El tema de la corrupción, un problema permanente a lo largo de la historia de la humanidad, nuevamente está en escena. Obviamente gravita la exposición mediática que ha adquirido ante la magnitud y extensión con que hoy se manifiesta, pero como de por medio priman cálculos políticos, poco se habla de las causas estructurales y sus expresiones tangibles, como los intocables paraísos fiscales, por ejemplo.

Por cierto que es un problema serio e ineludible a enfrentar, aunque en el juego político su tratamiento se ha convertido en un discurso de ocasión para sacar réditos inmediatos. Al punto que, por ejemplo, hay quienes pregonan que de llegar al gobierno o desde éste van a “acabar” (milagrosamente, de seguro) con dicho flagelo. Es más, en América Latina se ha transformado en un eje de la geopolítica del vecino del norte.

En este contexto, capitalizando la justa causa del combate a la corrupción, el conglomerado mediático hegemónico viene desplegando una campaña sincronizada como adalid de esta lucha, no para informar y mucho menos con un sentido educativo de rescate de valores, de la ética en la política, sino como estrategia política selectiva (e incluso con tintes partidarios) para acorralar contrincantes, por lo general con discursos moralistas no exentos de procedimientos y recursos poco éticos, como la manipulación.

Vale tener presente que, en tanto espacio clave de la mediación política y social, el poder mediático tiene un peso gravitante en la conformación de la opinión pública, no solo porque ello le permite influir en la configuración de actores sino también por el margen de maniobra que disponen para establecer los temas de debate, en tanto tienen el poder de decidir a quiénes dan visibilidad y a quiénes no, qué relatos refuerzan y a cuáles desfiguran o acanallan, entre otras prerrogativas.

Para muestra dos botones

En Colombia, Octavio Quintero, Director del Grupo Editorial El Satélite, comenta¹:

“La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir investigación preliminar contra todos los congresistas de la Unidad Nacional (senadores y representantes) bajo la sindicación de varios delitos: cohecho, colusión, peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito: ¡Hágame el favor!

“Y semejante noticia ni siquiera abrió los noticieros de TV y radio, ni las primeras planas de los diarios nacionales en sus ediciones digitales. Es más, la indagación habría sido ordenada desde diciembre pasado por el magistrado, Eyder Patiño, en virtud de una denuncia presentada en el 2013… Según la denuncia, los congresistas, ‘a cambio de puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos y adjudicaciones a dedo de contratos, habrían aprobado proyectos de ley relacionados con los acuerdos de paz sin el debido estudio’.

“Bueno, que al cabo de los años se decida adelantar la investigación, y que la noticia no tenga el impacto mediático que se supone, lo que indica es que esas cosas, ‘por lo sabido se callan’ o se les otorga poca importancia”.

Mientras tanto, en Brasil, el protagonismo mediático, particularmente del grupo O Globo, aparece como un componente clave en el desenvolvimiento de la Operación Lava Jato. Impulsada por el gobierno de Dilma Rousseff para combatir la corrupción, en el transcurso ésta se torna en un operativo que gravita en su destitución, sin prueba alguna, y en el evidente intento de sacar del juego político al Partido de los Trabajadores (PT) y sus dirigentes, por la colusión entre segmentos del Ministerio Público, la Policía Federal, el sistema Judicial y los grandes medios.

En efecto, a finales de 2014, se impulsa una cruzada de combate a la corrupción focalizada en el gobierno y el PT, pues los medios hegemónicos blindan a figuras opositoras gravemente comprometidas, tal el caso del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, con cuentas secretas en Suiza que fueron reveladas por ese país; Aecio Neves, excandidato presidencial del opositor PSDB, denunciado por recibir jugosas propinas de Furnas; Geraldo Alckim, gobernador de Sao Paulo, acusado de desvío de fondos para la merienda estudiantil. De hecho, el 52% de quienes votaron en diputados para el juicio a Dilma, estaba involucrado en actos de corrupción.

En el marco de esta cruzada, con una serie de hechos montados artificialmente, los medios actúan como principales propiciadores de las cuatro movilizaciones golpistas que se realizan en 2015. La revista Veja (01-11-2015) coloca en la portada un montaje con la cara del expresidente Lula da Silva vestido con ropa de presidiario, siendo que para entonces no existía acción penal alguna. Cuando la presidenta Rousseff invita a Lula para que se integre a su gobierno, el juez de primera instancia Sergio Moro, intercepta ilegalmente una llamada telefónica que es editada y amplificada por la Globo; y un largo etcétera.

De los diversos análisis realizados sobre el tratamiento mediático de estos acontecimientos podemos señalar: una cobertura parcializada, adosada a una virtual censura privada; una gran espectacularización de las detenciones (muchas de ellas arbitrarias), de las delaciones premiadas y premeditadas, de las fugas selectivas de información bajo sigilo, para condenar a personas e instituciones en proceso de investigación, mucho antes de que exista decisiones judiciales; complicidad con métodos ilegales utilizados por el juez Moro (interferencias telefónicas); ocultamiento de información, como los actos de violencia contra locales del PT, entre otros.

