado heridas en ataques de violencia política, lo cual representa un aumento del 50 % frente a las cifras de 2015 (24 heridos) y una duplicación de la cifra registrada en 2011 (18 heridos). La violencia política está altamente focalizada: en 2019 las acciones se concentraron en el 15 % de los municipios del país (151 de 1.022 municipios), en 2015 afectaron al 13 % (129 de 1.022) y en 2011 al 11 % (109 de 1.022).
Para la Cerac existe una relación entre la violencia política y las disputas de grupos armados, pues siete zonas más afectadas por esa forma de violencia presentan trifulcas entre quienes pretenden controlar la explotación de rentas criminales: región del Catatumbo, región del Bajo Cauca antioqueño, departamento de Arauca, Chocó, principalmente en municipios que limitan con el Urabá antioqueño, sur del Valle del río Cauca, norte andino del departamento del Cauca y región Pacífica nariñense.
Camilo Rengifo Marín
Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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