No deja de sorprendernos que cuando se toca el tema del déficit fiscal, el “paquetazo de impuestos” y la evasión no se haga mención en la medida que corresponde del saqueo más escandaloso de los dineros públicos como lo son las pensiones millonarias o pensiones caviar, como se les suele llamar, las que cada año se llevan cerca del 10 % del Presupuesto Nacional. Nada más ni nada menos que dos “cementazos” mensuales.

La afirmación que en reiteradas oportunidades hemos hecho la reiteramos por si alguien en la duda quiere verificarla: las pensiones millonarias en Costa Rica por su monto y por las abismales diferencias con las mínimas son un caso único en el mundo. Aproximadamente unas 9.000 personas en este país se meten mensualmente en sus bolsillos 10, 20 y hasta más de 30 mil de dólares (la información está disponible con nombres y apellidos).

Lo que bien podría calificarse como un robo descarado, que beneficia a una nómina en la que se encuentran miembros de todo el mosaico político se encuentra amparado por normas espurias e inconstitucionales creadas y mantenidas en secreto por muchos años pero que gracias a la ingente labor de algunos ciudadanos salieron a la luz pública. Hoy sus beneficiarios defienden estos inauditos privilegios arguyendo “derechos adquiridos”. Esta conducta no la vamos a calificar otra vez, lo hemos hecho en otras oportunidades y preferimos que otros se manifiesten dentro de una creciente indignación que adquiere formas organizadas de reclamo. Nos limitaremos solo a decir que la judicialización de la corrupción, hereditaria además, no otorga ningún derecho, como tampoco el ladrón a seguir robando.

Es falso como se suele afirmar que estos siderales montos se deben a los aportes que se han hecho. Lo que si ha habido son aumentos anuales desproporcionados amparados en un ignominioso sistema que está haciendo millonarios a unos pocos mientras la inmensa mayoría de pensionados reciben migajas que no les alcanzan para satisfacer sus necesidades más básicas. Sabemos que muchos de los que son parte de la actual nomenclatura política se empeñan en mantener este tema como tabú. Otros por amiguismos, parentescos u otras razones prefieren evadirlo. Allá cada uno con sus conciencias. Pero la ética y la responsabilidad ciudadana nos obliga a llamar las cosas por su nombre, que en esta discusión del déficit fiscal es coger los toros por los cachos. Que tengan todos UN muy buen día.