Periodisjueces

A medida que se torna evidente que el campo de la comunicación adquiere una mayor predominancia, desplazando a otras entidades como las educativas, las iglesias, los partidos políticos, etc., comienzan a sonar alarmas sobre las implicaciones que podría alcanzar esta dinámica. Y una de ellas se refiere al terreno judicial. En este punto, Gérard Leblanc de la Universidad de Sorbonne-Nouvelle, alertaba²: “Lo que está en juego no es solamente la verdad (el poder de discernir lo verdadero de lo falso que se arrogan ocasionalmente los medios) sino también la sanción, es decir, el derecho de castigar, aunque sea simbólicamente”.

Y bien, resulta que ya es una realidad la existencia de periodisjueces. Es un término acuñado por Adalid Contreras, quien al analizar el proceso contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, señala³: “ahora, medios y periodistas aspiran a cumplir los roles de jueces y fiscales enjuiciando, juzgando y condenando en los sets, lenguajes, estilos, alcances, levedades y ritmos mediatizados. Resulta paradójico (por decirlo de algún modo) ver cómo algunas autoridades de las entidades públicas, y también de la justicia, son puestas en el banquillo de los acusados, rindiéndoles cuentas a las ciudadanías a través de sus respuestas y explicaciones a sus eventuales inquisidores, los/las periodisjueces, quienes con un nivel de conocimientos de la extensión de una laguna y un dedo de profundidad sobre los temas en cuestión, provocan una suerte de espacios educativos, por las cátedras que los implicados dictan en sus respuestas a las acusaciones.

“Se trata de típicos esquemas de posverdad con primicia informativa en los que atrás quedó el recurso periodístico de la noticiabilidad, mientras que en su manejo está bien presente lo que la Ley Orgánica de Comunicación llama linchamiento mediático. Recordemos que la posverdad construye realidades a partir de indicios que sin ser necesariamente verificados ganan validez en los imaginarios, moviéndose en el mundo de las apariencias y de las emociones y abriendo caminos para la especulación con culebrones que saben convocar pasiones sin responsabilizarse de sus consecuencias. Como dice David Roberts, son productos de la pospolítica desconectada de las reglas de la política pública, que se generan en tiempos de desorden, levedad informativa y de redes”.

Moralismo impúdico

Aunque la corrupción engloba todo acto fraudulento contra la comunidad, por lo general lo que prevalece es un tratamiento periodístico focalizado en los indecentes implicados en la sustracción de dinero público. De ahí que, en esas “cruzadas” está ausente o es mínima la referencia a cuestiones como el enriquecimiento de políticos sobre la base de información privilegiada en el ejercicio de alguna función pública (compra y especulación de tierras en áreas previstas para construir infraestructura, por ejemplo), los conflictos de interés de empresarios en puestos de decisión política, el financiamiento poco transparente a partidos políticos por parte de negocios lícitos o ilícitos, la evasión fiscal, las cuentas de nacionales en paraísos fiscales, entre otras.

Es más, figuras públicas involucradas en alguna o varias de las cuestiones antes señaladas suelen tener espacios estelares como apóstoles de la moral. Y es que la tónica discursiva que galvaniza estos operativos es el moralismo, esa expresión que supone una sobrevaloración y exageración de la moral para convertirla en la única medida del comportamiento humano, ignorando la relativa independencia de los diversos ámbitos de la vida, como la política y el derecho⁴. Por lo general como discurso, no necesariamente como práctica consecuente.

En esta línea, no solo que no se plantea interrogante alguna respecto a la intromisión de Estados Unidos en el contencioso interno en causas ligadas a la corrupción -por más que ese país explícitamente haya señalado que se trata de uno de sus principales ejes geopolíticos-, sino que se la glorifica… a nombre de la moral.

Anexo

¿Hay corrupción en Estados Unidos? Sí, tiene mucha y es legal

Con este título, André Araújo presenta un análisis⁵ donde sostiene: “Estados Unidos siempre tuvo la pretensión de ser la policía moral del mundo y, después del surgimiento de la cultura de lo políticamente correcto, el tono moralista subió”, precisando que en ese país “resolvieron el problema de la corrupción de una forma lógica: legalizándola. Donde todo es legal no hay procesos por corrupción”.

En tal sentido, hace referencia a los PAC-Political Action Committees, pseudo comités por una causa, que se ocupan de intermediar en las donaciones de empresas contratistas a determinado candidato con el compromiso de que éste les asegure un contrato futuro; los lobbies, un mega sector de negocios al servicio de empresas y países, para incidir en las decisiones políticas en Washington; la “planificación tributaria” de las grandes corporaciones para evadir o pagar lo mínimo de impuestos; el mercado financiero donde es común la falsificación de balances, el mecanismo de tapar un fraude con otro y así por el estilo; y el nido mayor de corrupción: la industria bélica.

“Con base en esta supuesta superioridad moral –señala– Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia, lanzó sobre el planeta una gran red de pesca de ilícitos sobre los que cobra peaje a través de multas e indemnizaciones, convirtiéndose así en ‘socio’ de toda corrupción que ocurre en el planeta”.

“Se extiende esa red bajo el pretexto de que los corruptos y corruptores usaron el dólar como moneda o usaron el sistema bancario estadounidense o, si no encuentran nada que los ligue a Estados Unidos, porque usaron Internet, que es una red basada en Estados Unidos. Buscan un vínculo con Estados Unidos para justificar un proceso en el Departamento de Justicia y así cobrar una indemnización muchas veces mayor que el valor de la propina, un negocio formidable”, añade. (O.L.)

Notas